13 de marzo: Presentación del libro "Días de barbarie. Guerra Civil y represión en Bornos"

El socialista que desertó de la Bandera Mora-Figueroa

Fernando Romero Romero 

Grupo de trabajo Recuperando la Memoria

 de la Historia Social de Andalucía (CGT-A)

Juan López Ramírez, el Chaviro, estaba haciendo guardia en la posición de La Planta, en el sector de Villa del Río (Córdoba), cuando decidió quitarse el uniforme y cruzar a nado el Guadalquivir. Los centinelas de la otra orilla empezaron a dispararle y hasta lanzaron una bomba al notar que alguien se acercaba por el río, pero cambiaron los tiros por exclamaciones de «¡Ole!» y «¡Viva nuestro compañero!» cuando lo oyeron gritar «¡Viva la República!» La mañana siguiente, cuando sus excompañeros de armas, los falangistas de la 1ª Bandera de FET-JONS de Cádiz, bajaron al río para aprovisionarse de agua, el desertor habló a voces con ellos desde los parapetos de la orilla republicana. Les dijo que «había estado esperando la oportunidad de pasarse a las filas rojas para no estar con tanto canalla y criminales como había en el ejército de Franco». En la bandera había varios falangistas de su pueblo, entre ellos el sargento José Chacón Fernández, al que amenazó diciéndole que «si al triunfo marxista lo encontraba le iba a cortar la cabeza». También les dijo que si alguien quería papel de fumar que se pasase a donde él estaba y que él se iba a Valencia con dinero en los bolsillos. Cuando uno de los falangistas le preguntó si quería algo para su madre, Juan le respondió: «Cuando nosotros vayamos a tomar Bornos entonces la veré». Tardó dos años en ver a su madre y regresó al pueblo con los que perdieron la guerra.

Juan, que entonces tenía dieciocho años, era uno de tantos jóvenes que, sin comulgar con la ideología de los rebeldes, no tuvieron más remedio que incorporarse a la Falange o al ejército de Franco. Su padre, José López Hidalgo, fue el fundador del sindicato socialista Luchar es Vida en 1930 y también fue uno de los campesinos asentados en la finca La Laguna, que fue intervenida por el Instituto de Reforma Agraria en la primavera de 1936. Él solía acompañar a su padre cuando iba a las manifestaciones y lo vieron arrancar uno de los bandos que la Guardia Civil de Bornos colocó en sitios públicos de pueblo declarando el estado de guerra. Al padre lo fusilaron los fascistas y él se incorporó a la Falange, pero tenía miedo de que terminasen matándolo también. Por eso desertó. Un buen ejemplo de lo que se ha denominado lealtad geográfica. Su paso por Falange fue breve: se afilió el 18 de abril de 1937, lo enviaron al frente el 1 de mayo, durante ese mes sufrió un arresto por negligencia en el servicio, otro por desobediencia y desertó el 3 de junio.

Tras pasar al ejército republicano, Juan permaneció tres meses en una compañía del depósito de evadidos de Valencia, hasta que lo encuadraron en la 146ª Brigada Mixta, con la que estuvo en los frentes de Aragón y Cataluña. Como sabía leer y escribir, lo destinaron al servicio de transmisiones. Durante la guerra estuvo hospitalizado en dos ocasiones. La primera, tras haber sido herido en la batalla del Ebro, en hospitales de Barcelona y Vich, y la segunda, cuando cayó enfermo en 1939, en el de Horta (Barcelona). Estaba convaleciente cuando el ejército rebelde ocupó la capital catalana. Lo trasladaron al campo de concentración de Barbastro (Huesca) y allí le dieron pasaporte para que se reincorporase a la 1ª Bandera de FET-JONS de Cádiz, pero pasó por Bornos antes de regresar a la unidad.

Se reincorporó a la 1ª Bandera en Espiel (Córdoba) y fue arrestado en cuanto se presentó. Estando detenido en Cádiz, se dedicó a fanfarronear, contando a otros falangistas que había sido teniente coronel del ejército republicano y que estuvo al mando de la 15ª Brigada en los frentes de Brunete, Teruel y en la batalla del Ebro. Después lo mandaron con la 1ª Bandera a Río Verde (Marbella, Málaga) y, tras ser declarado procesado y tomársele la declaración indagatoria en ésta última localidad, lo trasladaron a la prisión militar del Castillo de Santa Catalina de Cádiz, en la que ingresó el 23 de septiembre de 1939. El juez militar que instruyó su sumario intentó aclarar los motivos por los que Juan desertó. Todos coincidían en que lo había hecho por temor a que lo matasen como a su padre, pero Juan puso nombre a apellidos a las causas de su miedo. Decía que los falangistas que mataron a su padre también estaban en la bandera y que dos de ellos, Servando Barcia Herraiz y Manuel Casas Gordillo, el Nieto de Rafael la Zapatera, quisieron obligarlo a hacer guardia con el primero. Y como él se negó, le dieron una paliza y Barcia lo amenazó con una pistola diciendo «que lo mismo que había matado a su padre lo iba a matar a él». Este altercado fue –según la versión de Juan– lo que provocó que decidiese desertar y al día siguiente se pasase al enemigo. Servando Barcia había fallecido, pero por error se le tomó declaración a su hermano José, que también era falangista de la misma unidad, y éste declaró que no podría haber obligado a Juan a hacer guardia con él puesto que no pertenecía a su misma escuadra. El Consejo de Guerra no tuvo en cuenta las razones que adujo Juan para excusar su deserción y sí sus antecedentes políticos. Fue condenado a doce años y un día de cárcel por delito de deserción y cumplió la pena en la Prisión Provincial de Cádiz, en el Penal del Puerto de Santa María y en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Talavera de la Reina, de donde salió el 29 de enero de 1943 en libertad condicional con destierro.

Zamboa, el confitero socialista de Bornos

Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo “Recuperando la Memoria

de la Historia Social de Andalucía” (CGT-A)

Manuel López Rodríguez, el confitero a quien apodaban Zamboa, nació en Bornos (Cádiz) el 2 de julio de 1903. Estaba afiliado a la sociedad obrera «Luchar es Vida» (UGT) desde su fundación en 1930 y en mayo de 1931 formó parte de la candidatura de la Conjunción Republicano-socialista para las elecciones municipales. Fue concejal socialista del Ayuntamiento bornicho desde el 5 de junio de ese año hasta que la corporación fue cesada por el gobernador civil radical en septiembre de 1934 y volvió a formar parte de ella tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Era uno de los miembros de la gestora que presidía el socialista Antonio Garrido Jiménez cuando se produjo la sublevación del 18 de julio. Estaba reunido en el ayuntamiento con Garrido y los demás concejales cuando el alférez Francisco Gavira Parra y los guardias del puesto ocuparon el edificio la mañana del 20 de julio. El alférez, que se había sumado al golpe, los destituyó a todos y entregó el gobierno municipal a una comisión de derechistas que quedó presidida por Francisco Muñoz Ruiz.

El alférez Gavira puso bajo vigilancia a algunos dirigentes de izquierdas el mismo día 20. Uno de ellos era Manuel Zamboa. Por la noche se presentó en su casa, el número 80 de la calle Granada, un grupo de guardias civiles y falangistas con la intención de detenerlo. No pudieron hacerlo porque Manuel había escapado por la calle Calvario y tomó la trocha de la ermita hacia la carretera Jerez-Ronda. El falangista Sebastián Baena Zurita se quedó vigilado la casa por si volvía, pero Zamboa tardó más de tres años en regresar. Se marchó del pueblo, dejando atrás a su compañera, Luisa Muñoz Barrios, y a cinco niños. El menor, José, solo tenía dos meses. Manuel López fue el primero de los veintitantos bornichos que durante los meses de julio y agosto se pasaron a la «zona roja». Entre ellos iba otro concejal, el sindicalista Francisco Rodríguez González. ¿Qué le habría ocurrido si se hubiese quedado en Bornos? Es probable que no hubiese sobrevivido a la atroz represión del verano de 1936. No hay más que ver cómo acabaron sus compañeros de la corporación municipal. Fueron asesinados diez de los trece que se quedaron, entre ellos el alcalde. Manuel salvó la vida, pero sus familiares no escaparon a la represión. Luisa fue una de las mujeres a quienes los fascistas pasearon por las calles del pueblo con la cabeza rapada. Y su hermano Francisco, que había sido un activo sindicalista, fue asesinado.

Manuel estuvo toda la guerra en la «zona republicana». Según su propio relato, desde Bornos se dirigió al cortijo Carija, del término de Espera, y luego siguió hacia Montellano y Ronda. En Málaga sobrevivió asistiendo a uno de los comedores que se crearon para atender a los miles de refugiados que llegaron a la ciudad. Y fue uno de los protagonistas de «la espantá» que se produjo cuando las columnas rebeldes españolas e italianas cayeron sobre la ciudad en febrero de 1937. El 8 de febrero se marchó «huyendo hasta Almería» y a los tres días se plantó en Murcia. Allí se dedicó a la venta de dulces durante dos semanas, hasta que el 24 de febrero fue detenido por una pareja de guardias de asalto que lo llevó a un centro de reclutamiento. Lo encuadraron en el Batallón Málaga nº 1 y lo enviaron a Valencia y Beteta (Cuenca). Decía que fue en esta última localidad donde le concedieron el rango de teniente, un ascenso que resulta, como mínimo, sorprendente ya que no habían pasado ni dos meses desde su incorporación al ejército. Estuvo al mando de la sección de infantería que guarnecía el castillo hasta que el 14 de abril lo destinaron a Saldón y permaneció un año completo en el frente de Teruel y en el sector de Gea de Albarracín. En junio de 1938 lo destinaron a una compañía de ametralladoras de la 50 División en Espadán (Castellón) y fue entonces cuando se afilió al Partido Comunista. Continuó en Levante hasta el final de la guerra y se entregó a las tropas franquistas en Casinos (Valencia) el 29 de marzo de 1939.

Manuel López quedó detenido en cuanto se entregó. Lo enviaron al campo de concentración de Medinaceli, en Soria, donde un juzgado instructor de la V Región Militar comenzó a investigar sus antecedentes sociopolíticos. El expediente se transfirió luego a la Auditoría de Guerra de la II Región y el 23 de agosto los Servicios de Justicia de Cádiz asignaron la instrucción de su procedimiento sumarísimo al alférez de Infantería Esteban Matía Cuesta (Juzgado Militar de Instrucción nº 23), que también se había hecho cargo de los de varios bornenses que acababan de regresar al pueblo desde la zona republicana. Reclamado por el alférez, Manuel López ingresó el 21 de septiembre en la cárcel municipal de Bornos.

Antes de que Zamboa llegase al pueblo, el instructor ya tenía informes sobre su conducta expedidos por el Ayuntamiento, la Falange y la Guardia Civil. Y también había tomado declaración al alcalde, Francisco Muñoz, y al jefe de Falange, Domingo Ramírez López. Según Muñoz, Zamboa era «uno de los elementos más destacados de esta localidad en cuanto a sus ideas de izquierda distinguiéndose en la propaganda de la misma y siendo promotor en la mayoría de los casos de las huelgas, mítines y demás actos que dimanaban del centro marxista». El alférez Matía Cuesta también solicitó informes a las autoridades de los lugares por los que Zamboa pasó durante la huida y en los que residió en la «zona roja», pero nadie parecía saber nada de él. Ni en Montellano, ni en Málaga, Teruel, Castellón ni Valencia. Para colmo, un error burocrático  hizo que acabasen unidos a su expediente unos certificados que avalaban la conducta de otro teniente que se llamaba exactamente igual que él, que se rindió a los «nacionales» en Sacedón (Guadalajara) y que también estuvo preso en Medinaceli. El alférez pidió informes a Sacedón, pero el teniente Manuel López Rodríguez que conocían allí era asturiano o leonés, rubio, alto y de unos veintisiete años. Esa descripción no encajaba con el perfil del confitero bornicho. Ni tampoco parecía que fuese Zamboa ninguno de los siete Manuel López Rodríguez que aparecían en el fichero del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Al final, el instructor sólo pudo contar con los informes y declaraciones que se hicieron en Bornos y con los de unos vecinos de Espera que lo vieron cuando se escapó del pueblo en julio de 1936.

La instrucción del sumario se prolongó durante varios meses y, mientras tanto, Manuel fue trasladado de Bornos al Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda y desde este, a principios de 1940, a la Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Uno de los últimos documentos que se incorporaron al sumario fue una declaración del falangista Sebastián Baena Zurita, que en 1940 era sargento de Infantería y prestaba servicios en Ubrique como secretario del Juzgado Militar de Instrucción nº 47. El propio Zamboa lo había citado para que avalase su conducta, pero más le valdría no haberlo hecho, porque nada bueno dijo de él. Entre otras cosas, declaró que había rumores («indicios aunque no muy ciertos y de rumor público») de que en alguna ocasión formó parte de un grupo de extremistas que fue disuelto por la Guardia Civil cuando pretendía quemar la iglesia. Como en julio de 1936 escapó en dirección a Espera, quisieron responsabilizarlo de la tala de árboles para cortar la carretera de Sevilla y de mantener contactos con dirigentes de izquierda de otros pueblos de la comarca para organizar la resistencia contra los golpistas, pero de nada de eso había pruebas fehacientes.

El consejo de guerra se celebró en Jerez a las 16:00 horas del 7 de mayo de 1940. Presidió el tribunal el coronel Rafael López Alba y actuaron como vocales los capitanes Gabriel García Trujillo y Alfonso Pérez Mas, el teniente José Toscano Barberá y, como ponente, el capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Fernando Wilhelmi Castro. El defensor, el teniente Antonio María de Salazar y Moyano, fue designado el mismo día de la vista y solo tuvo unas horas para examinar el sumario. El fiscal, Alfonso Palomino, solicitó una condena de veinte años de cárcel por delito de auxilio a la rebelión militar y el tribunal lo sentenció a doce años y un día. Los hechos que la sentencia consideraba probados eran que

Manuel López Rodríguez, afiliado a la UGT actuó como Concejal y Teniente Alcalde en la gestora del Frente Popular, se unió a los revolucionarios desde los primeros momentos intentando organizar desde el Ayuntamiento el asalto al Cuartel de la Guardia Civil y otros desmanes, no lográndolo y huyendo a la zona enemiga en [la] que se inscribió voluntariamente en el Ejército enemigo y obtuvo la graduación de teniente.

Como Manuel Zamboa, centenares de gaditanos fueron juzgados durante la guerra y posguerra por delito de rebelión militar sobre la base de lo que se ha denominado «la justicia al revés». Lo que hicieron fue oponerse al golpe militar contra el gobierno legalmente constituido de la República, pero al final fueron los rebeldes quienes los acusaron, juzgaron y condenaron a ellos por rebelión. Con esa condena, Manuel Zamboa tendría que haber permanecido en la cárcel hasta el 19 de septiembre de 1951, pero las políticas de reducción de pena y libertad condicional le permitieron salir a mediados de 1943. Estuvo un tiempo viviendo fuera de Bornos –parece que en Dos Hermanas– pero en 1947 residía en el pueblo en régimen de libertad vigilada.

Francisco Rodríguez González, concejal sindicalista de Bornos

Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo “Recuperando la Memoria

de la Historia Social de Andalucía” (CGT-A)

Francisco Rodríguez González, a quien apodaban Frasco el Jerezano, nació en Bornos el 15 de febrero de 1894 y, como la mayor parte de los bornichos de su tiempo, se ganaba la vida como jornalero. Estaba afiliado al sindicato CNT, en el que llegó a ocupar el puesto de presidente, y fue uno de los organizadores del Partido Sindicalista. También fue uno de los dos representantes del partido de Ángel Pestaña en la Comisión Gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936.

            El 19 de julio, conocida ya la sublevación contra el Gobierno de la República, estuvo reunido en el ayuntamiento con el alcalde socialista, Antonio Garrido Jiménez, los demás concejales y algunos dirigentes de las organizaciones del Frente Popular. Quisieron organizar una columna de obreros para auxiliar a las autoridades de la capital de la provincia, pero el jefe de línea de la Guardia Civil, el alférez Francisco Gavira Parra, se negó a entregarles las armas que había en el cuartel, les prohibió requisar vehículos y sacó a los guardias a la calle para declarar el estado de guerra. Francisco fue uno de los primeros izquierdistas que se evadieron de Bornos durante el verano de 1936. Lo hizo el 20 de julio, el mismo día que el alférez se personó en la casa consistorial para destituir a la corporación municipal y sustituirla por otra a medida de los golpistas.

            Francisco dejó atrás a su compañera, María Andrades Domínguez, y a cinco chiquillos. La menor, María, había nacido el 9 de enero de ese año. No sabemos qué habría sido de él si hubiese optado por quedarse en el pueblo, pero podría haber tenido el mismo desdichado final que la mayoría de los miembros de la corporación que tomaron esa decisión: fueron asesinados diez de los trece concejales que permanecieron en Bornos. Y la represión no solo afectó a sus compañeros de la corporación municipal, del partido y del sindicato. También fue asesinado su propio hermano, José el Jerezano, un obrero agrícola que trabajó de vigilante de arbitrios durante el mandato del Frente Popular.

            Frasco se dirigió hacia La Sauceda, Jimena de la Frontera y Manilva. En Málaga estuvo alojado como refugiado en la iglesia de San Juan y se marchó a Almería antes de que la ciudad fuese ocupada por el ejército rebelde. Con más de cuarenta años cumplidos, no tuvo que hacer servicios de armas durante los tres años que duró la guerra. Sabemos que trabajó en las obras de una carretera en las proximidades de Gualchos (Granada), que durante unos ocho meses fue ayudante de cocina de un regimiento de caballería en Marmolejo (Jaén) y que luego se dedicó a faenas agrícolas en Higuera de Arjona.

            Regresó a Bornos pocos días después de terminar la guerra, el 10 de abril de 1939, y pasó varios meses preso en la cárcel municipal. A principios de octubre cayó enfermo con una fiebre infecciosa y el médico Juan de la Cruz recomendó que fuese trasladado a otro local con mejores condiciones higiénicas. El presidente del Consejo de Guerra de Cádiz –a cuya disposición estaba detenido– dio autorización para que lo llevasen al hospital provincial, pero el gobernador civil replicó que no era posible hacerlo porque no había ambulancia ni efectivos de la Guardia Civil para custodiarlo durante el traslado. Lo que hicieron fue enviarlo el 20 de noviembre al castillo de Sanlúcar de Barrameda con los demás presos políticos que había en la cárcel de Bornos.

            A Frasco, como a los demás huidos que regresaron al terminar la guerra, se le instruyó un procedimiento sumarísimo por rebelión militar. Acusarlo de rebelión propiamente no era fácil, porque ni había participado en el conato de resistencia que hubo en el pueblo ni tampoco se incorporó como combatiente a las milicias ni al ejército republicano. Pero para gente como él, que no habían tomado las armas, pero sí fueron políticamente muy activos antes del golpe, la desquiciada justicia militar franquista reservaba la figura penal de la excitación a la rebelión.

            Las declaraciones e informes que sobre su conducta reunió el instructor del sumario, el alférez de infantería Esteban Matía Cuesta, lo presentaban como un propagandista incansable de sus ideas. El jefe de arbitrios, Vicente Moreno Pérez, decía que era «de malos instintos» y lo acusó de coaccionar a los votantes de derechas en las elecciones de febrero de 1936:

[…] hacía una propaganda por medios violentos dándose el caso de que cuando una persona acreditada de derecha se proponía votar conforme a su ideario el inculpado se dirigía de forma poco cortés arrebatándole la papeleta que llevaba y diciéndole qué era la que debía llevar.

            Una acusación a la que no es fácil dar crédito, pues lo que nos dice la prensa de la época es que fue el alcalde de derechas, del Partido Radical, quien aprovechó su posición de poder para obstaculizar la campaña del Frente Popular. El guardia municipal José Ortiz Moreno, cuyo activo papel en la represión del verano de 1936 era bien conocido por todo Bornos, también embistió contra Frasco. La Comisión Gestora del Frente Popular lo había separado del servicio por cuestiones políticas y, cuando fue a reclamar que lo readmitiesen, el Jerezano dijo que «en vez de atenderlo lo que había es que sentarlo en un sillón eléctrico y apretar el botón hasta terminar con la canalla fascista». Muy distinto era el talante que le atribuían los informes municipales que firmaron el alcalde, Francisco Muñoz Ruiz, y el gestor Cayetano Delgado Díaz. Muñoz informó de que «siempre se distinguió por su actuación extremista, ideológica, pero no consta que llevara a cabo actos de violencia, observando, por el contrario, una vida de ciudadano pacífico». Y Cayetano Delgado dijo que «en su vida particular como ciudadano, aparte de las ideas, parecía hombre tranquilo y de tonos moderados».

            El consejo de guerra se celebró en Sanlúcar el 27 de enero de 1940. El fiscal solicitó pena de muerte por delito de adhesión a la rebelión militar, pero el tribunal no consideró probado que hubiese tomado parte en el intento de organizar la resistencia contra el golpe y solo tuvo en cuenta su actividad política anterior para condenarlo a seis años y un día de prisión por excitación a la rebelión militar. Cuando se dictó la sentencia ya llevaba cerca de nueve meses en prisión preventiva y debía continuar encarcelado hasta el 8 de abril de 1945.

            De la precaria situación en que había quedado la familia de Frasco por su ausencia –primero huido y luego encarcelado– da cuenta el informe que remitió el Ayuntamiento al juez instructor provincial de Responsabilidades Políticas en febrero de 1941:

[…] los únicos bienes que se conocen como de la pertenencia del inculpado Francisco Rodríguez González son una pequeña casa situada en la calle Corrales de esta villa nº 24, cuyo valor es el de 560 pesetas y la habitan la familia de dicho sujeto.

Las cargas familiares legalmente obligado a sostener por dicho inculpado consistían en la mantención de su esposa María Andrades Domínguez y la de sus hijos Emilia Rodríguez Andrades, que en 1936 contaba 15 años, José de 14, Francisco de 13, Antonio de 4 y María de un año.

Esta familia que carece de bienes se sostiene con lo que la madre y tres hermanos mayores ganan en las faenas agrícolas cuando hay trabajo, y muchas veces del socorro que reciben de los comedores de Auxilio Social.

            Este informe se redactó mientras Frasco cumplía la condena en la prisión provincial de Cádiz, en la que estuvo desde el 8 de febrero de 1940 hasta que el 24 de marzo de 1941 lo trasladaron a El Puerto de Santa María. En El Puerto le dieron un destino como ordenanza de funcionarios y fue allí donde se tramitó su expediente de libertad condicional. La ley de 1 de abril de ese año –segundo aniversario de la «Victoria»– abrió la puerta de la condicional para los presos políticos que habían sido condenados a penas de hasta doce años por delito de rebelión. El expediente de Frasco se tramitó con celeridad, las autoridades locales no pusieron ningún impedimento para que regresase al pueblo y lo excarcelaron el 9 de julio.

            En su expediente penitenciario consta que desde que salió de la cárcel de El Puerto remitió al director del centro penitenciario veinte cartas mensuales, visadas por el alcalde, en las que daba cuenta de a qué se dedicaba. Continuó haciendo lo que siempre había hecho: trabajar en el campo cuando había faena. En una de las primeras cartas, la de 31 de agosto de 1941, decía que estaba trabajando en el cortijo La Laguna, donde ganaba un jornal de 8,50 pesetas y que no ahorraba nada. En las de septiembre y octubre, dos meses en los que solía haber poca labor en el campo, informaba de que estaba parado. La condición de liberado condicional le puso las cosas difíciles para encontrar ocupación esos dos meses, porque el término municipal de Bornos es reducido y necesitaba autorización del centro penitenciario para desplazarse fuera del pueblo. El Ayuntamiento solicitó el permiso para que pudiera trabajar en los términos de Villamartín, Espera, Arcos y Jerez de la Frontera, pero no hubo respuesta. Para volver a trabajar –a destajo, con toda la familia– tuvo que esperar a que comenzase la campaña de recolección de la aceituna en noviembre.