sábado, 20 de septiembre de 2014

Francisco Flores Cádiz, el guardia municipal republicano de Algodonales

Fernando Romero Romero

Las mujeres y niños que estaban aglomerados alrededor de la fuente se alborotaron con los gritos de alto. El Caco había echado a correr en la esquina de Queipo de Llano con Arroyo. Detrás, armas en mano, los guardias civiles Cristóbal Sánchez Sierra y José Márquez Guardado. Pasó frente a la fuente y se metió en la casa número 21 de Altillo. Márquez tumbó la puerta de un empujón, cruzó la vivienda hasta el corral y lo sorprendió tratando de saltar la tapia que daba al terraplén de la sierra. Tres balazos frustraron el intento de fuga. Con dos tiros en las piernas y otro en un muslo, el Caco no pudo seguir huyendo. Las primeras diligencias sobre el incidente las instruyó el teniente Francisco Gavira Parra y en su apreciación sobre las causas del intento de fuga estuvo muy presente el tópico de la naturaleza gitana:

A la superior autoridad de V.I. me permito exponer que el hecho origen de estas diligencias lo ha motivado quizás exclusivamente la idea de ver el medio de eximirse de la responsabilidad a que se halla [sic] podido hacer acreedor el preso en cuestión, y dada su deficiente calidad y teniendo en cuenta su raza de gitano la vida ambulante de estas clases de personas resolviera el que logrando su fuga pudiera seguir haciendo la vida de vago y maleante y continuar viviendo al margen de la Ley, circunstancia muy peculiar en estas clases de personas.

El Caco no era, sin embargo, un delincuente que trataba de escapar del brazo firme de la ley. Todo lo contrario. Fue agente de la autoridad, guardia municipal, hasta que los guardias civiles facciosos del puesto de Algodonales (Cádiz) se sumaron al golpe contra el Gobierno de
Croquis del itinerario seguido por Francisco
 Flores  durante su intento de fuga
la República y se adueñaron del Ayuntamiento por la fuerza de las armas en julio de 1936. Ahora, tres años después, cuando regresó al pueblo con los republicanos que se evadieron a la zona gubernamental por temor a la violencia fascista, lo trataron como si él hubiese sido el delincuente.

Se llamaba Francisco Flores Cádiz, había nacido en Algodonales en 1894 y vivía en la calle Primavera con su compañera, Teresa Núñez Santiago, y cinco hijos. Toda la vida fue esquilador y tratante de ganado. Durante la República estuvo afiliado a Izquierda Republicana y el 22 de febrero de 1936, tras la victoria electoral del Frente Popular y el retorno de las izquierdas al Ayuntamiento, lo contrataron como guardia municipal, pero solo conservó el puesto durante cinco meses, hasta el golpe militar. Guillermo Torres Pons, el alférez de la Guardia Civil que encabezó la sublevación en Algodonales, no se fiaba de los tres guardias municipales que había nombrado la Comisión Gestora frentepopulista y los cesó el mismo día que dio el golpe de mano, el 21 de julio. El teniente le dijo a Flores «que se fuera a su casa» y él decidió irse del pueblo cuando pocos días después empezaron a circular los rumores «de que venían los moros y que mataban muchas gentes». Como tantos otros algodonaleños, se fue «por susto», porque «cogió miedo».

Estuvo dos semanas en la sierra, viviendo de la cacería y de alimentos que los habitantes de algunos ranchos le proporcionaban a cambio de presas de caza. Después se marchó a Ronda, trabajó durante veinte días en el campo de aviación y estuvo con uno de sus hijos y otros algodonaleños en el cortijo El Quejigal, pero al aproximarse las fuerzas sublevadas, entrado ya el mes de septiembre, se fueron todos hacia El Burgo. Trabajó cuatro o cinco meses en la carretera de Ardales y unos diez días en el campo de aviación de Málaga, hasta la caída de la ciudad. En 1938, tras residir en Murcia durante más de un año y medio, se incorporó voluntario a una unidad de carabineros en Valencia.

Fue uno de los primeros evadidos que regresaron al pueblo cuando terminó la guerra en 1939. El 15 de abril ya estaba en la cárcel municipal. El 20 de mayo Emilio Cortés Rodríguez y Antonio Galván Cano presentaron en el cuartel de la Guardia Civil sendas denuncias, redactadas en términos prácticamente idénticos, que lo acusaban de haberlos detenido y maltratado en mayo de 1936 por el único por el único motivo de estar ambos afiliados a Falange. El chófer-mecánico Emilio Cortés era un matón que no se lo pensaba dos veces antes de apretar el gatillo. Desde el golpe se había distinguido como un sanguinario represor, era jefe de milicias de Falange y durante un tiempo, en 1937, también hizo la veces de jefe de la guardia municipal; su última bravuconada —por la que estaba siendo investigado por la justicia militar franquista— fue disparar a bocajarro contra Fernando Cortés Alba.
                                                
La documentación generada por el intento de fuga del Caco nos muestra que tras la instrucción de los procedimientos sumarísimos de la justicia militar sublevada se oculta mucho más de lo que los papeles suelen dejar ver. Francisco Flores estaba detenido a disposición de la Auditoría de Guerra desde que regresó a Algodonales en abril de 1939, fue el 14 de agosto cuando el jefe de los Servicios de Justicia de Cádiz nombró al alférez de infantería Ramón Pérez Hermida para que instruyese contra él el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 669-39, pero en el expediente no consta que se le tomase declaración hasta casi un año después: el 15 de noviembre de 1940. Sin embargo otro documento, la Causa 983-39, instruida contra los guardias civiles Cristóbal Sánchez y José Márquez por las lesiones que causaron a Flores cuando se dio a la fuga y que se resolvió dictaminando que la actuación de ambos fue correcta, nos revela que la realidad era muy distinta. El intento de fuga se produjo el 27 de junio, cuando los guardias lo conducían desde el ayuntamiento, donde se había instalado el juzgado militar, hacia la cárcel que provisionalmente se había establecido en escuela de la calle Arroyo. ¿Cuál fue el motivo del intento de fuga? Según Flores, dos días antes la Guardia Civil le había dado una paliza en presencia del alférez Pérez Hermida y del secretario del juzgado militar y, como esa tarde tenía que comparecer de nuevo ante el alférez, «creía esperar una nueva paliza si no declaraba lo que se le iba a preguntar». ¿Qué declaraciones eran aquellas que se sacaban a fuerza de palizas? Recordemos que Pérez Hermida aún no había sido designado instructor del procedimiento sumarísimo que se incoó contra Francisco Flores y tampoco hay constancia de que declarase en ningún otro de los procedimientos que el alférez instruyó contra los izquierdistas algodonaleños, lo que deja bien claro que el juzgado militar de Algodonales se dedicaba a algo más que a practicar las diligencias que constan en los procedimientos sumarísimos que nos han llegado.

Informe de la Guardia Civil sobre
Francisco Flores Cádiz
Ya se ha relatado cómo acabó el intento de fuga. Flores recibió la primera cura en la clínica del médico Santiago Díaz-Crespo y las heridas tardaron doce días en sanar. Continuó preso en la cárcel de Algodonales, a mediados de septiembre pasó unos días en la Prisión Provincial de Cádiz pero lo llevaron de nuevo a Algodonales, en noviembre lo trasladaron al castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda y se encontraba en la Prisión del Partido de Jerez cuando en noviembre de 1940 le tomó declaración el teniente de artillería José Tocón Barea, que acababa de sustituir a Pérez Hermida como instructor del Procedimiento Sumarísimo 669-39.


Las informaciones que llegaron al instructor sobre los antecedentes de Francisco Flores eran un tanto contradictorias. Por sus manos no debieron de pasar los informes que el guardia civil Gumersindo Jiménez Risco remitió el 17 de agosto de 1939 en calidad de comandante de puesto y comandante militar de Algodonales para la Causa 983-39 y que enturbiaban la imagen de Flores presentándolo como «comunista», «elemento muy peligroso de acción» y lo acusaba de dedicarse «a saquear y a asesinar a personas de derecha» en Ronda durante el verano de 1936. Al Procedimiento Sumarísimo 669-39 sí se incorporó otro informe, firmado por el mismo guardia solo dieciocho días después, en el que ya no quedaba el menor rastro de esta infundada acusación, donde la afiliación política comunista se había rebajado a la más moderada de Unión Republicana y donde también se decía que Flores había combatido como miliciano, que ingresó voluntario en el cuerpo de carabineros y no faltaba el tópico étnico: «antes del Glorioso Movimiento Nacional observó siempre pésima conducta y muy propia de su raza gitana».

Denuncia del falangista Emilo Cortés
No había una versión unánime sobre el altercado del 20 de mayo de 1936 y madrugada del 21. Emilio Cortés decía que la piedra que hirió a Flores cayó casualmente de la sierra, que los falangistas fueron culpados de la agresión a sabiendas de que eran inocentes y que el guardia municipal llevaba el propósito de asesinarlos cuando los detuvo, extremo del que le habría hecho desistir el guardia Francisco Marín Carvajal, que lo acompañaba cuando practicó las detenciones. Según la versión de José Galván Fernández —otro detenido como sospechoso de la agresión—, sí hubo apedreamiento, aunque mantenía que los falangistas no fueron los autores, y acusó de Flores de haberlo insultado y golpeado con una porra en la cárcel mientras lo amenazaba con una pistola. José Galván decía que Emilio Cortés también fue bárbaramente maltratado en la cárcel, pero de todo esto lo único que confirmó Francisco Malo —que era el alguacil encargado del depósito municipal en la primavera de 1936 y continuaba siéndolo en 1939— es que Emilio Cortés recibió unos guantazos en el momento de meterlo en el calabozo. El ex guardia municipal Francisco Marín —fue cesado a la vez que el Caco en julio de 1936— también recordaba que Emilio se llevó unas bofetadas, pero no hizo la más mínima mención a que su compañero hubiese tenido la intención de asesinar a los detenidos.

Es probable que el falangista Emilio Cortés y José Galván exagerasen el maltrato que les infligió Cortés cuando los detuvo la madrugada del 21 de mayo de 1936, que convirtiesen unas bofetadas en una salvaje paliza y que se inventasen la intención de asesinato con el propósito de agravar la condena que la justicia militar franquista pudiese imponer al guardia municipal republicano. Si fue esa su intención, no les salió bien la jugada, pues el Caco quedó absuelto en el consejo de guerra que se celebró en Cádiz el 28 de noviembre de 1941. La sentencia reconocía que «actuó a las órdenes de los dirigentes del Frente Popular», pero «lo hizo con anterioridad al dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis como guardia municipal de Algodonales, cargo que desempeñaba para subvenir sus necesidades, y en cambio a partir de dicha fecha no cometió ningún acto delictivo, por lo que estimándolo así el Consejo cree procedente la absolución del encartado».

No hay que descartar la posibilidad de que desde Algodonales se movieron algunos hilos para que el tribunal militar absolviese a Francisco Flores. De todos los informes que sobre sus antecedentes se incorporaron al procedimiento sumarísimo, los más inocuos de todos fueron los emitidos por el alcalde y jefe local de Falange, Eduardo Acuña Camacho, que se limitó a indicar que fue de izquierdas, pero que, quizás por la circunstancia de haber sido nombrado guardia municipal, «no se le vio actuar en política de forma destacada». Pues bien, el defensor de Francisco Flores en el consejo de guerra fue precisamente un hermano del alcalde algodonaleño, el capitán de la Guardia Civil Ángel Acuña, y eso nos lleva a una pregunta para la que no tenemos respuesta: ¿Acaso contaba Flores con cierta protección por parte de los Acuña?

Se da la circunstancia de que Emilio Cortés, el encarnizado enemigo de Francisco Flores, también fue defendido por Ángel Acuña en la causa que se le abrió por el homicidio frustrado de Fernando Cortés Alba. El intento de homicidio era tan evidente que no pudieron absolverlo, pero el expediente se resolvió sin llegar a juicio, aceptando la petición fiscal de pagar una indemnización de 250 pesetas a su víctima y un mes y un día de arresto que Emilio ya había cumplido sobradamente en prisión preventiva. Una prisión preventiva un tanto peculiar, porque de los dos años que transcurrieron desde la comisión del delito hasta la resolución de la causa Emilio solo pasó cuarenta y nueve días encarcelado; el resto del tiempo estuvo en libertad bajo fianza o en prisión atenuada en su propio domicilio por prescripción médica. Esa fue la ventaja de ser un patriota falangista de primera hora en vez de un rojo antiespañol como el Caco.

Francisco Flores Cádiz salió de la Prisión Provincial de Cádiz, con la sentencia ya firme, el 26 de enero de 1942. Lo absolvieron, pero estar afiliado a Izquierda Republicana, ser guardia municipal en tiempos del Frente Popular y la enemistad con el falangista Emilio Cortés le habían costado treinta y cuatro meses y medio de prisión preventiva que pasó entre rejas en Algodonales, Jerez, Sanlúcar y Cádiz. Casi tres años de cárcel, alguna paliza y los tres tiros que le metieron en el cuerpo el día que intentó escapar de la Guardia Civil.



domingo, 7 de septiembre de 2014

«Ha fracasado el movimiento nacional». Los carabineros de Jerez y Villamartín ante la sublevación del 18 de julio

Fernando Romero Romero

La documentación judicial militar generada por la Auditoría de Guerra de la Segunda División Orgánica, actualmente conservada en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, no deja de arrojar nuevos datos sobre el desarrollo de la sublevación del 18 de julio de 1936. La reciente localización de expedientes instruidos contra miembros de institutos armados nos proporciona nueva información para reconstruir los hechos sucedidos en Villamartín. Los que se exponen en este artículo proceden de la sumaria instruida contra los carabineros Francisco Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, que recibió la numeración 98-938 de los Servicios de Justicia de Cádiz.
Distintivo de cuerpo de Carabineros
 durante la II República

El procedimiento tiene su origen en la orden confidencial y reservada que el general jefe de la Segunda División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, cursó el 3 de marzo de 1937 a los gobiernos militares para que los mandos de las instituciones armadas vigilasen la conducta de sus subordinados. «En la campaña contra el marxismo —decía— hay que ser constantes para conseguir lo que se persigue: su total y absoluta eliminación». Recordaba a los mandos que tenían la obligación de estar al corriente de «cualquier brote» que pudiera surgir en sus unidades y que debían vigilar cuidadosamente «a todos los individuos y, muy especialmente a los calificados como sospechosos». El Estado Mayor la entregó al jefe de la Comandancia de Carabineros de Cádiz junto con unas instrucciones encaminadas a depurar la conducta de su personal con relación al 18 de julio. El objetivo era expulsar del cuerpo a quienes por su conducta se considerasen «contrarios al Movimiento Nacional».

Sello de la Comandancia de
Carabineros de Cádiz
En las relaciones de carabineros detenidos, procesados, sometidos a expedientes informativos y sospechosos de izquierdismo que generó el proceso de depuración de la 11ª Comandancia no se encuentra ninguno de los destinados al puesto de Villamartín. El sargento José Sánchez Monje y los carabineros bajo su mando se sumaron a la sublevación y se pusieron a las órdenes del brigada de la Guardia Civil Narciso Santos Muñoz, que desempeñaba la función de comandante militar de la plaza. El brigada decía que encontró «una ayuda muy eficaz tanto en el comandante del puesto de Carabineros como igualmente en toda la fuerza que tenía a sus órdenes para el triunfo de la Causa Nacional» y expresó en estos términos la actitud de Sánchez Monje:

[…] desde los primeros momentos observó una actitud de adhesión inquebrantable al Glorioso Movimiento, sin que observara en él titubeo de ninguna clase, poniéndose a las órdenes del que narra para cuanto fuere necesario, cooperando con gran espíritu de sacrificio en cuantos servicios hubo necesidad de prestar, no notando en él nunca la menor pereza para cumplir cuanto le fue ordenado [.]

Pero entre los carabineros de conducta dudosa de la 11ª Comandancia se encontraban Francisco Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, del puesto de Jerez, de quienes se decía que simpatizaban con «ideas sustentadas por marxismo y comunismo» y a quienes se suponía autores de una llamada telefónica en la que transmitieron «noticias falsas y alarmantes» a Villamartín.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 1936. Los guardias civiles y carabineros de Villamartín aún no tenían el control completo del casco urbano y realizaban un servicio de descubierta a primera hora de la mañana cuando, al pasar por delante de la central de teléfonos, la patrulla fue avisada de que un teniente de Carabineros requería la presencia del sargento Sánchez Monje en la subestación eléctrica de la Compañía Sevillana de Electricidad situada en las afueras del pueblo. El sargento envió a los carabineros Francisco Gil Cortés y Antonio Lupiáñez García, quienes se encontraron que allí no había ningún teniente. Lo que había ocurrido es que se había recibido una llamada telefónica procedente de la estación eléctrica de Jerez. Puestos al habla con la estación jerezana, Francisco Gil mantuvo una conversación con Francisco Borrego Domínguez, que hacía servicio de guardia en esta y a quien conocía personalmente por haber estado destinado unos años antes en el puesto de Villamartín.
Rúbricas de los carabineros José Sánchez Monje
y Francisco Gil Cortés

Del contenido de la conversación telefónica existen varias versiones. Según Gil Cortés, Borrego dijo que la sublevación militar había fracasado en San Fernando, en Cádiz y en el entorno de la capital, que los moros andaban «corriendo por Casas Viejas» y que todo Jerez, excepto la emisora de radio, estaba tomado por fuerzas leales al Gobierno. Transmitió la orden, supuestamente procedente del teniente de Jerez, de que el sargento Sánchez Monje requisase varios vehículos y acudiese a Jerez con cuantas fuerzas pudiese reunir en Villamartín, Bornos y Arcos para ayudar a tomar la emisora y advirtió de que una columna gubernamental procedente de Ronda pasaría pronto por Villamartín con dirección a Jerez. Luego se puso al teléfono otro individuo que dijo ser el teniente y que concluyó la conversación diciendo: «Mire usted, Gil, lo que te ha dicho su compañero Borrego es verdad. Se lo comunica usted al sargento y le dice usted que a la una le llamaré por teléfono».

El carabinero Gil aseguraba que no se creyó nada de lo que dijo Borrego, pero el sargento Sánchez Monje dio a entender que iba alterado cuando le informó de la conversación:

Sargento Sánchez, estamos perdidos. Me ha dicho el carabinero Borrego que ha hablando conmigo que San Fernando ha sido bombardeado y tomado por los rojos, y [en] Jerez no quedaba más que tomar por los rojos la emisora de radio, y que las fuerzas de Regulares habían huido al campo en desbandada, que reclutáramos el mayor número de obreros, desde luego marxistas, y que en camiones perfectamente armados se vengan a Jerez. 

Según Lupiáñez, el sargento Sánchez Monje reunió a los demás carabineros que estaban a sus órdenes —Mario Martín Caldera, Antonio Martín y Antonio Olivera— para conocer su parecer sobre lo ocurrido y todos manifestaron unánimemente que no estaban dispuestos a ir a Jerez dejando abandonadas a sus familias en Villamartín; después se fue en busca del brigada Santos y le dio parte de la conferencia en presencia del sargento Manuel García Guzmán y del cabo Victoriano Meco. En la versión de Sánchez Monje y del sargento García Guzmán —que en lo esencial coincide con la de Lupiáñez— se indica que los guardias civiles también habrían participaron en el improvisado conciliábulo en el que, de común acuerdo con los carabineros, decidieron no moverse del pueblo. Así lo expone el segundo:

[…] al regresar a esta la pareja, relató a su comandante de puesto [José Sánchez Monje] la conferencia sostenida y este púsolo en conocimiento del brigada comandante militar que ya se cita [Narciso Santos Muñoz] y reunidos todos las clases y conocido lo trágico de la noticia y sometidos al común criterio por unanimidad acordamos permanecer firmes en nuestro puesto manteniendo el orden público del que éramos dueños y evitar a toda consta que los marxistas realizaran sus planes de destrucción y asesinatos como pretendían, pues estimábamos [que] era horrible el marchar a Jerez y toda la fuerza y abandonar este pueblo, lugar preeminente por su nudo de comunicación de carretera con Sevilla y Jerez, su proximidad a Ronda, punto este muy reforzado por los rojos de donde se tenía la creencia [de que] habían de salir refuerzos marxistas para dominar Olvera, Algodonales, Puerto Serrano, llegar a esta localidad y seguir su marcha bien para Sevilla o Jerez, cosa que no tuvo lugar quizás por no haberse desplazado la fuerza de esta villa, pues […] no nos animaba más interés que el cumplir nuestros reglamentos (proteger personas y propiedades y mantener el orden a toda consta) como así se hizo por toda la fuerza y como lo demuestra el que en este pueblo apenas si dejó huella el elemento rojo comparado con lo que ocurrió en otras partes.

El comandante militar de Villamartín telefoneó al Gobierno Militar de Cádiz para informar de lo ocurrido y habló directamente con el general Varela, cabeza de la sublevación en la provincia, quien desmintió la información que se había transmitido desde Jerez. Según Santos, Varela dijo que lo único sucedido era que «varios barcos de guerra se habían sublevado en San Fernando, pero que habían sido echados a pique y que Cádiz no se rendía ni se rendiría». El general rebelde se despidió con un fuerte «¡Viva España!» al que él respondió «con igual entusiasmo».

Algún miembro de los servicios de justicia franquistas,
probablemente el juez instructor Emilio María Cano de
Castro, marcó con una esvástica la declaración del
carabinero Antonio Lupiáñez y otras en las que había
indicios de culpabilidad contra Francisco Borrego
y Jesús González
El Gobierno Militar de Cádiz alertó a la Comandancia Militar de Jerez de que los carabineros de guardia en el transformador eléctrico habían transmitido noticias alarmantes a Villamartín y el teniente Isidoro Herrera Fernández-Humanes se personó en la central para investigar lo ocurrido. Interrogó a Borrego y a su compañero de servicio, Jesús González Miguel. Borrego reconoció que habían mantenido una conversación telefónica con carabineros del puesto de Villamartín, pero aseguró que se habían limitado a intercambiar noticias sobre la marcha del «movimiento» en ambas localidades. Para salir de dudas, el teniente intentó comunicar telefónicamente con el sargento de Villamartín, pero no logró hablar con él. Aunque ambos habían firmado un documento de adhesión a la sublevación y hasta ese momento habían cumplido estrictamente cuantos servicios se les habían ordenado, ni Borrego ni González le ofrecían confianza por sus conocidas tendencias izquierdistas. Como medida preventiva hizo que González, a quien suponía inductor de la llamada telefónica, fuese relevado del servicio en la central eléctrica y propuso al jefe de la 11ª Comandancia de Carabineros que ambos fuesen cambiados de destino «por las mismas circunstancias de falta de adhesión al Movimiento y por considerarlos peligrosos en el puesto de Jerez».

Francisco Borrego y Jesús González fueron relevados del puesto de Jerez a mediados de septiembre de 1936. Borrego trató de hacer méritos para despejar las dudas sobre su pasado. Según un informe del teniente José Jaén Rubiales, bajo cuyas órdenes sirvió en el puesto de Fuerte Cuidad, en El Puerto de Santa María, «observó una intachable conducta, tanto en el terreno oficial como en el particular, una moralidad a toda prueba, amor a la profesión de las armas, y subordinación digna de un veterano, así como una identificación completa con los postulados del Movimiento Salvador de España». Incluso se presentó voluntario para marchar al frente con la Compañía Expedicionaria de la 11ª Comandancia. Eso no impidió que un juez instructor de los Servicios de Justicia de la Auditoría de Guerra en Cádiz lo investigase cuando se puso en marcha el proceso de depuración del personal de la Comandancia de Cádiz. El 4 de diciembre de 1937 fue detenido y conducido a la prisión militar del Castillo de Santa Catalina. Jesús González, que entonces tenía destino en el puesto de Caños de Meca, en Vejer de la Frontera, ingresó tres días después.

En la sumaria 98-938 se incluyeron, entre otros documentos, informes de la Comandancia Militar de Villamartín, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Jerez y de los servicios de información de Falange en ambas localidades. Se trató de clarificar el contenido de la conversación telefónica del 22 de julio de 1936 tomando declaración a guardias civiles, carabineros y empleados de las dos centrales eléctricas, pero los trabajadores de la compañía —los de servicio en Villamartín cuando ocurrieron los hechos eran Juan Rivera Bautista y José María Rosa Sánchez— no aportaron nada decisivo y lo que finalmente se sopesó fue la credibilidad de Borrego y González —con sus reconocidos devaneos frentepopulistas— frente a la de los carabineros villamartinenses, cuya adhesión a la causa golpista no ofrecía dudas.

El Consejo de Guerra Permanente de la Plaza y Provincia de Cádiz, presidido por el comandante Rafael López Alba, falló la causa el 30 de marzo de 1939 y declaró culpables a los dos procesados. Fueron condenados a penas de 6 años y 1 día de cárcel por delito de excitación a la rebelión. Además de condenados a presidio, fueron expulsados del cuerpo de Carabineros. Borrego cumplió la condena en la prisión provincial de Cádiz, donde solicitó acogerse a la redención de penas por el trabajo para reducir el tiempo de encarcelamiento, y salió en régimen de libertad condicional el 6 de agosto de 1940. Desconozco la fecha exacta de excarcelación de Jesús González, pero debió de ser aproximada a la de su compañero. El Juzgado Militar de Ejecuciones de Cádiz no logró localizarlo cuando en 1944 fue a notificarle que su condena había sido conmutada por la inferior de ¡6 años!, pero sabemos que residía en Barcelona cuando en la década de los sesenta solicitó la revisión de la sentencia, que por dos veces le fue denegada.


El procedimiento 98-838 es uno de tantos casos de lo que se ha denominado «justicia al revés». Suponiendo que fuesen ciertos los hechos que se imputaron a Francisco Borrego y Jesús González, lo que habrían tratado de hacer con aquella llamada telefónica a Villamartín no sería sino reunir en Jerez algunas fuerzas leales para combatir a los militares rebeldes que se habían sublevado contra el Gobierno legítimo. Y, suponiendo que así fuese, surge entonces una pregunta para la que no tenemos respuesta: ¿Fue una maniobra ideada y ejecutada por los dos carabineros en un ejercicio de temeraria y solitaria osadía o formaban parte de una trama de resistencia más amplia cuyos demás conjurados no fueron descubiertos?  

(Publicado en Villamartín. Revista de Feria y Fiestas de San Mateo, 2014)