Falangistas, héroes y matones

Fernando Zamacola y los Leones de Rota

«Como Fernando Zamacola, hemos de ser en todo, los camaradas de la Falange. Ni vacilación, ni desesperanza. Acción, Acción, Acción. Nada de pausas ni de rodeos con esa santa intransigencia de la verdad; adelante y arriba; elevación y progreso, no el progreso demócrata a que apestaban las promesas políticas, no el progreso material y grosero, solamente, sino el avance en espiritualidad, en poesía, en inmaterialidad; cualidades que tienen los gestos de los hombres de la Falange».

Fernando Zamacola

Con esta retórica característica del falangismo exaltaba Ramón Grosso a Fernando Zamacola Abrisqueta en el número extraordinario de 19 de julio de 1937 del diario gaditano Águilas. Era la edición conmemorativa del primer aniversario del Glorioso Movimiento Nacional y en la provincia sureña era casi obligado que en esa efeméride estuviese presente la figura del falangista del Puerto de Santa María, que ya había obtenido la Medalla Militar individual y estaba propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando, una de las más altas distinciones militares del Ejército español.

En el curso del Primer Año Triunfal se había elevado de la condición de cantero bronquista a la de héroe, caudillo guerrero y paradigma de nueva nobleza. Porque este gallego natural de Cariño y afincado en El Puerto de Santa María arrastraba un pasado turbio. La policía lo tenía fichado como atracador, con antecedentes de robo a mano armada, y en El Puerto había estado arrestado por borrachera, escándalo público y estafa. Tampoco era un derechista de toda la vida: en 1932 se afilió a la CNT, pero él decía que abandonó la organización al ver los abusos a que su padre –contratista y propietario de una pequeña flota de camiones que transportaban material de cantería para la compañía Obrascon– era sometido por los obreros.

19 de julio en El Puerto

El Puerto de Santa María fue uno de esos pueblos en los no hubo Guerra Civil. Los sublevados se hicieron con el control de la población a las veinticuatro horas del golpe. Desde Cádiz, transportados en un remolcador, desembarcó una sección de Regulares de Ceuta que se dirigieron al Ayuntamiento, detuvieron a la corporación municipal, requisaron las armas que encontraron y luego se encaminaron a la Prisión Central para liberar a los presos de derechas que había en ella.

En la cárcel estaban detenidos Fernando Zamacola, su hermano Domingo que era jefe local de Falange, Luis Benvenuty y los pocos afiliados que entonces tenía la organización. Con ellos fue liberado, entre otros, el cartero Manuel Almendro López, un individuo de reputación dudosa que había pertenecido a Renovación Española, que había estado expedientado por malversación de fondos, hasta se había quedado con dinero de la asociación benéfica Conferencias de San Vicente de Paúl, y ahora recuperaba la libertad como jefe de la primera escuadra de falangistas portuenses armados.

Los golpistas también se impusieron rápidamente en la cercana y conservadora villa de Rota. El Ayuntamiento del Frente Popular y las organizaciones de izquierdas dispusieron servicios de vigilancia, desarmaron y detuvieron a varios vecinos de derechas y algunos comenzaron a abrir una zanja en la entrada del pueblo para evitar que llegasen fuerzas sublevadas desde El Puerto de Santa María. De nada sirvió, porque el día 19 el teniente de la Guardia Civil Alfredo Fernández salió a la calle con las fuerzas del puesto y las de Carabineros, declaró el estado de guerra y se adueñó del pueblo. Al día siguiente llegó Fernando Zamacola con los falangistas del Puerto, que terminaron de consolidar control de los sublevados sobre la población.

De la retaguardia al frente de batalla

En todas partes los sublevados comenzaron a detener a los alcaldes y concejales del Frente Popular, a los dirigentes de partidos políticos y sindicatos y a los militantes que más se señalaron en los conflictos políticos y sindicales durante la República. Un centenar de roteños fueron detenidos y conducidos al Penal del Puerto de Santa María. Los de otros pueblos del entorno, como Chipiona, fueron encerrados en los depósitos municipales o en edificios habilitados como cárceles. Y a mediados de agosto comenzó la gran represión. Más de veinte asesinatos en Chipiona, cuarenta en Rota, ochenta y tantos en Sanlúcar de Barrameda, casi un centenar en Trebujena, más de trescientos en la cercana ciudad de Jerez de la Frontera y aún no se sabe cuántos en El Puerto.

La Falange tuvo un papel muy activo en esa represión de retaguardia. Y mientras asesinaba impunemente al amparo del bando de guerra, con el visto bueno de los mandos militares y de los comandantes de puesto de la Guardia Civil, también organizó, desde los primeros días de la sublevación, su milicia. Mientras Manuel Mora-Figueroa organizaba la de Jerez de la Frontera, Fernando Zamacola hacía lo propio en El Puerto de Santa María y Rota, cuyos falangistas integraron la centuria denominada Leones de Rota.

La centuria de Zamacola fue una mezcolanza de falangistas camisas viejas, gentes sin filiación política o procedentes de los partidos «de orden» que afluyeron al partido fascista cuando a partir del 18 de julio empezó a expandirse como una mancha de aceite, y también militantes y dirigentes de organizaciones de izquierda que vistieron voluntariamente la camisa azul, como quien se pone un «salvavidas», para escapar de la gran represión del verano del 36 o simplemente fueron obligados a alistarse. Entre los muchos casos que conocemos en Rota está el de Emilio Caballero, concejal y directivo de Unión Republicana, que tras cuatro meses preso en el Penal del Puerto se alistó a los Leones. En el Puerto de Santa María, tras la matanza inicial, la comandancia militar empezó a hacer fichas con los antecedentes de los que no habían sido sancionados, pero ocurrió que a los tres o cuatro días tuvieron que interrumpir las informaciones porque la Falange, que tenía las listas de afiliados del Partido Comunista y de las Juventudes Socialistas, los fue citando a todos en el cuartel, los reclutó y los mandó al frente.

El héroe de Grazalema y Estepona

El primer destacamento de los Leones de Rota partió para el frente el 13 de agosto de 1936. Inicialmente estuvieron integrados en la columna Mora-Figueroa, pero después de la toma de Casares en octubre fueron separados de ella a petición del jefe de la misma. Aún los recuerdan en los pueblos donde estuvieron. Combatieron, saquearon y también participaron activamente en la represión, dejando un reguero de sangre y muerte, como en Benamahoma, una pequeña aldea a mitad de camino entre El Bosque y Grazalema (Cádiz) en la estuvieron destacados durante los meses de agosto y septiembre del Primer Año Triunfal y donde fusilaron a más de medio centenar de personas. Uno de esos fusilados fue José Domínguez Caro y su hermano Antonio, que entonces tenía 13 años, todavía recuerda cómo Fernando Zamacola amenazó con fusilarlo a él también porque se arrancó el brazalete de Falange al enterarse del asesinato de José. En alguno de los pueblos que liberaron de la dominación marxista se llegó a decir que si eso era la falange, preferían que volviesen los rojos. Mientras, Zamacola acrecentaba su fama de caudillo guerrero. Obtuvo la Medalla Militar por su actuación en septiembre de 1936 en la conquista de Grazalema, donde la columna del comandante Salvador Arizón había quedado sitiada por los republicanos y él logró romper el cerco e introducir un convoy de municiones.

En enero de 1937 tuvieron una destacada actuación en la ocupación de Estepona (Málaga), donce Zamacola, al frente de unos ciento cuarenta hombres que formaban la centuria de los Leones, se lanzó sobre las trincheras republicanas de la loma Saladavieja y forzó al enemigo a retirarse. Recibió tres heridas de bala, pero se negó a ser evacuado hasta que Estepona fue ocupada, y antes de recibir asistencia médica todavía tuvo tiempo de fusilar prisioneros de guerra cumpliendo órdenes directas del general Queipo de Llano. Franco lo ascendió a alférez honorario del arma de Infantería por su brillante comportamiento en las acciones de guerra en las que había tomado parte y el teniente coronel Manuel Coco lo propuso para la Cruz Laureada de San Fernando por su intervención en la conquista de Estepona.

En la información para la concesión de la Laureada testificaron favorablemente oficiales y tropa del Regimiento de Infantería Pavía nº 7, subrayando lo decisiva que fue su acción para el curso de la operación militar. El teniente coronel Coco subrayó que «el hecho fue colectivo, pero se pudo hacer gracias al espíritu, valor y arrojo de dicho jefe». Contó incluso con el apoyo entusiasta del coronel Borbón –gobernador militar de Campo de Gibraltar– que no fue testigo presencial pero declaró y repitió que su acción fue «brillantísima». No obstante los abundantes testimonios favorables, el expediente informativo se cerró con un dictamen desfavorable, sin que consten las razones por las que el instructor no consideró procedente concederle la Laureada.

Falangistas investigados

En ello pudo influir que el nombre de Zamacola salía mal parado en una denuncia anónima que llegó directamente al cuartel del Generalísimo en Burgos sobre la anómala situación que se había creado en El Puerto de Santa María. Según un informe más detallado que recibió la Auditoría de Guerra de la 2ª División, los hermanos Zamacola se habían adueñado de la ciudad, rodeándose de una camarilla que de falangistas que campeaban con actitudes propias de una banda de pistoleros.

El informe enumeraba, entre otras irregularidades, sospechas y rumores más o menos fundados, el enriquecimiento de los Zamacola, la llegada al Puerto de camiones cargados con botín de guerra producto del saqueo y pillaje en los frentes donde actuaba la centuria, la admisión en Falange de antiguos marxistas y delincuentes que copaban los puestos de mando, las coacciones de Domingo Zamacola y sus secuaces a industriales de la ciudad para obligarlos a desembolsar importantes sumas de dinero, incluso con amenazas de fusilamiento, y conductas inmorales de los jerarcas de Falange. 

La Auditoría de Guerra designó en julio de 1937 un juez instructor militar de la base naval de Cádiz para que instruyese unas diligencias informativas sobre las acusaciones que pendían sobre los hermanos Zamacola, el jefe de falange del Puerto Luis Benvenuty, varios mandos de los Leones y el que fue comandante militar de la plaza en 1936. Pero el juez instructor no quiso –o no lo dejaron– investigar a fondo y además ocurrió que, una vez concluida la información, el expediente se mantuvo paralizado durante tres años, hasta que en noviembre de 1940 el auditor decidió archivarlo. Se había decidido no airear los trapos sucios.

Pero el nombre de Zamacola aún saldría a relucir en otra investigación. En 1939 se abrió un procedimiento contra Juan Vadillo Cano, que había sido comandante del puesto de la Guardia Civil de Benamahoma en 1936. Al investigar al cabo Vadillo salieron a flote los episodios más escabrosos de la represión. Entre los asesinados por orden del cabo había un niño y también la mujer de un izquierdista huido que no decía –porque no quería o no sabía– dónde estaba su marido. Se rumoreaba que el cabo había abusado de varias mujeres del pueblo, pero cuando el juez instructor las interrogó una de ellas respondió que quien la violó no fue Vadillo, sino el falangista Fernando Zamacola.

Naturalmente las declaraciones de aquella aldeana no iban a empañar el prestigio del ya fallecido falangista portuense, que había caído en Los Blázquez, en el frente de Córdoba, el 14 de junio de 1938. En el homenaje póstumo que le tributó la Delegación de Propaganda y Prensa de la Falange sevillana una semana después de su fallecimiento fue de nuevo exaltado como héroe guerrero y paradigma de nacional-sindicalista:

Fernando Zamacola, encarnación auténtica del Nacional-sindicalista: fiel expresión del concepto de un hombre de la Falange como deseó siempre nuestro José Antonio; caballero de esta santa Cruzada que cabalgaste sin descanso, y en jornadas agotadoras, sobre la ilusión ardiente de tu noble corazón. […]

Fernando Zamacola, leal entre los leales diste toda tu sangre para engrosar el río de sangre generosa que hará fecundo el gran Imperio español, obra del Nacionalsindicalismo y ansia suprema de nuestro Ausente.

CAMARADA FERNANDO ZAMACOLA, ¡PRESENTE!

Los que no llevaron hasta el final de sus días ese halo de heroicidad fueron aquellos desgraciados, procedentes de organizaciones sindicales y partidos de izquierdas a quienes Zamacola y los suyos obligaron a alistarse en la centuria y a combatir con camisa azul. Los que fallecieron en acción de guerra sí recibieron la consideración de caídos por Dios y por Patria, pero otros que sobrevivieron fueron investigados, juzgados y condenados después de haber combatido y ser heridos en el frente. Es lo que le ocurrió a roteños como José Serrano Reyes, Emilio Caballero González y Rafael de los Santos Rodríguez. Este último era uno de los leones heridos en la acción de Estepona, pero cuando en 1939 se desempolvaron su anterior militancia anarcosindicalista y su participación en el conato de resistencia a los sublevados que hubo en Rota el 18 de julio de 1936, fue juzgado y condenado a 14 años, 8 meses y un día de cárcel por Rebelión Militar.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL Nº 2, Diligencias Informativas, leg. 2, doc. 49; Sumarios, leg. 683, doc. 21.136; leg. 1.272, doc. 31.815; leg. 1.307, doc. 32.299; y leg. 1.365, doc. 33.422.

ARCHIVO INTERMEDIO MILITAR SUR, 2ª División Orgánica, 3ª E.M., Expediente Información para Cruz Laureada de San Fernando, caja 5.374. (Debo el documento a José María García Márquez.)

J. Bernal, D. Romero, J. Estefanía y F. Bruner Prieto: Fernando Zamacola ¡Presente!. Ediciones de la Jefatura Provincial de Propaganda de FET-JONS de Sevilla, 1938. (Debo el documento a Mercedes Rodríguez Izquierdo.)

E. del Campo: «Su memoria abre las tumbas», en El Mundo, Crónica, 18-1-2004, pp. 6-7.

F. Espinosa Maestre: La justicia de Queipo. Barcelona, Crítica, 2006.

S. Guzmán Martín: «Represión militar y violencia fascista en Chipiona», en Almajar, III, 2006, pp. 171-181.

J. Mora-Figueroa: Datos para la historia de la Falange gaditana 1934-1937. Autor-editor, Jerez de la Frontera, 1974.

R. Quirós Rodríguez: Vida e historia de un pueblo andaluz (IIIª parte). La IIª República y «La Productora». Rota 1931-1940. Ateneo Levante y Sociedad Libertaria, 1997.

F. Romero Romero: «Víctimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil» en Almajar, II, 2005, pp. 209-240.

F. Romero Romero: «La represión en la provincia de Cádiz: bibliografía y cifras», en Ubi Sunt?, nº 17, 2005, pp. 27-30.

F. Romero Romero: «Represión por la Justicia Militar: Rota, 1937-1942», en M. Rodríguez Izquierdo y P.P. Santamaría Curtido (coords.): Memoria Rota. Ayuntamiento de Rota, 2008.

Fernando Romero Romero: «Falangistas, héroes y matones: 

Fernando Zamacola y los Leones de Rota», en  Cuadernos para El Diálogo, 

nº 33,  septiembre 2008, pp. 32-39.

La Cultura y la Revolución. República y Guerra Civil en Prado del Rey

Fernando Romero Romero:
La Cultura y la Revolución. República y Guerra Civil en Prado del Rey
Ayuntamiento de Prado del Rey, 2011
ISBN: 978-84-96178-44-1
Produción editorial: Editorial Aconcagua

I. La Cultura

1. El Noticiero y los pobladores de La Argentina

2. Un carpintero con ideas

3. La instrucción y la educación, base de la felicidad humana

4. Una casa para la biblioteca

5. Los alcaldes, la política... y la banda de música

                      

II. República y revolución

1. Los hombres de La Cultura y las elecciones de 1931

2. Seiscientos jornaleros hambrientos y sin trabajo

3. Suspensiones, detenciones, procesamientos... y tiros en la azotea

4. Los concejales interinos son monárquicos

5. El secretario de El Bosque

6. Este año es mucho mayor la crisis

7. ¡Que Dios Nuestro Señor derrame abundantes bendiciones sobre este pueblo!

8. Prado Libre

9. Piedras para José Antonio y votos para los comunistas

10. El desmoche

11. Octubre

12. Un gobierno de derechas sin oposición

13. Solo dos cálices y cuatro libros han quedado

14. El consejo de guerra

15. Las elecciones de 1936

16. La gestión municipal del Frente Popular

17. Con el traje talar no estaría a cubierto de insultos

18. Camisas viejas

                      

III. Golpe y represión

1. El golpe

2. Prado del Rey «nacional»

3. Por «rojos» los mataron

4. La matanza

5. Desaparecidos

6. Huida y retorno de Málaga

7. La justicia al revés

8. Indigno de hombres de la nueva España

9. ¿Quiénes fueron sus encubridores?

10. Cautivos, desarmados... y apaleados

11. Justicia militar de posguerra

12. Cárceles y batallones de trabajadores

13. El exilio

14. Los libros en la hoguera

José Orta Rebollo, el "topo" de Puerto Serrano

El término “topo” se ha utilizado para designar a quienes se ocultaron durante la Guerra Civil y la Dictadura del general Franco por miedo a represalias por su conducta política anterior. Hubo “topos” por toda la geografía española. Unos estuvieron ocultos durante unas pocas semanas o meses, otros hasta el final de la guerra, pero también hubo quienes continuaron recluidos en sus “toperas” hasta varios años después. José Orta Rebollo, el “topo” de Puerto Serrano (Cádiz), estuvo oculto hasta 1943.

José Orta Rebollo fue nombrado alcalde de Puerto Serrano en abril de 1931, recién proclamada la República, y ocupó el cargo hasta la celebración de elecciones municipales en mayo; después continuó como concejal hasta 1932. En 1936 pertenecía al partido Unión Republicana y desplegó una intensa actividad política, formando parte de la comisión gestora de izquierdas que gobernó el Ayuntamiento desde de febrero y siendo nombrado también presidente del centro obrero en el que estaban unidos los sindicatos UGT y CNT.

José Orta Rebollo

Escapó de Puerto Serrano durante los primeros días de la Guerra Civil, dejando atrás a su esposa Antonia Lobato Contreras y a siete hijos: Francisca, Pasión, Antonia, Joaquín, Maria Josefa, Carmen y María Magdalena. Más de veinte vecinos de Puerto Serrano fueron fusilados a partir del mes de agosto de 1936 y él, atemorizado, no quiso regresar. Durante algún tiempo deambuló por los campos, alimentándose con lo que le proporcionaban en algunos cortijos, hasta que en septiembre u octubre llegó al Rancho Las Ratas (término de Montellano), donde Diego Díaz Padilla le permitió ocultarse en un chozo de conejos que había junto a la casa. En mayo de 1937, mientras él permanecía en el Rancho Las Ratas, su esposa dio a luz una niña a la que llamaron Bella. El contacto con la familia no se interrumpió: José recibió frecuentes visitas de su cuñada Isabel Lobato, que le llevaba algunos alimentos, y de Antonia, que fue con una de las niñas. Diego Díaz le dijo que se marchase del rancho cuando terminó la guerra en 1939. Lo hizo el 19 de abril, pero aún temía venganzas de sus adversarios políticos y decidió continuar oculto, de modo que se amparó en la noche para llegar a su casa de Puerto Serrano, en la calle Ronda. La nueva “topera” fue un habitáculo del “soberao” (sobrado) cuya puerta estaba oculta por una cómoda. Desde aquel refugio escribió un diario en el que anotó todo cuanto veía desde las ventanas, una de las cuales daba al patio del cuartel de la Guardia Civil. La Guardia Civil practicó varios registros domiciliarios en la casa de la calle Ronda, pero la “topera” nunca fue descubierta.

¿Quiénes sabían que José Orta estaba oculto en el sobrado? Inicialmente ni siquiera los hijos menores, pero luego lo fueron sabiendo algunas otras personas. Cuando Joaquín, el único hijo varón, tuvo que abandonar la escuela fue su padre quien, de noche, le enseñó a leer y escribir. Y cuando llegó la hora de casarse Francisca, la mayor, decidieron revelar el secreto familiar al novio, Isidro Rodríguez Hidalgo, y lo subieron al sobrado pocos días antes de la boda. En otra ocasión fue la niña Barbarita Rodríguez, amiga de las chiquillas de la casa, quien vio a José en las escaleras del desván. Varias personas sabían dónde estaba, pero nadie lo delató y el encierro voluntario se prolongó hasta el 9 de abril de 1943. Antonia estaba embarazada de cinco meses y él decidió salir de la “topera” para acabar con las habladurías que comenzaban a circular por el pueblo: todos debían saber que la hija que esperaba era suya.

Del cuartel de la Guardia Civil a la Prisión Provincial

La noticia de que se había presentado a la Guardia Civil se corrió como la pólvora y todo el pueblo se agolpó en la puerta del cuartel, en la calle de Enmedio. A las 20’00 horas el cabo comandante del Puesto, Ricardo Salazar, auxiliado por el guardia Antonio Álvarez Sánchez, comenzó a instruir un expediente sobre la conducta de Orta durante la República y la Guerra Civil. Comenzó con la declaración del propio detenido y luego fueron llamados los vecinos a quienes él citó para que declarasen a su favor: el electricista Manuel Moreno Medina, Antonio Aguilar Hidalgo y Manuel Barrera González. El día 10 se tomó declaración a Diego Díaz Padilla y se unieron al expediente los informes remitidos por el alcalde, juez municipal, jefe de Falange y párroco, más el informe de la propia Guardia Civil. Concluidas las diligencias, el expediente se envió por correo al gobernador civil de la provincia y Orta quedó detenido en la cárcel municipal.

El Gobierno Civil remitió a su vez los documentos a los servicios de Justicia de la Segunda Región Militar y la instrucción de diligencias previas para averiguar la conducta de Orta Rebollo en relación con el “Glorioso Alzamiento Nacional” y sus posibles responsabilidades se encomendó primero al capitán de Artillería Godofredo de la Cruz Moreno y posteriormente al capitán de Infantería Gabriel García Trujillo. Con el caso ya en manos de los militares, José Orta Rebollo fue trasladado a Cádiz y el 28 de abril ingresó en la Prisión Provincial.

Un “rojo” de intachable conducta moral

Los informes y declaraciones obrantes en el expediente instruido por el cabo de la Guardia Civil de Puerto Serrano eran contradictorios, de modo que el capitán Godofredo de la Cruz se encontró con un puzzle cuyas piezas no encajaban. Nadie, ni siquiera el propio Orta Rebollo, negaba que había desempeñado cargos políticos durante la República, pero las valoraciones de su actuación pública y los juicios sobre su conducta moral no coincidían. Manuel Moreno decía que “en cuanto a su vida pública y privada cuenta con gran solvencia moral”. “Observó siempre una intachable conducta”, dijo Antonio Aguilar después de declarar sobre su actividad política. La declaración de Manuel González decía que “siempre contó con gran solvencia moral, reconocido como buen trabajador y amante de su casa”. “Aparte de sus ideas políticas no era mala persona”, decía la declaración de Diego Díaz. Todos ellos decían que Orta desapareció al comenzar la guerra y que no tenían noticia de hechos delictivos que pudieran imputársele.

Los informes oficiales del Juzgado municipal, Ayuntamiento y Falange eran negativos de principio a fin, excepto en lo referente la vida privada del detenido. El alcalde Francisco Román y el jefe de Falange, Jerónimo Troya Uclés, coincidían básicamente en sus informes: José Orta era de izquierdas, al comenzar la sublevación del 18 de julio dio mítines induciendo a cometer atropellos contra la Guardia Civil, capitaneó una partida de izquierdistas que recorrió varias casas del pueblo y cortijos recogiendo armas –se citaba a José Ramírez Mariscal como uno de los desarmados– y en torno al día 22 de julio huyeron todos primero a Montellano y luego al frente de Ronda. El informe del párroco Manuel Ruiz Páez daba una imagen completamente distinta de su conducta y antecedentes. Literalmente decía así:

“Que con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional, este hombre fue siempre un modesto comerciante que con su constante e incansable trabajo, ha procurado sostener su casa con la decencia que con un negocio como el suyo se puede hacer, manifestándose siempre como hombre tranquilo en todas sus cosas. Ya en tiempo de la República, fue de ideas izquierdistas y por su inteligencia un poco más despejada y facilidad en la expresión, entre sus iguales, sin estudios de ninguna clase, ocupó algún cargo, notándose en él, energía en sus palabras, pero buen corazón y por tanto escasa acción, defendiendo al obrero en sus derechos y socorriéndole en alguna ocasión, no sé si con fondos propios o del Ayuntamiento. En los primeros días del Glorioso Alzamiento Nacional, desapareció sin que se haya sabido nada de su paradero hasta que hace unos días se presentó a V.”

A todo ello añadió el cura que los miembros de su familia frecuentaban la iglesia y tenían “buena formación y sentimiento religioso, cumpliendo como buenos cristianos”. Incluso habían bautizado a una hija en tiempos de la República, “cosa no muy corriente en aquella época”, y eso le permitía afirmar que “tanto él como su familia han gozado de buena moralidad y costumbres cristianas”. Lo que no sabía el capitán De la Cruz es que Manuel Ruiz no conocía personalmente a Orta, pues todavía no se había cumplido un año desde que el cardenal lo nombró párroco de Puerto Serrano; su información no era de primera mano y probablemente estaba influida por la propia familia del encartado.

El homicidio de Juan “El Rey”

Aquellos informes dejaban muchos cabos sueltos y abrían preguntas para las que el capitán De la Cruz no tenía una respuesta definitiva. Una de las cuestiones más oscuras era la sugerencia, vertida en los informes del Ayuntamiento y Falange, de que José Orta pudo tener alguna relación con el homicidio de Juan Campanario Vázquez (a) “El Rey” en marzo de 1936; Juan “El Rey” murió a manos de un demente que dejó sobre el cadáver un documento que al parecer había sido escrito por Orta y que, según el alcalde, “serviría para enervar al criminal”. ¿Qué decía el encartado sobre esta cuestión? Su declaración fue sencilla: él redactó denuncias que muchos obreros analfabetos presentaron en 1936 contra patronos que les habían pagado salarios inferiores a los estipulados en el convenio colectivo, por eso era posible que el asesino tuviese en su poder un escrito redactado por él, pero no firmado. Lo que escribió Orta fue una demanda por incumplimiento de las bases de trabajo y no se le podía atribuir ningún tipo de responsabilidad porque el homicida –del que hasta la Falange reconocía que era un demente– la hubiese dejado luego sobre la víctima. El juez instructor pidió el documento que apareció sobre el cadáver al jefe de Falange y éste respondió que fue intervenido por el Juzgado de Instrucción de Olvera y debía hallarse unido al expediente instruido en 1936 sobre el asesinato de Juan Campanario y que debía encontrarse en la Audiencia de Cádiz.

¿Declaraciones interesadas?

El juez instructor militar no se trasladó a Puerto Serrano, pero desde Cádiz exhortó al juez de instrucción de Olvera y a los municipales de Montellano, Coripe y Puerto Serrano para tomasen declaración a numerosos vecinos de los tres últimos municipios. Desde los distintos pueblos le fueron remitidas, entre otras, las declaraciones en las que Diego Pineda Vázquez y Francisco Rodríguez Morillo explicaban por qué no dieron parte del paradero de Orta cuando supieron que estaba oculto en la casa. También llegaron las declaraciones de José Ramírez Mariscal y del ex alcalde Francisco Pavón Gómez, los cuales aseguraron que estuvo recogiendo armas durante los primeros días del “Movimiento”. Ramírez lo describió además como “una persona mala y peligrosísima para la sociedad de personas de orden y su conducta moral pública y privada es pésima” y citó al secretario del Ayuntamiento y al farmacéutico Francisco Troya Uclés como personas que podían declarar sobre la recogida de armas. Francisco Troya dijo haberlo visto capitaneando un grupo armado mientras decía: “¡Vamos con los civiles! ¡Hay que prepararse con las armas!”, pero el secretario del Ayuntamiento, Andrés Bermúdez Román, negó tener constancia de aquellos hechos. Por otra parte, el informe de la Guardia Civil era confuso: decía que Orta no pudo apoderarse de las armas porque previamente se habían recogido por orden del alcalde.

La Audiencia de Cádiz informó el 15 de diciembre que el sumario instruido sobre el homicidio de Juan Campanario había sido destruido en 1936 por las “hordas marxistas”, lo que cerraba la posibilidad de continuar indagando la posible relación de José Orta con aquel suceso, aunque parece que el juez instructor estaba convencido de que no existía tal relación. Por otra parte, el capitán García Trujillo llegó a convencerse de que en algunos informes y declaraciones inculpatorias –como la de Francisco Pavón– existían “evidentes muestras de represalias por resentimientos personales”; creyó conveniente hacer algunas averiguaciones sobre los acusadores y solicitó a la Guardia Civil informes reservados acerca de la conducta político-social y particular de José Ramírez Mariscal y de los hermanos Troya Uclés. El comandante del Puesto de Puerto Serrano informó favorablemente sobre Ramírez Mariscal, pero no sobre los Troya: dijo que Jerónimo, el jefe de Falange, era “una figura decorativa sin iniciativa propia y sí la que recibe por asesoramiento de sus familiares y ciertas intimidades particulares”. El informe sobre su hermano Francisco decía que en 1936 no se le permitió ingresar en Falange por estar considerado “impugnador de toda disposición oficial” y que era “un individuo de carácter irascible, censurador de la vida privada de todo el mundo [...] y provocador”. Todos aquellos extremos fueron confirmados verbalmente por el párroco.

Libre y sin declaración de responsabilidad

El capitán García Trujillo dio por terminada la investigación el 22 de enero de 1944, pero José Orta llevaba ya más de cuatro meses en libertad condicional. La solicitó el 28 de julio de 1943, al cumplirse los tres meses de prisión preventiva. García Trujillo informó favorablemente su petición por estimar que no existían pruebas por las que pudiese ser condenado a ninguna pena grave y Orta salió el 16 de agosto de la Prisión Provincial de Cádiz. Su hija menor, a la que llamaron Esperanza, acaba de nacer.

El resumen de las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción militar dejaba constancia de las divergencias entre los distintos informes y declaraciones, de la convicción a la que había llegado García Trujillo de existir muestras de resentimiento en algunos de los inculpatorios y de los informes reservados sobre la “calidad de algunos acusadores”. El resultado de todo ello fue que la Auditoría de la Segunda Región Militar concluyó propuso dar por terminadas las diligencias previas sin declaración de responsabilidad: “Resulta de lo actuado que el encartado JOSÉ ORTA REBOLLO, de antecedentes izquierdistas, desempeñó el cargo de alcalde en Puerto Serrano al proclamarse la República, pero no consta que durante el Movimiento Nacional haya tomado parte en hechos delictivos”. Finalmente, el 10 de febrero de 1944, el capitán general, conforme con el dictamen de la Auditoría, dio por terminadas las actuaciones judiciales sin declaración de responsabilidad.

Desde julio de 1936 hasta abril de 1943, José Orta Rebollo estuvo dos meses errando por la sierra, dos años y medio en el Rancho Las Ratas y cuatro en el sobrado: seis años y ocho meses oculto. Nunca sabremos con certeza qué le habría ocurrido si se hubiese quedado en Puerto Serrano en 1936, pero probablemente la huida le salvó la vida y el autopresidio junto a su familia y en su propia casa fue, sin duda, menos penoso que el encarcelamiento de otros vecinos de Puerto Serrano que en 1937 y 1939 fueron juzgados por tribunales militares y estuvieron recluidos en presidios como la Colonia Penitencia de El Dueso (Santoña), la Prisión Central de Tabacalera (Santander) o la Prisión Central del Puerto de Santa María.

Fernando Romero Romero

Todos (...) los nombres

Cándido Marín Portales

El alcalde socialista de Alcalá del Valle

Cándido Marín llegó a la alcaldía de Alcalá del Valle (Cádiz) el 30 de noviembre de 1932. La conjunción republicano-socialista había ganado en Alcalá las elecciones del 12 de abril de 1931 –uno de los pocos pueblos de la provincia en los que no fue necesario repetirlas en mayo– pero pronto surgieron las diferencias entre los republicanos radicales, socialistas y radicales socialistas, que además contaban con la oposición de la minoría monárquica conservadora. En medio de un clima de crispación creciente, Cándido fue el hombre de consenso llamado a mediar entre las distintas fracciones políticas y el día de su elección fue respaldado por los votos de todos los grupos municipales, desde sus compañeros del sindicato socialista hasta la minoría monárquica, que ya había optado por desentenderse de la gestión municipal y ni siquiera asistía a los plenos.

Cándido Marín

Cándido tuvo que afrontar una situación social y política para la que difícilmente había soluciones. El decreto de términos municipales había venido a agravar el paro estacional que azotaba a los jornaleros del campo, los labradores se oponían sistemáticamente a las reformas sociolaborales del Gobierno republicano-socialista, obstaculizaban las medidas que se adoptaron para repartir el poco trabajo que había, y las escuálidas arcas municipales a duras penas permitían ejecutar algunos modestos proyectos de obras. Cándido no era hombre de partido, sino un sindicalista para quien la mejora real de las condiciones de vida de los jornaleros de su pueblo estaba antes que cualquier consigna política. Los jornaleros alcalareños habían organizado en 1930 la Sociedad Agraria Obrera Socialista, pero tardaron en unirse orgánicamente a la UGT y en 1933 aún no habían constituido la agrupación local del PSOE. Eran socialistas sin partido. Las reformas del Gobierno republicano-socialista no sólo no habían ofrecido soluciones reales para los jornaleros alcalareños, sino que el decreto de términos municipales los ha había llevado a una ratonera sin salida. Eso hizo que muchos de ellos, desencantados por la política, optasen por no votar en las elecciones generales de 1933. Pero las cosas no harían sino empeorar después de las elecciones pues, tras la victoria de las derechas, los labradores del pueblo empezaron a negar trabajo a quienes habían votado a la candidatura de izquierdas o no habían votado. La situación llegó a hacerse tan angustiosa que el grupo municipal socialista tuvo que claudicar y pactar con la minoría monárquica cediéndoles el control de las obras municipales y a partir de esa fecha el propio alcalde, que era uno de tantos jornaleros agrícolas en paro, y otros concejales aparecerían en las listas de desempleados que el Ayuntamiento contrataba como peones para las obras municipales.

Cándido y los demás concejales de izquierdas fueron expulsados de la corporación municipal en octubre de 1934. En Alcalá, como en la mayoría de los pueblos gaditanos, no hubo revolución, pero la de Asturias sirvió al gobernador civil de excusa para cesarlos a todos y entregar el gobierno municipal al Partido Radical. Las cosas cambiaron tras las elecciones generales de febrero de 1936: Cándido fue repuesto en la Alcaldía y hubo de hacer frente a una crisis de trabajo que revestía una gravedad sin precedente. Esta vez, dispuesto a afrontar la grave situación social con mano firme, no dudó en mandar encarcelar a quienes no acataban su autoridad, desde los labradores que rechazaban a los jornaleros que el Ayuntamiento enviaba a trabajar en sus fincas hasta los jornaleros de izquierdas que quebrantaron la ley al asaltar una finca. Uno de los momentos más críticos que le tocó vivir como alcalde fue la manifestación del 1º de Mayo de 1936, que acabó con una colisión entre los manifestantes y guardias civiles del puesto de Olvera; Cándido intentó evitarla, pero fue desbordado y la jornada acabó con dos obreros muertos a tiros por la Guardia Civil.

El 18 de julio de 1936 los alcalareños conocieron la noticia del golpe militar a través de la radio. La situación era confusa y Cándido consensuó con el comandante de puesto declarar el estado de guerra, pero inmediatamente se recondujo la situación y adoptó medidas para afrontar el golpe: publicó bandos para el mantenimiento del orden público, ordenó la recogida de armas y la incautación de los aparatos de radio. De todo ello dio cuenta a la corporación municipal en el pleno de 22 de julio, en el que además se acordó hacer un llamamiento a los comerciantes, industriales y vecinos pudientes del pueblo para que proporcionasen medios para alimentar “a las fuerzas obreras y sus familias”, prohibir el aumento de precios de los artículos de consumo y crear un Comité de Abastecimientos con facultad para incautarse de las mercancías de los proveedores que se negasen a aceptar los vales. A partir de esa fecha el Ayuntamiento continuó gestionando los asuntos administrativos del municipio, pero el recién creado Comité de Defensa y Abastos, del que él no era miembro, vino a convertirse en el órgano real de gobierno.

Cándido fue uno de los cientos de izquierdistas alcalareños que se marcharon hacia la serranía malagueña antes de que la fuerzas sublevadas ocupasen el pueblo. Él lo hizo el 16 de septiembre, dejando en el pueblo a su esposa Cañosanto Cantalejo y los niños Cándido, Cañosanto, Sebastián y Antonia. Estuvo en Casarabonela y Cañete, viviendo de lo que ganaba trabajando en faenas agrícolas y del auxilio que proporcionaban los comités de refugiados de aquella zona. En febrero de 1937, cuando el ejército sublevado conquistó Málaga, quedó copado sin posibilidad de continuar la huida por la zona republicana. Regresó a Alcalá, donde fue detenido e ingresado en la cárcel municipal, en la que llegaron a hacinarse hasta cuarenta hombres y mujeres. Todavía se conservan los recibos que firmó en representación de todos sus compañeros de presidio como justificantes de la alimentación que recibían en la cárcel. El 9 de mayo fue una fecha trágica para la familia al fallecer su hija menor Antonia. La cárcel estaba a pocos metros del domicilio familiar, pero no le permitieron unirse a la familia en el velatorio y funeral; aunque por influencia de un falangista del pueblo sí se le permitió asomarse a la ventana cuando pasó el cortejo fúnebre. La mayor parte de los detenidos fueron entregados a la Justicia Militar que, practicando lo que se ha denominado “justicia al revés”, acusó, juzgó y condenó por delito de Rebelión Militar a quienes se opusieron a los rebeldes. Cándido y otros cinco alcalareños fueron encausados en el sumario 353/37 y la principal prueba de “delito” que se presentó contra él fue el acta del pleno de 22 de julio de 1936. El consejo de guerra se celebró en Jerez de la Frontera el 26 de enero de 1938 y fue condenado a 30 años de cárcel.

Su itinerario carcelario había comenzado cuando ingresó en la cárcel municipal en febrero de 1937 y de allí fue trasladado a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. El 23 de septiembre de 1938 lo enviaron a la Prisión Provincial de Sevilla y el 26 de noviembre al Penal del Puerto de Santa María, donde permaneció encarcelado hasta que el 6 de septiembre de 1941 se le concedió la libertad condicional.

Fernando Romero Romero

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Juan Barroso Alfaro

Juan Barroso Alfaro nació en Alcalá del Valle (Cádiz) el 4 de marzo de 1897. En 1920 se casó con Dolores Soriano Bonilla, a quien apodaban Rubita Pintaera, y de su matrimonio nacieron cuatro hijos: José, Josefa, Dolores e Isabela. Juan era campesino, estaba afiliado a la UGT desde 1935 y su compañera no era ajena a los conflictos sociales y políticos que se vivieron en el pueblo durante la República. Era costurera y la familia recuerda que bordó una bandera republicana y que en una ocasión se negó a confeccionar un uniforme para un guardia civil que luego se distinguió en la represión fascista.

Juan Barroso Alfaro

Juan estaba trabajando unas tierras que tenía arrendadas cuando en julio de 1936 se supo que el ejército se había sublevado contra el Gobierno de la República. Acudió al pueblo avisado por su hijo José y se unió a los militantes de izquierda que comenzaban a organizar la resistencia. El comandante de puesto de la Guardia Civil, de acuerdo con el alcalde socialista, había decidido no sublevarse, pero en el pueblo se vivió una jornada tensa cuando el 25 ó 26 de julio entró en el pueblo una columna de milicianos y carabineros rojos, procedente de Ronda, que desarmó a los guardias y a los derechistas del pueblo. Ese día Juan formó parte de los grupos de izquierdistas que registraron los domicilios de la gente de derecha y que, además de las armas, también se llevaron las imágenes y estampas religiosas que encontraron en algunas de ellas y que luego fueron quemadas en medio de la calle.

Parece que fue ese mismo día cuando se creó el Comité de Defensa de Alcalá, formado por representantes de UGT, CNT e Izquierda Republicana, que gestionó el orden público y los servicios de vigilancia y patrulla del término hasta que la zona fue ocupada por las fuerzas rebeldes a finales de septiembre. Juan hizo aquellos servicios de armas –en los que iban turnando casi todos los jornaleros del pueblo– cada tres días, siempre armado con una escopeta de caza, y también intervino en los registros que se practicaron en los domicilios del zapatero José Guerrero García –donde se incautaron de una escopeta– y del industrial Alonso Rivera Ponce –que se negó a entregar su revólver las tres veces que fueron a pedírselo–. La entrada en Alcalá de una columna de Falange los días 25 y 26 de agosto hizo que muchas familias de izquierda creyesen más seguro refugiarse en los cortijos de la zona y abandonasen el núcleo urbano. Juan estaba en Cuatro Mojones con Dolores y los niños cuando los rebeldes ocuparon el entorno de Alcalá a finales de septiembre.

Centenares de hombres y mujeres de toda la comarca habían empezado a huir hacia la serranía malagueña desde que los rebeldes ocuparon Ronda el día 16 de septiembre. Lo hicieron atemorizados por la represión que los fascistas habían desencadenado a mediados de agosto en todos los pueblos y ciudades que estaban bajo su control. Juan fue uno de los que se marcharon. Según sus propias palabras, se fue “por miedo, puesto que la gente aseguraban que venían los moros cortando cabezas”. También marcharon hacia Málaga dos hermanos de Dolores, Manuel y José Soriano Bonilla, pero ella, que estaba embarazada de seis meses, se quedó con los chiquillos, cuyas edades oscilaban entre doce y un año. Permaneció varios días refugiada en el cortijo El Granadal, pero tuvo que regresar al pueblo cuando la hija pequeña, Isabela, se le puso enferma.

La Guardia Civil la detuvo en cuanto la vio llegar, en la calle Cantarrana. Los fascistas no pudieron capturar a los dirigentes de las organizaciones de izquierda ni a los milicianos que escaparon del pueblo temiendo lo peor, pero se cebaron con sus familias. A Juan y los hermanos de Dolores los habrían fusilado si los hubiesen capturado en ese momento. Ellos no estaban, pero pudieron coger a la mujer. Entregaron la niña a una vecina y llevaron a la madre a cárcel municipal. Allí la tuvieron tres días y luego la pasaron al cuartel del Guardia Civil, desde donde una noche de finales de septiembre la sacaron para asesinarla. En la misma saca iban Isabel González Linares –la mujer de Morente–, Rosa Junquera González –la compañera de Curro el Gitano– Juan Romero Guerra (a) Pajote, Antonio Ayala Jiménez y el adolescente de dieciséis años Francisco Pulido García; y es posible que también fuesen con ellos Antonio Aguilera Guerrero (a) Mochuelo y a Francisco Soriano Vargas (a) Pichones. Los condujeron en dirección al cercano pueblo de Torre Alháquime y los fusilaron en el paraje conocido como El Pareoro o Pared de Oro, cerca del Cortijo del Rico Cacho. Allí cayeron todos excepto Juan Romero, que logró escapar herido en dirección a Torre Alháquime, pero lo cazaron a la mañana siguiente y lo remataron en Huerto Pernía. Los cadáveres del primer grupo quedaron varios días expuestos en el lugar del crimen, a la vista de los transeúntes, hasta que un vecino de Setenil de las Bodegas fue obligado a enterrarlos allí mismo.

Mientras tanto, Juan había logrado alcanzar El Burgo, una localidad de la serranía malagueña que recibió a numerosos refugiados procedentes de los pueblos de Cádiz. Se agregó como ayudante de cocina a un destacamento de Artillería, pero lo echaron a los tres días por ser civil y entonces se fue a Málaga. Tenía la intención de acudir al sindicato socialista para pedir trabajo, pero tuvo miedo de los bombardeos rebeldes sobre la ciudad y optó por marcharse a Almería. Hizo el viaje con una columna de camiones de milicianos que llegó el 9 de octubre al Campamento Viator y se quedó en éste, trabajando en servicios de limpieza y de cocina, hasta poco después de la conquista de Málaga en febrero de 1937. En esa fecha, cuando comenzó la evacuación de las fuerzas que estaban concentradas en Viator, consiguió un pasaporte para viajar a Valencia. Llegó el 26 de febrero, se presentó en el Cuartel de Transeúntes y lo destinaron a una brigada de fortificaciones.

El 8 de abril ingresó voluntario en el cuerpo de Carabineros y lo destinaron a la Compañía de Ametralladoras del 4º Batallón de la 211 Brigada Mixta, en la que permaneció hasta el final de la guerra prestando servicios como infante, carpintero y cocinero. En 1937 estuvo destinado un mes en Almanzora (Almería) y Burriana (Castellón) y otro en Tarragona mientras se reorganizaba el batallón. Participó en los combates de la primera ofensiva rebelde sobre Cataluña y estuvo en varios sectores del frente de Levante. Cuando los rebeldes ocuparon Castellón en junio de 1938, su unidad se retiró de Mora de Rubielos (Teruel) hacia Vall de Almonacid y continuaba en la provincia de Castellón cuando terminó la guerra en 1939. Uno de los últimos servicios que el mando del batallón encomendó a Juan fue viajar el 4 de marzo a Segorbe para adquirir maderas para la construcción de cajas para el transporte de las cintas de ametralladora. Estaba de permiso en Valencia cuando a finales de ese mes la ciudad fue ocupada por el ejército rebelde y se presentó en la Comandancia de Carabineros.

No hay constancia de que lo internasen en algún campo de concentración y en caso de estarlo debió de ser durante pocos días, pues el 22 ya se encontraba en la cárcel municipal de Alcalá del Valle. Tampoco sabemos si tuvo conocimiento del asesinato de su compañera, Dolores Soriano, antes de regresar al pueblo o si lo supo cuando llegó. Como los demás combatientes que regresaron de la zona republicana, quedó detenido a disposición de la Auditoría de Guerra. Durante los días 13 y 14 de mayo, el guardia civil Alejo Medina Guerra, que era comandante accidental del puesto de Alcalá, instruyó un expediente informativo sobre sus antecedentes políticos y su conducta durante los dos meses que Alcalá resistió a los golpistas: incluía informes emitidos por el Ayuntamiento y de la Falange más declaraciones de los vecinos Juan Gavilán Núñez, Alonso Rivera Ponce y Enrique Guzmán Zamudio. El informe se cerraba con el resumen del guardia Medina, que concluía que el detenido “perteneció al partido socialista pero no fue elemento dirigente, destacado ni peligroso y sí intervino en la recogida de armas en los domicilios de personas de orden de esta localidad y demarcación”. El expediente fue enviado al Gobierno Militar de Cádiz junto con la ficha clasificatoria que recogía algunos datos personales y antecedentes sociopolíticos de Juan.

El 20 de junio los Servicios de Justicia de Cádiz decidieron que se le instruyese un procedimiento sumarísimo “para determinar su responsabilidad delictiva en relación con el Movimiento Nacional” y se designó instructor del mismo al alférez de infantería Avelino Núñez Alonso. El procedimiento se instruyó en sólo seis días, entre el 24 y 29 de junio, y quedó listo para que el reo fuese juzgado cuando el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz se desplazase a Olvera en julio para la vista de varias causas. Juan estaba ya en la cárcel de Olvera cuando el 14 de julio se le requirió para designar defensor y se le comunicó que la vista se celebraría 9:30 horas del día siguiente. Sabemos que ese mismo día también fueron juzgados José Romero Gavilán y Bartolomé Racero Romero, ambos de Alcalá, y cinco vecinos de Torre Alháquime. El fiscal solicitó una condena de 12 años y 1 día de reclusión por Auxilio a la Rebelión, pero el Consejo de Guerra, presidido por el comandante de Infantería Antonio García Barreiro, lo sentenció a 6 meses y 1 día de prisión correccional.

Sin embargo la sentencia no fue aprobada por el auditor, Francisco Bohórquez Vecina. El Consejo de Guerra había aplicado como derecho supletorio de la jurisdicción militar el artículo 67 del Código Penal común, que consideraba como circunstancia atenuante la escasa peligrosidad del reo. Según el criterio del Auditor, ese artículo no era aplicable, la no peligrosidad debía de acreditarse mediante un certificado de antecedentes penales y, además, la ley estipulaba para el delito de Auxilio a la Rebelión Militar –así es como se tipificó el hecho de haber prestado servicios de armas a las órdenes del comité alcalareño durante el verano de 1936– una pena mayor que la impuesta. El sumario volvió de nuevo a manos del instructor y se incorporó el certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes en el que constaba que Juan carecía de antecedentes. Mientras se cumplía aquel trámite burocrático Juan fue trasladado, el 2 de diciembre de 1939, a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda y a principios del año siguiente, probablemente en febrero, a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Fue en esta ciudad donde se repitió el juicio el día 8 de marzo de 1940. La vista de su causa volvió a coincidir con la de varios alcalareños más: Bartolomé Racero Romero y José Romero Gavilán, cuyos juicios también se repetían, José Almagro López, José Barriga Sánchez, Manuel González Márquez, Juan Jiménez Soriano, Manuel Jiménez Soriano y José Vega Rosado. En esta ocasión el defensor se designó el mismo día de la vista y el tribunal estuvo presidido por el coronel José Borbón de la Torre: Juan fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión menor.

Continuaba preso en Jerez cuando el 16 de julio le notificaron la sentencia firme. Si hubiese tenido que cumplir íntegramente la pena que impuso el Consejo de Guerra, habría permanecido en la cárcel hasta el año 1951, pero los procedimientos revisión y reducción de penas y los decretos de libertad condicional, con los que se pretendía acabar con la saturación carcelaria, le permitieron salir de la Prisión del Partido de Jerez el 28 de enero de 1942. Desconozco el expediente carcelario, pero pudo recibir la libertad condicional con la restricción del destierro, pues no regresó a Alcalá del Valle, sino que se estableció en Estepona y continuaba residiendo en esta localidad malagueña cuando en marzo de 1945 se le notificó la libertad definitiva. Ya no regresaría a Alcalá. Cuando pudo se mudó a Algeciras, porque sus hijos habían sido llevados allí a un hospicio, y se ganó la vida trabajando de jardinero.

Fernando Romero Romero

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