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martes, 24 de noviembre de 2015
miércoles, 15 de abril de 2015
Reseña de "Ya nos somos esclavos de la gleba" y "Días de barbarie"
El historiador José Luis Gutiérrez Molina acaba de publicar una reseña de los libros Ya no somos esclavos de la gleba y Días de barbarie en el nº 35 (Otoño 2014) de la revista electrónica Historia Actual Online, una publicación cuatrimestral multilingüe, sometida a revisión anónima por pares y editada por la Asociación de Historia Actual. Sus objetivos son el fomento del debate historiográfico referido al Tiempo Presente y la difusión de la investigación en todos los ámbitos de la Historia Reciente, Inmediata o Actual. Publica artículos, revisiones, entrevistas, fuentes, reseñas de libros y comentarios de material audiovisual.
Romero, Fernando, Ya no somos esclavos de la gleba.
Republicanos, socialistas y anarquistas en Bornos (1899-1936). Sevilla,
Atrapasueños, 2014, 267 pp.
Romero, Fernando, Días de barbarie. Guerra Civil y represión
en Bornos. Granada, Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, 2013, 240
pp.
Por José Luis Gutiérrez Molina
(Universidad de Cádiz)
La eclosión del llamado movimiento de memoria histórica ha
logrado, entre otras muchas cosas, un importante desarrollo de los estudios
locales. Está fuera de cualquier duda que, para el conocimiento exacto del
holocausto español, utilizando la expresión de Paul Preston, son necesarios
este tipo de estudios. Tres lustros más tarde del nacimiento de las iniciativas
civiles sobre las consecuencias de las políticas terroristas de los golpistas
de 1936, uno de los campos en que más ha avanzado es este de las
investigaciones. Algunos lamentamos que no haya sido así en otros, como las
políticas públicas de memoria, la localización y exhumación de fosas y, en
especial, un auténtico compromiso con el tema, por parte de las
administraciones, locales, regionales y nacional. Pero menos da una piedra.
Un desarrollo historiográfico que comenzó como iniciativa
civil y que protagonizó un conjunto de historiadores, en su mayoría, alejados
de los mundos académicos universitarios: independientes, profesores de
Primaria, Secundaria y Bachillerato e, incluso, profesionales de otros sectores
reciclados en hacedores de historia. El apoyo económico de la administración,
que financió investigaciones y facilitó muchas ediciones, fue decisivo. Otra
cosa es que a día de hoy, esas mismas administraciones sean capaces de saber
exactamente qué ayudaron a publicar y los libros estén disponibles para el
ciudadano. Más adelante, poco a poco, comenzaron a unirse trabajos de origen
universitario. El resultado ha sido que contamos con una amplia bibliografía,
desigual –no precisamente por su origen- que comprende casi todo el territorio
español. En Andalucía, una de las regiones donde mayor fue la política
exterminadora golpista, el avance ha sido substancial.
Entre los trabajos recientemente aparecidos están estos dos
de Fernando Romero sobre la población gaditana de Bornos. Un autor al que le
debemos un buen número de estudios sobre la serranía gaditana. De Villamartín a
El Gastor, de Prado del Rey a Alcalá del Valle y Torre Alháquime. Gracias a
ellos conocemos al detalle cómo se produjo en esas localidades el golpe, la
resistencia y las diferentes fases de la represión. Unas obras que, cada vez
más, se salen del fenómeno, estrictamente considerado en su cronología, para
situarlo dentro de una fase histórica “más larga”. Algo que debemos agradecerlo
porque, de igual modo, nos permite tener una visión más amplia. Es lo que
sucede con estas dos investigaciones. Las dos ofrecen al lector y al estudioso
de la historia social y económica contemporánea una visión de conjunto de la
situación política, social y económica que desembocó en el verano de 1936 en un
golpe de Estado. Donde no triunfó, provocó una revolución de profundidad
insospechada que significó el fin, aunque fuera provisional, del mundo que tan
bien describió Luis Bello para Bornos y que Romero utiliza para abrir Ya no
somos siervos de la gleba:
“¿Qué hay en Bornos? Un señor. Cinco arrendatarios. Mil
quinientos jornaleros con sus familias, hasta siete mil almas. Pero éste es el
esquema de un estado social, aceptado ya por ellos como si fuera ley eterna
dentro de su filosofía fatalista. El mundo está hecho de modo que perduren las
tres jerarquías, y siendo así el mundo, Bornos es un lugar delicioso para
vivir, aunque a uno le haya tocado la mala suerte de nacer jornalero”.
En este trabajo Romero dibuja los acontecimientos, ideas,
organizaciones y personas que, desde finales del siglo XIX, revolucionaban la
sociedad bornicha. Para sintetizar el contenido del libro nada mejor que
utilizar las palabras que, en un congreso obrero celebrado en 1914, pronunció
un trabajador de la localidad: “Los agricultores españoles hemos patentizado
ante los obreros de la ciudad de que ya no somos los esclavos de la gleba; que
habiendo tomado como brújula el sindicalismo revolucionario, formaremos un
conglomerado de fuerzas humanas que reciban los embates de la burguesía”.
A lo largo de casi 300 páginas Romero relata el camino de
los habitantes de Bornos desde el cuadro socio-económico descrito en el primer
capítulo hasta el verano de 1936 cuando, más que nunca, pensaban que realmente
podían dejar de ser esclavos de la gleba. Un recorrido muy parecido a los de
otras localidades y comarcas andaluzas: desde la aparición del primer
societarismo obrero ligado al republicanismo hasta el moderno sindicalismo de
los años treinta, pasando por la quiebra del modelo político turnista y la
llegada al poder municipal de quienes nunca lo habían ocupado, para terminar
con la consolidación de las fuerzas políticas y sociales emergentes en el
primer tercio del siglo XX: anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas y
republicanos. Cierra el trabajo el análisis del golpe de Estado de julio de
1936 en la localidad, su triunfo y el comienzo de la represión.
Con este libro Romero nos proporciona una visión de las
causas inmediatas, y de otras menos, que son inexcusables conocer si queremos
tener suficientes elementos para analizar la sublevación de 1936, la represión
y las bases sobre las que se edificó el Nuevo Estado franquista y sobrevivió la
sociedad española en general y bornicha en concreto. Los días de barbarie que
dan título al segundo de los trabajos de Romero, aunque haya sido el primero en
publicarse.
En primer lugar hay que decir que este volumen nos define al
autor en su conjunto: no sólo es historiador sino también una persona
comprometida con el movimiento memorialista. No de otra forma podemos
considerar que el texto incluya, además de la investigación de Romero, el
manuscrito de María Luisa García Sierra en el que se relacionan e interpreten,
a la luz de la experiencia personal, lo ocurrido. De esta forma el historiador
no sólo desarrolla su “trabajo”, en este caso de la mejor forma “profesional”,
sino que además completa la función social, de servicio a la sociedad en la que
vive, que debe tener todo trabajo histórico. ¿Qué mejor forma que dando la
palabra a una de los testigos, a una de las fuentes? Sin olvidar que, como en
el primero de estos trabajos, ha sido un protagonista la que ha dado título al
texto: “eran días de barbarie” recuerda María Luisa.
Con los dos volúmenes tenemos una visión global de la
evolución de la sociedad de Bornos durante medio siglo, hasta los días del
terror de 1936. Pero no sólo eso sino que también nos proporcionan las claves
de por qué, durante el verano de ese año, comenzó una persecución implacable,
con voluntad exterminadora, de todos aquellos que “hicieran sombra” a “los de
siempre”. La de quienes, como escribe Romero, habían osado subvertir el orden
jerárquico fuera durante los años de la Segunda República como los de treinta
años antes cuando alboreaba el siglo XX. Además, la investigación, no olvida la
otra cara de la moneda: los victimarios. Es decir la de los verdugos. Describe
cómo se formaron las primeras instituciones golpistas, se organizaron sus
grupos políticos y cómo el comandante militar era el mando efectivo.
El alcance de la investigación se manifiesta en las tablas,
cuadros e imágenes que acompañan al texto. Un material que terminan de dibujar
el cuadro de cómo el liberalismo español, nunca terminado de concluir su ciclo,
se cerró en falso una vez más en 1936. De forma que se podría decir que el
siglo XIX llega en las tierras ibéricas hasta casi el último cuarto del XX. No
es así por completo pero sí que en algunos aspectos loes y, me atrevería a
decir, que sigue siéndolo. Dos ejemplos: ni su geografía como estado, ni la
propia forma de éste están todavía cerradas y son objeto de discusión. En 1936
la tensión liberalismo decimonónico y las alternativas reformistas y
revolucionarias se zanjó con un golpe de Estado y la práctica de una política
de exterminio del enemigo allí donde triunfó. Las dos investigaciones de
Fernando Romero nos permiten conocer este periodo de forma detallada a escala
local. No es un mal ejemplo. Los edificios se construyen desde los cimientos.
Cuando se intentan hacerlos desde el tejado las consecuencias no suelen ser buenas.
La historia contemporánea española, y en particular la de estos años, suele
estar llenas de estos últimos ejemplos.
Descarga aquí el texto en pdf:
lunes, 26 de enero de 2015
José Abadía Aguilar
El jornalero José Abadía Aguilar nació en Bornos el
11 de febrero de 1905 y vivía en el número 7 de la calle Peña. Estaba afiliado
a la CNT desde 1932 y en 1936 era el tesorero de la organización. Es uno de los
23 hombres que desde finales de julio del 36, cuando los golpistas se adueñaron
del pueblo, huyeron al territorio que aún estaba en manos del Gobierno de la
República. En el pueblo dejó a su compañera, Rosario Pinto Muñoz, y a dos hijos
menores de edad, Juan, de cuatro años, y Rosario, de uno.
José se llevó consigo los fondos del sindicato, que eran unas doscientas pesetas, y en su huída pasó por La Sauceda y Jimena de la Frontera. Estuvo trabajando en la recolección de la almendra y de la aceituna en Álora y cuando los rebeldes ocuparon Málaga se marchó hacia Valencia. Al ser movilizada su quinta, se incorporó al 6º Batallón de Etapa, que se dedicaba a misiones de retaguardia, como el control de carreteras, vigilancia de garajes y surtidores de gasolina, etcétera. Cuando terminó la guerra se encontraba en Utiel (Valencia), desde donde regresó directamente a Bornos sin salvoconducto.
El 10 de abril de 1939 fue detenido por la Guardia Civil de Bornos y el 20 de mayo lo trasladaron a la prisión provincial de Cádiz. Varios testigos que declararon en el procedimiento sumarísimo que se le instruyó por rebelión militar lo acusaron de actividades extremistas, de haber sido condenado por agredir a un guardia municipal en 1935 y de haber intervenido en la recogida de armas en julio de 1936. Él negaba la última acusación, aunque sí admitía haber tenido contacto mientras estuvo refugiado en el campo con los obreros que se dedicaron a la recogida de armas. Como los cortijeros a quienes quitaron las armas no pudieron identificarlo y además contó con testimonios favorables de algunos derechistas del pueblo, no fue considerado hecho probado en la sentencia del consejo de guerra que el 29 de junio sí lo condenó a seis años y un día de prisión por excitación a la rebelión militar. Comenzó a extinguir la condena en la prisión provincial de Cádiz, desde donde lo trasladaron el 27 de enero de 1940 a la de Sevilla y el 5 de febrero lo enviaron a la colonia penitenciaria de Dos Hermanas, donde aún continuaba a principios de 1941.
Informe del alcalde
de Bornos, Cayetano Delgado Díaz,
sobre los antecedentes de José Abadía
Aguilar, 9 de mayo de 1939.
Fuentes
● Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2, Sumarios, leg. 1.176,
doc. 30.192.
● Fernando Romero Romero: Días de
barbarie. Guerra civil y represión en Bornos. AMHyJA - RMHSA, 2013.
www.todoslosnombres.org
www.todoslosnombres.org
lunes, 28 de abril de 2014
martes, 22 de abril de 2014
sábado, 19 de abril de 2014
domingo, 6 de abril de 2014
miércoles, 18 de diciembre de 2013
Reforma agraria y represión fascista
Fernando Romero Romero
«Suéltame un brazo, que con uno solo te mato», le dijo Frasco Pandereta al guardia Ortiz cuando se lo llevaban detenido. Un testigo vio cómo lo arrastraron a las afueras del pueblo y lo mataron a tiros. El cadáver quedó abandonado en la cuneta, hasta que lo recogió el vehículo que a diario recorría la carretera entre Arcos de la Frontera y Villamartín –«camión de la carne» le decían– y lo descargó en el cementerio de Arcos.
Casi setenta años después, Máximo Molina Gutiérrez, el nieto de Pandereta, viajó de Cuenca a Cádiz, de Tarancón a Bornos, para desenterrar la historia de su familia materna. Allí también habían asesinado a un bisabuelo, Manuel Perea Méndez. Los crímenes ya no tenían remedio, pero quería saber: saber qué había ocurrido, saber por qué, conocer las sinrazones de lo injustificable.
En Bornos conoció a Jorge Garrido, un maestro que lleva el apellido del alcalde socialista de la República: Antonio Garrido Jiménez, otro bornicho asesinado. Los testimonios que recogieron en 2003 dibujan un cuadro desolador de violencia, muerte y latrocinio. «Ciento trece machos y tres mujeres» fue la lapidaria respuesta de Miguel el Bombito a la pregunta por el número de víctimas que causó la represión fascista en aquel pueblo en donde no hubo violencia republicana previa. Casi un centenar están registradas, con nombres y apellidos, en un listado que todavía se conserva en el archivo municipal.
Las tres jerarquías
Bornos siempre había sido, hasta que la República quiso subvertir el orden, el pueblo de las tres jerarquías que encontró el pedagogo Luis Bello cuando visitó sus escuelas: «Un señor. Cinco arrendatarios. Mil quinientos jornaleros con sus familias, hasta siete mil almas». Cuatro quintas partes del término municipal –cuatro mil hectáreas– pertenecían a la condesa de Valdelagrana. En el extremo opuesto de aquella sociedad desigual estaban los obreros que no tenían donde caerse muertos: «jornaleros de tierra ajena, sin futuro para ellos ni para sus hijos». Y, en medio de ambos, los señoritos del pueblo, una pequeña oligarquía que arrendaba las tierras de la condesa y a quien otro periodista –De la Peña– definió veinticinco años antes como «casta de explotadores». De ella procedía la clase política local y en sus manos estuvo, durante décadas, el Ayuntamiento bornicho.
Luis Bello estuvo en Bornos en 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando los obreros estaban desorganizados, y les atribuyó una «filosofía fatalista» que los hacía conformarse, «como si fuera ley eterna», con el estado social de las «tres jerarquías». Pero habría percibido unas actitudes muy distintas si lo hubiese visitado durante los veranos de 1903, 1914 o 1919, los años de las grandes huelgas de recolección. Esos fueron algunos de los momentos álgidos de las luchas campesinas, pero no se limitaron a ellos. La aspiración a mejorar las condiciones de vida fue permanente y, salvo algunos periodos de desmovilización, como el ya citado de la dictadura, los campesinos bornichos canalizaron sus reivindicaciones a través de sociedades obreras con nombres tan simbólicos como «La Fraternidad» (1899-1903), «La Constancia» (1912-1915) o «La Lucha es Vida» (1917-1919).
La tierra para quien la trabaja
Republicanismo, anarquismo y socialismo fueron las ideologías que acogieron los trabajadores durante todo el primer tercio del siglo XX, a pesar de los esfuerzos de los labradores para impedir su difusión. Siempre estuvieron en desventaja frente a la oligarquía agraria, que tuvo el respaldo incondicional de los ayuntamientos conservadores. Los socialistas y republicanos reformistas accedieron al gobierno municipal en 1931 y la política agraria socialista transformó las relaciones laborales en el campo: la discutida ley de términos municipales, la de laboreo forzoso, la de colocación obrera y la creación de bolsas de trabajo fueron algunas de las medidas que arrebataron a la patronal la posición dominante que hasta entonces había tenido en aquel mundo de señoritos y jornaleros.
No fue un camino fácil. Los socialistas de la Sociedad de Agricultores «Luchar es Vida» (UGT) se fueron distanciando cada vez más de sus socios de gobierno radical-socialistas, a quienes acusaban de timidez en la implementación de las reformas, mientras la patronal las obstruía y los obreros más radicalizados, que desconfiaban de ellas, se trasvasaban a la anarcosindicalista Asociación Campesina «Ceres». Tras haber sido desalojados del gobierno municipal durante el «bienio negro», las izquierdas volvieron a coger las riendas del Ayuntamiento cuando el Frente Popular ganó las elecciones legislativas de 1936. Y fue entonces cuando más cerca de hacerse realidad parecieron estar los sueños de los jornaleros. El Instituto de Reforma Agraria intervino La Laguna y El Soto, un latifundio de 850 hectáreas (la sexta parte del término municipal) propiedad de la condesa de Valdelagrana y lo cedió para su explotación colectiva a una comunidad de sesenta jornaleros cabezas de familia. Con sus esposas y los hijos a su cargo sumaban un total de 344 personas, el 6,2 % de la población censada en Bornos.
¡Viva España! ¡Viva el ejército!
Para los labradores y la clase media, que durante la República fueron despojados del poder político y en poco tiempo vieron cómo se desmoronaban algunos de sus privilegios, Bornos estaba desquiciado. Como todo el país. Los jornaleros, que siempre habían estado sometidos a su capricho, eran quienes ahora mandaban en el Ayuntamiento. Ellos decían a los agricultores lo que podían o no hacer en las tierras que cultivaban. Los obligaron a alimentar a los centenares de muertos de hambre que no tuvieron donde trabajar durante la calamitosa primavera de 1936. Y varias decenas de ellos empezaron a explotar La Laguna y El Soto. ¿Qué vendría después de eso? ¿La revolución?
No se podía seguir por ese camino. Había que devolver las cosas a su sitio, a donde siempre habían estado. Por eso la gente «de orden» no dudó: empuñaron las armas cuando el alférez Gavira sacó los guardias civiles a la calle para declarar el estado de guerra. Primero Luis, el de Cándido, hijo de uno de los señoritos más influyentes del pueblo. Detrás fueron otros labradores, comerciantes, industriales y profesionales liberales. Ellos y sus paniaguados. ¡Había que salvar a España! Se enfundaron en camisas azules y pardas, con boinas rojas y brazaletes, escopetas al hombro y pistolas en el cinto.
Entre los cerca de un centenar de hombres y mujeres a quienes hubo que matar en Bornos para que las aguas volviesen a su cauce se encuentran los protagonistas de los conflictos sociales y políticos de la etapa republicana y de aquella subversión del inmutable orden jerárquico: el alcalde socialista y otros nueve miembros de la corporación municipal de 1936, tres vocales obreros de la Comisión de Policía Rural y líderes de las dos centrales sindicales. No es casual que al menos el 77 % de los hombres y mujeres asesinados fuesen jornaleros.
Los rebeldes se habían propuesto liquidar la reforma agraria, pero la condesa de Valdelagrana no recuperó inmediatamente La Laguna y El Soto, al parecer por desacuerdo en las condiciones de devolución. La finca continuó intervenida por el nuevo Estado, pero los campesinos asentados en mayo fueron expulsados y la explotación colectiva se sustituyó por el modelo de parcelación individual. En octubre de 1938 eran veintinueve los asentados y de la comunidad inicial solo quedaban cuatro. Diecisiete –casi la tercera parte– habían sido asesinados. Entre ellos, Frasco Pandereta, el abuelo de Máximo, que era el cabezalero de la comunidad, y también su bisabuelo Manuel Perea.
La muchacha que defendió la bandera
Otra de las sesenta familias asentadas en La Laguna fue la de Isabel Sierra, la Montañesa. Ella había enviudado y era el mayor de sus hijos varones, Juan García Sierra, quien constaba como cabeza de familia en la comunidad de campesinos. Juanillo el de la Montañesa, como lo conocían en el pueblo, fue uno de los trabajadores que la noche del 22 de julio recorrieron los ranchos y cortijos del término para incautarse de armas con las que poder hacer frente a los guardias sublevados. Recogieron unas pocas escopetas y pistolas, pero, conscientes de su inferioridad, desistieron de aquel propósito. Algunos se marcharon hacia la serranía, donde los rebeldes no habían logrado imponerse. Juan fue de los que se quedaron en Bornos y, convencido por su madre, se presentó el 5 de agosto en el cuartel de la Guardia Civil. Se lo llevaron detenido al alcázar de Jerez de la Frontera, de donde pocos días después lo sacaron para fusilarlo en el cementerio de Arcos. Ese fue el primero de los golpes que despedazaron a la familia de la Montañesa.
María Luisa García Sierra tenía quince años cuando los fascistas arrebataron la vida a su hermano. Guardó la tragedia en silencio, pero en 1998, poco después de su fallecimiento, Jorge encontró entre los papeles de su madre el manuscrito Memorias de un año de mi vida. A lo largo de 244 páginas que terminó de redactar en diciembre de 1995, la poetisa autodidacta de Bornos desgrana sus recuerdos de 1936. La detención y el asesinato de Juan solo fueron el primer mazazo. Mataron a su cuñado Domingo González Sánchez, que también estaba asentado en La Laguna. Otro hermano, José, fue movilizado y enviado al frente con el ejército rebelde de Franco y encontraría la muerte combatiendo bajo una bandera que no era la suya; uno de tantos casos de «lealtad geográfica». Su hermana Adelaida y ella misma sufrieron la humillación del rapado. El relato de María Luisa comienza precisamente con la escena de cuando la sacan pelada del cuartel de Falange y la increpa el exalcalde monárquico Manuel Ruiz Vega, que vocifera fanfarrón y sonriente: «¡Adelante, adelante! Y ahora a pasearla por las calles. Que vea todo el pueblo lo que pasa… Y esto no es todo. Si con esto no tienes bastante, esta noche te dan el paseíto».
Lo de Adelaida fue peor. Solo tenía diecinueve años, pero se había «señalado». A todos se les había quedado grabada la estampa del Primero de Mayo: la muchacha impertérrita, con la bandera erguida, mientras todos huían atemorizados por los guardias que disolvían la manifestación a tiros. Todos excepto Miguel el Pelao, el presidente de la UGT. Desde aquel día hubo algún entendimiento entre ellos y Miguel quiso llevársela cuando se evadió del pueblo a finales de julio. La muchacha no se fue con el Pelao porque su madre la retuvo. Isabel la Montañesa también perdió a Adelaida por no querer separarse de ella. A finales de agosto o principios de septiembre la pelaron y la tuvieron día y medio detenida en la cárcel municipal, pero la madrugada del 3 de octubre acabaron con su vida. El desencadenante fue el regreso del alférez Gavira, que había estado concentrado en Olvera y preguntó qué habían hecho con «aquella muchacha que defendió la bandera». Esa misma noche también asesinaron a Juana Rodríguez Jiménez, la Paternera, y a Francisca Abadía, Clara. Una era hija de Pedro el Paternero y la otra, compañera de Juan Ramírez, el Pollo, ambos asentados en La Laguna y también asesinados. De Adelaida se dice que la llevaron al cercano municipio de Espera, que la violaron y la mataron en Villamartín.
Aquello que viví de cerca
María Luisa no pretendía escribir un libro de historia. Redactó el cuaderno de memorias para sus hijos. Para que conociesen lo que no quiso o no fue capaz de contarles en vida. Era consciente de que en sus recuerdos había lagunas y de que el relato tendría inexactitudes en las fechas y en la secuencia de los hechos:
«No tengo intención de hacer de historiadora. Sólo me ocupo de aquello que viví de cerca sin que tampoco pretenda escribir mi biografía. Sólo relatos que me afectaron por tocarlos de cerca, hechos que vieron mis ojos y mis oídos escucharon. La historia que la escriba otro, pero, por favor… ¡No la falseéis! La verdad desperdigada sigue estando por alguna parte. Que no sea la sombra de la mentira la que alumbre a las nuevas generaciones».
Pero también sabía que aquellos acontecimientos que marcaron su juventud trascendían el ámbito de lo puramente familiar. Sus memorias son un testimonio excepcional de los «días de barbarie» que padeció Bornos en 1936, el testimonio fiel y directo de quien padeció la violencia fascista en sus propias carnes. Como tantos otros, también ella buscó los porqués de aquella salvaje pesadilla, se preguntó por qué los señoritos de Bornos permitieron aquella matanza y no encontró más respuesta que la voluntad de exterminar al adversario político: «Era su intención terminar con todo el que perteneciera a un sindicato, el que fuera. A ellos ningún trabajador les hacía sombra. No cabe otra explicación cuando se lanzaron al exterminio sin ninguna justificación».
lunes, 8 de julio de 2013
Pedro Andrade Castro
Pedro Andrade es uno de los veintitantos bornichos que se
marcharon hacia la serranía cuando la Guardia Civil se adueñó del pueblo en
julio de 1936. Había nacido en Bornos (Cádiz) hacia 1900 y vivía en La
Asomadilla, de donde le vino el apodo de Perico Somaílla o Zumaílla. Estaba
afiliado a la UGT y se ganaba la vida trabajando como jornalero agrícola, pero
también se dedicó al contrabando. La poetisa María Luisa García Sierra recuerda
en sus Memorias de un año de mi vida que durante la primavera de 1936, cuando
se filtró que la Guardia Civil preparaba un registro en su domicilio, los
afiliados del sindicato se concentraron en masa alrededor de su casa para
impedirlo:
Ocurrió una tarde de la forma más simple. Había reunión en el Centro.
Alguien avisó que la Guardia Civil bajaría a La Asomadilla para hacer un
registro. Los contrabandistas perderían todos sus efectivos: se esperaba
aquella tarde a algunos a caballo y mochileros. De alguien partió la idea (no
puede llamarse orden porque no hubo tal). Dijo: «Hay que impedirlo» y esto
bastó para que la reunión se interrumpiera.
Niños, hombres y mujeres echaron a correr por los postigos de la calle
Calvario abajo hasta ocupar la vereda que daba salida al río. Entre la
bocacalle de uno y otro lado se hizo un ensanche hasta quedar totalmente
cubierto de gente el frente de las casas, que al mismo tiempo servía de cuadra
a los caballos.
Llegó la Guardia [Civil]. Ni
siquiera intentó abrirse camino hasta la puerta. Esto no hubiese sido posible
más que a culatazos. Era un muro de gente silenciosa como estatuas y, naturalmente,
no traían orden de cargar contra nadie.
Hacía sólo un cuarto de hora, nadie sabía lo que iba a pasar porque
todos lo ignoraban. No recuerdo si llegué de las primeras o de los últimos
cuando se corrió por el pueblo la noticia de lo que estaba pasando. Recuerdo La
Asomadilla llena de gente y la Guardia Civil que se alejaba, según se siguió
comentando, más sorprendida que chasqueada.
Y al pobre Pedro, sin comerlo ni beberlo, aunque salvó su carga, le
dejaron colgado de la puerta el cartel de que un pueblo no se expone de esa
forma si no se trata de un cabecilla. Esto, según oí comentar, podía costarle
más adelante serios disgustos. Si fue así, yo no me enteré de lo que hubiese
ocurrido; en concreto, todo quedaría en sustos. Pudieron contarlo.
Pedro salió de Bornos en agosto de 1936, cuando la Guardia
Civil ya había comenzado a detener a dirigentes y militantes de las
organizaciones del Frente Popular. Según Manuel Abadía Sánchez, Teodoro, los
dos se evadieron juntos por temor a que pudiera ocurrirles algo, pero él contó
una historia distinta y menos creíble cuando en 1939 compareció ante un juzgado
militar: permaneció en el pueblo hasta finales de mes e intentó obtener un
salvoconducto para poder desplazarse fuera, pero tuvo dificultades para conseguirlo
y se arriesgó a salir sin él, con la mala suerte de que fue «capturado por las
fuerzas rojas y conducido a diversos lugares hasta que llegó a Estepona».
Fue encausado en el procedimiento sumarísimo de urgencia nº
16.431, en el que también fueron encartados otros cuatro gaditanos: el
anarcosindicalista Manuel Arias Miranda, de Arcos de la Frontera, y los
sanroqueños José Fernández Pecino, Diego Reyes Bolaino y Francisco Reyes Ruiz.
La denuncia que encabezaba el procedimiento decía que «estos individuos se
personaron en este pueblo, huidos de Málaga y acompañados de una columna
llamada “Salvoechea”, y en unión de otros individuos del pueblo, indujeron al
asesinato de personas de derechas, llevándose a cabo muchos de ellos, en los
cuales o están complicados o al menos conocen a los autores. Estos individuos
son peligrosos, a juzgar por su actuación en el pueblo». De todos ellos, Pedro,
que según su propia declaración había estado afiliado a la UGT antes del golpe,
era el único que admitía haber pertenecido al Batallón Salvoechea. Los demás
solo reconocían haberse afiliado a la CNT y todos negaban cualquier relación
con los crímenes que se cometieron en Torredelcampo.
El juez instructor y el consejo de guerra que los juzgó en
Jaén el 3 de julio de 1939 dieron por sentado que todos ellos habían pertenecido
al batallón y a la CNT, pero como se carecía de datos precisos sobre su
actuación en el pueblo, la sentencia se dictó basándose en los informes que
sobre sus antecedentes emitieron las autoridades de las localidades de origen.
Así fueron absueltos los tres de San Roque, de quienes los informes decían que
habían observado «buena conducta» y carecían de antecedentes sociopolíticos,
mientras los dos de la sierra fueron condenados a penas de doce años y un día
de reclusión por delito de auxilio a la rebelión. Los informes sobre el de
Arcos decían que había pertenecido a la CNT y a Izquierda Republicana, «siendo
de los más destacados en propaganda y de los de acción directa» y que había
intervenido en la ocupación de fincas en 1936. Los informes de Bornos presentaban
a Andrade como contrabandista de profesión, pendenciero, agitador de masas y
«elemento de los más destacados en huelgas y desórdenes y temido por toda
persona de orden».
Pedro estuvo encarcelado en la prisión provincial de Jaén,
en la de Puig (Valencia), en el penal de El Puerto de Santa María y en la
colonia penitenciaria de Dos Hermanas. Regresó a Bornos cuando le concedieron
la libertad condicional en abril de 1943.
Fernando Romero Romero
martes, 28 de mayo de 2013
Bornos, el pueblo donde los señoritos se lanzaron al exterminio
María Luisa García Sierra, poetisa del pueblo, graba sus recuerdos del año 36 y sus secuelas en un manuscrito
OLIVIA CARBALLAR / Cádiz / 28 May 2013
“No tengo intención de hacer de historiadora. Sólo me ocupo de aquello que viví de cerca sin que tampoco pretenda escribir mi biografía. Sólo relatos que me afectaron por tocarlos de cerca, hechos que vieron mis ojos y mis oídos escucharon. La historia que la escriba otro, pero, por favor… ¡No la falseéis! La verdad desperdigada sigue estando por alguna parte. Que no sea la sombra de la mentira la que alumbre a las nuevas generaciones”. Es un pequeño fragmento de un manuscrito de 244 páginas en las que María Luisa García Sierra, poetisa de Bornos (Cádiz), graba sus recuerdos del año 36 y sus secuelas. Su hijo Jorge Garrido encontró el texto en 1998, cuando su madre ya había muerto. “¡Adelante, adelante! Y ahora a pasearla por las calles. Que vea todo el pueblo lo que pasa… Y esto no es todo. Si con esto no tienes bastante, esta noche te dan el paseíto”, le increpó el exalcalde monárquico Manuel Ruiz Vega, fanfarrón y sonriente, cuando la sacaron pelada del cuartel de Falange. Tenía 15 años.
Hoy ese trozo de historia ve la luz en el libro Días de Barbarie. Guerra Civil y represión en Bornos, una investigación realizada por Fernando Romero que reconstruye la represión franquista en un municipio donde tampoco hubo violencia republicana previa y donde fueron asesinadas un centenar de personas: “Lo que se pretende es eliminar a quienes han protagonizado los conflictos sociales y políticos de la etapa republicana, a los representantes institucionales y a los líderes de las organizaciones de izquierdas, aniquilar a quienes pretendieron cambiar el modelo de sociedad, tanto a quienes profesaban ideologías reformistas (socialistas, republicanos) como a quienes predicaban la revolución social (anarcosindicalistas)”, explica el historiador sobre la masacre en el pueblo de las tres jerarquías: “Un señor. Cinco arrendatarios. Mil quinientos jornaleros con sus familias, hasta 7.000 almas”, resumió el pedagogo Luis Bello cuando visitó sus escuelas durante la dictadura de Primo de Rivera.
“Fueron los zapateros el colectivo profesional que resultó más castigado tras los jornaleros”, explica el investigador Romero
“Lógicamente, casi todos los que caen son jornaleros, que son la mayor parte de la población y los protagonistas de los conflictos laborales, pero entre las víctimas también hay algunos pequeños agricultores, artesanos y profesionales que se habían alineado con el socialismo o con el republicanismo reformista. El alcalde socialista asesinado, Antonio Garrido, era un barbero, y fueron los zapateros (seis) el colectivo profesional que resultó más castigado tras los jornaleros”, añade Romero.
EL LATIFUNDIO DE LOS SEÑORITOS
La Laguna y el Soto, un latifundio de 850 hectáreas, la sexta parte del término municipal, condensa el terror de los señoritos al cambio de orden que había traído al pueblo la República. El Instituto de Reforma Agraria había intervenido la finca, propiedad de la condesa de Valdelagrana -hija y hermana de los duques de Medinaceli -, y la había cedido a sesenta jornaleros para su explotación colectiva. Con sus esposas e hijos, sumaban 344 personas, el 6,2% de la población censada en Bornos, según Romero. “Los jornaleros, que siempre habían estado sometidos al capricho de los labradores, eran quienes ahora mandaban en el Ayuntamiento. Ellos decían a los agricultores lo que podían o no hacer en las tierras que cultivaban. Los obligaron a alimentar a los centenares de muertos de hambre que no tuvieron donde trabajar durante la calamitosa primavera de 1936”, añade el historiador en el libro, editado por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la colaboración del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A) y producción editorial de Tréveris.
No se fusiló para castigar crímenes, sino para escarmentar a quienes subvirtieron el orden jerárquico
La familia de María Luisa García Sierra fue una de las asentadas en La Laguna y, como la gran mayoría de los jornaleros que se atrevieron a subvertir el orden de las tres jerarquías, recibieron su castigo de mano de los señoritos sublevados. A María Luisa la pelaron. A su hermano, conocido como Juanillo el de la Montañesa, lo mataron. José, otro hermano, fue enviado al frente con el ejército de Franco y murió combatiendo con otra bandera que no era la suya. Al marido de su hermana Frasquita también lo fusilaron. A su hermana Adelaida, con 19 años, la pelaron como a ella. La tuvieron en la cárcel un día y medio, la violaron y la mataron. Esa misma noche también asesinaron a Juana Rodríguez, la Paternera. Y a Francisca Abadía, Clara. “Una era hija de Pedro el Paternero y la otra, compañera de Juan Ramírez, el Pollo, ambos asentados en La Laguna y también asesinados”, escribe el historiador.
No se fusiló para castigar crímenes, sino para escarmentar a quienes subvirtieron el orden jerárquico, insiste Romero. Al Pandereta, abuelo de Máximo Molina Gutiérrez, una de las personas que animó al historiador a realizar esta investigación, también lo asesinaron. Y a su bisabuelo Manuel Perea Méndez. “A ellos [los señoritos], ningún trabajador les hacía sombra. No cabe otra explicación cuando se lanzaron al exterminio sin justificación”, sostiene María Luisa García en sus escritos con todo el horror de la palabra. Exterminio. “Jamás había mencionado ante mi presencia el contenido vertido en aquellas páginas. Otros familiares y amistades muy allegadas sí que habían tenido la suerte de escuchar de su voz varios de los acontecimientos recogidos en el cuaderno, e incluso comentar su ilusión de dejar algo escrito si se encontraba con fuerzas para hacerlo”, reflexiona su hijo Jorge. Las tuvo. Todas las fuerzas del mundo.
Lenin, el niño que bautizaron Francisco
Casi el 50% de los funerales celebrados en el pueblo durante el quinquenio republicano fueron civiles
OLIVIA CARBALLAR / Cádiz / 28 May 2013
En Bornos se produjo un importante alejamiento del culto católico durante la República: casi el 50% de los funerales celebrados en el pueblo durante el quinquenio republicano fueron civiles y alrededor del 20% de los niños nacidos en ese tiempo no se bautizaron, según la investigación de Fernando Romero Días de Barbarie. Guerra Civil y represión en Bornos. Las cosas cambiaron radicalmente a partir del golpe. “Los sublevados asumieron la defensa de la religión como valor propio y abundaron las ceremonias religiosas en las que participaron las nuevas autoridades y las milicias locales. Sólo el 28 de agosto fueron bautizados 48 niños”, afirma Romero.
Desde agosto de 1936 hasta fin de año hubo bautizos masivos y se administró el sacramento a niños de cuatro y cinco años nacidos durante la República, entre ellos algunos cuyos padres habían huido del pueblo o fueron asesinados, como los hijos del cabezalero de la finca La Laguna, Francisco Gutiérrez Lobo, Frasco Pandereta, fusilado. Los niños se llamaban Lenin y Floreal. A Floreal le pusieron Rosa. A Lenin lo bautizaron como Francisco. Ese mismo día, el 30 de agosto, bautizaron también a tres hijos del alcalde socialista ya asesinado, Antonio Garrido.
La Iglesia, salvo excepciones, se puso de parte de los sublevados. María Luisa García Sierra, que era católica y fue rapada, recuerda en sus memorias, recogidas en la investigación, que los falangistas dejaban a las mujeres una marca de corte al cero en forma de cruz cuando las pelaban. Romero destaca un poema que María Luisa dedica a Sebastiana, otra muchacha del pueblo que también fue rapada: “En la cabeza, la cruz, símbolo de humillación”.
jueves, 14 de marzo de 2013
lunes, 4 de marzo de 2013
miércoles, 27 de febrero de 2013
lunes, 11 de febrero de 2013
El socialista que desertó de la Bandera Mora-Figueroa
Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo Recuperando la Memoria
de la Historia Social de Andalucía (CGT-A)
Juan López Ramírez, el Chaviro, estaba
haciendo guardia en la posición de La Planta, en el sector de Villa del Río
(Córdoba), cuando decidió quitarse el uniforme y cruzar a nado el Guadalquivir.
Los centinelas de la otra orilla empezaron a dispararle y hasta lanzaron una
bomba al notar que alguien se acercaba por el río, pero cambiaron los tiros por
exclamaciones de «¡Ole!» y «¡Viva nuestro compañero!» cuando lo oyeron gritar «¡Viva la República!» La mañana siguiente, cuando sus
excompañeros de armas, los falangistas de la 1ª Bandera de FET-JONS de Cádiz,
bajaron al río para aprovisionarse de agua, el desertor habló a voces con ellos
desde los parapetos de la orilla republicana. Les dijo que «había estado esperando la oportunidad de pasarse a las filas rojas para no
estar con tanto canalla y criminales como había en el ejército de Franco». En la bandera había varios falangistas de su pueblo, entre ellos el
sargento José Chacón Fernández, al que amenazó diciéndole que «si al triunfo marxista lo encontraba le iba a cortar la cabeza». También les dijo que si alguien quería papel de fumar que se pasase a
donde él estaba y que él se iba a Valencia con dinero en los bolsillos. Cuando
uno de los falangistas le preguntó si quería algo para su madre, Juan le
respondió: «Cuando nosotros vayamos a tomar Bornos entonces la veré». Tardó dos años en ver a su madre y regresó al pueblo con los que
perdieron la guerra.
Tras pasar al ejército republicano, Juan permaneció tres meses en una compañía
del depósito de evadidos de Valencia, hasta que lo encuadraron en la 146ª
Brigada Mixta, con la que estuvo en los frentes de Aragón y Cataluña. Como
sabía leer y escribir, lo destinaron al servicio de transmisiones. Durante la
guerra estuvo hospitalizado en dos ocasiones. La primera, tras haber sido
herido en la batalla del Ebro, en hospitales de Barcelona y Vich, y la segunda,
cuando cayó enfermo en 1939, en el de Horta (Barcelona). Estaba convaleciente
cuando el ejército rebelde ocupó la capital catalana. Lo trasladaron al campo
de concentración de Barbastro (Huesca) y allí le dieron pasaporte para que se
reincorporase a la 1ª Bandera de FET-JONS de Cádiz, pero pasó por Bornos antes
de regresar a la unidad.
Se reincorporó a la 1ª Bandera en Espiel (Córdoba) y fue arrestado en cuanto se
presentó. Estando detenido en Cádiz, se dedicó a fanfarronear, contando a otros
falangistas que había sido teniente coronel del ejército republicano y que
estuvo al mando de la 15ª Brigada en los frentes de Brunete, Teruel y en la
batalla del Ebro. Después lo mandaron con la 1ª Bandera a Río Verde (Marbella,
Málaga) y, tras ser declarado procesado y tomársele la declaración indagatoria
en ésta última localidad, lo trasladaron a la prisión militar del Castillo de
Santa Catalina de Cádiz, en la que ingresó el 23 de septiembre de 1939. El juez
militar que instruyó su sumario intentó aclarar los motivos por los que Juan
desertó. Todos coincidían en que lo había hecho por temor a que lo matasen como
a su padre, pero Juan puso nombre a apellidos a las causas de su miedo. Decía
que los falangistas que mataron a su padre también estaban en la bandera y que
dos de ellos, Servando Barcia Herraiz y Manuel Casas Gordillo, el Nieto de Rafael la Zapatera,
quisieron obligarlo a hacer guardia con el primero. Y como él se negó, le
dieron una paliza y Barcia lo amenazó con una pistola diciendo «que lo mismo que había matado a su padre lo iba a matar a él». Este altercado fue –según la versión de Juan– lo que provocó que
decidiese desertar y al día siguiente se pasase al enemigo. Servando Barcia
había fallecido, pero por error se le tomó declaración a su hermano José, que
también era falangista de la misma unidad, y éste declaró que no podría haber
obligado a Juan a hacer guardia con él puesto que no pertenecía a su misma
escuadra. El Consejo de Guerra no tuvo en cuenta las razones que adujo Juan
para excusar su deserción y sí sus antecedentes políticos. Fue condenado a doce
años y un día de cárcel por delito de deserción y cumplió la pena en la Prisión
Provincial de Cádiz, en el Penal del Puerto de Santa María y en la Colonia
Penitenciaria Militarizada de Talavera de la Reina, de donde salió el 29 de
enero de 1943 en libertad condicional con destierro.
Zamboa, el confitero socialista de Bornos
Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo “Recuperandola Memoria
Grupo de trabajo “Recuperando
de la Historia Social de Andalucía” (CGT-A)
Manuel López Rodríguez, el confitero a quien
apodaban Zamboa, nació en Bornos (Cádiz) el 2 de julio de 1903.
Estaba afiliado a la sociedad obrera «Luchar es Vida» (UGT) desde su fundación
en 1930 y en mayo de 1931 formó parte de la candidatura de la Conjunción
Republicano-socialista para las elecciones municipales. Fue concejal socialista
del Ayuntamiento bornicho desde el 5 de junio de ese año hasta que la
corporación fue cesada por el gobernador civil radical en septiembre de 1934 y
volvió a formar parte de ella tras el triunfo del Frente Popular en febrero de
1936. Era uno de los miembros de la gestora que presidía el socialista Antonio
Garrido Jiménez cuando se produjo la sublevación del 18 de julio. Estaba
reunido en el ayuntamiento con Garrido y los demás concejales cuando el alférez
Francisco Gavira Parra y los guardias del puesto ocuparon el edificio la mañana
del 20 de julio. El alférez, que se había sumado al golpe, los destituyó a
todos y entregó el gobierno municipal a una comisión de derechistas que quedó
presidida por Francisco Muñoz Ruiz.
El alférez Gavira puso bajo vigilancia a algunos
dirigentes de izquierdas el mismo día 20. Uno de ellos era Manuel Zamboa. Por
la noche se presentó en su casa, el número 80 de la calle Granada, un grupo de
guardias civiles y falangistas con la intención de detenerlo. No pudieron
hacerlo porque Manuel había escapado por la calle Calvario y tomó la trocha de
la ermita hacia la carretera Jerez-Ronda. El falangista Sebastián Baena Zurita
se quedó vigilado la casa por si volvía, pero Zamboa tardó
más de tres años en regresar. Se marchó del pueblo, dejando atrás a su
compañera, Luisa Muñoz Barrios, y a cinco niños. El menor, José, solo tenía dos
meses. Manuel López fue el primero de los veintitantos bornichos que durante
los meses de julio y agosto se pasaron a la «zona roja». Entre ellos iba otro
concejal, el sindicalista Francisco Rodríguez González. ¿Qué le habría ocurrido
si se hubiese quedado en Bornos? Es probable que no hubiese sobrevivido a la
atroz represión del verano de 1936. No hay más que ver cómo acabaron sus compañeros
de la corporación municipal. Fueron asesinados diez de los trece que se
quedaron, entre ellos el alcalde. Manuel salvó la vida, pero sus familiares no
escaparon a la represión. Luisa fue una de las mujeres a quienes los fascistas
pasearon por las calles del pueblo con la cabeza rapada. Y su hermano
Francisco, que había sido un activo sindicalista, fue asesinado.
Manuel estuvo toda la guerra en la «zona
republicana». Según su propio relato, desde Bornos se dirigió al cortijo Carija, del
término de Espera, y luego siguió hacia Montellano y Ronda. En Málaga
sobrevivió asistiendo a uno de los comedores que se crearon para atender a los
miles de refugiados que llegaron a la ciudad. Y fue uno de los protagonistas de
«la espantá» que se produjo cuando las columnas rebeldes españolas e italianas
cayeron sobre la ciudad en febrero de 1937. El 8 de febrero se marchó «huyendo
hasta Almería» y a los tres días se plantó en Murcia. Allí se dedicó a la venta
de dulces durante dos semanas, hasta que el 24 de febrero fue detenido por una
pareja de guardias de asalto que lo llevó a un centro de reclutamiento. Lo
encuadraron en el Batallón Málaga nº 1 y lo enviaron a Valencia y Beteta
(Cuenca). Decía que fue en esta última localidad donde le concedieron el rango
de teniente, un ascenso que resulta, como mínimo, sorprendente ya que no habían
pasado ni dos meses desde su incorporación al ejército. Estuvo al mando de la
sección de infantería que guarnecía el castillo hasta que el 14 de abril lo
destinaron a Saldón y permaneció un año completo en el frente de Teruel y en el
sector de Gea de Albarracín. En junio de 1938 lo destinaron a una compañía de
ametralladoras de la 50 División en Espadán (Castellón) y fue entonces cuando
se afilió al Partido Comunista. Continuó en Levante hasta el final de la guerra
y se entregó a las tropas franquistas en Casinos (Valencia) el 29 de marzo de
1939.

Manuel López quedó detenido en cuanto se entregó. Lo enviaron al campo de concentración de Medinaceli, en Soria, donde un juzgado instructor de la V Región Militar comenzó a investigar sus antecedentes sociopolíticos. El expediente se transfirió luego a la Auditoría de Guerra de la II Región y el 23 de agosto los Servicios de Justicia de Cádiz asignaron la instrucción de su procedimiento sumarísimo al alférez de Infantería Esteban Matía Cuesta (Juzgado Militar de Instrucción nº 23), que también se había hecho cargo de los de varios bornenses que acababan de regresar al pueblo desde la zona republicana. Reclamado por el alférez, Manuel López ingresó el 21 de septiembre en la cárcel municipal de Bornos.
Antes de que Zamboa llegase al pueblo, el instructor ya tenía informes sobre su conducta expedidos por el Ayuntamiento, la Falange y la Guardia Civil. Y también había tomado declaración al alcalde, Francisco Muñoz, y al jefe de Falange, Domingo Ramírez López. Según Muñoz, Zamboa era «uno de los elementos más destacados de esta localidad en cuanto a sus ideas de izquierda distinguiéndose en la propaganda de la misma y siendo promotor en la mayoría de los casos de las huelgas, mítines y demás actos que dimanaban del centro marxista». El alférez Matía Cuesta también solicitó informes a las autoridades de los lugares por los que Zamboa pasó durante la huida y en los que residió en la «zona roja», pero nadie parecía saber nada de él. Ni en Montellano, ni en Málaga, Teruel, Castellón ni Valencia. Para colmo, un error burocrático hizo que acabasen unidos a su expediente unos certificados que avalaban la conducta de otro teniente que se llamaba exactamente igual que él, que se rindió a los «nacionales» en Sacedón (Guadalajara) y que también estuvo preso en Medinaceli. El alférez pidió informes a Sacedón, pero el teniente Manuel López Rodríguez que conocían allí era asturiano o leonés, rubio, alto y de unos veintisiete años. Esa descripción no encajaba con el perfil del confitero bornicho. Ni tampoco parecía que fuese Zamboa ninguno de los siete Manuel López Rodríguez que aparecían en el fichero del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Al final, el instructor sólo pudo contar con los informes y declaraciones que se hicieron en Bornos y con los de unos vecinos de Espera que lo vieron cuando se escapó del pueblo en julio de 1936.
Manuel López quedó detenido en cuanto se entregó. Lo enviaron al campo de concentración de Medinaceli, en Soria, donde un juzgado instructor de la V Región Militar comenzó a investigar sus antecedentes sociopolíticos. El expediente se transfirió luego a la Auditoría de Guerra de la II Región y el 23 de agosto los Servicios de Justicia de Cádiz asignaron la instrucción de su procedimiento sumarísimo al alférez de Infantería Esteban Matía Cuesta (Juzgado Militar de Instrucción nº 23), que también se había hecho cargo de los de varios bornenses que acababan de regresar al pueblo desde la zona republicana. Reclamado por el alférez, Manuel López ingresó el 21 de septiembre en la cárcel municipal de Bornos.
Antes de que Zamboa llegase al pueblo, el instructor ya tenía informes sobre su conducta expedidos por el Ayuntamiento, la Falange y la Guardia Civil. Y también había tomado declaración al alcalde, Francisco Muñoz, y al jefe de Falange, Domingo Ramírez López. Según Muñoz, Zamboa era «uno de los elementos más destacados de esta localidad en cuanto a sus ideas de izquierda distinguiéndose en la propaganda de la misma y siendo promotor en la mayoría de los casos de las huelgas, mítines y demás actos que dimanaban del centro marxista». El alférez Matía Cuesta también solicitó informes a las autoridades de los lugares por los que Zamboa pasó durante la huida y en los que residió en la «zona roja», pero nadie parecía saber nada de él. Ni en Montellano, ni en Málaga, Teruel, Castellón ni Valencia. Para colmo, un error burocrático hizo que acabasen unidos a su expediente unos certificados que avalaban la conducta de otro teniente que se llamaba exactamente igual que él, que se rindió a los «nacionales» en Sacedón (Guadalajara) y que también estuvo preso en Medinaceli. El alférez pidió informes a Sacedón, pero el teniente Manuel López Rodríguez que conocían allí era asturiano o leonés, rubio, alto y de unos veintisiete años. Esa descripción no encajaba con el perfil del confitero bornicho. Ni tampoco parecía que fuese Zamboa ninguno de los siete Manuel López Rodríguez que aparecían en el fichero del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Al final, el instructor sólo pudo contar con los informes y declaraciones que se hicieron en Bornos y con los de unos vecinos de Espera que lo vieron cuando se escapó del pueblo en julio de 1936.
La instrucción del sumario se prolongó durante
varios meses y, mientras tanto, Manuel fue trasladado de Bornos al Castillo de
Santiago de Sanlúcar de Barrameda y desde este, a principios de 1940, a la
Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Uno de los últimos documentos que
se incorporaron al sumario fue una declaración del falangista Sebastián Baena
Zurita, que en 1940 era sargento de Infantería y prestaba servicios en Ubrique
como secretario del Juzgado Militar de Instrucción nº 47. El propio Zamboa lo
había citado para que avalase su conducta, pero más le valdría no haberlo
hecho, porque nada bueno dijo de él. Entre otras cosas, declaró que había
rumores («indicios aunque no muy ciertos y de rumor público») de que en alguna
ocasión formó parte de un grupo de extremistas que fue disuelto por la Guardia
Civil cuando pretendía quemar la iglesia. Como en julio de 1936 escapó en
dirección a Espera, quisieron responsabilizarlo de la tala de árboles para
cortar la carretera de Sevilla y de mantener contactos con dirigentes de
izquierda de otros pueblos de la comarca para organizar la resistencia contra
los golpistas, pero de nada de eso había pruebas fehacientes.
El consejo de guerra se celebró en Jerez a las 16:00 horas del 7 de mayo de 1940. Presidió el tribunal el coronel Rafael López Alba y actuaron como vocales los capitanes Gabriel García Trujillo y Alfonso Pérez Mas, el teniente José Toscano Barberá y, como ponente, el capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Fernando Wilhelmi Castro. El defensor, el teniente Antonio María de Salazar y Moyano, fue designado el mismo día de la vista y solo tuvo unas horas para examinar el sumario. El fiscal, Alfonso Palomino, solicitó una condena de veinte años de cárcel por delito de auxilio a la rebelión militar y el tribunal lo sentenció a doce años y un día. Los hechos que la sentencia consideraba probados eran que
Manuel López Rodríguez,
afiliado a la UGT actuó como Concejal y Teniente Alcalde en la gestora del
Frente Popular, se unió a los revolucionarios desde los primeros momentos
intentando organizar desde el Ayuntamiento el asalto al Cuartel de la Guardia
Civil y otros desmanes, no lográndolo y huyendo a la zona enemiga en [la] que
se inscribió voluntariamente en el Ejército enemigo y obtuvo la graduación de
teniente.
Como Manuel Zamboa, centenares de gaditanos fueron juzgados durante la
guerra y posguerra por delito de rebelión militar sobre la base de lo que se ha
denominado «la justicia al revés». Lo que hicieron fue oponerse al golpe
militar contra el gobierno legalmente constituido de la República, pero al
final fueron los rebeldes quienes los acusaron, juzgaron y condenaron a ellos
por rebelión. Con esa condena, Manuel Zamboa tendría que haber
permanecido en la cárcel hasta el 19 de septiembre de 1951, pero las políticas
de reducción de pena y libertad condicional le permitieron salir a mediados de
1943. Estuvo un tiempo viviendo fuera de Bornos –parece que en Dos Hermanas–
pero en 1947 residía en el pueblo en régimen de libertad vigilada.
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