Fernando Romero Romero
Pepa Zambrana Atienza
Antonio Lirio León, el Morcillero, era un campesino socialista nacido en Ronda y vecino de la aldea de Montecorto. Cuando se produjo el golpe contra la República en julio de 1936 cooperó en la resistencia contra los rebeldes, recogiendo armas en las casas de campo y haciendo servicios de guardia. Huyó hacia la costa cuando la comarca rondeña fue ocupada en septiembre, pero no le quedó más remedio que regresar al quedar copado tras la conquista de Málaga en febrero de 1937. Los golpistas ya habían decidido emplear sistemáticamente la justicia militar para castigar a quienes se habían opuesto a la rebelión. En otras circunstancias habría sido la comandancia militar de Montecorto o la de Ronda la que debería iniciar el expediente informativo sobre su conducta, pero a principios de marzo el sargento de la Guardia Civil Pedro Fernández Fernández, comandante militar del cercano municipio de El Gastor (Cádiz), reclamó que lo trasladasen a esta localidad. Los militantes de izquierdas de ambas poblaciones habían mantenido una estrecha cooperación durante el verano de 1936 y sargento de El Gastor acusaba a Antonio Lirio, entre otros extremos, de participar el 26 de agosto en la acción de El Duende, donde varios soldados de infantería y falangistas perdieron la vida en una emboscada tendida por las milicias de Pedro López.
En la declaración que supuestamente hizo Antonio Lirio el 8 de mayo ante el teniente de la Guardia Civil Guillermo Torres Pons, consta que hizo guardia con una escopeta en los alrededores de Montecorto y que estuvo recogiendo armas en El Fresnillo, El Alcachofal y La Parra, que dirigió el registro del rancho Huertezuelas para detener a Andrés Atienza, tiroteó a la Guardia Civil de El Gastor desde Los Tajillos, participó en la emboscada de El Duende, en el asalto al cortijo Las Columnas y que después se marchó a Málaga y estuvo en San Pedro Alcántara con las milicias de Pedro López. Algunos de esos hechos aparecían también como acusación en las declaraciones de los testigos, pero lo único que Antonio Lirio admitió como cierto cuando cinco meses después compareció en la prisión del partido de San Fernando ante el juez instructor militar al que se asignó el sumario, el teniente honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Manuel Moreno Herrera, fue haber hecho guardia en los alrededores en Montecorto. Dijo que «si bien contestó afirmativamente a todos los cargos que le imputaban por los que le tomaron su anterior declaración, lo hizo por lo mucho que le pegaron con las manos y con un vergajo, produciéndole ligeras contusiones que no necesitaron asistencia médica».
Para Moreno Herrera no era nuevo que un encartado se negase a ratificar las declaraciones que constaban en los expedientes informativos instruidos por la Guardia Civil. Ya le había ocurrido antes en El Gastor, Olvera, Torre Alháquime y Villamartín. Lo que no era tan frecuente es que fuese un testigo de cargo quien se negase a ratificar la suya. Eso ocurrió cuando el 8 de noviembre se personó en El Gastor y uno de los testigos, Manuel Piqueras, no quiso reconocer su declaración sobre Antonio Lirio, asegurando que no había dicho nada de lo que constaba en ella. Dijo que la firmó creyendo que se refería a un gastoreño apodado Cantarito, que era el único sobre quien había testificado. A continuación añadió que lo único que sabía sobre Lirio es que en agosto de 1936 se presentó con diez o doce hombres armados en el rancho El Vínculo buscado a su cuñado para asesinarle, pero que no pudieron dar con él porque lo tenían escondido. El otro testigo de cargo contra Antonio Lirio, Andrés Atienza, sí ratificó la suya y además dijo haber estado presente cuando el encartado hizo ante el teniente Torres las declaraciones que luego se negó a reconocer. Pero es posible que estuviese tergiversando intencionadamente algunos de los hechos sobre los que testificaba con el objeto de agravar las imputaciones contra el de Montecorto. En su relato del registro de Huertezuelas dijo que el grupo de milicianos que encabezaba iba con intención de matarlo a él y que amarraron a su hermano para llevárselo detenido, aunque finalmente no lo hicieron gracias a la intervención de un rojo vecino de El Gastor que intercedió por él. Sin embargo en otra declaración del hermano, que fue el testigo presencial de los hechos, el episodio se describe como un simple registro en busca de armas, sin la más mínima referencia a que los milicianos pretendiesen matar ni llevarse detenido a nadie.
La práctica de algunas diligencias demoró la conclusión de la instrucción hasta el 5 de enero de 1938. El consejo de guerra se celebró el 11 de febrero en Cádiz, a cuya prisión provincial había sido trasladado Lirio. Siguiendo el procedimiento habitual, el defensor pudo ojear el sumario durante tres horas el mismo día de la vista. El fiscal, Alfonso Moreno Gallardo, pidió la pena de muerte para el procesado, a quien consideraba culpable de rebelión militar, mientras éste manifestaba que todo cuanto se le achacaba era falso. El Consejo de Guerra, presidido por el comandante Rafael López Alba, lo condenó a última pena. La sentencia fue aprobada por el auditor Bohórquez y a finales de marzo la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo comunicó que Franco se daba por enterado de las penas de muerte impuestas a ambos y que la de Antonio Lirio debía ejecutarse «en la forma propuesta». Esto desconcertó al jefe de los Servicios de Justicia de Cádiz, Marcelino Rancaño, pues en la sentencia no había ninguna propuesta sobre la forma de ejecución y solicitó al auditor que aclarase si la Asesoría Jurídica de Franco o él mismo habían dispuesto «alguna modalidad en cuanto al lugar de cumplimiento de la pena impuesta a Antonio Lirio León o a otras circunstancias». Probablemente nadie había dispuesto nada al respecto y sólo se trataba de un desliz en la redacción del escrito con el que la Asesoría Jurídica notificó el enterado de Franco, pero Bohórquez resolvió la cuestión rápidamente. Respondió que lo ejecutasen «con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal Ordinario». Así se tomó la decisión de ejecutarlo con garrote vil, cuando probablemente esto no estaba en la mente del Consejo de Guerra cuando dictó la sentencia, y si lo estaba no supo expresarlo con claridad, ya que ni el jefe de los Servicios de Justicia era capaz de deducirlo.
La sentencia tardó más de un mes en cumplirse porque los militares no tenían el aparato para la ejecución y tanto éste como el verdugo adiestrado para manejarlo –Andrés Ortega– tuvo que proporcionarlos la Audiencia Provincial de Granada. La primera intención fue ejecutarlo en la Prisión Provincial de Cádiz, pero su director respondió que allí no había sitio seguro para hacerlo, pues el patio donde antes se realizaban las ejecuciones estaba completamente derruido y en comunicación con el exterior y las demás dependencias estaban repletas de reclusos. Finalmente se decidió hacerlo en la prisión del partido de Jerez de la Frontera. El hecho de que los Servicios de Justicia no supiesen que en la provincia de Cádiz no había verdugo, ni garrote, ni que la prisión provincial no reunía condiciones para la ejecución nos indica que Antonio Lirio debió de ser el primer reo a quien se ejecutaba de esa forma en el territorio de su jurisdicción. Lo agarrotaron a las siete de la mañana del lunes 20 de junio de 1938, después de leerle la sentencia y ofrecerle los servicios de capilla, en presencia de un juez militar, del director de la cárcel, dos funcionarios, el capellán castrense, representantes del gobernador y del Ayuntamiento y tres vecinos de Jerez que fueron designados por el alcalde. El certificado de defunción lo expidió un médico militar y lo enterraron en la fosa general del patio de ampliación del cementerio jerezano. La defunción está inscrita en el Registro Civil de la ciudad, donde consta que tenía treinta y ocho años de edad, que estaba casado y que dejó tres hijos, y también la causa de la muerte: «a consecuencia de síncope cardíaco».
Bibliografía: F. ROMERO y P. ZAMBRANA: Del rojo al negro. República, Guerra Civil y represión en El Gastor. 1931-1946. Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A) – Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA). Sevilla, 2010.
