miércoles, 27 de febrero de 2013
lunes, 11 de febrero de 2013
El socialista que desertó de la Bandera Mora-Figueroa
Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo Recuperando la Memoria
de la Historia Social de Andalucía (CGT-A)
Juan López Ramírez, el Chaviro, estaba
haciendo guardia en la posición de La Planta, en el sector de Villa del Río
(Córdoba), cuando decidió quitarse el uniforme y cruzar a nado el Guadalquivir.
Los centinelas de la otra orilla empezaron a dispararle y hasta lanzaron una
bomba al notar que alguien se acercaba por el río, pero cambiaron los tiros por
exclamaciones de «¡Ole!» y «¡Viva nuestro compañero!» cuando lo oyeron gritar «¡Viva la República!» La mañana siguiente, cuando sus
excompañeros de armas, los falangistas de la 1ª Bandera de FET-JONS de Cádiz,
bajaron al río para aprovisionarse de agua, el desertor habló a voces con ellos
desde los parapetos de la orilla republicana. Les dijo que «había estado esperando la oportunidad de pasarse a las filas rojas para no
estar con tanto canalla y criminales como había en el ejército de Franco». En la bandera había varios falangistas de su pueblo, entre ellos el
sargento José Chacón Fernández, al que amenazó diciéndole que «si al triunfo marxista lo encontraba le iba a cortar la cabeza». También les dijo que si alguien quería papel de fumar que se pasase a
donde él estaba y que él se iba a Valencia con dinero en los bolsillos. Cuando
uno de los falangistas le preguntó si quería algo para su madre, Juan le
respondió: «Cuando nosotros vayamos a tomar Bornos entonces la veré». Tardó dos años en ver a su madre y regresó al pueblo con los que
perdieron la guerra.
Juan, que entonces tenía dieciocho años, era uno de tantos jóvenes que, sin
comulgar con la ideología de los rebeldes, no tuvieron más remedio que
incorporarse a la Falange o al ejército de Franco. Su padre, José López
Hidalgo, fue el fundador del sindicato socialista Luchar es Vida en 1930 y
también fue uno de los campesinos asentados en la finca La Laguna, que fue
intervenida por el Instituto de Reforma Agraria en la primavera de 1936. Él
solía acompañar a su padre cuando iba a las manifestaciones y lo vieron
arrancar uno de los bandos que la Guardia Civil de Bornos colocó en sitios
públicos de pueblo declarando el estado de guerra. Al padre lo fusilaron los
fascistas y él se incorporó a la Falange, pero tenía miedo de que terminasen
matándolo también. Por eso desertó. Un buen ejemplo de lo que se ha denominado
lealtad geográfica. Su paso por Falange fue breve: se afilió el 18 de abril de
1937, lo enviaron al frente el 1 de mayo, durante ese mes sufrió un arresto por
negligencia en el servicio, otro por desobediencia y desertó el 3 de junio.
Tras pasar al ejército republicano, Juan permaneció tres meses en una compañía
del depósito de evadidos de Valencia, hasta que lo encuadraron en la 146ª
Brigada Mixta, con la que estuvo en los frentes de Aragón y Cataluña. Como
sabía leer y escribir, lo destinaron al servicio de transmisiones. Durante la
guerra estuvo hospitalizado en dos ocasiones. La primera, tras haber sido
herido en la batalla del Ebro, en hospitales de Barcelona y Vich, y la segunda,
cuando cayó enfermo en 1939, en el de Horta (Barcelona). Estaba convaleciente
cuando el ejército rebelde ocupó la capital catalana. Lo trasladaron al campo
de concentración de Barbastro (Huesca) y allí le dieron pasaporte para que se
reincorporase a la 1ª Bandera de FET-JONS de Cádiz, pero pasó por Bornos antes
de regresar a la unidad.
Se reincorporó a la 1ª Bandera en Espiel (Córdoba) y fue arrestado en cuanto se
presentó. Estando detenido en Cádiz, se dedicó a fanfarronear, contando a otros
falangistas que había sido teniente coronel del ejército republicano y que
estuvo al mando de la 15ª Brigada en los frentes de Brunete, Teruel y en la
batalla del Ebro. Después lo mandaron con la 1ª Bandera a Río Verde (Marbella,
Málaga) y, tras ser declarado procesado y tomársele la declaración indagatoria
en ésta última localidad, lo trasladaron a la prisión militar del Castillo de
Santa Catalina de Cádiz, en la que ingresó el 23 de septiembre de 1939. El juez
militar que instruyó su sumario intentó aclarar los motivos por los que Juan
desertó. Todos coincidían en que lo había hecho por temor a que lo matasen como
a su padre, pero Juan puso nombre a apellidos a las causas de su miedo. Decía
que los falangistas que mataron a su padre también estaban en la bandera y que
dos de ellos, Servando Barcia Herraiz y Manuel Casas Gordillo, el Nieto de Rafael la Zapatera,
quisieron obligarlo a hacer guardia con el primero. Y como él se negó, le
dieron una paliza y Barcia lo amenazó con una pistola diciendo «que lo mismo que había matado a su padre lo iba a matar a él». Este altercado fue –según la versión de Juan– lo que provocó que
decidiese desertar y al día siguiente se pasase al enemigo. Servando Barcia
había fallecido, pero por error se le tomó declaración a su hermano José, que
también era falangista de la misma unidad, y éste declaró que no podría haber
obligado a Juan a hacer guardia con él puesto que no pertenecía a su misma
escuadra. El Consejo de Guerra no tuvo en cuenta las razones que adujo Juan
para excusar su deserción y sí sus antecedentes políticos. Fue condenado a doce
años y un día de cárcel por delito de deserción y cumplió la pena en la Prisión
Provincial de Cádiz, en el Penal del Puerto de Santa María y en la Colonia
Penitenciaria Militarizada de Talavera de la Reina, de donde salió el 29 de
enero de 1943 en libertad condicional con destierro.
Zamboa, el confitero socialista de Bornos
Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo “Recuperandola Memoria
Grupo de trabajo “Recuperando
de la Historia Social
Manuel López Rodríguez, el confitero a quien
apodaban Zamboa, nació en Bornos (Cádiz) el 2 de julio de 1903.
Estaba afiliado a la sociedad obrera «Luchar es Vida» (UGT) desde su fundación
en 1930 y en mayo de 1931 formó parte de la candidatura de la Conjunción
Republicano-socialista para las elecciones municipales. Fue concejal socialista
del Ayuntamiento bornicho desde el 5 de junio de ese año hasta que la
corporación fue cesada por el gobernador civil radical en septiembre de 1934 y
volvió a formar parte de ella tras el triunfo del Frente Popular en febrero de
1936. Era uno de los miembros de la gestora que presidía el socialista Antonio
Garrido Jiménez cuando se produjo la sublevación del 18 de julio. Estaba
reunido en el ayuntamiento con Garrido y los demás concejales cuando el alférez
Francisco Gavira Parra y los guardias del puesto ocuparon el edificio la mañana
del 20 de julio. El alférez, que se había sumado al golpe, los destituyó a
todos y entregó el gobierno municipal a una comisión de derechistas que quedó
presidida por Francisco Muñoz Ruiz.
El alférez Gavira puso bajo vigilancia a algunos
dirigentes de izquierdas el mismo día 20. Uno de ellos era Manuel Zamboa. Por
la noche se presentó en su casa, el número 80 de la calle Granada, un grupo de
guardias civiles y falangistas con la intención de detenerlo. No pudieron
hacerlo porque Manuel había escapado por la calle Calvario y tomó la trocha de
la ermita hacia la carretera Jerez-Ronda. El falangista Sebastián Baena Zurita
se quedó vigilado la casa por si volvía, pero Zamboa tardó
más de tres años en regresar. Se marchó del pueblo, dejando atrás a su
compañera, Luisa Muñoz Barrios, y a cinco niños. El menor, José, solo tenía dos
meses. Manuel López fue el primero de los veintitantos bornichos que durante
los meses de julio y agosto se pasaron a la «zona roja». Entre ellos iba otro
concejal, el sindicalista Francisco Rodríguez González. ¿Qué le habría ocurrido
si se hubiese quedado en Bornos? Es probable que no hubiese sobrevivido a la
atroz represión del verano de 1936. No hay más que ver cómo acabaron sus compañeros
de la corporación municipal. Fueron asesinados diez de los trece que se
quedaron, entre ellos el alcalde. Manuel salvó la vida, pero sus familiares no
escaparon a la represión. Luisa fue una de las mujeres a quienes los fascistas
pasearon por las calles del pueblo con la cabeza rapada. Y su hermano
Francisco, que había sido un activo sindicalista, fue asesinado.
Manuel estuvo toda la guerra en la «zona
republicana». Según su propio relato, desde Bornos se dirigió al cortijo Carija, del
término de Espera, y luego siguió hacia Montellano y Ronda. En Málaga
sobrevivió asistiendo a uno de los comedores que se crearon para atender a los
miles de refugiados que llegaron a la ciudad. Y fue uno de los protagonistas de
«la espantá» que se produjo cuando las columnas rebeldes españolas e italianas
cayeron sobre la ciudad en febrero de 1937. El 8 de febrero se marchó «huyendo
hasta Almería» y a los tres días se plantó en Murcia. Allí se dedicó a la venta
de dulces durante dos semanas, hasta que el 24 de febrero fue detenido por una
pareja de guardias de asalto que lo llevó a un centro de reclutamiento. Lo
encuadraron en el Batallón Málaga nº 1 y lo enviaron a Valencia y Beteta
(Cuenca). Decía que fue en esta última localidad donde le concedieron el rango
de teniente, un ascenso que resulta, como mínimo, sorprendente ya que no habían
pasado ni dos meses desde su incorporación al ejército. Estuvo al mando de la
sección de infantería que guarnecía el castillo hasta que el 14 de abril lo
destinaron a Saldón y permaneció un año completo en el frente de Teruel y en el
sector de Gea de Albarracín. En junio de 1938 lo destinaron a una compañía de
ametralladoras de la 50 División en Espadán (Castellón) y fue entonces cuando
se afilió al Partido Comunista. Continuó en Levante hasta el final de la guerra
y se entregó a las tropas franquistas en Casinos (Valencia) el 29 de marzo de
1939.
Manuel López quedó detenido en cuanto se entregó. Lo enviaron al campo de concentración de Medinaceli, en Soria, donde un juzgado instructor de la V Región Militar comenzó a investigar sus antecedentes sociopolíticos. El expediente se transfirió luego a la Auditoría de Guerra de la II Región y el 23 de agosto los Servicios de Justicia de Cádiz asignaron la instrucción de su procedimiento sumarísimo al alférez de Infantería Esteban Matía Cuesta (Juzgado Militar de Instrucción nº 23), que también se había hecho cargo de los de varios bornenses que acababan de regresar al pueblo desde la zona republicana. Reclamado por el alférez, Manuel López ingresó el 21 de septiembre en la cárcel municipal de Bornos.
Antes de que Zamboa llegase al pueblo, el instructor ya tenía informes sobre su conducta expedidos por el Ayuntamiento, la Falange y la Guardia Civil. Y también había tomado declaración al alcalde, Francisco Muñoz, y al jefe de Falange, Domingo Ramírez López. Según Muñoz, Zamboa era «uno de los elementos más destacados de esta localidad en cuanto a sus ideas de izquierda distinguiéndose en la propaganda de la misma y siendo promotor en la mayoría de los casos de las huelgas, mítines y demás actos que dimanaban del centro marxista». El alférez Matía Cuesta también solicitó informes a las autoridades de los lugares por los que Zamboa pasó durante la huida y en los que residió en la «zona roja», pero nadie parecía saber nada de él. Ni en Montellano, ni en Málaga, Teruel, Castellón ni Valencia. Para colmo, un error burocrático hizo que acabasen unidos a su expediente unos certificados que avalaban la conducta de otro teniente que se llamaba exactamente igual que él, que se rindió a los «nacionales» en Sacedón (Guadalajara) y que también estuvo preso en Medinaceli. El alférez pidió informes a Sacedón, pero el teniente Manuel López Rodríguez que conocían allí era asturiano o leonés, rubio, alto y de unos veintisiete años. Esa descripción no encajaba con el perfil del confitero bornicho. Ni tampoco parecía que fuese Zamboa ninguno de los siete Manuel López Rodríguez que aparecían en el fichero del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Al final, el instructor sólo pudo contar con los informes y declaraciones que se hicieron en Bornos y con los de unos vecinos de Espera que lo vieron cuando se escapó del pueblo en julio de 1936.
Manuel López quedó detenido en cuanto se entregó. Lo enviaron al campo de concentración de Medinaceli, en Soria, donde un juzgado instructor de la V Región Militar comenzó a investigar sus antecedentes sociopolíticos. El expediente se transfirió luego a la Auditoría de Guerra de la II Región y el 23 de agosto los Servicios de Justicia de Cádiz asignaron la instrucción de su procedimiento sumarísimo al alférez de Infantería Esteban Matía Cuesta (Juzgado Militar de Instrucción nº 23), que también se había hecho cargo de los de varios bornenses que acababan de regresar al pueblo desde la zona republicana. Reclamado por el alférez, Manuel López ingresó el 21 de septiembre en la cárcel municipal de Bornos.
Antes de que Zamboa llegase al pueblo, el instructor ya tenía informes sobre su conducta expedidos por el Ayuntamiento, la Falange y la Guardia Civil. Y también había tomado declaración al alcalde, Francisco Muñoz, y al jefe de Falange, Domingo Ramírez López. Según Muñoz, Zamboa era «uno de los elementos más destacados de esta localidad en cuanto a sus ideas de izquierda distinguiéndose en la propaganda de la misma y siendo promotor en la mayoría de los casos de las huelgas, mítines y demás actos que dimanaban del centro marxista». El alférez Matía Cuesta también solicitó informes a las autoridades de los lugares por los que Zamboa pasó durante la huida y en los que residió en la «zona roja», pero nadie parecía saber nada de él. Ni en Montellano, ni en Málaga, Teruel, Castellón ni Valencia. Para colmo, un error burocrático hizo que acabasen unidos a su expediente unos certificados que avalaban la conducta de otro teniente que se llamaba exactamente igual que él, que se rindió a los «nacionales» en Sacedón (Guadalajara) y que también estuvo preso en Medinaceli. El alférez pidió informes a Sacedón, pero el teniente Manuel López Rodríguez que conocían allí era asturiano o leonés, rubio, alto y de unos veintisiete años. Esa descripción no encajaba con el perfil del confitero bornicho. Ni tampoco parecía que fuese Zamboa ninguno de los siete Manuel López Rodríguez que aparecían en el fichero del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Al final, el instructor sólo pudo contar con los informes y declaraciones que se hicieron en Bornos y con los de unos vecinos de Espera que lo vieron cuando se escapó del pueblo en julio de 1936.
La instrucción del sumario se prolongó durante
varios meses y, mientras tanto, Manuel fue trasladado de Bornos al Castillo de
Santiago de Sanlúcar de Barrameda y desde este, a principios de 1940, a la
Prisión del Partido de Jerez de la Frontera. Uno de los últimos documentos que
se incorporaron al sumario fue una declaración del falangista Sebastián Baena
Zurita, que en 1940 era sargento de Infantería y prestaba servicios en Ubrique
como secretario del Juzgado Militar de Instrucción nº 47. El propio Zamboa lo
había citado para que avalase su conducta, pero más le valdría no haberlo
hecho, porque nada bueno dijo de él. Entre otras cosas, declaró que había
rumores («indicios aunque no muy ciertos y de rumor público») de que en alguna
ocasión formó parte de un grupo de extremistas que fue disuelto por la Guardia
Civil cuando pretendía quemar la iglesia. Como en julio de 1936 escapó en
dirección a Espera, quisieron responsabilizarlo de la tala de árboles para
cortar la carretera de Sevilla y de mantener contactos con dirigentes de
izquierda de otros pueblos de la comarca para organizar la resistencia contra
los golpistas, pero de nada de eso había pruebas fehacientes.
El consejo de guerra se celebró en Jerez a las 16:00 horas del 7 de mayo de 1940. Presidió el tribunal el coronel Rafael López Alba y actuaron como vocales los capitanes Gabriel García Trujillo y Alfonso Pérez Mas, el teniente José Toscano Barberá y, como ponente, el capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Fernando Wilhelmi Castro. El defensor, el teniente Antonio María de Salazar y Moyano, fue designado el mismo día de la vista y solo tuvo unas horas para examinar el sumario. El fiscal, Alfonso Palomino, solicitó una condena de veinte años de cárcel por delito de auxilio a la rebelión militar y el tribunal lo sentenció a doce años y un día. Los hechos que la sentencia consideraba probados eran que
Manuel López Rodríguez,
afiliado a la UGT actuó como Concejal y Teniente Alcalde en la gestora del
Frente Popular, se unió a los revolucionarios desde los primeros momentos
intentando organizar desde el Ayuntamiento el asalto al Cuartel de la Guardia
Civil y otros desmanes, no lográndolo y huyendo a la zona enemiga en [la] que
se inscribió voluntariamente en el Ejército enemigo y obtuvo la graduación de
teniente.
Como Manuel Zamboa, centenares de gaditanos fueron juzgados durante la
guerra y posguerra por delito de rebelión militar sobre la base de lo que se ha
denominado «la justicia al revés». Lo que hicieron fue oponerse al golpe
militar contra el gobierno legalmente constituido de la República, pero al
final fueron los rebeldes quienes los acusaron, juzgaron y condenaron a ellos
por rebelión. Con esa condena, Manuel Zamboa tendría que haber
permanecido en la cárcel hasta el 19 de septiembre de 1951, pero las políticas
de reducción de pena y libertad condicional le permitieron salir a mediados de
1943. Estuvo un tiempo viviendo fuera de Bornos –parece que en Dos Hermanas–
pero en 1947 residía en el pueblo en régimen de libertad vigilada.
Francisco Rodríguez González, concejal sindicalista de Bornos
Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo “Recuperandola Memoria
Grupo de trabajo “Recuperando
de la Historia Social
Francisco Rodríguez González, a quien apodaban Frasco el Jerezano, nació en Bornos el 15
de febrero de 1894 y, como la mayor parte de los bornichos de su tiempo, se
ganaba la vida como jornalero. Estaba afiliado al sindicato CNT, en el que
llegó a ocupar el puesto de presidente, y fue uno de los organizadores del
Partido Sindicalista. También fue uno de los dos representantes del partido de
Ángel Pestaña en la Comisión Gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento tras el
triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936.
El
19 de julio, conocida ya la sublevación contra el Gobierno de la República,
estuvo reunido en el ayuntamiento con el alcalde socialista, Antonio Garrido
Jiménez, los demás concejales y algunos dirigentes de las organizaciones del
Frente Popular. Quisieron organizar una columna de obreros para auxiliar a las
autoridades de la capital de la provincia, pero el jefe de línea de la Guardia
Civil, el alférez Francisco Gavira Parra, se negó a entregarles las armas que
había en el cuartel, les prohibió requisar vehículos y sacó a los guardias a la
calle para declarar el estado de guerra. Francisco fue uno de los primeros
izquierdistas que se evadieron de Bornos durante el verano de 1936. Lo hizo el
20 de julio, el mismo día que el alférez se personó en la casa consistorial
para destituir a la corporación municipal y sustituirla por otra a medida de
los golpistas.
Francisco
dejó atrás a su compañera, María Andrades Domínguez, y a cinco chiquillos. La
menor, María, había nacido el 9 de enero de ese año. No sabemos qué habría sido
de él si hubiese optado por quedarse en el pueblo, pero podría haber tenido el
mismo desdichado final que la mayoría de los miembros de la corporación que
tomaron esa decisión: fueron asesinados diez de los trece concejales que permanecieron
en Bornos. Y la represión no solo afectó a sus compañeros de la corporación
municipal, del partido y del sindicato. También fue asesinado su propio
hermano, José el Jerezano, un obrero
agrícola que trabajó de vigilante de arbitrios durante el mandato del Frente
Popular.
Frasco
se dirigió hacia La Sauceda, Jimena
de la Frontera y Manilva. En Málaga estuvo alojado como refugiado en la iglesia
de San Juan y se marchó a Almería antes de que la ciudad fuese ocupada por el
ejército rebelde. Con más de cuarenta años cumplidos, no tuvo que hacer
servicios de armas durante los tres años que duró la guerra. Sabemos que
trabajó en las obras de una carretera en las proximidades de Gualchos
(Granada), que durante unos ocho meses fue ayudante de cocina de un regimiento
de caballería en Marmolejo (Jaén) y que luego se dedicó a faenas agrícolas en
Higuera de Arjona.
Regresó
a Bornos pocos días después de terminar la guerra, el 10 de abril de 1939, y
pasó varios meses preso en la cárcel municipal. A principios de octubre cayó
enfermo con una fiebre infecciosa y el médico Juan de la Cruz recomendó que
fuese trasladado a otro local con mejores condiciones higiénicas. El presidente
del Consejo de Guerra de Cádiz –a cuya disposición estaba detenido– dio
autorización para que lo llevasen al hospital provincial, pero el gobernador
civil replicó que no era posible hacerlo porque no había ambulancia ni
efectivos de la Guardia Civil para custodiarlo durante el traslado. Lo que
hicieron fue enviarlo el 20 de noviembre al castillo de Sanlúcar de Barrameda
con los demás presos políticos que había en la cárcel de Bornos.
A
Frasco, como a los demás huidos que regresaron al terminar la guerra, se le
instruyó un procedimiento sumarísimo por rebelión militar. Acusarlo de rebelión
propiamente no era fácil, porque ni había participado en el conato de
resistencia que hubo en el pueblo ni tampoco se incorporó como combatiente a
las milicias ni al ejército republicano. Pero para gente como él, que no habían
tomado las armas, pero sí fueron políticamente muy activos antes del golpe, la
desquiciada justicia militar franquista reservaba la figura penal de la excitación
a la rebelión.
Las
declaraciones e informes que sobre su conducta reunió el instructor del sumario,
el alférez de infantería Esteban Matía Cuesta, lo presentaban como un
propagandista incansable de sus ideas. El jefe de arbitrios, Vicente Moreno
Pérez, decía que era «de malos instintos» y lo acusó de coaccionar a los
votantes de derechas en las elecciones de febrero de 1936:
[…] hacía una
propaganda por medios violentos dándose el caso de que cuando una persona
acreditada de derecha se proponía votar conforme a su ideario el inculpado se
dirigía de forma poco cortés arrebatándole la papeleta que llevaba y diciéndole
qué era la que debía llevar.
El
consejo de guerra se celebró en Sanlúcar el 27 de enero de 1940. El fiscal
solicitó pena de muerte por delito de adhesión a la rebelión militar, pero el
tribunal no consideró probado que hubiese tomado parte en el intento de
organizar la resistencia contra el golpe y solo tuvo en cuenta su actividad
política anterior para condenarlo a seis años y un día de prisión por
excitación a la rebelión militar. Cuando se dictó la sentencia ya llevaba cerca
de nueve meses en prisión preventiva y debía continuar encarcelado hasta el 8 de
abril de 1945.
De
la precaria situación en que había quedado la familia de Frasco por su ausencia
–primero huido y luego encarcelado– da cuenta el informe que remitió el
Ayuntamiento al juez instructor provincial de Responsabilidades Políticas en febrero
de 1941:
[…] los
únicos bienes que se conocen como de la pertenencia del inculpado Francisco
Rodríguez González son una pequeña casa situada en la calle Corrales de esta
villa nº 24, cuyo valor es el de 560 pesetas y la habitan la familia de dicho
sujeto.
Las
cargas familiares legalmente obligado a sostener por dicho inculpado consistían
en la mantención de su esposa María Andrades Domínguez y la de sus hijos Emilia
Rodríguez Andrades, que en 1936 contaba 15 años, José de 14, Francisco de 13, Antonio
de 4 y María de un año.
Esta
familia que carece de bienes se sostiene con lo que la madre y tres hermanos
mayores ganan en las faenas agrícolas cuando hay trabajo, y muchas veces del
socorro que reciben de los comedores de Auxilio Social.
Este
informe se redactó mientras Frasco cumplía la condena en la prisión provincial
de Cádiz, en la que estuvo desde el 8 de febrero de 1940 hasta que el 24 de
marzo de 1941 lo trasladaron a El Puerto de Santa María. En El Puerto le dieron
un destino como ordenanza de funcionarios y fue allí donde se tramitó su
expediente de libertad condicional. La ley de 1 de abril de ese año –segundo
aniversario de la «Victoria»– abrió la puerta de la condicional para los presos
políticos que habían sido condenados a penas de hasta doce años por delito de
rebelión. El expediente de Frasco se tramitó con celeridad, las autoridades
locales no pusieron ningún impedimento para que regresase al pueblo y lo
excarcelaron el 9 de julio.
domingo, 17 de junio de 2012
Represión económica y corrupción política: El Gastor, 1936-1943 *
Fernando Romero
Romero
Grupo de trabajo “Recuperando la Memoria
de la Historia Social
Represión
económica contra los vencidos[1]
Cuando los rebeldes ocuparon El
Gastor el 17 de septiembre de 1936 encontraron el pueblo medio desierto porque la
mayoría de los obreros de izquierdas, militantes de la UGT y de la CNT , habían huido hacia la Serranía de Ronda y la
provincia de Málaga. También se encontraron que el ayuntamiento, el juzgado y
el cuartel de la Guardia Civil
Una de las primeras medidas que
tomaron las nuevas autoridades, antes de intentar poner en orden los asuntos de
la administración municipal ordinaria, fue hacerse cargo de los alimentos que
habían quedado almacenados en la iglesia y recuperar todo cuanto había sido
sustraído de las casas de los vecinos de derecha que habían estado refugiados
en Algodonales. Para ello el comandante militar, el sargento de
Una de las mayores sorpresas de la
comisión fue encontrar la casa de Antonio Hidalgo Romero (a) Balbino el de la Santa , el número 2 de la
calle Alta, convertido en un
auténtico almacén repleto de toda clase de objetos procedentes del pillaje,
entre los que Domingo Escalante reconoció unas sábanas bordadas con sus
iniciales que habían sido sustraídas de la suya. Como empezó a atardecer y
escaseaba la luz, el alcalde mandó cerrar la casa con llave y lo único que
salió ese día de ella fue el manto de la Virgen del Rosario, que se había librado de la
quema y fue llevado por José Nieto a la comandancia militar. La comisión tenía
la intención de sacarlo todo la mañana siguiente, pero no se hizo hasta que cuatro
o cinco días después lo trasladaron a la iglesia. José Rivero decía que “no recuerda cuántos objetos sacarían de
dicha casa, pero que desde luego eran muchísimos, empleando más de medio día de
trabajo bastantes hombres en desalojar completamente dicha casa”[5].
La gente de derecha recuperó lo que había sido sustraído de sus domicilios y lo
que pertenecía a los huidos o no fue reclamado se vendió en medio de la plaza en
una subasta pública que dirigió el sargento Fernández.
Los rojos habían profanado la iglesia convirtiéndola en Casa del Pueblo
y en almacén, pero los católicos partidarios del golpe no tuvieron prisa para
rehabilitarla. En lugar de desalojarla inmediatamente y volver a acondicionarla
para el culto, continuaron utilizándola como granero. A ella llevaron no sólo
los objetos procedentes de saqueos que encontraron en las viviendas de la gente
de izquierda, sino también cereal y todo tipo de productos agrícolas incautados
en los cortijos de la zona. El sargento Fernández y el alcalde Miguel Gamero ordenaron
requisar las cosechas que habían dejado los rojos
en los comités de La Fresnadilla , en Ronda la Vieja y en otras fincas del entorno. Todos
los vecinos que tenían animales de carga fueron obligados a hacer portes de
grano desde los cortijos hasta el pueblo. Nadie llevaba un registro
pormenorizado de las cantidades de cereal y demás productos agrícolas que se
llevaron al pueblo, pero algunos de los campesinos que se dedicaron a ello
decían que estuvieron haciendo portes durante dos semanas y que algunos días
había más de cien bestias trabajando. Los agricultores de la cortijada Los Villalones recordaban aquello como
un verdadero acto de saqueo y abuso por parte de los falangistas de El Gastor
que llegaron capitaneados por Miguel Gamero y se llevaron todo cuanto se les
antojó, desde aves de corral hasta los ajuares de unas muchachas que estaban en
vísperas de casarse. La mayor parte del grano lo descargaron iglesia, pero
también llevaron algunos portes al ayuntamiento y a las casas de izquierdistas
huidos que se utilizaron como almacenes, como las de Pepe Moreno Nieto, José
Cueto y Antonio Villanueva[6].
Como la situación del Ayuntamiento
era absolutamente precaria y había que recaudar algunos fondos para sostener la
milicia que se organizó en el pueblo –durante la última decena de septiembre se
gastaron más de dos mil pesetas en la confección de uniformes– y a falangistas
de Arcos de la Frontera
que estuvieron destacados en el pueblo durante los meses de octubre y noviembre[7],
el gobernador civil autorizó a Miguel Gamero a imponer multas de hasta mil
pesetas a vecinos que se hubiesen distinguido por sus inclinaciones
izquierdistas o por ser poco afectos al movimiento.
Miguel Gamero impuso esas sanciones al socialista Luis Bermúdez Vázquez (a) El Escribiente (500 pesetas), al
presidente de Unión Republicana Juan de Dios Fernández Bonat (500), José
Fernández Fuentes (500), Francisco Fernández Fuentes (250), Francisco Moreno
Naranjo (250), Antonio Roldán Bermúdez (250), Miguel Valle Martel (250), Juan
Orellana Barea (100), Juan Atienza Lobato (100) e incluso a Alfonso Roldán
Castro (250), que era uno de los gestores municipales nombrados por el teniente
de la Guardia Civil
Otros vecinos sufrieron
incautaciones del grano y alimentos que tenían en sus casas, animales de corral
y de carga, muebles y hasta ropa de cama y colchones. Cándido Nieto, Juan Marín
(a) El Máquina, Camilo Bermúdez,
Andrés (a) El Largo y algunos otros
falangistas se presentaban en los cortijos y en las casas del pueblo y, en
nombre del alcalde Miguel Gamero, se llevaban todo cuanto encontraban. Entre
quienes sufrieron estas incautaciones en especie había numerosas mujeres,
compañeras y familiares de izquierdistas asesinados o huidos, como María
Bocanegra Cabrera, Ana Valle Valle, Dolores Ávila Gómez, Catalina Roldán
Dorado, Jerónima Sánchez Salas, María de la
Luz Expósito
Según un informe de la Guardia Civil
La gente empezó a ver que el ganado
que les requisaban era sacrificado, o vendido y revendido, cómo pasaba de unas
manos a otras y también cómo se destinaba caprichosamente para uso y beneficio
particular de quienes habían tomado partido por los golpistas. Alfonso
Rodríguez García creía que las dos caballerías de su propiedad que se llevaron
del cortijo La Angostura , habían
sido requisadas por orden del sargento Fernández, pero cuando a los tres meses
se decidió a preguntar por ellas se llevó la sorpresa de que el sargento no
sabía nada de las bestias y que las tenía el teniente de alcalde Jerónimo
Nieto, una dedicada al acarreo de aceitunas en un molino y la otra arando en la
finca Olivarejo.
Esta libre disposición de las
propiedades ajenas se extendía incluso a las fincas urbanas. Antes dijimos que
Miguel Gamero se incautó de las casas de varios huidos para utilizarlas como
almacén. De acuerdo con el sargento Fernández, también dispuso que algunas de
ellas fuesen ocupadas por gente de derecha cuyas viviendas habían resultado
dañadas durante los meses de verano. Antonio Mariscal Orellana (a) El Rey había pasado casi todo el verano
dedicado a la recolección en la finca Los
Mangurrinos, pero iba frecuentemente al pueblo para almacenar la cosecha en
la casa que tenía en la calle Calzada. La primera vez que estuvo en ella tras
la ocupación del pueblo por los rebeldes notó que habían desaparecido una
máquina de coser, unos cuadros, dos colchones y varias cosas más. La máquina de
coser la reconoció entre los objetos saqueados por los rojos que fueron expuestos en la plaza y se la devolvieron
inmediatamente. La guardó en la casa y se volvió a Los Mangurrinos, pero cuando a los pocos días fue a dar una vuelta
por el pueblo se encontró la puerta cerrada con un candado. Le pidió
explicaciones al alcalde, pero éste se limitó a decirle que “ya no era su casa” y no le permitió
recoger ni la máquina, ni los muebles, ni la cosecha que tenía allí almacenada.
La casa fue ocupada por una familia que se metió a vivir allí con autorización
de Gamero y los muebles se los repartieron entre Ramón Ramos –que era primo de
Gamero–, Juan (a) El Máquina y
Francisco Menacho Chacón. Según el último, fue el sargento Pedro Fernández
quien le ofreció quedarse con dos camas.
Después de esta actuación
discrecional de Miguel Gamero y la camarilla de falangistas que lo rodeaba,
llegó la incautación de bienes regulada por órdenes del general Queipo de Llano
y del gobierno rebelde de Burgos. Sabemos que a finales de 1936 el sargento
Pedro Fernández instruía expedientes de incautación contra el telegrafista
Jaime Domínguez Fantoni, Juan de Dios Fernández Bonat –que inicialmente había
decidido quedarse en el pueblo, pero en octubre, atemorizado por la represión
escapó a Gibraltar y Tánger[8]–,
Diego Fuentes Atienza y su esposa Pastora López Montes, María Dolores Romero
Salas y sus hijos Fernando, José y Gaspar Moreno Romero (a) Cantarito[9],
Antonio Dorado Roldán y su esposa Isabel Moreno, Diego Salas Fernández y su
esposa María Cobo Ramírez[10],
Juan Benítez Vázquez y su esposa Jerónima Sánchez Salas y también contra la Sociedad ObreraLa Aurora ” (UGT)[11].
A finales de 1938 también se seguía un expediente de incautación contra el
socialista Antonio Fuentes Torreño, que había sido fusilado[12].
Abuso de
autoridad e incautación ilegal
Miguel Gamero Ríos se había ganado
no pocos enemigos desde que en julio de 1936 lo nombraron alcalde, tanto entre
la gente de izquierda que sufrió la represión como entre vecinos de derecha a
quienes molestó su prepotencia y creían que había aprovechado su posición como
alcalde para enriquecerse a costa de los demás. A mediados de 1937 varias
mujeres del pueblo denunciaron su actuación y la del primer teniente de alcalde
Jerónimo Nieto Moreno al general Gonzalo Queipo de Llano y ambos fueron
destituidos de los cargos que desempeñaban en la Comisión Gestorala Comisión
Gestora.la Comisión Gestora
Diego Hidalgo había estado afiliado
a
Antonio Hidalgo (a) Balbino el de la Santa no sufrió
represalias cuando en septiembre de 1936 los rebeldes encontraron su casa
repleta de de muebles, ropas, comestibles y todo tipo de cosas precedentes de
saqueos, incluido el manto de la
Virgen del Rosario. Entonces tuvo la protección del sargento
Pedro Fernández, pero nadie pudo impedir que el alférez Díaz Olivares lo
procesase en 1939. Su causa trajo cola, no por el procesamiento y condena de
aquel infeliz que terminó sentenciado a 12 años y 1 día de cárcel por auxilio a
la rebelión, sino porque abrió la puerta para que el alférez pusiese en el
punto de mira al falangista Miguel Gamero Ríos.
La instrucción del sumario de
Antonio Hidalgo permitió que los enemigos de Gamero destapasen otra vez su controvertida
actuación en el otoño de 1936 porque se sospechaba que hubo irregularidades en
la devolución de los efectos que se encontraron almacenados en su domicilio.
Domingo Escalante formó parte de la comisión que registró la casa y pudo
reconocer alguna ropa de cama que había sido sustraída de la suya, pero no
volvió a verla cuando algunos días después hicieron el traslado a la iglesia. Y
algo parecido le ocurrió a Antonio Roldán Bermúdez, que no pudo recuperar un
saco de cincuenta quilos de café que se llevaron de su bar y también apareció
en casa de (a) Balbino. Como fue
Miguel Gamero quien guardó la llave y además era el único industrial del pueblo
a quien en aquella fecha no le faltó café, Roldán tenía razones para creer que
se lo había quedado él.
Domingo Escalante tuvo un careo con
Miguel Gamero durante la instrucción del sumario de (a) Balbino, pues el ex alcalde se negaba a admitir que fue miembro de
la comisión de registros en septiembre de 1936, pero terminó reconociendo que
fue él quien guardó la llave de la casa. Después, cuando la Auditoría de Guerra,
ordenó investigar al ex alcalde, Domingo habló sin tapujos:
“es un hecho que todo el mundo sabe en este
pueblo que Gamero Ríos durante su paso por la Alcaldía en la etapa
siguiente a la liberación de este pueblo por el Ejército Nacional se aprovechó
de su cargo, cometió abusos con los cuales no sólo recuperó con creces las
pérdidas que pudo haber tenido durante la dominación roja en su
establecimiento, sino que se enriqueció por procedimientos censurables, pues
exigió a muchos vecinos la entrega de dinero en efectivo y a otros caballerías
y ganados, así como mandó traer al pueblo toda la cosecha de granos y cereales
no sólo del término de El Gastor, sino también del de Ronda. Que el declarante no
sabe a dónde irían a parar todos estos efectivos, pero que desde luego con los
mismos había bastante para mantener a muchísima gente durante varios meses. Que
tanto Miguel Gamero como un primo hermano del mismo llamado Ramón Ramos se
aprovecharon bien de las circunstancias por que atravesaba nuestra patria a
raíz del Movimiento, pues que tanto uno como el otro que antes del movimiento
no tenían ninguna propiedad rústica se han convertido después de dicha época en
propietarios de fincas y el Ramón Ramos que no tenía ni para pagar la fonda en
Algodonales cuando los que allí estaban regresaron a El Gastor posee hoy una
finca en el término de Morón y ganadería cuyo valor excede de cuarenta mil
duros”[16].
La hostilidad de Domingo Escalante
hacia Miguel Gamero no se debía a una cuestión económica y las sábanas que le
quitaron eran lo que menos le importaba. La pérdida irreparable eran su hermano
Antonio y sus sobrinos, José y Antonio Escalante Avilés, que fueron asesinados
por los fascistas en 1936. Eran gente de izquierda, de la CNT , y se decía que uno de los
sobrinos estuvo desvalijando su propia casa, pero asesinarlos era un castigo
desproporcionado. Creía que Miguel era responsable de la muerte de su hermano
–como mínimo por no haberla impedido– y eso no tenía perdón. La situación era
espinosa, porque Gamero perdió el puesto de alcalde cuando en 1937 se
denunciaron por primera vez las irregularidades de su gestión, pero seguía
siendo uno de los hombres fuertes de la organización falangista, en la que
tenía toda la confianza del jefe Fernando Rodríguez[17]
y continuaba ocupando el cargo de tesorero. Además Domingo Escalante ya no
formaba parte de las autoridades del pueblo y quien ahora ocupaba el puesto de
juez municipal era el falangista Francisco Lobato Lobato[18].
El procedimiento que se instruyó
contra Miguel Gamero[19]
no era una causa, sino una diligencia previa o informativa que no permitía al
instructor encarcelar al investigado y sería la Auditoría quien luego
tendría que decidir si se transformaba en causa o no. Pero ese procedimiento
informativo fue, sin duda, la investigación más compleja que afrontó el alférez
Díaz Olivares durante su estancia en El Gastor. Domingo Escalante abrió la caja
de los truenos, pero en el expediente informativo terminó involucrado medio
pueblo, tomando partido unos contra él y otros a su favor. Durante los dos
meses que se prolongó la instrucción, el alférez tomó declaración a setenta
hombres y mujeres entre los perjudicados por las multas e incautaciones de
cosechas, ganado, casas y enseres domésticos, más de una veintena de vecinos
que en septiembre y octubre participaron en el porte de las cosechas incautadas
hasta la iglesia y los edificios que se emplearon como almacenes, los medidores
del grano e incluso algunos compradores de cabezas de ganado y cereal
requisado.
En las declaraciones de los testigos
aparecieron todo tipo de indicios que hacían sospechar que hubo irregularidades
en la actuación de Gamero como alcalde: algunos de los arrieros habían
descargado portes de grano y melones en su domicilio; él se negó a dar recibos
o justificantes del ganado y cosechas requisadas, del abono de multas y del
alquiler que pagaban quienes ocuparon las viviendas de algunos huidos; el dueño
de una de las casas incautadas decía que cuando logró recuperarla faltaban
muebles; vieron a sus criados sacando de noche los muebles de otra vivienda
incautada a un huido; y hasta tuvo un altercado con un guardia civil por
resistirse a devolverle una cámara fotográfica que le pertenecía.
Durante la instrucción del
expediente hasta se hizo un registro en casa de Gamero. Jacinto García
Villanueva y su esposa Cándida García Román estaban viviendo en Los Mangurrinos en julio de 1936 y
después del golpe se marcharon a Montejaque, de donde los dos eran naturales.
Cándida supo que Miguel Gamero se había quedado con los muebles y enseres que
dejaron en su casa de El Gastor, pero no se atrevió a reclamarlos por miedo a
que tomase represalias contra ella, pues su marido se había marchado a la zona
republicana. Como el maestro Antonio Romero Álvarez testificó haber presenciado
cómo los criados de Gamero llevaban de noche a su casa los muebles del
matrimonio montejaqueño y Cándida proporcionó la relación de los enseres que
tenía, el alférez Díaz Olivares decidió inspeccionarla y el 13 de noviembre se
personó allí con el matrimonio de Montejaque, una pareja de la Guardia Civil
Díaz Olivares estaba convencido de
que Miguel Gamero había obrado ilícitamente desde que lo nombraron presidente
de la comisión gestora en julio de 1936 y en el resumen de sus actuaciones dejó
bien claro el concepto que se había formado de él:
“A partir de esta fecha, la conducta y
actuación de Miguel Gamero Ríos, orientadas en un sentido diametralmente
opuesto a las que corresponda a los difíciles momentos por los que atravesaba
nuestra Patria, y ajeno en absoluto a dolor y sacrificio de los miles de
españoles que peleaban en los frentes de batalla por una España mejor, tendió
más al enriquecimiento personal y a la satisfacción de egoísmos y rencillas
particularísimas, que a realizar desde la Alcaldía una labor patriótica y honrada,
cometiendo abusos y actos censurables […] los cuales […] pueden ser
considerados delictivos”.
Creía que impuso las multas
basándose más en simpatías o antipatías personales que en la ideología política
o actuación de los multados con relación al golpe y que Gamero se quedó parte
del importe de las mismas y de las cosechas incautadas, así como con el
alquiler de las viviendas de los huidos. Lo que resultaba casi imposible era
calcular la cantidad exacta que había malversado, porque –salvo alguna
excepción– no dio recibos y en la contabilidad de Falange –de la que él era
tesorero– tampoco se detallaba la procedencia del dinero que iba ingresando con
lo recaudado con las multas y la venta de productos agrícolas incautados. El
jefe de Falange decía que Gamero ingresó el importe de 1.153 fanegas de toda
clase de grano y cereal, pero el alférez tenía constancia de que había vendido
al menos 1.467 y creía que el total requisado debía de rondar las 5.000.
El alférez propuso que se instruyese
a Miguel Gamero un procedimiento sumarísimo de urgencia por haber realizado “actos delictivos en relación con el Glorioso
Movimiento Nacional, especulando y enriqueciéndose don el dinero del Estado y
anteponiendo a los sagrados deberes de todo español para la patria, su provecho
particular e ilícito”. Y la cosa no quedaba ahí, porque decía que el jefe
de Falange y el sargento Fernández habían sido encubridores y cómplices de
todos aquellos trapicheos. El alférez ya había hecho destituir a Diego Hidalgo
para investigarlo y el informe sobre Gamero dejaba bien claro que, si le daban
luz verde y se convertía el procedimiento previo en sumario, estaba dispuesto a
procesar a Gamero e incluso a continuar tirando del hilo para clarificar si el
jefe de Falange y el ex comandante militar fueron sus cómplices. Sus superiores
debieron de pensar que se estaba metiendo en aguas pantanosas, que no era
conveniente dejarlo remover el fango, y el expediente estuvo paralizado durante
casi un año. El procedimiento previo se remitió a los Servicios de Justicia el
4 de diciembre de 1939, pero no fue hasta el 4 de octubre de 1940 cuando el
auditor resolvió transformar las diligencias previas en causa y en esa fecha ya
no era Díaz Olivares quien instruía los expedientes de El Gastor.
El 5 de diciembre se designó
instructor de la causa al capitán de Infantería Gabriel García Trujillo, que
sólo once días después fue sustituido por el teniente de Artillería Manuel del
Pino Lavi, pero los dos recurrieron a Díaz Olivares para que hiciese la veces
de secretario y el criterio del secretario debió de ejercer alguna influencia
sobre los oficiales, que no conocían al inculpado, ni a los testigos, ni habían
pisado El Gastor. De hecho, lo único que tuvo tiempo de hacer Trujillo antes
del relevo fue ordenar el encarcelamiento preventivo de Miguel Gamero y Manuel
del Pino emitió un informe contrario a su petición de libertad condicional.
Gamero estaba detenido en la cárcel municipal desde el 18 de diciembre y se
ordenó conducirlo inmediatamente a Cádiz, pero consiguió retrasar el traslado
con un certificado médico de que padecía gripe. Ingresó en la cárcel provincial
el 1 de marzo y el alférez Díaz Olivares tuvo la satisfacción de verlo cara a
cara el día 8 para notificarle que el capitán general había denegado su
petición de libertad condicional. Ésta fue, sin embargo, su última intervención
en la tramitación de la causa, pues a las dos semanas lo separaron de ella y
parece que a partir de entonces el teniente del Pino cambió de criterio y
actitud respecto al encausado, pues en cuanto nombró sustituto propuso al
capitán general que concediese la libertad condicional a Gamero y solicitó a la Guardia Civil
El teniente del Pino cesó como
instructor de la causa cuando en mayo lo trasladaron al juzgado militar de
Algeciras y lo sustituyó el coronel Aldayturriaga Prats, que dictó el auto de
procesamiento por abuso de autoridad e incautación ilegal, indicando que las
cantidades que ingresó en la caja de Falange eran inferiores a las recaudadas.
Pero Gamero contó con más garantías procesales que los rojos que en la primavera de 1937 y en el verano de 1939 tuvieron
que designar defensor la víspera o el mismo día de la vista. Sin el carácter de
urgencia de aquellos sumarísimos, el defensor Guillermo Fábregas pudo estudiar
a fondo el expediente, hizo sus propias cuentas y, partiendo de la premisa
errónea de que en el sumario habían testificado todos los afectados por las
incautaciones y todos los arrieros que transportaron las cosechas e incluso
alterando al alza (¿por error o conscientemente?) la cantidad incautada según
el jefe de Falange, concluyó que Gamero había ingresado al partido incluso más
de lo que recaudado. Por otra parte, solicitó a las autoridades locales
informes sobre los antecedentes de su defendido y de casi una treintena de
testigos de cargo, con el propósito de mostrar que el primero gozaba de buena
posición económica antes de ser nombrado alcalde y desacreditar a los segundos
por sus antecedentes izquierdistas. Para él no tenía el mismo valor la palabra
de un rojo que la de un patriota como
Gamero, como indicó cuanto cuestionó la validez de la diligencia de registro
que se hizo en su casa:
“es indudable que la lógica aconseja que se
de mayor crédito al hombre que sus conciudadanos han elegido para ser el primer
alcalde nacionalista por su integridad, honradez y hombría de bien, que a la
pobre mujer de un huido, que aun contra su voluntad estaría inclinada a causar
cuanto perjuicio pudiera a la persona en quien personifica el origen y
fundamento de todos sus males”.
Y lo consiguió,
porque la gestión de Gamero fue elogiada por el alcalde Manuel Piqueras y por
el falangista Fernando Rodríguez –de quien Díaz Olivares había sospechado que
pudo ser su cómplice–, mientras más de la mitad de los testigos de cargo
resultaban ser –según el informe del Ayuntamiento- antiguos afiliados o
simpatizantes de organizaciones de izquierda. Miguel Gamero, que disfrutaba de
libertad provisional desde el 15 de abril de 1941, quedó absuelto de todos los
cargos en el consejo de guerra que se celebró en Cádiz el 10 de septiembre de
1942.
El alcalde que
traficaba en el mercado negro
El labrador y comerciante Manuel
Piqueras Macías, había sido alcalde de El Gastor durante la etapa final de la
dictadura de Primo de Rivera, al menos desde 1928 hasta principios de 1930.
Durante la República
fue ideológicamente afín, si no afiliado, a alguna organización de derecha,
pues en las elecciones generales de febrero de 1936 fue apoderado de los
candidatos del Frente Antirrevolucionario y se afilió a Falange en noviembre de
1936. No se encontraba entre los miembros de la gestora rebelde elegida en
julio de 1936, pero se incorporó como teniente de alcalde a principios de 1938
y quedó al frente de la corporación municipal cuando el gobernador civil ordenó
el cese de Diego Hidalgo en septiembre de 1939. Controvertido como sus
antecesores en el cargo, tenía adversarios y enemigos no sólo entre los vecinos
de izquierdas que sufrieron la represión, sino también entre la gente de
derechas que aspiraba a controlar los resortes del poder municipal. Eran los
años de la escasez, los racionamientos y el hambre y se rumoreaba que el
alcalde negociaba en el mercado negro con las partidas de alimentos que
llegaban a El Gastor para abastecimiento de la población[20].
El delegado gubernativo que inspeccionó el Ayuntamiento de El Gastor en
noviembre de 1941 subrayó en su informe las grandes dificultades económicas con
las que tropezaba la gestión municipal e indicó que “la cuestión de Abastos es la única que se atiende con preferencia y en
este aspecto el alcalde de El Gastor, Delegado de Abastos, sigue unas normas de
estricta justicia dentro de la mayor honradez”[21].
Piqueras continuó ejerciendo de alcalde tras la renovación de la Comisión Gestora
“El Alcalde de El Gastor (Cádiz), que el 18
de julio de 1936 no tenía donde caerse, dueño de una finquita que estaba
hipotecada (las causas de la hipoteca no eran políticas y sí de ser un borracho
y vago); por ser Presidente de la
Junta de Abastos comenzó a dejar filtrarse algunas cosillas,
fueron aumentando de tal forma que en una ocasión, en 1941, vendió todo un
racionamiento de garbanzos (3.000 kilos) a precio el doble de su valor,
mientras la gente se moría de hambre; el azúcar de la ración la estraperlaba en
un 50 por ciento, vendiéndola a 30 pesetas el kilo y la poca que daba a 4,50 el
kilo; el arroz a 15 pesetas el kilo; el café a 65 pesetas; las judías,
lentejas, etc., etc. las vende a cuatro y seis veces su valor. Es también el
poseedor de la expendeduría de tabacos que vende por cargas a 4,50 y 5 pesetas
el paquete de 0,90, cosa fácil de demostrar, aparte de ser público, lo hace
también en una finca llamada “El Vínculo” de su propiedad. Hace unos 20 días se
personó un Delegado a ver cómo funcionaba la oficina encargada del
racionamiento; ni consiguió documentación alguna ni rastro de esa labor. Por
estas monstruosidades ha conseguido hoy hacer una fortuna, que entre, ganados,
un gran comercio y dinero en el banco, andará redondeando el millón de pesetas.”
La nota también denunciaba al ex
alcalde Diego Hidalgo que continuaba ocupando el cargo de delegado sindical -“Cuantas cosas llegan por el Sindicato las
vende con toda su cara”- y a un fabricante de harina, del que no se dice el
nombre pero debe de tratarse de Jerónimo Roldán, que era compadre de Piqueras y
la vendía a precios desorbitados, sin ningún control, mientras en el pueblo
escaseaba y a veces faltaba completamente. Todo aquello se había ocultado con
los oportunos sobornos (“El vinillo y el
jamón de esta tierra parece son muy buena tapadera”), pero en agosto de
1943 se presentó en el pueblo el delegado gubernativo Julio Domínguez Callejón
con la misión de practicar una inspección a fondo y comprobar qué había de
cierto en la denuncia sobre la corrupción de los jerarcas de El Gastor[22].
El alcalde, que estaba avisado de la
llegada del delegado gubernativo el sábado 15 de agosto, decidió quitarse de en
medio y el día antes se marchó a Cádiz con una expedición de mozos que debían presentarse
en la caja de recluta. Desoyó por completo el aviso de que volviese al pueblo
urgentemente, como más tarde la mañana del martes 18, y Domínguez Callejón tuvo
que practicar la inspección en su ausencia. Eso supuso no poder ver ni un solo
papel de la administración de abastos, pues era el alcalde quien gestionaba
directamente todo lo relacionado con los racionamientos y la documentación no
estaba en las oficinas municipales, sino bajo llave en su domicilio particular.
Una entrevista con varios industriales fue suficiente para percatarse de que
todo se hacía con un procedimiento de lo más irregular: Piqueras era quien
personalmente recogía los suministros en Cádiz o Jerez, los almacenaba en su
propia casa y los distribuía entre los comerciantes, sin que éstos llevasen un
registro pormenorizado de lo que recibían; los únicos documentos que les
entregaba Piqueras eran unas notas manuscritas en papel ordinario, sin firma ni
sello que les confiriese valor administrativo y cuya devolución les había
exigido –quizás alertado de la inminente inspección– dos o tres semanas antes. Al
revisar el registro de entrada de documentos del Ayuntamiento comprobó que
regularmente se estaban asignando al municipio cupos de productos como arroz,
patatas y bacalao que –según los industriales– allí llevaban “infinito tiempo” sin suministrarse al
público. Los vecinos que comparecieron ante el delegado gubernativo declararon,
entre otras cosas, que el alcalde vendía parte de los cupos de suministros en
los pueblos por los que pasaba en el viaje de regreso a El Gastor y que en una
ocasión vendió uno de azúcar completo en Villamartín. El delegado indicó en su
informe que el pueblo estaba dividido, unos a favor y otros en contra del
alcalde, pero él estaba completamente convencido de que Piqueras estaba
traficando con los cupones de racionamiento –que no se utilizaban en el pueblo–
y que los intermediarios de quienes se valía para la venta ilegal de la
mercancía eran los vecinos Manuel Ríos Barea, Juan de Dios Martel Atienza,
Francisco Zambrana Barea y el olvereño Evaristo Pérez Ríos. Concluyó el informe
recomendando la renovación total de la Comisión Gestora
El cese fue fulminante. Julio
Domínguez entregó su informe el 18 de agosto y a las cuarenta y ocho horas el
gobernador comunicó al ministro de la Gobernación Blasla Sección Femenina
“La Villa de El Gastor, pueblo de menos de 3.000
habitantes, está constituido en su mayoría por elemento obrero o pequeños
propietarios, que poseen cuanto más unas parcelas de terreno; la vida se
desenvuelve miserablemente y es una de las localidades en que puede asegurarse
que hay un 85% o más de elemento de izquierda, dado el ambiente en que se
desenvuelven. En el restante elemento de orden y derechas, existió siempre y
existe aún –y probablemente existirá– un afán de política, pero rastrera y
baja, solapada, de zancadilla continua, pretendiendo todos encaramarse en los puestos
de mando para desde ellos “machacar” valga la frase a los demás,
satisfacer sus apetitos personales sin hacer nada por la localidad. Y sólo con
cambiar impresiones con aquellos habitantes, que viven en completo aislamiento,
sin telégrafo, teléfono, radio, etc. llega uno a esa conclusión. Hay pues una
división doble: la de derechas e izquierdas (sin que aquéllas hagan nada por
atraerse a éstas); y la existente dentro de la propia derecha”.
Quienquiera que
lo lea llega irremediablemente a la conclusión de la que la Cruzada
no sirvió para regenerar El Gastor,
ni para desterrar los enfrentamientos partidistas, ni siquiera para desinfectar el pueblo de rojos. Y eso que la represión del verano
de 1936 se había llevado por delante las vidas de más de setenta hombres y
mujeres.
Archivos
Archivo
Histórico Nacional
Archivo
Histórico Provincial de Cádiz
Archivo
Municipal de El Gastor
Archivo de
Tribunal Militar Territorial nº 2 (Sevilla)
Bibliografía
DOMÍNGUEZ PEREZ,
Alicia: El verano que trajo un largo
invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz.
Cádiz, Quorum Editores, 2005.
PÉREZ GONZÁLEZ Beatriz: Estraperlo en Cádiz: la estrategia social.
Cádiz, Quorum Editores, 2005.
ROMERO ROMERO, Fernando: Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano
contemporáneo. Diputación de Cádiz, 2003.
ROMERO ROMERO, Fernando: República, Guerra Civil y represión en
Villamartín 1931-1946. Ayuntamiento de Villamartín, 2008.
ROMERO ROMERO, Fernando: Alcalá del
Valle. República, Guerra Civil y
represión 1931-1946.
Ayuntamiento de Alcalá del Valle, 2009.
ROMERO ROMERO, Fernando y
ESPINOSA MAESTRE, Francisco: “Justicia militar y represión fascista en Cádiz”, Historia 16, nº 297, 2001, pp. 74-91.
ROMERO ROMERO, Fernando y
ZAMBRANA ATIENZA, Pepa: “La represión en El Gastor durante la Guerra Civil
* Publicado en Ubi Sunt?, nº 25, 2010, pp. 100-111.
[1] Este trabajo
constituye un avance de los resultados de proyecto de investigación Del rojo al negro. República, Guerra Civil y
represión en El Gastor, promovido por el Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Socialla Asociación Andaluzala Diputación de Cádiz y la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la
Junta de Andalucía.
[2] Sobre la
resistencia republicana y ocupación de El Gastor, véase ROMERO ROMERO, Fernando
y ZAMBRANA ATIENZA, Pepa: “La represión en El Gastor durante la Guerra Civil
[3] ARCHIVO
MUNICIPAL DE EL GASTOR (abreviado: AMEG), nº 223, registro de salida nº 147 de
17-3-1937. Los daños eran tantos que en el Estado numero 3 de la Causa General “no
se relacionan los perjudicados por ser el pueblo en general” y respecto a
los autores de los hechos se dice que “tomaron parte en dichos saqueos todos
los rojos del pueblo, que estaban adueñados del mismo” (ARCHIVO HISTÓRICO
NACIONAL (abreviado: AHN): Causa General, leg. 1.061, Pieza Principal, f. 124).
[4] Miguel Gamero
Ríos perteneció durante la
República al Partido Republicano Radical y fue
alcalde-presidente de la Comisión Gestora
[5] ARCHIVO DEL
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL nº 2 (abreviado: ATMT2), Sumarios, leg. 1.267,
doc. 31.744.
[6] La información
sobre las incautaciones de bienes, imposiciones de sanciones económicas y
actuación de Miguel Gamero Ríos procede de ATMT2, Sumarios, leg. 392, doc.
14.097.
[7] Entre los
falangistas arcenses que estuvieron destacados en El Gastor se encontraba el
falangista camisa vieja Jesús Murciano Lasso de la Vega , que el 18 de julio de
1936 fue liberado de la cárcel de Arcos de la Frontera , intervino en la
organización de las milicias de esta ciudad y el 7 de septiembre se incorporó a
la columna de Mora-Figueroa en Algodonales. En una declaración fechada el 9 de
febrero de 1943 cita El Gastor, Montecorto y Setenil entre las localidades que
ocupó y guarneció con la falanges de su mando (ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
CÁDIZ (abreviado: AHPC), AISS, caja 8.155, expte. 1.837).
[9] Los hermanos
Moreno Romero eran militantes de UGT y habían huido a la provincia de Málaga en
septiembre de 1936. José y Gaspar regresaron a El Gastor en febrero de 1937,
fueron juzgados en consejo de guerra, los condenaron a muerte y fueron
fusilados en El Puerto de Santa María el 5 5 de octubre de 1937 (ATMT2,
Sumarios, leg. 361, doc. 5.483).
[10] Eran los padres
del anarcosindicalista Diego Salas Cobo, que en julio de 1936 fue detenido
junto al alcalde Miguel Zambrana Atienza. Ambos fueron trasladados a la Prisión Provincial
[12] DOMÍNGUEZ
PEREZ, Alicia: El verano que trajo un
largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en
Cádiz. Cádiz, Quorum Editores, 2005. Antonio Fuentes Torreño (a) Patito, fue concejal socialista y
teniente de alcalde; huyó del pueblo en 1936, pero fue capturado tras la
conquista de Málaga en 1937 y condenado a muerte en el consejo de guerra
celebrado en Cádiz el 11 de febrero de 1938 y lo fusilaron el 21 de junio en
los Fosos de Puerta Tierra (ATMT2, Sumarios, leg. 1.176, doc. 30.186).
[14] Sobre la
actuación de los juzgados y tribunales militares en otros municipios de la
comarca, véase ROMERO ROMERO, Fernando y ESPINOSA MAESTRE, Francisco: “Justicia
militar y represión fascista en Cádiz”, Historia
16, nº 297, 2001, pp. 74-91; ROMERO ROMERO, Fernando: República, Guerra Civil y represión en Villamartín 1931-1946.
Ayuntamiento de Villamartín, 2008; ROMERO ROMERO, Fernando: Alcalá del Valle. República, Guerra Civil y
represión 1931-1946. Ayuntamiento de Alcalá del Valle, 2009.
[17] Fernando
Rodríguez Moreno (a) el de Águeda
militó durante la República
en el Partido Republicano Radical y cuando el Frente Popular tomó el control
del Ayuntamiento en 1936 fue cesado en el empleo de oficial de oficinas
municipales. Tras el golpe de julio se reintegró en el puesto de trabajo, ocupó
accidentalmente el puesto de secretario, fue nombrado jefe local de Falange y
continuó desempeñando el cargo tras la unificación con el partido carlista en
1937.
[18] Francisco
Lobato Lobato (n. Grazalema, 27-1-1897) y era de profesión labrador. Se afilió
a Falange el 16 de septiembre de 1936 y se incorporó a la columna Mora-Figueroa
en abril de 1937. En la organización local desempeñó los cargos de delegado de
Justicia y Derecho y jefe de la
Hermandad de Labradores (AHPC, AISS, caja 8.145, expte 143).
[20] Sobre el
mercado negro y estraperlo en la provincia de Cádiz, véase PÉREZ GONZÁLEZ
Beatriz: Estraperlo en Cádiz: la
estrategia social. Cádiz, Quorum Libros, 2005.
[21] AHPC, Gobierno
Civil, Caja 547, “AYUNTAMIENTO DE “EL
GASTOR” / INFORME que emite el Delegado Gubernativo DON MANUEL MARLASCA PÉREZ,
resultado de la inspección que ha realizado en el Ayuntamiento de El Gastor /
Noviembre, 1941”.
[22] AHPC, Gobierno
Civil, Caja 547, “MEMORIA redactada con
motivo de la visita de inspección girada al Ayuntamiento de EL GASTOR con fecha
15 del actual, por el Delegado gubernativo, Julio Domínguez Callejón”.
[23] Otro caso de
corrupción y destitución de jerarcas de Falange se había destapado un año antes
en el cercano municipio de Puerto Serrano, donde el delegado sindical y primer
teniente de alcalde, Salvador Morillo Rivera, fue cesado al destaparse que se
había embolsado cerca de 10.000 pesetas vendiendo de estraperlo casi un tercio
de los garbanzos que el SNT había concedido a los agricultores del término para
la sementera de 1942-1943, lo que no obstó para que cinco años después
recibiese la vara de alcalde (ROMERO ROMERO, Fernando: Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano contemporáneo.
Diputación de Cádiz, 2003, pp. 348 y 358.
[24] Dionisio García
Vaquero se había afiliado a Falange como militante en Valladolid. En julio de
1936 se encontraba en Madrid ejerciendo su profesión, pero el día 25 pasó a la
zona rebelde por el Alto de León, se encuadró como mando en la Centuria Argüellesla Falange
vallisoletana y posteriormente fue destinado a la 10ª Bandera de Castilla.
Hasta el final de la guerra intervino en operaciones militares en los frentes
de Madrid, Tajo y Extremadura (AHPC, AISS, caja 8.157, expte. 2.085).
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