jueves, 20 de noviembre de 2014
domingo, 16 de noviembre de 2014
domingo, 12 de octubre de 2014
lunes, 6 de octubre de 2014
sábado, 20 de septiembre de 2014
Francisco Flores Cádiz, el guardia municipal republicano de Algodonales
Fernando Romero Romero
Las
mujeres y niños que estaban aglomerados alrededor de la fuente se alborotaron
con los gritos de alto. El Caco había echado a correr en la esquina de Queipo
de Llano con Arroyo. Detrás, armas en mano, los guardias civiles Cristóbal
Sánchez Sierra y José Márquez Guardado. Pasó frente a la fuente y se metió en
la casa número 21 de Altillo. Márquez tumbó la puerta de un empujón, cruzó la
vivienda hasta el corral y lo sorprendió tratando de saltar la tapia que daba
al terraplén de la sierra. Tres balazos frustraron el intento de fuga. Con dos
tiros en las piernas y otro en un muslo, el Caco no pudo seguir huyendo. Las
primeras diligencias sobre el incidente las instruyó el teniente Francisco
Gavira Parra y en su apreciación sobre las causas del intento de fuga estuvo
muy presente el tópico de la naturaleza gitana:
A
la superior autoridad de V.I. me permito exponer que el hecho origen de estas
diligencias lo ha motivado quizás exclusivamente la idea de ver el medio de
eximirse de la responsabilidad a que se halla [sic] podido hacer
acreedor el preso en cuestión, y dada su deficiente calidad y teniendo en
cuenta su raza de gitano la vida ambulante de estas clases de personas
resolviera el que logrando su fuga pudiera seguir haciendo la vida de vago y
maleante y continuar viviendo al margen de la Ley, circunstancia muy peculiar
en estas clases de personas.
El
Caco no era, sin embargo, un delincuente que trataba de escapar del brazo firme
de la ley. Todo lo contrario. Fue agente de la autoridad, guardia municipal,
hasta que los guardias civiles facciosos del puesto de Algodonales (Cádiz) se sumaron
al golpe contra el Gobierno de
la República y se adueñaron del Ayuntamiento por
la fuerza de las armas en julio de 1936. Ahora, tres años después, cuando
regresó al pueblo con los republicanos que se evadieron a la zona gubernamental
por temor a la violencia fascista, lo trataron como si él hubiese sido el
delincuente.
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| Croquis del itinerario seguido por Francisco Flores durante su intento de fuga |
Se
llamaba Francisco Flores Cádiz, había nacido en Algodonales en 1894 y vivía en la
calle Primavera con su compañera, Teresa Núñez Santiago, y cinco hijos. Toda la
vida fue esquilador y tratante de ganado. Durante la República estuvo afiliado
a Izquierda Republicana y el 22 de febrero de 1936, tras la victoria electoral
del Frente Popular y el retorno de las izquierdas al Ayuntamiento, lo contrataron
como guardia municipal, pero solo conservó el puesto durante cinco meses, hasta
el golpe militar. Guillermo Torres Pons, el alférez de la Guardia Civil que
encabezó la sublevación en Algodonales, no se fiaba de los tres guardias
municipales que había nombrado la Comisión Gestora frentepopulista y los cesó
el mismo día que dio el golpe de mano, el 21 de julio. El teniente le dijo a Flores
«que se fuera a su casa» y él decidió irse del pueblo cuando pocos días después
empezaron a circular los rumores «de que venían los moros y que mataban muchas
gentes». Como tantos otros algodonaleños, se fue «por susto», porque «cogió
miedo».
Estuvo
dos semanas en la sierra, viviendo de la cacería y de alimentos que los
habitantes de algunos ranchos le proporcionaban a cambio de presas de caza.
Después se marchó a Ronda, trabajó durante veinte días en el campo de aviación
y estuvo con uno de sus hijos y otros algodonaleños en el cortijo El Quejigal,
pero al aproximarse las fuerzas sublevadas, entrado ya el mes de septiembre, se
fueron todos hacia El Burgo. Trabajó cuatro o cinco meses en la carretera de
Ardales y unos diez días en el campo de aviación de Málaga, hasta la caída de
la ciudad. En 1938, tras residir en Murcia durante más de un año y medio, se
incorporó voluntario a una unidad de carabineros en Valencia.
Fue
uno de los primeros evadidos que regresaron al pueblo cuando terminó la guerra
en 1939. El 15 de abril ya estaba en la cárcel municipal. El 20 de mayo Emilio
Cortés Rodríguez y Antonio Galván Cano presentaron en el cuartel de la Guardia
Civil sendas denuncias, redactadas en términos prácticamente idénticos, que lo
acusaban de haberlos detenido y maltratado en mayo de 1936 por el único por el
único motivo de estar ambos afiliados a Falange. El chófer-mecánico Emilio
Cortés era un matón que no se lo pensaba dos veces antes de apretar el gatillo.
Desde el golpe se había distinguido como un sanguinario represor, era jefe de
milicias de Falange y durante un tiempo, en 1937, también hizo la veces de jefe
de la guardia municipal; su última bravuconada —por la que estaba siendo
investigado por la justicia militar franquista— fue disparar a bocajarro contra
Fernando Cortés Alba.
La
documentación generada por el intento de fuga del Caco nos muestra que tras la
instrucción de los procedimientos sumarísimos de la justicia militar sublevada
se oculta mucho más de lo que los papeles suelen dejar ver. Francisco Flores
estaba detenido a disposición de la Auditoría de Guerra desde que regresó a
Algodonales en abril de 1939, fue el 14 de agosto cuando el jefe de los
Servicios de Justicia de Cádiz nombró al alférez de infantería Ramón Pérez
Hermida para que instruyese contra él el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 669-39,
pero en el expediente no consta que se le tomase declaración hasta casi un año
después: el 15 de noviembre de 1940. Sin embargo otro documento, la Causa
983-39, instruida contra los guardias civiles Cristóbal Sánchez y José Márquez
por las lesiones que causaron a Flores cuando se dio a la fuga y que se
resolvió dictaminando que la actuación de ambos fue correcta, nos revela que la
realidad era muy distinta. El intento de fuga se produjo el 27 de junio, cuando
los guardias lo conducían desde el ayuntamiento, donde se había instalado el
juzgado militar, hacia la cárcel que provisionalmente se había establecido en escuela
de la calle Arroyo. ¿Cuál fue el motivo del intento de fuga? Según Flores, dos
días antes la Guardia Civil le había dado una paliza en presencia del alférez
Pérez Hermida y del secretario del juzgado militar y, como esa tarde tenía que
comparecer de nuevo ante el alférez, «creía esperar una nueva paliza si no
declaraba lo que se le iba a preguntar». ¿Qué declaraciones eran aquellas que
se sacaban a fuerza de palizas? Recordemos que Pérez Hermida aún no había sido
designado instructor del procedimiento sumarísimo que se incoó contra Francisco
Flores y tampoco hay constancia de que declarase en ningún otro de los
procedimientos que el alférez instruyó contra los izquierdistas algodonaleños,
lo que deja bien claro que el juzgado militar de Algodonales se dedicaba a algo
más que a practicar las diligencias que constan en los procedimientos
sumarísimos que nos han llegado.
 |
| Informe de la Guardia Civil sobre Francisco Flores Cádiz |
Ya se
ha relatado cómo acabó el intento de fuga. Flores recibió la primera cura en la
clínica del médico Santiago Díaz-Crespo y las heridas tardaron doce días en
sanar. Continuó preso en la cárcel de Algodonales, a mediados de septiembre
pasó unos días en la Prisión Provincial de Cádiz pero lo llevaron de nuevo a
Algodonales, en noviembre lo trasladaron al castillo de Santiago de Sanlúcar de
Barrameda y se encontraba en la Prisión del Partido de Jerez cuando en
noviembre de 1940 le tomó declaración el teniente de artillería José Tocón
Barea, que acababa de sustituir a Pérez Hermida como instructor del
Procedimiento Sumarísimo 669-39.
Las
informaciones que llegaron al instructor sobre los antecedentes de Francisco
Flores eran un tanto contradictorias. Por sus manos no debieron de pasar los
informes que el guardia civil Gumersindo Jiménez Risco remitió el 17 de agosto
de 1939 en calidad de comandante de puesto y comandante militar de Algodonales para
la Causa 983-39 y que enturbiaban la imagen de Flores presentándolo como
«comunista», «elemento muy peligroso de acción» y lo acusaba de dedicarse «a
saquear y a asesinar a personas de derecha» en Ronda durante el verano de 1936.
Al Procedimiento Sumarísimo 669-39 sí se incorporó otro informe, firmado por el
mismo guardia solo dieciocho días después, en el que ya no quedaba el menor
rastro de esta infundada acusación, donde la afiliación política comunista se
había rebajado a la más moderada de Unión Republicana y donde también se decía
que Flores había combatido como miliciano, que ingresó voluntario en el cuerpo
de carabineros y no faltaba el tópico étnico: «antes del Glorioso Movimiento
Nacional observó siempre pésima conducta y muy propia de su raza gitana».
 |
| Denuncia del falangista Emilo Cortés |
No
había una versión unánime sobre el altercado del 20 de mayo de 1936 y madrugada
del 21. Emilio Cortés decía que la piedra que hirió a Flores cayó casualmente
de la sierra, que los falangistas fueron culpados de la agresión a sabiendas de
que eran inocentes y que el guardia municipal llevaba el propósito de
asesinarlos cuando los detuvo, extremo del que le habría hecho desistir el
guardia Francisco Marín Carvajal, que lo acompañaba cuando practicó las
detenciones. Según la versión de José Galván Fernández —otro detenido como
sospechoso de la agresión—, sí hubo apedreamiento, aunque mantenía que los
falangistas no fueron los autores, y acusó de Flores de haberlo insultado y
golpeado con una porra en la cárcel mientras lo amenazaba con una pistola. José
Galván decía que Emilio Cortés también fue bárbaramente maltratado en la
cárcel, pero de todo esto lo único que confirmó Francisco Malo —que era el alguacil
encargado del depósito municipal en la primavera de 1936 y continuaba siéndolo
en 1939— es que Emilio Cortés recibió unos guantazos en el momento de meterlo en
el calabozo. El ex guardia municipal Francisco Marín —fue cesado a la vez que
el Caco en julio de 1936— también recordaba que Emilio se llevó unas bofetadas,
pero no hizo la más mínima mención a que su compañero hubiese tenido la
intención de asesinar a los detenidos.
Es
probable que el falangista Emilio Cortés y José Galván exagerasen el maltrato
que les infligió Cortés cuando los detuvo la madrugada del 21 de mayo de 1936,
que convirtiesen unas bofetadas en una salvaje paliza y que se inventasen la
intención de asesinato con el propósito de agravar la condena que la justicia
militar franquista pudiese imponer al guardia municipal republicano. Si fue esa
su intención, no les salió bien la jugada, pues el Caco quedó absuelto en el
consejo de guerra que se celebró en Cádiz el 28 de noviembre de 1941. La
sentencia reconocía que «actuó a las órdenes de los dirigentes del Frente
Popular», pero «lo hizo con anterioridad al dieciocho de julio de mil
novecientos treinta y seis como guardia municipal de Algodonales, cargo que
desempeñaba para subvenir sus necesidades, y en cambio a partir de dicha fecha
no cometió ningún acto delictivo, por lo que estimándolo así el Consejo cree
procedente la absolución del encartado».
No hay
que descartar la posibilidad de que desde Algodonales se movieron algunos hilos
para que el tribunal militar absolviese a Francisco Flores. De todos los
informes que sobre sus antecedentes se incorporaron al procedimiento
sumarísimo, los más inocuos de todos fueron los emitidos por el alcalde y jefe
local de Falange, Eduardo Acuña Camacho, que se limitó a indicar que fue de
izquierdas, pero que, quizás por la circunstancia de haber sido nombrado
guardia municipal, «no se le vio actuar en política de forma destacada». Pues
bien, el defensor de Francisco Flores en el consejo de guerra fue precisamente
un hermano del alcalde algodonaleño, el capitán de la Guardia Civil Ángel
Acuña, y eso nos lleva a una pregunta para la que no tenemos respuesta: ¿Acaso
contaba Flores con cierta protección por parte de los Acuña?
Se da
la circunstancia de que Emilio Cortés, el encarnizado enemigo de Francisco
Flores, también fue defendido por Ángel Acuña en la causa que se le abrió por
el homicidio frustrado de Fernando Cortés Alba. El intento de homicidio era tan
evidente que no pudieron absolverlo, pero el expediente se resolvió sin llegar
a juicio, aceptando la petición fiscal de pagar una indemnización de 250
pesetas a su víctima y un mes y un día de arresto que Emilio ya había cumplido
sobradamente en prisión preventiva. Una prisión preventiva un tanto peculiar,
porque de los dos años que transcurrieron desde la comisión del delito hasta la
resolución de la causa Emilio solo pasó cuarenta y nueve días encarcelado; el
resto del tiempo estuvo en libertad bajo fianza o en prisión atenuada en su
propio domicilio por prescripción médica. Esa fue la ventaja de ser un patriota
falangista de primera hora en vez de un rojo antiespañol como el Caco.
Francisco
Flores Cádiz salió de la Prisión Provincial de Cádiz, con la sentencia ya firme,
el 26 de enero de 1942. Lo absolvieron, pero estar afiliado a Izquierda
Republicana, ser guardia municipal en tiempos del Frente Popular y la enemistad
con el falangista Emilio Cortés le habían costado treinta y cuatro meses y
medio de prisión preventiva que pasó entre rejas en Algodonales, Jerez,
Sanlúcar y Cádiz. Casi tres años de cárcel, alguna paliza y los tres tiros que
le metieron en el cuerpo el día que intentó escapar de la Guardia Civil.
domingo, 7 de septiembre de 2014
«Ha fracasado el movimiento nacional». Los carabineros de Jerez y Villamartín ante la sublevación del 18 de julio
Fernando Romero Romero
La
documentación judicial militar generada por la Auditoría de Guerra de la
Segunda División Orgánica, actualmente conservada en el Archivo del Tribunal
Militar Territorial Segundo, no deja de arrojar nuevos datos sobre el
desarrollo de la sublevación del 18 de julio de 1936. La reciente localización
de expedientes instruidos contra miembros de institutos armados nos proporciona
nueva información para reconstruir los hechos sucedidos en Villamartín. Los que
se exponen en este artículo proceden de la sumaria instruida contra los
carabineros Francisco Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, que recibió la
numeración 98-938 de los Servicios de Justicia de Cádiz.
 |
| Distintivo de cuerpo de Carabineros durante la II República |
El
procedimiento tiene su origen en la orden confidencial y reservada que el
general jefe de la Segunda División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, cursó el
3 de marzo de 1937 a los gobiernos militares para que los mandos de las
instituciones armadas vigilasen la conducta de sus subordinados. «En la campaña contra el
marxismo —decía— hay
que ser constantes para conseguir lo que se persigue: su total y absoluta
eliminación». Recordaba a los mandos que tenían la
obligación de estar al corriente de «cualquier
brote» que pudiera surgir
en sus unidades y que debían vigilar cuidadosamente «a todos los individuos y, muy especialmente a los
calificados como sospechosos».
El Estado Mayor la entregó al jefe de la Comandancia de Carabineros de Cádiz
junto con unas instrucciones encaminadas a depurar la conducta de su personal con
relación al 18 de julio. El objetivo era expulsar del cuerpo a quienes por su
conducta se considerasen «contrarios
al Movimiento Nacional».
 |
| Sello de la Comandancia de Carabineros de Cádiz |
En
las relaciones de carabineros detenidos, procesados, sometidos a expedientes
informativos y sospechosos de izquierdismo que generó el proceso de depuración de
la 11ª Comandancia no se encuentra ninguno de los destinados al puesto de
Villamartín. El sargento José Sánchez Monje y los carabineros bajo su mando se sumaron a la sublevación y
se pusieron a las órdenes del brigada de la Guardia Civil Narciso Santos Muñoz,
que desempeñaba la función de comandante militar de la plaza. El brigada decía
que encontró «una ayuda muy eficaz tanto en el comandante del puesto de
Carabineros como igualmente en toda la fuerza que tenía a sus órdenes para el
triunfo de la Causa Nacional» y expresó en estos términos la actitud de Sánchez
Monje:
[…] desde
los primeros momentos observó una actitud de adhesión inquebrantable al Glorioso Movimiento, sin
que observara en él titubeo de ninguna clase, poniéndose a las órdenes del que
narra para cuanto fuere necesario, cooperando con gran espíritu de sacrificio
en cuantos servicios hubo necesidad de prestar, no notando en él nunca la menor
pereza para cumplir cuanto le fue ordenado [.]
Pero
entre los carabineros de conducta dudosa de la 11ª Comandancia se encontraban Francisco
Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, del puesto de Jerez, de quienes se
decía que simpatizaban con «ideas
sustentadas por marxismo y comunismo»
y a quienes se suponía autores de una llamada telefónica en la que transmitieron
«noticias falsas y alarmantes» a Villamartín.
Los
hechos ocurrieron el 22 de julio de 1936. Los guardias civiles y carabineros de
Villamartín aún no tenían el control completo del casco urbano y realizaban un
servicio de descubierta a primera hora de la mañana cuando, al pasar por
delante de la central de teléfonos, la patrulla fue avisada de que un teniente
de Carabineros requería la presencia del sargento Sánchez Monje en la
subestación eléctrica de la Compañía Sevillana de Electricidad situada en las
afueras del pueblo. El sargento envió a los carabineros Francisco Gil Cortés y
Antonio Lupiáñez García, quienes se encontraron que allí no había ningún
teniente. Lo que había ocurrido es que se había recibido una llamada telefónica
procedente de la estación eléctrica de Jerez. Puestos al habla con la estación jerezana,
Francisco Gil mantuvo una conversación con Francisco Borrego Domínguez, que
hacía servicio de guardia en esta y a quien conocía personalmente por haber
estado destinado unos años antes en el puesto de Villamartín.
 |
| Rúbricas de los carabineros José Sánchez Monje y Francisco Gil Cortés |
Del
contenido de la conversación telefónica existen varias versiones. Según Gil
Cortés, Borrego dijo que la sublevación militar había fracasado en San
Fernando, en Cádiz y en el entorno de la capital, que los moros andaban «corriendo por Casas Viejas» y que todo Jerez, excepto la
emisora de radio, estaba tomado por fuerzas leales al Gobierno. Transmitió la
orden, supuestamente procedente del teniente de Jerez, de que el sargento Sánchez
Monje requisase varios vehículos y acudiese a Jerez con cuantas fuerzas pudiese
reunir en Villamartín, Bornos y Arcos para ayudar a tomar la emisora y advirtió
de que una columna gubernamental procedente de Ronda pasaría pronto por
Villamartín con dirección a Jerez. Luego se puso al teléfono otro individuo que
dijo ser el teniente y que concluyó la conversación diciendo: «Mire usted, Gil, lo que te ha
dicho su compañero Borrego es verdad. Se lo comunica usted al sargento y le
dice usted que a la una le llamaré por teléfono».
El
carabinero Gil aseguraba que no se creyó nada de lo que dijo Borrego, pero el
sargento Sánchez Monje dio a entender que iba alterado cuando le informó de la
conversación:
Sargento Sánchez, estamos perdidos. Me ha
dicho el carabinero Borrego que ha hablando conmigo que San Fernando ha sido
bombardeado y tomado por los rojos, y [en] Jerez no quedaba más que tomar por los rojos la emisora de radio, y que
las fuerzas de Regulares habían huido al campo en desbandada, que reclutáramos
el mayor número de obreros, desde luego marxistas, y que en camiones perfectamente
armados se vengan a Jerez.
Según
Lupiáñez, el sargento Sánchez Monje reunió a los demás carabineros que estaban
a sus órdenes —Mario Martín Caldera, Antonio Martín y Antonio Olivera— para
conocer su parecer sobre lo ocurrido y todos manifestaron unánimemente que no
estaban dispuestos a ir a Jerez dejando abandonadas a sus familias en
Villamartín; después se fue en busca del brigada Santos y le dio parte de la
conferencia en presencia del sargento Manuel García Guzmán y del cabo Victoriano
Meco. En la versión de Sánchez Monje y del sargento García Guzmán —que
en lo esencial coincide con la de Lupiáñez— se indica que los guardias
civiles también habrían participaron en el improvisado conciliábulo en el que,
de común acuerdo con los carabineros, decidieron no moverse del pueblo. Así lo
expone el segundo:
[…]
al regresar a esta la pareja, relató a su
comandante de puesto [José Sánchez Monje] la conferencia sostenida y este púsolo en conocimiento del brigada
comandante militar que ya se cita [Narciso Santos Muñoz] y reunidos todos las clases y conocido lo
trágico de la noticia y sometidos al común criterio por unanimidad acordamos
permanecer firmes en nuestro puesto manteniendo el orden público del que éramos
dueños y evitar a toda consta que los marxistas realizaran sus planes de
destrucción y asesinatos como pretendían, pues estimábamos [que] era horrible el marchar a Jerez y toda la
fuerza y abandonar este pueblo, lugar preeminente por su nudo de comunicación
de carretera con Sevilla y Jerez, su proximidad a Ronda, punto este muy
reforzado por los rojos de donde se tenía la creencia [de que] habían de salir refuerzos marxistas para
dominar Olvera, Algodonales, Puerto Serrano, llegar a esta localidad y seguir
su marcha bien para Sevilla o Jerez, cosa que no tuvo lugar quizás por no
haberse desplazado la fuerza de esta villa, pues […] no nos animaba más interés que el cumplir nuestros reglamentos
(proteger personas y propiedades y mantener el orden a toda consta) como así se
hizo por toda la fuerza y como lo demuestra el que en este pueblo apenas si
dejó huella el elemento rojo comparado con lo que ocurrió en otras partes.
El
comandante militar de Villamartín telefoneó al Gobierno Militar de Cádiz para
informar de lo ocurrido y habló directamente con el general Varela, cabeza de
la sublevación en la provincia, quien desmintió la información que se había
transmitido desde Jerez. Según Santos, Varela dijo que lo único sucedido era
que «varios barcos de guerra se
habían sublevado en San Fernando, pero
que habían sido echados a pique y que Cádiz no se rendía ni se rendiría». El
general rebelde se despidió con un fuerte «¡Viva España!» al que él respondió
«con igual entusiasmo».
 |
| Algún
miembro de los servicios de justicia franquistas, probablemente el juez instructor Emilio María Cano de Castro, marcó con una esvástica la declaración del carabinero Antonio Lupiáñez y otras en las que había indicios de culpabilidad contra Francisco Borrego y Jesús González |
El Gobierno Militar de Cádiz
alertó a la Comandancia Militar de Jerez de que los carabineros de guardia en
el transformador eléctrico habían transmitido noticias alarmantes a Villamartín
y el teniente Isidoro Herrera Fernández-Humanes se personó en la central para investigar
lo ocurrido. Interrogó a Borrego y a su compañero de servicio, Jesús González
Miguel. Borrego reconoció que habían mantenido una conversación telefónica con
carabineros del puesto de Villamartín, pero aseguró que se habían limitado a
intercambiar noticias sobre la marcha del «movimiento» en ambas localidades. Para
salir de dudas, el teniente intentó comunicar telefónicamente con el sargento
de Villamartín, pero no logró hablar con él. Aunque ambos habían firmado un
documento de adhesión a la sublevación y hasta ese momento habían cumplido
estrictamente cuantos servicios se les habían ordenado, ni Borrego ni González
le ofrecían confianza por sus conocidas tendencias izquierdistas. Como medida
preventiva hizo que González, a quien suponía inductor de la llamada
telefónica, fuese relevado del servicio en la central eléctrica y propuso al
jefe de la 11ª Comandancia de Carabineros que ambos fuesen cambiados de destino
«por las mismas circunstancias de falta de adhesión al Movimiento y por
considerarlos peligrosos en el puesto de Jerez».
Francisco Borrego y Jesús
González fueron relevados del puesto de Jerez a mediados de septiembre de 1936.
Borrego trató de hacer méritos para despejar las dudas sobre su pasado. Según
un informe del teniente José Jaén Rubiales, bajo cuyas órdenes sirvió en el
puesto de Fuerte Cuidad, en El Puerto de Santa María, «observó una intachable
conducta, tanto en el terreno oficial como en el particular, una moralidad a
toda prueba, amor a la profesión de las armas, y subordinación digna de un
veterano, así como una identificación completa con los postulados del
Movimiento Salvador de España». Incluso se presentó voluntario para marchar al
frente con la Compañía Expedicionaria de la 11ª Comandancia. Eso no impidió que
un juez instructor de los Servicios de Justicia de la Auditoría de Guerra en
Cádiz lo investigase cuando se puso en marcha el proceso de depuración del
personal de la Comandancia de Cádiz. El 4 de diciembre de 1937 fue detenido y
conducido a la prisión militar del Castillo de Santa Catalina. Jesús González,
que entonces tenía destino en el puesto de Caños de Meca, en Vejer de la
Frontera, ingresó tres días después.
En la sumaria 98-938 se
incluyeron, entre otros documentos, informes de la Comandancia Militar de
Villamartín, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Jerez y de los
servicios de información de Falange en ambas localidades. Se trató de
clarificar el contenido de la conversación telefónica del 22 de julio de 1936
tomando declaración a guardias civiles, carabineros y empleados de las dos
centrales eléctricas, pero los trabajadores de la compañía —los de servicio en Villamartín
cuando ocurrieron los hechos eran Juan Rivera Bautista y José María Rosa
Sánchez— no aportaron nada decisivo y lo que finalmente se sopesó fue la
credibilidad de Borrego y González —con sus reconocidos devaneos
frentepopulistas— frente a la de los carabineros villamartinenses, cuya adhesión a la
causa golpista no ofrecía dudas.
El Consejo de Guerra Permanente
de la Plaza y Provincia de Cádiz, presidido por el comandante Rafael López
Alba, falló la causa el 30 de marzo de 1939 y declaró culpables a los dos
procesados. Fueron condenados a penas de 6 años y 1 día de cárcel por delito de
excitación a la rebelión. Además de condenados a presidio, fueron
expulsados del cuerpo de Carabineros. Borrego cumplió la condena en la prisión
provincial de Cádiz, donde solicitó acogerse a la redención de penas por el
trabajo para reducir el tiempo de encarcelamiento, y salió en régimen de
libertad condicional el 6 de agosto de 1940. Desconozco la fecha exacta de
excarcelación de Jesús González, pero debió de ser aproximada a la de su
compañero. El Juzgado Militar de Ejecuciones de Cádiz no logró localizarlo
cuando en 1944 fue a notificarle que su condena había sido conmutada por la
inferior de ¡6 años!, pero sabemos que residía en Barcelona cuando en la década
de los sesenta solicitó la revisión de la sentencia, que por dos veces le fue
denegada.
El
procedimiento 98-838 es uno de tantos
casos de lo que se ha denominado «justicia al revés». Suponiendo que fuesen
ciertos los hechos que se imputaron a Francisco Borrego y Jesús González, lo
que habrían tratado de hacer con aquella llamada telefónica a Villamartín no sería
sino reunir en Jerez algunas fuerzas leales para combatir a los militares
rebeldes que se habían sublevado contra el Gobierno legítimo. Y, suponiendo que
así fuese, surge entonces una pregunta para la que no tenemos respuesta: ¿Fue
una maniobra ideada y ejecutada por los dos carabineros en un ejercicio de
temeraria y solitaria osadía o formaban parte de una trama de resistencia más
amplia cuyos demás conjurados no fueron descubiertos?
(Publicado en Villamartín. Revista de Feria y Fiestas de San Mateo, 2014)
viernes, 11 de julio de 2014
«La historia nos advierte de los cambios del futuro»
Pedro Sevilla | Arcos Información | 4 al 10 de julio de 2014
Cuando le remití
el cuestionario para la entrevista, nadie podía imaginarse que el rey Juan
Carlos iba a abdicar y que en el mismo mes tendríamos como Jefe de Estado a
Felipe VI. Cuando me enteré de la abdicación, repasé dicho cuestionario por si
se había quedado viejo, pero resulta que no, porque España sigue siendo una
Monarquía Parlamentaria y todo lo que yo le preguntaba al historiador Fernando
Romero sigue vivo. A rey abdicado rey puesto y he aquí lo que Fernando Romero
nos habla sobre la República, sobre las secuelas de la guerra civil o sobre la
función del historiador.
—En este mismo periódico se ha publicado
la noticia de su participación en un acto de la organización política Izquierda
Unida donde se reivindica la República. ¿Es el retorno de esa forma de Gobierno
una prioridad actual o, como argumentan otros, es preferible no hacer mudanzas
en tiempo de tribulaciones, con esta crisis económica y de valores que nos
asola?
—No creo que cambiar la forma de Estado
sea prioritario. Pero que no lo sea no quiere decir que no haya que hacerlo. La
existencia de otras prioridades es la evasiva con la que rehúyen y posponen sine die el debate sobre la forma de
Estado quienes se aferran al modelo que ahora tenemos. Esos mismos son los que,
si gozásemos una etapa de prosperidad, bienestar y bonanza económica, dirían: «Para qué vamos a cambiar con lo
bien que nos va con la monarquía».
Independientemente de que haya problemas sociales y económicos más urgentes, es
un debate que hay que plantear. Es una cuestión de racionalidad del sistema
político y de avance en la democratización de las instituciones.
—¿Cuánto
hay, entre los partidarios de la República, de republicanismo de verdad, y
cuánto hay de antimonarquismo y, si me apura, antiborbonismo?
—Para quienes vivieron y protagonizaron
la transición, el dilema de república o monarquía perdía fuerza o se desdibujaba
cuando lo esencialmente nuevo era que se salía de una dictadura y se entraba en
la democracia. Eso es lo que, en la década de los noventa, expresaba un veterano
militante comunista que ya en el 36, siendo casi un chiquillo, perteneció a las
juventudes del partido y que me decía: «Lo
de ahora es como lo que teníamos antes de Franco: una república. Solo que la de
antes era una república con presidente y ahora tenemos una república con un rey.
¿No vamos a votar? ¡Pues eso es la república!». Para muchos, como él, lo importante no era que la jefatura del
Estado fuese electiva o hereditaria, sino que la dictadura había dado paso a la
democracia parlamentaria. Quienes no conocieron la dictadura quizás hayan visto
la monarquía como algo consustancial al sistema democrático. Además fue el rey
quien dirigió el proceso de cambio y gracias a él tenemos democracia. Eso es, al
menos, lo que cuenta el relato oficial de la transición. ¿Cómo vamos a
cuestionar la monarquía si el rey es uno de los artífices de nuestro sistema de
libertades?
En época
de bonanza económica, cuando las cosas iban bien, no eran muchos los que
cuestionaban la monarquía. Los catalanes separatistas, algún comunista
trasnochado y pocos más. Si te declarabas republicano, te tachaban de loco. La monarquía
se veía como «lo normal». Es como el florero de la abuela que adorna el
aparador de la salita: puede que sea anticuado, pero nos acostumbramos a él y,
como no molesta, ni nos planteamos mudarlo. Las cosas cambian cuando la
dictadura se ve como algo lejano, se empieza a cuestionar el relato de la
transición modélica y, mientras el país se hunde en la crisis económica, nos
enteramos de que el rey bonachón tiene una fortuna de no sé cuántos millones de
euros y luego, encima, lo del yerno presunto chorizo, la infanta que ni sabe ni
contesta, el paquidermo botsuano… y lo
que pueda venir. Se junta todo y eso le quita lustre a la imagen idealizada que
se pueda tener de la monarquía. ¿Antimonarquismo o antiborbonismo? ¡Qué más da!
Lo que cuenta es que los chavales de veinte años ven al jefe del Estado como
una pieza más de la marabunta de políticos, gestores y burócratas que forman el
engranaje de un sistema que cada vez satisface menos. Y si al alcalde de mi
pueblo lo podemos elegir cada cuatro años ¿cómo vamos a tener un jefe de Estado
de por vida? ¿Alguien entendería que los cargos de alcalde, presidente de la
Audiencia o de la Junta de Andalucía fuesen hereditarios y pasasen de padres a
hijos por derecho de sangre? ¿En qué cabeza entraría eso? Creo que es una
cuestión de racionalidad. O quizás me equivoco y resulta que esto de los
sistemas políticos no es una cosa de ideas, argumentos y razones, sino de
impulsos, sentimientos y emociones… y se es monárquico por lo mismo que se es
del Betis o de la Macarena.
—¿Qué
hay que hacer para que la Historia no sea siempre la versión oficial de los
ganadores?
—El relato del pasado puede convertirse
en fuente de legitimación o, por el contrario, de deslegitimación de
instituciones y realidades del presente. Por eso al poder le interesa
controlarlo. Siempre ha sido así. Para lograrlo se puede llegar al extremo de
tergiversar y manipular maliciosamente la reconstrucción de los hechos o,
simplemente, omitir y silenciar lo que no interesa. Y escritores mercenarios
nunca han faltado. En realidad, ningún relato historiográfico nos presenta los
hechos puros. La reconstrucción del pasado está mediatizada por el historiador
que lo interpreta condicionado por sus concepciones previas, aplicando
determinadas metodologías y con interés por determinados problemas. ¿Cómo
evitar caer en la red de las medias verdades, manipulaciones y hagiografías
justificatorias? Leer, leer mucho. Contrastar versiones. Se pudo hacer durante
la dictadura franquista: cuando la censura estatal controlaba férreamente todo
lo que se publicaba en el país, los libros de Ruedo Ibérico, que llegaban
clandestinamente desde Francia, minaron el relato oficial del régimen. ¿Cómo no
vamos a hacerlo hoy? No será por falta de medios: tenemos más libros que nunca,
más bibliotecas, y tenemos Internet,
una tecnología de comunicación con una potencia de transmisión de información
que hace tres décadas era inimaginable.
—España
sigue teniendo –a tantos años ya de la democracia en la que muchos quisimos ver
también la reconciliación tras la guerra y la dictadura- a hombres y mujeres
enterrados en las cunetas. ¿Cuál es la actuación adecuada para que se repare
esa anomalía moral?
—Es una anomalía incomprensible. Vivimos
en un país con decenas de miles de hombres y mujeres enterrados en cunetas y en
fosas comunes. Millares de ciudadanos que fueron asesinados y cuyas muertes, en
muchos casos, ni siquiera se registraron oficialmente. Tenemos que comenzar por
reconocer que la anomalía existe y mirar sin miedo y sin complejos a esa parte
de nuestro pasado que durante décadas se silenció. Ahí es donde entramos los investigadores:
nos toca escribir una página de la historia que se dejó en blanco. En Arcos
tenéis las memorias de Manuel Temblador que, ya en la década de los ochenta,
pusieron nombre y apellidos a las víctimas de la represión franquista, pero en
otros pueblos de la comarca no se escribió ni una sola línea sobre las víctimas
hasta que a finales de los noventa se revitalizó la historiografía sobre la
guerra civil y poco después emergió con fuerza el movimiento de recuperación de
la memoria histórica. Tenemos que arrojar luz sobre la represión: decir quiénes
fueron las víctimas, contar por qué fueron asesinadas y tiradas en fosas
comunes, qué ideales y proyectos políticos quisieron los represores eliminar y
enterrar con ellas. Y hablar no solo de los que perdieron la vida, porque la
eliminación física del adversario político fue la vertiente más brutal de la
represión franquista, pero no la única: también están los que fueron juzgados por
los tribunales militares, los que padecieron cárcel, fueron expulsados de sus
puestos de trabajos, perdieron sus bienes o tuvieron que marchar al exilio. Algunos
presos políticos recibieron compensaciones económicas, otras víctimas han
tenido actos de homenaje y reconocimiento. ¿Y qué hacemos con las fosas? Las
alternativas son exhumar o dignificar los lugares de enterramiento. Optar por
una u otra solución dependerá de la voluntad de los familiares y de la
viabilidad técnica de la intervención.
—Como
especialista en el tema de la memoria histórica, ¿ha visto usted, por parte de
particulares o partidos políticos, afán revanchista en las peticiones de
excavación de fosas comunes?
—Puede haber excepciones, pero no es un
afán revanchista lo que mueve a los familiares y a las organizaciones
memorialistas. Lo que quiere la gente es sacar de la fosa a su abuelo, tío o
hermano y enterrarlo «como
dios manda». Y de tener a un
familiar en la fosa nace un sentimiento de solidaridad hacia quienes
compartieron su mismo destino. Lo indignante es que haya quienes, en nombre de
la reconciliación y apelando a la inconveniencia de «remover el pasado»,
se nieguen a que otros puedan recuperar los restos de sus familiares. Es como
si te dijeran: «Para no
reabrir heridas, tu abuelo tiene que seguir tirado como un perro en la cuneta». La realidad es al revés: las
familias tienen heridas sin cicatrizar que no cierran hasta que se abre la
fosa. ¿Y los partidos políticos? Han ido a remolque de la presión social.
Durante la transición miraron a otro lado, lo mismo que hicieron los primeros
gobiernos socialistas. Se montaron en el carro cuando durante la década pasada
nació el movimiento de recuperación de la memoria histórica, no sé si porque
vieron la luz o porque vieron un filón de votos. Solo los partidos de izquierdas
llevan en sus programas medidas relacionadas con la recuperación de la memoria
histórica –y eso, evidentemente, los valoran las familias y organizaciones
memorialistas–, pero a veces son políticos de esos mismos partidos quienes más
trabas ponen a los proyectos de investigación y peticiones de exhumación.
—¿Cuál
es la función del historiador en el día a día?
—El historiador no se ocupa del pasado
como mera curiosidad de hechos pretéritos sin trascendencia. La historia nos
enseña que nuestra sociedad no siempre ha sido tal como la conocemos y nos advierte
de que en el futuro seguirá cambiando. Nos permite comprender por qué es como
es y no de otra manera y también nos invita a entrever lo que pudo haber sido y
finalmente no fue. Nos permite ser críticos con el presente y afrontar el
futuro con otra perspectiva. Comenzamos hablando de monarquía o república en
España, una cuestión de actualidad y de futuro. Pues bien, ¿valoraremos de la
misma manera la actual monarquía y la alternativa republicana si, además de los
hechos que durante los últimos años han afeado la imagen pública de la Casa Real,
conocemos la evolución de nuestra historia política durante el último siglo,
desde la crisis de la Restauración y la Segunda República, hasta la guerra
civil, la dictadura y la transición? Apuesto a que no.
jueves, 29 de mayo de 2014
Todos los nombres... argentinos
OLIVIA CARBALLAR / 29 May 2014
José Antonio Moreno García: fusilado el 14 de abril de 1937. Manuel Mata Sobrero: preso en colonia penitenciaria militarizada en el Canal del Bajo Guadalquivir. Félix Barranquero Bandera: condenado por el Tribunal de Orden Público a 7 años de reclusión y multa de 10.000 pesetas por asociación ilícita y propaganda ilegal en Málaga. Joaquín Brotons Barreiro: maestro depurado en Almería. Todos estos nombres, además de ser represaliados por el franquismo en Andalucía, poseen un punto más en común: nacieron en Buenos Aires, en Rosario de Santa Fe, en Tucumán… Todos son naturales de Argentina.
El Grupo RMHSA de CGT-A ha entregado a la jueza que investiga los crímenes franquistas, María Servini, una lista con una treintena de víctimas del franquismo que nacieron en su propio país, al otro lado del Atlántico. Sus referencias están incorporadas en la base de datos deTodoslosnombres y proceden de trabajos de investigación de expertos en la represión franquista y familiares. Uno de ellos, nacido en Mendoza, vivió en Marchena (Sevilla), una de las localidades hasta donde la jueza se desplazó la semana pasada para tomar declaración a una mujer, Antonia Parra. Según el historiador Javier Gavira, Juan Bautista Malvar fue acusado de comunista y de haber actuado en defensa de la República el 19 de julio con una pistola y organizando a panaderos en azoteas. Fue juzgado por consejo de guerra y condenado a pena de muerte, aunque finalmente se le conmutó la pena por 30 años de cárcel. “Las demás fuentes ya orales nos hablan de su situación ya en Marchena, y que al final tuvo problemas por meterse con personajes del clero local. Según distintas fuentes, un personaje del clero local tuvo mucho que ver para que lo detuvieran e ingresara en hospital psiquiátrico, donde por lo visto murió”, añade el investigador.
“Los hay que fueron asesinados (fusilados), bien por la aplicación de los bandos de guerra o tras comparecer ante un consejo de guerra; los condenados a penas de prisión por la justicia invertida golpista; los depurados de su profesión; los expedientados por su pertenencia a una organización política o sindical; los utilizados en trabajos forzados e, incluso como un sarcasmo, los acusados de terrorismo o procesados por el TOP”, afirma CGT-A.
Emilio Armengod Molina, natural de Buenos Aires, fue uno de los ocho hombres que formaron el primer pelotón de fusilamiento en San Fernando (Cádiz). Su nombre quedó registrado en los archivos del cura de la Iglesia Mayor que “asistía y acompañaba a los militares y falangistas, autores del baño nocturno de sangre”, según la Asociación por la Memoria Histórica de San Fernando. Su familia pelea para que su historia no se olvide. Él, no obstante, nació en Argentina por casualidad. Su padre, actor de profesión, se encontraba de gira con su compañía.
Los padres de Juan Cubiles Castro, condenado a tres años de prisión por “auxilio a la rebelión militar”, habían emigrado a Argentina a finales del XIX y fue allí, en Córdoba, donde nació él en 1900. Poco después regresaron a su tierra de origen y se convirtieron en una acomodada familia de labradores en Torre Alháquime (Cádiz), donde vivían en la conocida comocalle de los señoritos, según recoge el historiador Fernando Romero enSocialistas de Torre Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil. 1931-1946. En 1936 aún mantenía la nacionalidad argentina. “Quizás la conservó para de ese modo eludir el servicio militar, pero también le supuso carecer del derecho al sufragio. Ni él ni su hermano José, que también había nacido en Argentina, estaban incluidos en la rectificación del censo electoral que se hizo en 1934. Juan no pudo participar en el proceso electoral del 16 febrero de 1936 ni como votante ni como apoderado o interventor, pero eso no obstó para que desplegase una viva actividad propagandística durante toda la campaña ni para que el mismo día de las elecciones pasase toda la tarde de un lado a otro, aconsejando a los obreros que votasen al Frente Popular”, escribe Romero.
Su trayectoria, no obstante, está llena de sombras. “Es posible que en vísperas de la sublevación del 18 de julio estuviese más cerca de la derecha golpista que de la legalidad republicana y durante toda la guerra sirvió voluntario en el ejército rebelde, pero el simple hecho de haber ocupado cargos de responsabilidad en una organización del Frente Popular le costó nueve meses de presidio y una condena a tres años por el infundado delito de auxilio a la rebelión”, concluye Romero.
El grupo de CGT-A destaca el caso, por la fecha, del fusilamiento de Francisco Sánchez Girón, fusilado en Granada el 3 de octubre de 1952, según recogen Rafael Gil Bracero y María Isabel Brenes enJaque a la República y José María Azuaga en Tiempo de lucha. Granada-Málaga: Represión, resistencia y guerrilla. Conocido como Paquillo , nació en 1909 en Bolívar y fue vecino de Olmedo de Camaces (Salamanca). Era jornalero, hijo de Adrián y Plácida, cuenta el historiador José María Azuaga. “Al finalizar la guerra marchó desde Alicante hasta Orán, hasta que reingresó en la península en una de las expediciones realizadas desde Argelia. Fue capturado en 1945, y condenado a muerte, pero se fugó de la prisión de Almería el 5 julio 1946. La Guardia Civil le perdió la pista y se enroló en la agrupación guerrillera Málaga-Granada, en octubre de 1947″, recoge Azuaga, que sostiene que también se le conocía por “Paquillo el cura”, por haber dicho en una ocasión que antes de la guerra era sacerdote, pero que en el transcurso de la misma dejó los hábitos.
“Tenía gracia y sabía decir las cosas al escribir, contribuía a la edición del periódico guerrillero Por la República. No era un buen guerrillero, siempre estaba en los campamentos, y prácticamente no participaban los combates, se dedicaba a la propaganda de los hechos guerrilleros. Fue capturado en Madrid y ejecutado en Granada el 3 octubre 1952 a las 5.30 de la mañana”, documenta el historiador.
sábado, 24 de mayo de 2014
Juan Cubiles Castro, un argentino en el comité del Frente Popular de Torre Alháquime
Fernando Romero Romero
Juan
Cubiles Castro se crió en el seno de una familia de clase media en el municipio
gaditano de Torre Alháquime. Sus padres, Enrique Cubiles Blanco y María Josefa
Castro, habían emigrado a Argentina a finales del XIX y fue allí, en Córdoba,
donde nació Juan en 1900, pero poco después regresaron a su tierra de origen y
se convirtieron en una acomodada familia de labradores con domicilio en la
calle Cruz, la calle de los «señoritos». Cuando Juan era niño, sus tíos eran el
barbero, el médico y el secretario del Ayuntamiento de Torre Alháquime. En la
década de los treinta tenía un café en la Vereda Ancha y se dedicaba a la venta
ambulante por los cortijos. Y también vivían en el pueblo cuatro hermanos
suyos: José, que regentaba un bar en la calle Cruz, Ricardo, agricultor, y sus
hermanas Isabel y Ana, que estaban casadas con dos labradores.
Fue
en pleno Bienio negro cuando Juan Cubiles comenzó a intervenir activamente en
la política local. La corporación municipal socialista había sido cesada por el
gobernador civil en octubre de 1934 y el Ayuntamiento estaba en manos de una
comisión gestora formada por labradores vinculados al Partido Radical y a
Acción Popular Agraria. Pero fue precisamente entonces, en agosto de 1935,
cuando las izquierdas estaban excluidas de las instituciones, cuando Juan fundó
la agrupación local de Izquierda Republicana, de la que fue elegido presidente.
No era un partido obrerista como el sindicato UGT y la Juventud Socialista, las
únicas organizaciones de izquierdas que hasta entonces había en Torre
Alháquime, sino un partido de la burguesía y clases medias progresistas.
Tenemos pocos datos de su implantación en el pueblo, pero parece tratarse de
una agrupación minoritaria cuyos afiliados no eran jornaleros agrícolas como
los del centro socialista, sino pequeños agricultores y modestos industriales.
Eso es lo que nos indica la relación parcial que conocemos de los miembros del
consejo local que se eligió en la asamblea de 1 de febrero de 1936. Juan
Cubiles, el presidente, era quien hacía y deshacía en el consejo. La sede del
partido era su propio domicilio y su hermano menor, Ricardo, era el tesorero de
la organización. El secretario era el hortelano Casimiro Mejías Fernández.
Miembro del partido, y pronto lo sería también del consejo local, era el
agricultor Antonio Vargas Rodríguez, que fue candidato republicano en las
elecciones municipales de 1933, delegado de la Alianza de Labradores para la
negociación de las bases comarcales para el verano de 1933 y desde septiembre
de ese año representaba a la patronal en la Comisión de Policía Rural.
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Los
intereses económicos de Juan Cubiles y de los agricultores que formaban parte del
consejo local de IR tenían poco que ver con las aspiraciones de los jornaleros
que militaban en la UGT y en la Juventud Socialista, pero las tres
organizaciones se integraron en la gran alianza electoral que fue el Frente
Popular. El comité del Frente Popular de Torre Alháquime no se constituyó
formalmente hasta después de las elecciones, pero los republicanos de Cubiles y
los socialistas trabajaron codo con codo en la campaña. Los actos de propaganda
de la coalición se celebraron en el café que tenía Cubiles en la Vereda Ancha,
entre ellos un mitin organizado el 12 de enero por la Juventud Socialista en el
que intervinieron oradores de Olvera y Setenil de las Bodegas y, dos días
después, otro de IR en el que también participaron militantes de Olvera. Se
dice que en el mismo local también se celebró –aunque se desconoce la fecha–
otro acto en el que intervinieron José Domínguez, el líder de los socialistas
setenileños, y los candidatos a diputados Juan Campos Villagrán (socialista) y
Ángel Pestaña (sindicalista).
Juan
solo había vivido en Argentina los primeros años de su infancia, pero en 1936
aún mantenía la nacionalidad de aquel país. Quizás la conservó para de ese modo
eludir el servicio militar, pero también le supuso carecer del derecho al
sufragio. Ni él ni su hermano José, que también había nacido en Argentina,
estaban incluidos en la rectificación del censo electoral que se hizo en 1934.
Juan no pudo participar en el proceso electoral del 16 febrero de 1936 ni como
votante ni como apoderado o interventor, pero eso no obstó para que desplegase
una viva actividad propagandística durante toda la campaña ni para que el mismo
día de las elecciones pasase toda la tarde de un lado a otro, aconsejando a los
obreros que votasen al Frente Popular.
Las
elecciones dieron un triunfo arrollador al Frente Popular, tanto en los
resultados generales como en los locales. En Torre Alháquime acudieron a votar
473 electores y el escrutinio dio 190 votos (40,2 %) a la Candidatura
Antirrevolucionaria y 283 (59,8 %) al Frente Popular. Casi dos tercios de los
votantes habían optado por la candidatura que representaba a los jornaleros
socialistas y a IR, pero esos resultados también evidenciaban que la derecha
del pueblo, pese a ser minoritaria, mantenía un importante apoyo.
El
Gobierno en funciones dimitió en cuanto se conocieron los resultados
electorales y el retorno de la izquierda política a las instituciones del
Estado permitió el restablecimiento de las corporaciones municipales de
izquierdas que habían sido cesadas en 1934. El 21 de febrero se celebró en el
ayuntamiento torreño una sesión extraordinaria en la que el alcalde radical, Juan
Villalva Mejías, devolvió los cargos del gobierno municipal a Pedro Pérez
Álvarez y los demás concejales socialistas que fueron suspendidos por orden
gubernativa en octubre de 1934.
Republicanos contra socialistas
No
tardaron en surgir los conflictos entre las dos corrientes ideológicas que confluían
en el Frente Popular de Torre Alháquime. El comité local se constituyó el 23 de
marzo y estaba formado por dos representantes de Izquierda Republicana (Juan
Cubiles y Casimiro Mejías), dos de UGT (Cristóbal Guerra Carreño y Sebastián
Ortiz Márquez) y dos de la Juventud Socialista (José Morales Usagre y Fernando
Barriga Galán). Juan fue designado presidente y no tardó en chocar con los
socialistas. Casimiro Mejías, que entonces era secretario de Izquierda
Republicana y vocal del comité frentepopulista, decía que «ni los socialistas
podían ver a los de Izquierda Republicana ni éstos a los socialistas, pues todo
el mundo sabe que lo que querían unos y otros era mandar». Decía que Cubiles
«no deseaba otra cosa en su vida que mandar, quería imponerse a los elementos
socialistas y que éstos estaban a matar con el Cubiles».
Es
posible que el origen del conflicto radicase en el monopolio que tenían los
socialistas sobre la administración local. En otros municipios de la provincia
las corporaciones procedentes de las elecciones de 1931 dimitieron para ceder
el gobierno municipal a comisiones gestoras en las que estaban representadas
todas las organizaciones del Frente Popular. Quizás Cubiles esperaba entrar en
el Ayuntamiento en calidad de gestor y los socialistas se opusieron a
reorganizar la corporación, o pudo ocurrir simplemente que estos no permitieron
que interfiriese en la gestión municipal. Sean cuales fuesen los motivos, lo
cierto es que terminaron enfrentados públicamente. En una ocasión Cubiles salió
a la calle diciendo «que los socialistas eran unos enchufistas y que no tenían
dignidad» y a principios de julio tuvo un altercado con el empleado municipal
Juan García Navarro, que era de derechas y ni siquiera los socialistas le
tenían simpatía, pero el alcalde Pedro Pérez mandó encerrar a Cubiles en la
cárcel municipal. La misma noche de la detención, su mujer, Margarita Márquez,
y su cuñada salieron a la calle gritando e insultando –según el parte del
guardia municipal– a «cuantos individuos y esposas de estos pertenecen al
partido socialista de esta villa».
Casimiro
Mejías dimitió como secretario del consejo local de IR y fue sustituido por
Antonio Vargas Rodríguez. Él aseguraba que renunció al cargo motivado por el
enfrentamiento que Cubiles mantenía con los socialistas, pero lo que se decía
en el pueblo es que se había metido en política porque ambicionaba el puesto de
juez municipal y que se retiró en cuanto vio que no tenía posibilidades de
ocuparlo. Juan Cubiles, por su parte, se arrimó a la extrema derecha cuando
empezaron sus encontronazos con los socialistas. En Torre Alháquime había un
pequeño núcleo de falangistas –solo cinco– que optaron por ingresar en la
Falange de Olvera en lugar constituir una organización propia. Y Juan, que
mantenía relaciones comerciales con Rafael Corrales Saborido, el exalcalde
radical de Olvera que se había decantado por el fascismo, se ofreció para
montar la Falange en el pueblo. Según Corrales, Cubiles lo planteó durante una
reunión de negocios que tuvieron en el mes de abril o mayo, pero ni se aceptó
su propuesta de organizar el partido en Torre Alháquime ni tampoco ingresó en
la organización de Olvera. Las razones por las que no lo hizo no las conozco,
pero no sería descabellado pensar que Alejo Blanco, Juan Mejías y los otros del
pueblo que ya estaban en la falange olvereña se negasen a admitirlo con ellos.
Por otra parte, tampoco está claro si Cubiles renunció –como él sostendría
algunos años después– a la presidencia de IR o si jugó a dos barajas y continuó
al frente del partido de Azaña mientras buscaba un hueco en la embrionaria
organización fascista.
Golpe y represión
Los
sublevados el 18 de julio contra el Gobierno de la República se hicieron con el
control de Torre Alháquime en cuestión de días. La Guardia Civil evacuó el
pueblo para concentrarse en Olvera mientras el Ayuntamiento y el centro
socialista intentaban organizar la defensa del casco urbano y el abastecimiento
de la población. Los militantes del sindicato hicieron servicios de vigilancia
con las pocas armas de fuego que había en el pueblo y algunos de ellos se
unieron a la columna de milicianos y carabineros que llegó de Ronda el 27 de
julio para practicar una incursión en la vecina Olvera. El papel que jugó
Cubiles aquellos días no está claro. Un informe de la Guardia Civil indica que
fue el presidente del comité de abastos y un vecino llegó a asegurar que lo vio
guiar a los milicianos rondeños para volar las alcantarillas de la carretera de
Cuevas, pero nada de eso se sabe a ciencia cierta. La mañana del 28 cundió el
pánico cuando la proximidad de fuerzas rebeldes hizo que la columna republicana
regresase a Ronda y un avión sobrevoló Torre Alháquime. Casi toda la población
abandonó el casco urbano y se refugió en las huertas y casas de campo. Juan, Margarita
y sus seis hijos se fueron a la huerta de José Bocanegra y en el rancho Los Zapateros se presentó, entre otras,
la familia de Casimiro Mejías.
A la
República no le quedaban en Torre Alháquime más que tres días de vida tras la
retirada de la columna rondeña. El pueblo quedó guarnecido solo por la
improvisada milicia que organizaron el Ayuntamiento y el centro socialista y
era un objetivo fácil para las fuerzas sublevadas que se concentraron en
Olvera, a donde también empezaron a acudir algunos de los derechistas torreños que
estaban refugiados en las huertas. La ocupación se produjo el viernes 31 de
julio. Desde Olvera llegó una pequeña columna de guardias civiles y falangistas
mandada por el alférez Francisco Gavira Parra, que se adueñó del pueblo sin
apenas resistencia. Entre los civiles que formaban parte de la fuerza rebelde se
encontraban Antonio García Partida, que actuaba como jefe de los falangistas
torreños, y Antonio Vargas Rodríguez, el secretario del consejo local de IR,
que había tomado partido por los sublevados.
Varios centenares de hombres y mujeres, militantes
del sindicato socialista y de Izquierda Republicana, familias enteras,
abandonaron el pueblo minutos antes de que fuese ocupado. Ese mismo día los
rebeldes mataron a tiros a José Barriga Lerma, padre de dos socialistas huidos
que se refugiaron en cortijos del término de Setenil de las Bodegas. Luego
siguieron cuarenta días de tiroteos intermitentes entre los guardias civiles y
derechistas que guarnecían el pueblo y las partidas de milicianos que
controlaban Setenil, Alcalá del Valle y Ronda. La conquista de Ronda a mediados
de septiembre por las columnas sublevadas que mandaba el general Varela los
obligó a retirarse hacia la provincia de Málaga. Los servicios de parapeto para
proteger el casco urbano dieron entonces paso a las batidas por el campo en las
que guardias y falangistas cazaron a los rojos que quedaban diseminados
por los alrededores.
La gran limpieza empezó a mediados de
septiembre. En vísperas de la conquista de Ronda fueron asesinados los
socialistas Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera, los únicos
miembros de corporación municipal que no huyeron a la provincia de Málaga. Uno
tras otro fueron cayendo los que representaron a los jornaleros
socialistas en las instituciones, los que participaron en los conflictos
sociales y políticos que vivió el pueblo desde 1931 y quienes durante los días rojos –entre el 18 y 31 de julio–
intervinieron en el desarme de la derecha, hicieron guardias en las entradas
del pueblo, participaron en el saqueo del mobiliario y archivo del cuartel de la Guardia Civil
¿Y
qué fue de Juan Cubiles? Encontró quien lo avalase. Los golpistas no fusilaban a
todos los que estuvieron afiliados al sindicato o volvían del «campo rojo». Eso habría significado matar a más de medio pueblo.
Algunos solo eran detenidos preventivamente hasta que alguien los avalaba. El
guardia Francisco Fernández decía que en aquellas fechas se practicaron
«innumerables detenciones» y que muchos de los presos luego «se libertaban por
fuerza de Falange por informes favorables que le daban los vecinos de pueblo».
Uno de los liberados fue Cubiles, a quien detuvieron a mediados de agosto por
orden del comandante militar. Debieron de avalarlo su cuñado José Villalva
Zamudio o Antonio Vargas, el exsecretario del partido azañista, que formaban
parte de la Comisión Gestora rebelde. Lo soltaron a las pocas horas de detenerlo
y ese mismo día se marchó del pueblo. Dejó allí a Margarita y a los niños y se fue
sin dejar rastro.
En el ejército rebelde
Juan
tenía claro es que no le convenía quedarse en Torre Alháquime. Tenía que
quitarse de en medio. Podía intentar cruzar a la zona republicana o permanecer
en la sublevada y optó por lo segundo. Se marchó a Sevilla y el 1 de octubre de
1936 se presentó voluntario en la sección de Automovilismo del ejército
rebelde. En Sevilla estuvo destinado en la sección de control de camiones, fue
asimilado a la categoría de sargento, prestó servicios en convoyes enviados a
distintos frentes del sur, especialmente los de Peñarroya (Córdoba) y La Serena
(Badajoz), y durante ocho meses estuvo al mando de una sección de camiones en
Monterrubio y Castuera (Badajoz). Según certificación del comandante de su compañía,
desempeñó todos los destinos y misiones que se le encomendaron «con la mejor
moralidad, honradez y subordinación y por tanto a entera satisfacción de sus
jefes».
La represión contra el
comité del Frente Popular
Todos
los miembros del comité del Frente Popular de Torre Alháquime fueron víctimas
de la represión franquista. Excepto Juan Cubiles, todos los demás huyeron a la
zona republicana. Casimiro Mejías salvó la vida por los pelos. El 18 de
septiembre de 1936 una patrulla fascista que batía los términos de Alcalá del
Valle y Setenil detuvo a diez o doce huidos y los llevaron a la cárcel
municipal de Torre Alháquime, pero se fugaron por la noche mientras eran conducidos
a otro lugar. Se cuenta que los llevaban en cuerda de presos por la Vereda Ancha para fusilarlos, pero al
llegar a la esquina con la calle Cruz, Juan Guerra Romero, a quien todos
recuerdan como un hombre fornido y corpulento, tiró de la cuerda hacia el
barranco y arrastró tras él a todos los detenidos, que cayeron por el terraplén
hasta el arroyo Romaila. Francisco Guerra Valiente perdió la vida en el
intento, pero los demás consiguieron escapar, entre ellos Casimiro, que quedó
herido en la caída por el barranco. Años después él mismo contó que uno de los
fascistas logró alcanzarlo y le disparó varias veces, pero la oscuridad y los
nervios le impidieron atinar y él se hizo el muerto hasta que lo dejaron solo y
pudo escapar a la zona republicana. Estuvo refugiado en las provincias de Málaga,
Murcia y Jaén, donde se dedicó a trabajos de huerta. Cuando regresó en 1939
pasó por la cárcel de Torre Alháquime, el castillo de Santiago de Sanlúcar de
Barrameda y la prisión del partido de Jerez, donde fue juzgado y absuelto el 8
de marzo de 1940.
Los
demás corrieron peor suerte. Fernando Barriga Galán era vocal de la junta
directiva de la Juventud Socialista y del comité del Frente Popular. Fue
miliciano, regresó a Torre Alháquime tras la caída de Málaga en febrero de 1937
y fue juzgado por un tribunal militar franquista que lo condenó s muerte. Lo
fusilaron en El Puerto de Santa María el 2 de julio de 1937, el mismo día que al
alcalde socialista, Pedro Pérez Álvarez, y a otros siete torreños que también regresaron
de la zona republicana.
José
Morales Usagre, el presidente de la Juventud Socialista y tesorero del comité
del Frente Popular, fue capturado en Ronda la Vieja en febrero de 1937 y lo llevaron
a la cárcel de Montecorto, pero logró fugarse y pasar por segunda vez a la zona
republicana. Sirvió como carabinero en el ejército de la República y al
terminar la guerra estuvo cerca de seis meses en el campo de concentración de
Albatera, desde donde pasó a las cárceles de Cádiz, Torre Alháquime y Jerez. Lo
condenaron a 20 años de reclusión por rebelión militar y cumplió parte de la
condena en la colonia penitenciaria militarizada de Dos Hermanas (Canal de los
Presos).
Cristóbal
Guerra Carreño, presidente de la UGT y vocal del comité del Frente Popular, también
fue carabinero. Fue condenado a muerte en un consejo de guerra celebrado en
Algodonales el 7 de agosto de 1939 y lo fusilaron el 6 de diciembre en Cádiz,
en los fosos de Puerta Tierra.
Sebastián
Ortiz Márquez, secretario de la UGT y del comité del Frente Popular, pasó toda
la guerra dedicándose a labores agrícolas. Estuvo en las cárceles de Jódar,
Úbeda, Torre Alháquime, Jerez de la Frontera y Cádiz. El consejo de guerra lo
condenó a catorce años de prisión, dos más de los que había solicitado el
fiscal.
El consejo de guerra de Juan
Cubiles
Juan
Cubiles fue, como dijimos, el único miembro del comité del Frente Popular que
no huyó a la zona republicana. Pasó toda la guerra en el ejército rebelde y solicitó
la baja voluntaria el 30 de junio de 1939, terminada ya la campaña. Regresar al
pueblo no entraba en sus planes cuando se quitó el uniforme. No tenía intención
de dejarse ver allí. Fueron Margarita y los niños quienes abandonaron Torre
Alháquime para reunirse con él y a principios de 1940 todos vivían en Camas, en
la provincia de Sevilla. Sin embargo, Juan no iba a escapar al largo brazo de
la justicia militar franquista. Su nombre se citó como miembro del «comité
rojo» y dirigente de izquierdas en declaraciones que obraban en los sumarios de
otros vecinos de Torre Alháquime que estaban presos cumpliendo condena o a
disposición de la Auditoría de Guerra y los Servicios de Justicia de Cádiz
ordenaron instruir el procedimiento correspondiente. Sabemos que en abril de
1940 estaba detenido en la prisión provincial de Sevilla, que a principios de
mayo estaba en el depósito municipal de Torre Alháquime y que luego fue
trasladado a las prisiones de Olvera (11-5-1940), Jerez (13-7-1940) y de nuevo
a Sevilla (8-1-1941).
En
su sumario declararon algunos de los hombres más representativos de la derecha
política de Torre Alháquime durante la última etapa republicana y primeros
meses del golpe: los alcaldes radicales Juan Manuel Zamudio Villalva y Juan
Villalva Mejías, el alcalde de 1936, Juan Mejías Villalva, el gestor municipal
Francisco Fernández Castro, el jefe de Acción Popular Agraria, Cristóbal Mejías
Fernández, el falangista Antonio García Partida e incluso Rafael Corrales
Saborido, el alcalde golpista de Olvera. El juez instructor trataba de dilucidar
cuáles fueron la actuación política de Cubiles y su actitud ante la sublevación
del 18 de julio, pero las manifestaciones de unos y otros testigos dibujaban
perfiles tan contradictorios que llegó a la conclusión de que Juan Villalva y
el empleado municipal José Blanco Blanco se habían presentado voluntariamente a
declarar con el único propósito de favorecer al inculpado. Juan Casimiro
Villalva llegó a declarar que ignoraba que Cubiles hubiese «pertenecido a
ningún partido político, ni antes ni después del Glorioso Movimiento Nacional,
y que como no perteneció a partido alguno tampoco fue dirigente» y que «tampoco
ha oído decir que perteneciera al Frente Popular».
Que
Cubiles había sido presidente de IR y del comité del Frente Popular estaba
sobradamente demostrado por la documentación que obraba en el sumario. El
fiscal también estaba convencido de que Cubiles fue miembro del comité durante
los días previos a la ocupación de Torre Alháquime y de que el 27 de julio guió
a los milicianos rondeños que volaron las alcantarillas de la carretera, pero
en enero de 1941 se le concedió la libertad condicional, pues se preveía que le
iba a ser impuesta una pena que ya estaba comprendida por los decretos de
indultos y excarcelaciones, y el día 23 salió de la prisión provincial de
Sevilla. Fue juzgado en esta ciudad el 15 de abril y el consejo de guerra lo
condenó a tres años de reclusión por auxilio a la rebelión militar. La
sentencia firme se le comunicó el 18 de junio y ese mismo día pudo regresar a
su domicilio en régimen de prisión atenuada.
La
trayectoria de Juan Cubiles está llena de sombras. Es un personaje ambiguo y controvertido.
Es posible que en vísperas de la sublevación del 18 de julio estuviese más
cerca de la derecha golpista que de la legalidad republicana y durante toda la
guerra sirvió voluntario en el ejército rebelde, pero el simple hecho de haber
ocupado cargos de responsabilidad en una organización del Frente Popular le
costó nueve meses de presidio y una condena a tres años por el infundado delito
de auxilio a la rebelión.
Fuente: F.
Romero Romero: Socialistas de Torre
Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil.
1931-1946. Ayuntamiento de Torre Alháquime – Editorial Tréveris, 2009.
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