jueves, 29 de mayo de 2014

Todos los nombres... argentinos

OLIVIA CARBALLAR / 29 May 2014




José Antonio Moreno García: fusilado el 14 de abril de 1937. Manuel Mata Sobrero: preso en colonia penitenciaria militarizada en el Canal del Bajo Guadalquivir. Félix Barranquero Bandera: condenado por el Tribunal de Orden Público a 7 años de reclusión y multa de 10.000 pesetas por asociación ilícita y propaganda ilegal en Málaga. Joaquín Brotons Barreiro: maestro depurado en Almería. Todos estos nombres, además de ser represaliados por el franquismo en Andalucía, poseen un punto más en común: nacieron en Buenos Aires, en Rosario de Santa Fe, en Tucumán… Todos son naturales de Argentina.

El Grupo RMHSA de CGT-A ha entregado a la jueza que investiga los crímenes franquistas, María Servini, una lista con una treintena de víctimas del franquismo que nacieron en su propio país, al otro lado del Atlántico. Sus referencias están incorporadas en la base de datos deTodoslosnombres y proceden de trabajos de investigación de expertos en la represión franquista y familiares. Uno de ellos, nacido en Mendoza, vivió en Marchena (Sevilla), una de las localidades hasta donde la jueza se desplazó la semana pasada para tomar declaración a una mujer, Antonia Parra. Según el historiador Javier Gavira, Juan Bautista Malvar fue acusado de comunista y de haber actuado en defensa de la República el 19 de julio con una pistola y organizando a panaderos en azoteas. Fue juzgado por consejo de guerra y condenado a pena de muerte, aunque finalmente se le conmutó la pena por 30 años de cárcel. “Las demás fuentes ya orales nos hablan de su situación ya en Marchena, y que al final tuvo problemas por meterse con personajes del clero local. Según distintas fuentes, un personaje del clero local tuvo mucho que ver para que lo detuvieran e ingresara en hospital psiquiátrico, donde por lo visto murió”, añade el investigador.

“Los hay que fueron asesinados (fusilados), bien por la aplicación de los bandos de guerra o tras comparecer ante un consejo de guerra; los condenados a penas de prisión por la justicia invertida golpista; los depurados de su profesión; los expedientados por su pertenencia a una organización política o sindical; los utilizados en trabajos forzados e, incluso como un sarcasmo, los acusados de terrorismo o procesados por el TOP”, afirma CGT-A.

Emilio Armengod Molina, natural de Buenos Aires, fue uno de los ocho hombres que formaron el primer pelotón de fusilamiento en San Fernando (Cádiz). Su nombre quedó registrado en los archivos del cura de la Iglesia Mayor que “asistía y acompañaba a los militares y falangistas, autores del baño nocturno de sangre”, según la Asociación por la Memoria Histórica de San Fernando. Su familia pelea para que su historia no se olvide. Él, no obstante, nació en Argentina por casualidad. Su padre, actor de profesión, se encontraba de gira con su compañía.

Los padres de Juan Cubiles Castro, condenado a tres años de prisión por “auxilio a la rebelión militar”, habían emigrado a Argentina a finales del XIX y fue allí, en Córdoba, donde nació él en 1900. Poco después regresaron a su tierra de origen y se convirtieron en una acomodada familia de labradores en Torre Alháquime (Cádiz), donde vivían en la conocida comocalle de los señoritos, según recoge el historiador Fernando Romero enSocialistas de Torre Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil. 1931-1946En 1936 aún mantenía la nacionalidad argentina. “Quizás la conservó para de ese modo eludir el servicio militar, pero también le supuso carecer del derecho al sufragio. Ni él ni su hermano José, que también había nacido en Argentina, estaban incluidos en la rectificación del censo electoral que se hizo en 1934. Juan no pudo participar en el proceso electoral del 16 febrero de 1936 ni como votante ni como apoderado o interventor, pero eso no obstó para que desplegase una viva actividad propagandística durante toda la campaña ni para que el mismo día de las elecciones pasase toda la tarde de un lado a otro, aconsejando a los obreros que votasen al Frente Popular”, escribe Romero.

Su trayectoria, no obstante, está llena de sombras. “Es posible que en vísperas de la sublevación del 18 de julio estuviese más cerca de la derecha golpista que de la legalidad republicana y durante toda la guerra sirvió voluntario en el ejército rebelde, pero el simple hecho de haber ocupado cargos de responsabilidad en una organización del Frente Popular le costó nueve meses de presidio y una condena a tres años por el infundado delito de auxilio a la rebelión”, concluye Romero.

El grupo de CGT-A destaca el caso, por la fecha, del fusilamiento de Francisco Sánchez Girón, fusilado en Granada el 3 de octubre de 1952, según recogen Rafael Gil Bracero y María Isabel Brenes enJaque a la República y José María Azuaga en Tiempo de lucha. Granada-Málaga: Represión, resistencia y guerrilla. Conocido como Paquillo , nació en 1909 en Bolívar y fue vecino de Olmedo de Camaces (Salamanca). Era jornalero, hijo de Adrián y Plácida, cuenta el historiador José María Azuaga. “Al finalizar la guerra marchó desde Alicante hasta Orán, hasta que reingresó en la península en una de las expediciones realizadas desde Argelia. Fue capturado en 1945, y condenado a muerte, pero se fugó de la prisión de Almería el 5 julio 1946. La Guardia Civil le perdió la pista y se enroló en la agrupación guerrillera Málaga-Granada, en octubre de 1947″, recoge Azuaga, que sostiene que también se le conocía por “Paquillo el cura”, por haber dicho en una ocasión que antes de la guerra era sacerdote, pero que en el transcurso de la misma dejó los hábitos.

“Tenía gracia y sabía decir las cosas al escribir, contribuía a la edición del periódico guerrillero Por la República. No era un buen guerrillero, siempre estaba en los campamentos, y prácticamente no participaban los combates, se dedicaba a la propaganda de los hechos guerrilleros. Fue capturado en Madrid y ejecutado en Granada el 3 octubre 1952 a las 5.30 de la mañana”, documenta el historiador.



sábado, 24 de mayo de 2014

Juan Cubiles Castro, un argentino en el comité del Frente Popular de Torre Alháquime

Fernando Romero Romero

Juan Cubiles Castro se crió en el seno de una familia de clase media en el municipio gaditano de Torre Alháquime. Sus padres, Enrique Cubiles Blanco y María Josefa Castro, habían emigrado a Argentina a finales del XIX y fue allí, en Córdoba, donde nació Juan en 1900, pero poco después regresaron a su tierra de origen y se convirtieron en una acomodada familia de labradores con domicilio en la calle Cruz, la calle de los «señoritos». Cuando Juan era niño, sus tíos eran el barbero, el médico y el secretario del Ayuntamiento de Torre Alháquime. En la década de los treinta tenía un café en la Vereda Ancha y se dedicaba a la venta ambulante por los cortijos. Y también vivían en el pueblo cuatro hermanos suyos: José, que regentaba un bar en la calle Cruz, Ricardo, agricultor, y sus hermanas Isabel y Ana, que estaban casadas con dos labradores.

Fue en pleno Bienio negro cuando Juan Cubiles comenzó a intervenir activamente en la política local. La corporación municipal socialista había sido cesada por el gobernador civil en octubre de 1934 y el Ayuntamiento estaba en manos de una comisión gestora formada por labradores vinculados al Partido Radical y a Acción Popular Agraria. Pero fue precisamente entonces, en agosto de 1935, cuando las izquierdas estaban excluidas de las instituciones, cuando Juan fundó la agrupación local de Izquierda Republicana, de la que fue elegido presidente. No era un partido obrerista como el sindicato UGT y la Juventud Socialista, las únicas organizaciones de izquierdas que hasta entonces había en Torre Alháquime, sino un partido de la burguesía y clases medias progresistas. Tenemos pocos datos de su implantación en el pueblo, pero parece tratarse de una agrupación minoritaria cuyos afiliados no eran jornaleros agrícolas como los del centro socialista, sino pequeños agricultores y modestos industriales. Eso es lo que nos indica la relación parcial que conocemos de los miembros del consejo local que se eligió en la asamblea de 1 de febrero de 1936. Juan Cubiles, el presidente, era quien hacía y deshacía en el consejo. La sede del partido era su propio domicilio y su hermano menor, Ricardo, era el tesorero de la organización. El secretario era el hortelano Casimiro Mejías Fernández. Miembro del partido, y pronto lo sería también del consejo local, era el agricultor Antonio Vargas Rodríguez, que fue candidato republicano en las elecciones municipales de 1933, delegado de la Alianza de Labradores para la negociación de las bases comarcales para el verano de 1933 y desde septiembre de ese año representaba a la patronal en la Comisión de Policía Rural.

Los intereses económicos de Juan Cubiles y de los agricultores que formaban parte del consejo local de IR tenían poco que ver con las aspiraciones de los jornaleros que militaban en la UGT y en la Juventud Socialista, pero las tres organizaciones se integraron en la gran alianza electoral que fue el Frente Popular. El comité del Frente Popular de Torre Alháquime no se constituyó formalmente hasta después de las elecciones, pero los republicanos de Cubiles y los socialistas trabajaron codo con codo en la campaña. Los actos de propaganda de la coalición se celebraron en el café que tenía Cubiles en la Vereda Ancha, entre ellos un mitin organizado el 12 de enero por la Juventud Socialista en el que intervinieron oradores de Olvera y Setenil de las Bodegas y, dos días después, otro de IR en el que también participaron militantes de Olvera. Se dice que en el mismo local también se celebró –aunque se desconoce la fecha– otro acto en el que intervinieron José Domínguez, el líder de los socialistas setenileños, y los candidatos a diputados Juan Campos Villagrán (socialista) y Ángel Pestaña (sindicalista).

Juan solo había vivido en Argentina los primeros años de su infancia, pero en 1936 aún mantenía la nacionalidad de aquel país. Quizás la conservó para de ese modo eludir el servicio militar, pero también le supuso carecer del derecho al sufragio. Ni él ni su hermano José, que también había nacido en Argentina, estaban incluidos en la rectificación del censo electoral que se hizo en 1934. Juan no pudo participar en el proceso electoral del 16 febrero de 1936 ni como votante ni como apoderado o interventor, pero eso no obstó para que desplegase una viva actividad propagandística durante toda la campaña ni para que el mismo día de las elecciones pasase toda la tarde de un lado a otro, aconsejando a los obreros que votasen al Frente Popular.

Las elecciones dieron un triunfo arrollador al Frente Popular, tanto en los resultados generales como en los locales. En Torre Alháquime acudieron a votar 473 electores y el escrutinio dio 190 votos (40,2 %) a la Candidatura Antirrevolucionaria y 283 (59,8 %) al Frente Popular. Casi dos tercios de los votantes habían optado por la candidatura que representaba a los jornaleros socialistas y a IR, pero esos resultados también evidenciaban que la derecha del pueblo, pese a ser minoritaria, mantenía un importante apoyo.

El Gobierno en funciones dimitió en cuanto se conocieron los resultados electorales y el retorno de la izquierda política a las instituciones del Estado permitió el restablecimiento de las corporaciones municipales de izquierdas que habían sido cesadas en 1934. El 21 de febrero se celebró en el ayuntamiento torreño una sesión extraordinaria en la que el alcalde radical, Juan Villalva Mejías, devolvió los cargos del gobierno municipal a Pedro Pérez Álvarez y los demás concejales socialistas que fueron suspendidos por orden gubernativa en octubre de 1934.

Republicanos contra socialistas

No tardaron en surgir los conflictos entre las dos corrientes ideológicas que confluían en el Frente Popular de Torre Alháquime. El comité local se constituyó el 23 de marzo y estaba formado por dos representantes de Izquierda Republicana (Juan Cubiles y Casimiro Mejías), dos de UGT (Cristóbal Guerra Carreño y Sebastián Ortiz Márquez) y dos de la Juventud Socialista (José Morales Usagre y Fernando Barriga Galán). Juan fue designado presidente y no tardó en chocar con los socialistas. Casimiro Mejías, que entonces era secretario de Izquierda Republicana y vocal del comité frentepopulista, decía que «ni los socialistas podían ver a los de Izquierda Republicana ni éstos a los socialistas, pues todo el mundo sabe que lo que querían unos y otros era mandar». Decía que Cubiles «no deseaba otra cosa en su vida que mandar, quería imponerse a los elementos socialistas y que éstos estaban a matar con el Cubiles».

Es posible que el origen del conflicto radicase en el monopolio que tenían los socialistas sobre la administración local. En otros municipios de la provincia las corporaciones procedentes de las elecciones de 1931 dimitieron para ceder el gobierno municipal a comisiones gestoras en las que estaban representadas todas las organizaciones del Frente Popular. Quizás Cubiles esperaba entrar en el Ayuntamiento en calidad de gestor y los socialistas se opusieron a reorganizar la corporación, o pudo ocurrir simplemente que estos no permitieron que interfiriese en la gestión municipal. Sean cuales fuesen los motivos, lo cierto es que terminaron enfrentados públicamente. En una ocasión Cubiles salió a la calle diciendo «que los socialistas eran unos enchufistas y que no tenían dignidad» y a principios de julio tuvo un altercado con el empleado municipal Juan García Navarro, que era de derechas y ni siquiera los socialistas le tenían simpatía, pero el alcalde Pedro Pérez mandó encerrar a Cubiles en la cárcel municipal. La misma noche de la detención, su mujer, Margarita Márquez, y su cuñada salieron a la calle gritando e insultando –según el parte del guardia municipal– a «cuantos individuos y esposas de estos pertenecen al partido socialista de esta villa».

Casimiro Mejías dimitió como secretario del consejo local de IR y fue sustituido por Antonio Vargas Rodríguez. Él aseguraba que renunció al cargo motivado por el enfrentamiento que Cubiles mantenía con los socialistas, pero lo que se decía en el pueblo es que se había metido en política porque ambicionaba el puesto de juez municipal y que se retiró en cuanto vio que no tenía posibilidades de ocuparlo. Juan Cubiles, por su parte, se arrimó a la extrema derecha cuando empezaron sus encontronazos con los socialistas. En Torre Alháquime había un pequeño núcleo de falangistas –solo cinco– que optaron por ingresar en la Falange de Olvera en lugar constituir una organización propia. Y Juan, que mantenía relaciones comerciales con Rafael Corrales Saborido, el exalcalde radical de Olvera que se había decantado por el fascismo, se ofreció para montar la Falange en el pueblo. Según Corrales, Cubiles lo planteó durante una reunión de negocios que tuvieron en el mes de abril o mayo, pero ni se aceptó su propuesta de organizar el partido en Torre Alháquime ni tampoco ingresó en la organización de Olvera. Las razones por las que no lo hizo no las conozco, pero no sería descabellado pensar que Alejo Blanco, Juan Mejías y los otros del pueblo que ya estaban en la falange olvereña se negasen a admitirlo con ellos. Por otra parte, tampoco está claro si Cubiles renunció –como él sostendría algunos años después– a la presidencia de IR o si jugó a dos barajas y continuó al frente del partido de Azaña mientras buscaba un hueco en la embrionaria organización fascista.

Golpe y represión

Los sublevados el 18 de julio contra el Gobierno de la República se hicieron con el control de Torre Alháquime en cuestión de días. La Guardia Civil evacuó el pueblo para concentrarse en Olvera mientras el Ayuntamiento y el centro socialista intentaban organizar la defensa del casco urbano y el abastecimiento de la población. Los militantes del sindicato hicieron servicios de vigilancia con las pocas armas de fuego que había en el pueblo y algunos de ellos se unieron a la columna de milicianos y carabineros que llegó de Ronda el 27 de julio para practicar una incursión en la vecina Olvera. El papel que jugó Cubiles aquellos días no está claro. Un informe de la Guardia Civil indica que fue el presidente del comité de abastos y un vecino llegó a asegurar que lo vio guiar a los milicianos rondeños para volar las alcantarillas de la carretera de Cuevas, pero nada de eso se sabe a ciencia cierta. La mañana del 28 cundió el pánico cuando la proximidad de fuerzas rebeldes hizo que la columna republicana regresase a Ronda y un avión sobrevoló Torre Alháquime. Casi toda la población abandonó el casco urbano y se refugió en las huertas y casas de campo. Juan, Margarita y sus seis hijos se fueron a la huerta de José Bocanegra y en el rancho Los Zapateros se presentó, entre otras, la familia de Casimiro Mejías.

A la República no le quedaban en Torre Alháquime más que tres días de vida tras la retirada de la columna rondeña. El pueblo quedó guarnecido solo por la improvisada milicia que organizaron el Ayuntamiento y el centro socialista y era un objetivo fácil para las fuerzas sublevadas que se concentraron en Olvera, a donde también empezaron a acudir algunos de los derechistas torreños que estaban refugiados en las huertas. La ocupación se produjo el viernes 31 de julio. Desde Olvera llegó una pequeña columna de guardias civiles y falangistas mandada por el alférez Francisco Gavira Parra, que se adueñó del pueblo sin apenas resistencia. Entre los civiles que formaban parte de la fuerza rebelde se encontraban Antonio García Partida, que actuaba como jefe de los falangistas torreños, y Antonio Vargas Rodríguez, el secretario del consejo local de IR, que había tomado partido por los sublevados.

Varios centenares de hombres y mujeres, militantes del sindicato socialista y de Izquierda Republicana, familias enteras, abandonaron el pueblo minutos antes de que fuese ocupado. Ese mismo día los rebeldes mataron a tiros a José Barriga Lerma, padre de dos socialistas huidos que se refugiaron en cortijos del término de Setenil de las Bodegas. Luego siguieron cuarenta días de tiroteos intermitentes entre los guardias civiles y derechistas que guarnecían el pueblo y las partidas de milicianos que controlaban Setenil, Alcalá del Valle y Ronda. La conquista de Ronda a mediados de septiembre por las columnas sublevadas que mandaba el general Varela los obligó a retirarse hacia la provincia de Málaga. Los servicios de parapeto para proteger el casco urbano dieron entonces paso a las batidas por el campo en las que guardias y falangistas cazaron a los rojos que quedaban diseminados por los alrededores.

La gran limpieza empezó a mediados de septiembre. En vísperas de la conquista de Ronda fueron asesinados los socialistas Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera, los únicos miembros de corporación municipal que no huyeron a la provincia de Málaga. Uno tras otro fueron cayendo los que representaron a los jornaleros socialistas en las instituciones, los que participaron en los conflictos sociales y políticos que vivió el pueblo desde 1931 y quienes durante los días rojos –entre el 18 y 31 de julio– intervinieron en el desarme de la derecha, hicieron guardias en las entradas del pueblo, participaron en el saqueo del mobiliario y archivo del cuartel de la Guardia Civil o quemaron las imágenes de santos en medio de la plaza de la República. Los represores fascistas hicieron bien su trabajo y dejaron constancia de ello en los informes de la Causa General. Uno de los que describen brevemente los sucesos ocurridos entre los meses de julio y septiembre de 1936 comienza aseverando: «Los dirigentes más destacados que actuaron en los hechos que se hace mención a continuación, a todos se les aplicó el bando de guerra». Torre Alháquime, uno de los pueblos más pequeños de la provincia tanto en población como en extensión territorial, era a finales de 1936 un auténtico sembrado de cadáveres: según un informe del propio Ayuntamiento, había veinte vecinos del pueblo y cinco o seis forasteros repartidos entre la fosa común del cementerio y las que se improvisaron en La Chopalea, El Rodeo, El Pareoro, Huerto Morales, Huerta la Alcoba, La Rabia y Los Callejones.

¿Y qué fue de Juan Cubiles? Encontró quien lo avalase. Los golpistas no fusilaban a todos los que estuvieron afiliados al sindicato o volvían del «campo rojo». Eso habría significado matar a más de medio pueblo. Algunos solo eran detenidos preventivamente hasta que alguien los avalaba. El guardia Francisco Fernández decía que en aquellas fechas se practicaron «innumerables detenciones» y que muchos de los presos luego «se libertaban por fuerza de Falange por informes favorables que le daban los vecinos de pueblo». Uno de los liberados fue Cubiles, a quien detuvieron a mediados de agosto por orden del comandante militar. Debieron de avalarlo su cuñado José Villalva Zamudio o Antonio Vargas, el exsecretario del partido azañista, que formaban parte de la Comisión Gestora rebelde. Lo soltaron a las pocas horas de detenerlo y ese mismo día se marchó del pueblo. Dejó allí a Margarita y a los niños y se fue sin dejar rastro.

En el ejército rebelde

Juan tenía claro es que no le convenía quedarse en Torre Alháquime. Tenía que quitarse de en medio. Podía intentar cruzar a la zona republicana o permanecer en la sublevada y optó por lo segundo. Se marchó a Sevilla y el 1 de octubre de 1936 se presentó voluntario en la sección de Automovilismo del ejército rebelde. En Sevilla estuvo destinado en la sección de control de camiones, fue asimilado a la categoría de sargento, prestó servicios en convoyes enviados a distintos frentes del sur, especialmente los de Peñarroya (Córdoba) y La Serena (Badajoz), y durante ocho meses estuvo al mando de una sección de camiones en Monterrubio y Castuera (Badajoz). Según certificación del comandante de su compañía, desempeñó todos los destinos y misiones que se le encomendaron «con la mejor moralidad, honradez y subordinación y por tanto a entera satisfacción de sus jefes».

La represión contra el comité del Frente Popular

Todos los miembros del comité del Frente Popular de Torre Alháquime fueron víctimas de la represión franquista. Excepto Juan Cubiles, todos los demás huyeron a la zona republicana. Casimiro Mejías salvó la vida por los pelos. El 18 de septiembre de 1936 una patrulla fascista que batía los términos de Alcalá del Valle y Setenil detuvo a diez o doce huidos y los llevaron a la cárcel municipal de Torre Alháquime, pero se fugaron por la noche mientras eran conducidos a otro lugar. Se cuenta que los llevaban en cuerda de presos por la Vereda Ancha para fusilarlos, pero al llegar a la esquina con la calle Cruz, Juan Guerra Romero, a quien todos recuerdan como un hombre fornido y corpulento, tiró de la cuerda hacia el barranco y arrastró tras él a todos los detenidos, que cayeron por el terraplén hasta el arroyo Romaila. Francisco Guerra Valiente perdió la vida en el intento, pero los demás consiguieron escapar, entre ellos Casimiro, que quedó herido en la caída por el barranco. Años después él mismo contó que uno de los fascistas logró alcanzarlo y le disparó varias veces, pero la oscuridad y los nervios le impidieron atinar y él se hizo el muerto hasta que lo dejaron solo y pudo escapar a la zona republicana. Estuvo refugiado en las provincias de Málaga, Murcia y Jaén, donde se dedicó a trabajos de huerta. Cuando regresó en 1939 pasó por la cárcel de Torre Alháquime, el castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda y la prisión del partido de Jerez, donde fue juzgado y absuelto el 8 de marzo de 1940.

Los demás corrieron peor suerte. Fernando Barriga Galán era vocal de la junta directiva de la Juventud Socialista y del comité del Frente Popular. Fue miliciano, regresó a Torre Alháquime tras la caída de Málaga en febrero de 1937 y fue juzgado por un tribunal militar franquista que lo condenó s muerte. Lo fusilaron en El Puerto de Santa María el 2 de julio de 1937, el mismo día que al alcalde socialista, Pedro Pérez Álvarez, y a otros siete torreños que también regresaron de la zona republicana.

José Morales Usagre, el presidente de la Juventud Socialista y tesorero del comité del Frente Popular, fue capturado en Ronda la Vieja en febrero de 1937 y lo llevaron a la cárcel de Montecorto, pero logró fugarse y pasar por segunda vez a la zona republicana. Sirvió como carabinero en el ejército de la República y al terminar la guerra estuvo cerca de seis meses en el campo de concentración de Albatera, desde donde pasó a las cárceles de Cádiz, Torre Alháquime y Jerez. Lo condenaron a 20 años de reclusión por rebelión militar y cumplió parte de la condena en la colonia penitenciaria militarizada de Dos Hermanas (Canal de los Presos).

Cristóbal Guerra Carreño, presidente de la UGT y vocal del comité del Frente Popular, también fue carabinero. Fue condenado a muerte en un consejo de guerra celebrado en Algodonales el 7 de agosto de 1939 y lo fusilaron el 6 de diciembre en Cádiz, en los fosos de Puerta Tierra.

Sebastián Ortiz Márquez, secretario de la UGT y del comité del Frente Popular, pasó toda la guerra dedicándose a labores agrícolas. Estuvo en las cárceles de Jódar, Úbeda, Torre Alháquime, Jerez de la Frontera y Cádiz. El consejo de guerra lo condenó a catorce años de prisión, dos más de los que había solicitado el fiscal.

El consejo de guerra de Juan Cubiles

Juan Cubiles fue, como dijimos, el único miembro del comité del Frente Popular que no huyó a la zona republicana. Pasó toda la guerra en el ejército rebelde y solicitó la baja voluntaria el 30 de junio de 1939, terminada ya la campaña. Regresar al pueblo no entraba en sus planes cuando se quitó el uniforme. No tenía intención de dejarse ver allí. Fueron Margarita y los niños quienes abandonaron Torre Alháquime para reunirse con él y a principios de 1940 todos vivían en Camas, en la provincia de Sevilla. Sin embargo, Juan no iba a escapar al largo brazo de la justicia militar franquista. Su nombre se citó como miembro del «comité rojo» y dirigente de izquierdas en declaraciones que obraban en los sumarios de otros vecinos de Torre Alháquime que estaban presos cumpliendo condena o a disposición de la Auditoría de Guerra y los Servicios de Justicia de Cádiz ordenaron instruir el procedimiento correspondiente. Sabemos que en abril de 1940 estaba detenido en la prisión provincial de Sevilla, que a principios de mayo estaba en el depósito municipal de Torre Alháquime y que luego fue trasladado a las prisiones de Olvera (11-5-1940), Jerez (13-7-1940) y de nuevo a Sevilla (8-1-1941).

En su sumario declararon algunos de los hombres más representativos de la derecha política de Torre Alháquime durante la última etapa republicana y primeros meses del golpe: los alcaldes radicales Juan Manuel Zamudio Villalva y Juan Villalva Mejías, el alcalde de 1936, Juan Mejías Villalva, el gestor municipal Francisco Fernández Castro, el jefe de Acción Popular Agraria, Cristóbal Mejías Fernández, el falangista Antonio García Partida e incluso Rafael Corrales Saborido, el alcalde golpista de Olvera. El juez instructor trataba de dilucidar cuáles fueron la actuación política de Cubiles y su actitud ante la sublevación del 18 de julio, pero las manifestaciones de unos y otros testigos dibujaban perfiles tan contradictorios que llegó a la conclusión de que Juan Villalva y el empleado municipal José Blanco Blanco se habían presentado voluntariamente a declarar con el único propósito de favorecer al inculpado. Juan Casimiro Villalva llegó a declarar que ignoraba que Cubiles hubiese «pertenecido a ningún partido político, ni antes ni después del Glorioso Movimiento Nacional, y que como no perteneció a partido alguno tampoco fue dirigente» y que «tampoco ha oído decir que perteneciera al Frente Popular».

Que Cubiles había sido presidente de IR y del comité del Frente Popular estaba sobradamente demostrado por la documentación que obraba en el sumario. El fiscal también estaba convencido de que Cubiles fue miembro del comité durante los días previos a la ocupación de Torre Alháquime y de que el 27 de julio guió a los milicianos rondeños que volaron las alcantarillas de la carretera, pero en enero de 1941 se le concedió la libertad condicional, pues se preveía que le iba a ser impuesta una pena que ya estaba comprendida por los decretos de indultos y excarcelaciones, y el día 23 salió de la prisión provincial de Sevilla. Fue juzgado en esta ciudad el 15 de abril y el consejo de guerra lo condenó a tres años de reclusión por auxilio a la rebelión militar. La sentencia firme se le comunicó el 18 de junio y ese mismo día pudo regresar a su domicilio en régimen de prisión atenuada.

La trayectoria de Juan Cubiles está llena de sombras. Es un personaje ambiguo y controvertido. Es posible que en vísperas de la sublevación del 18 de julio estuviese más cerca de la derecha golpista que de la legalidad republicana y durante toda la guerra sirvió voluntario en el ejército rebelde, pero el simple hecho de haber ocupado cargos de responsabilidad en una organización del Frente Popular le costó nueve meses de presidio y una condena a tres años por el infundado delito de auxilio a la rebelión.
  

Fuente: F. Romero Romero: Socialistas de Torre Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil. 1931-1946. Ayuntamiento de Torre Alháquime – Editorial Tréveris, 2009.



sábado, 10 de mayo de 2014

Todoslosnombres inicia una campaña de crowdfunding para poder seguir trabajando

OLIVIA CARBALLAR / 9 May 2014  


Los nombres de desaparecidos, en la Plaza de la Gavidia. // LAURA LEÓNLos nombres de desaparecidos, en la Plaza de la Gavidia. // LAURA LEÓN

“Quería agradeceros la publicación de la biografía de Antonio y Gonzalo Ortiz Crespo: son familiares míos. Me enteré de su historia por Internet documentándome para un guión de cine que estoy escribiendo. El descubrimiento fue absolutamente casual, no tenía ni idea de su historia. Luego pregunté a mi madre y me confirmó sus muertes en Gusen pero ella no sabía mucho más. Contacté con otros familiares y tampoco me pudieron aportar muchos datos. Muchas gracias por esta publicación de sus biografías y de sus fotos, que me han impresionado pero que me reconforta haber visto. Muchas gracias y un abrazo enorme”. Firmado: Remedios Crespo.

Ni uno, ni dos, ni tres. Decenas de personas que han vivido durante décadas sin saber nada de aquel abuelo, de aquella tía, de aquel hermano del que en el mejor de los casos sólo conservaban una vieja fotografía, han logrado reconstruir sus historias gracias a Todoslosnombres.org, un proyecto que ha asumido y sigue asumiendo no sólo lo que es responsabilidad del Estado, sino lo que el Estado ha negado a las víctimas del franquismo hasta hoy: la información necesaria para conseguir la verdad, la justicia y la reparación.

Impulsada por la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) y el Grupo de Trabajo por la Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT-Andalucía (RMHSA), esta base de datos, cuyo nombre cedió el Nobel José Saramago, nació hace ocho años con la ayuda desinteresada de la ciudadanía -desde familiares anónimos hasta historiadores, archiveros, catedráticos-. Y ahora acaban de iniciar una campaña de crowdfunding para poder seguir trabajando y supliendo la tarea que todavía el Estado continúa sin realizar. Actualizar y mejorar la web -migración del contenido, implementación de la estructura básica de la nueva página y nuevas funcionalidades- tiene un coste de 3.600 euros. El nuevo diseño gráfico elevaría la cifra hasta los 4.116 euros.

En todo este periodo, la financiación pública de este proyecto de referencia, cuya labor ha sido reconocida incluso por la ONU y es destacado en la página web de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, ha supuesto un 40%, según sus impulsores. “No nos cansamos de repetirlo, la iniciativa surgía desde la sociedad civil y se mantiene en la red gracias a ella, aunque es muy importante los apoyos y patrocinios públicos que se han recibido durante estos años, a pesar de la dificultad que significa planificar algo cuando las cantidades han oscilado entra los 6.000 euros y los 50.000 euros anuales, e incluso más de un año con 0 euros, ya fuera por parte de la Junta de Andalucía o del Ministerio de la Presidencia”, explican.

Este año disponen de una subvención concedida por la Dirección General de la Memoria Democrática de 6.080 euros. “Evidentemente estos altibajos económicos tienen unas repercusiones importantes en el contador de nuestra base de datos, aunque la media se sigue manteniendo en más de 10.000 nombres anuales”, añaden. Hasta el momento, el número de víctimas de la represión registradas en su campo de actuación -Andalucía, Extremadura y norte de África- supera los 80.000 nombres.

Queremos poner todos los nombres, y todos los rostros y todos los pensamientos. Todos ellos van siendo incorporados a una base de datos consultable públicamente. Además, la página proporciona también informaciones y noticias de actualidad sobre las diversas actuaciones en exhumaciones de fosas, publicaciones, campañas, etc. También facilita el acceso a documentación, disposiciones oficiales, trabajos de investigación y microbiografías de afectados”, explican los impulsores en la campaña de microfinanciación, “muy ajustada” a su idiosincrasia: “El proyecto tiene una característica principal: la colaboración de las personas. Y es precisamente esa colaboración la que pedimos para financiarlo”, afirma Gonzalo Acosta. Forma también parte del proyecto una exposición, que ayuda a la divulgación y a la concienciación social, que ha recorrido ya más de 40 lugares.


martes, 6 de mayo de 2014

Diez años y tres fosas: Cádiz, paradigma en la búsqueda de desaparecidos por el franquismo

De las más de 3.000 víctimas del fascismo en la provincia gaditana se han rescatado a 64 entre la doble exhumación de El Bosque (2004, primera intervención pública con éxito de Andalucía), Grazalema y el cortijo El Marrufo en Jerez de la Frontera.
La implicación institucional en las primeras excavaciones choca con la aportación de 180.000 euros por un empresario gaditano, que desbloqueó un proceso encallado por falta de recursos.
Por el camino, la prohibición de Alcalá del Valle y casos sumidos en nebulosa como el de Jimena en los años 70 o el del cementerio de Cádiz en 2006.


Exhumación en el cortijo de El Marrufo (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Hay un centenar de fosas comunes y 3.021 desaparecidos enCádiz. De esa tierra, reabierta contadas veces desde las ejecuciones rebeldes, se han extraído los restos de 64 personas. La primera vez, en El Bosque, hace justo diez años para, en total, sumar un escaso tres por ciento de posibles actuaciones que abarcan sin embargo las singularidades sobre las que pivota la búsqueda de las víctimas del franquismo: implicación pública, exhumaciones pagadas por la sociedad civil y prohibición de trabajos arqueológicos.

El Gobierno del PP nunca derogó la ley estatal de memoria histórica. La dejó morir de inanición y así, sin presupuesto, el lánguido efecto se diluye. Es la queja de los colectivos implicados. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía –se tramita el anteproyecto– pretende paliar ese déficit, asumiendo el "deber del Estado" y una política pública de reparación. Con una gran piedra en el camino: La dotación económica asignada, simbólica por ahora. Ahí está la duda de asociaciones y familiares. ¿Cuánto se tardará en aplicar el nuevo marco legal?
La provincia gaditana, como paradigma, tiene la primera exhumación pública con resultados de Andalucía, en El Bosque (2004), y otra en Grazalema, con dinero institucional y funcionarios a pie de fosa. Y el cortijo El Marrufo, proceso sufragado por un ciudadano. O el intento infructuoso de la fosa del Pareoro en Torre Alháquime y la prohibición en Alcalá del Valle. Este año, además, arranca la tarea en el cementerio de Cádiz dentro de los once proyectos de intervención directa subvencionados por el Gobierno andaluz, que alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento.

La primera exhumación pública con éxito de Andalucía

El tiempo guarda también casos sumidos en nebulosa. Jimena de la Frontera, finales de los 70, familiares con picos y palas toman la tierra… Año 2006, camposanto de la capital gaditana. Se extrae un cuerpo. No hay restos de ataúd. En la diligencia de sepultura del expediente del Consejo de Guerra consta inhumación en caja de madera. "Un tema peliagudo", cuenta el investigador Fernando Romero.
El enterrador indicó 68 años después dónde estaban los asesinados en El Bosque. José Vázquezseñaló el lugar y cómo los falangistas le obligaban a cavar las fosas. Sabía que eran de Ubrique, Benamahoma o Grazalema pero no los conocía. La estrategia de "desaparición" de los derrotados convenía en repartir los muertos de un pueblo a otro. El Ayuntamiento amplió el cementerio y las obras casi acaban en el "expolio" de las tumbas. La insistencia de familiares y asociaciones de memoria dieron con el primer rescate de desaparecidos forzados: 12 personas, año 2004.
Como explica el coordinador del grupo de memoria de CGT-A, Cecilio Gordillo, la exhumación supone un hito por el respaldo de la administración y "todas las garantías legales" que suponía acogerse a un decreto publicado por la consejería de Justicia que regulaba estos procesos. No ha vuelto a ocurrir, pero aquella vez los técnicos eran empleados públicos, con un equipo arqueológico de la delegación de Cultura y operarios municipales.
Un año más tarde se extrajeron ocho cuerpos con apoyo de la Diputación de Cádiz, igual que en Grazalema, con 16 víctimas exhumadas en 2008, labores adscritas al Servicio de Recuperación de la Memoria Histórica del que era responsable el actual coordinador del Grupo Regional memorialista del PSOE, Carlos Perales. "Esas actuaciones se hacen cuando la delegada de Cultura en Cádiz es Bibiana Aído, que envía a los arqueólogos y se compromete en continuar estos trabajos después del decreto pionero de la Junta de Andalucía", manifiesta Perales. Unos trabajos paralizados "al entrar el PP a gobernar en Diputación y el servicio de memoria, desde entonces, queda anulado".
En una de las escenas de la represión en Grazalema, las nuevas autoridades franquistas sacaron de sus casas a un grupo de mujeres acompañadas de dos niños, cuando la guerra provocada por el estallido golpista no había terminado. Tenían entre 20 y 30 años y un 'delito', ser mujeres o novias de republicanos. 'Paseo', humillación… acabaron sepultadas en una "fosa de castigo", en el paraje conocido por Los Alamillos.
Certificado de inhumación de un fusilado.
Certificado de inhumación de un fusilado.

Un empresario, nieto de desaparecido, aporta 180.000 euros

Valle de la Sauceda, término de Jerez de la Frontera, último refugio republicano de Cádiz y primera línea defensiva de Málaga. Cientos de personas huyen ante el avance rebelde. Se concentran en una finca, El Marrufo, que muta en centro de fusilamientos masivos de noviembre del 36 a febrero del 37. Las tropas sublevadas no muestran compasión, como relata el doctor en Historia Fernando Sígler. La capilla del cortijo sirve para la retención y violación sistemática de mujeres. Entre 300 y 600 desaparecidos yacen en la zona.
En 2012 se recuperan 28 de ellos. Una subvención andaluza permite la localización y cata arqueológica. La exhumación debe presupuestarse con ayuda estatal pero nunca llega. La Asociación de Familiares de Represaliados de El Marrufo ve encallar el proceso por la ausencia de recursos económicos. ¿Cómo se desbloquea la situación? El dueño de la empresa de relojesLotus, Miguel Rodríguez, aporta 180.000 euros. Busca a su abuelo Francisco Domínguez. "Me parece de juzgado de guardia que tenga que ser un particular quien financie la excavación", se quejó entonces el empresario gaditano.
En Alcalá del Valle, por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició dos exhumaciones, sin que en ningún caso contase con financiación pública ni protocolo público firmado. El equipo arqueológico desplazado desde León buscó en septiembre de 2011, sin éxito, una fosa común con al menos diez asesinados en 1936. A finales del pasado año regresó a otro enterramiento, bajo las mismas circunstancias. Ésta vez, la administración paralizó el proceso por no cumplir los requisitos burocráticos.