Fernando Romero Romero
Grupo de trabajo “Recuperandola Memoria
Grupo de trabajo “Recuperando
de la Historia Social
Francisco Rodríguez González, a quien apodaban Frasco el Jerezano, nació en Bornos el 15
de febrero de 1894 y, como la mayor parte de los bornichos de su tiempo, se
ganaba la vida como jornalero. Estaba afiliado al sindicato CNT, en el que
llegó a ocupar el puesto de presidente, y fue uno de los organizadores del
Partido Sindicalista. También fue uno de los dos representantes del partido de
Ángel Pestaña en la Comisión Gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento tras el
triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936.
El
19 de julio, conocida ya la sublevación contra el Gobierno de la República,
estuvo reunido en el ayuntamiento con el alcalde socialista, Antonio Garrido
Jiménez, los demás concejales y algunos dirigentes de las organizaciones del
Frente Popular. Quisieron organizar una columna de obreros para auxiliar a las
autoridades de la capital de la provincia, pero el jefe de línea de la Guardia
Civil, el alférez Francisco Gavira Parra, se negó a entregarles las armas que
había en el cuartel, les prohibió requisar vehículos y sacó a los guardias a la
calle para declarar el estado de guerra. Francisco fue uno de los primeros
izquierdistas que se evadieron de Bornos durante el verano de 1936. Lo hizo el
20 de julio, el mismo día que el alférez se personó en la casa consistorial
para destituir a la corporación municipal y sustituirla por otra a medida de
los golpistas.
Francisco
dejó atrás a su compañera, María Andrades Domínguez, y a cinco chiquillos. La
menor, María, había nacido el 9 de enero de ese año. No sabemos qué habría sido
de él si hubiese optado por quedarse en el pueblo, pero podría haber tenido el
mismo desdichado final que la mayoría de los miembros de la corporación que
tomaron esa decisión: fueron asesinados diez de los trece concejales que permanecieron
en Bornos. Y la represión no solo afectó a sus compañeros de la corporación
municipal, del partido y del sindicato. También fue asesinado su propio
hermano, José el Jerezano, un obrero
agrícola que trabajó de vigilante de arbitrios durante el mandato del Frente
Popular.
Frasco
se dirigió hacia La Sauceda, Jimena
de la Frontera y Manilva. En Málaga estuvo alojado como refugiado en la iglesia
de San Juan y se marchó a Almería antes de que la ciudad fuese ocupada por el
ejército rebelde. Con más de cuarenta años cumplidos, no tuvo que hacer
servicios de armas durante los tres años que duró la guerra. Sabemos que
trabajó en las obras de una carretera en las proximidades de Gualchos
(Granada), que durante unos ocho meses fue ayudante de cocina de un regimiento
de caballería en Marmolejo (Jaén) y que luego se dedicó a faenas agrícolas en
Higuera de Arjona.
Regresó
a Bornos pocos días después de terminar la guerra, el 10 de abril de 1939, y
pasó varios meses preso en la cárcel municipal. A principios de octubre cayó
enfermo con una fiebre infecciosa y el médico Juan de la Cruz recomendó que
fuese trasladado a otro local con mejores condiciones higiénicas. El presidente
del Consejo de Guerra de Cádiz –a cuya disposición estaba detenido– dio
autorización para que lo llevasen al hospital provincial, pero el gobernador
civil replicó que no era posible hacerlo porque no había ambulancia ni
efectivos de la Guardia Civil para custodiarlo durante el traslado. Lo que
hicieron fue enviarlo el 20 de noviembre al castillo de Sanlúcar de Barrameda
con los demás presos políticos que había en la cárcel de Bornos.
A
Frasco, como a los demás huidos que regresaron al terminar la guerra, se le
instruyó un procedimiento sumarísimo por rebelión militar. Acusarlo de rebelión
propiamente no era fácil, porque ni había participado en el conato de
resistencia que hubo en el pueblo ni tampoco se incorporó como combatiente a
las milicias ni al ejército republicano. Pero para gente como él, que no habían
tomado las armas, pero sí fueron políticamente muy activos antes del golpe, la
desquiciada justicia militar franquista reservaba la figura penal de la excitación
a la rebelión.
Las
declaraciones e informes que sobre su conducta reunió el instructor del sumario,
el alférez de infantería Esteban Matía Cuesta, lo presentaban como un
propagandista incansable de sus ideas. El jefe de arbitrios, Vicente Moreno
Pérez, decía que era «de malos instintos» y lo acusó de coaccionar a los
votantes de derechas en las elecciones de febrero de 1936:
[…] hacía una
propaganda por medios violentos dándose el caso de que cuando una persona
acreditada de derecha se proponía votar conforme a su ideario el inculpado se
dirigía de forma poco cortés arrebatándole la papeleta que llevaba y diciéndole
qué era la que debía llevar.
El
consejo de guerra se celebró en Sanlúcar el 27 de enero de 1940. El fiscal
solicitó pena de muerte por delito de adhesión a la rebelión militar, pero el
tribunal no consideró probado que hubiese tomado parte en el intento de
organizar la resistencia contra el golpe y solo tuvo en cuenta su actividad
política anterior para condenarlo a seis años y un día de prisión por
excitación a la rebelión militar. Cuando se dictó la sentencia ya llevaba cerca
de nueve meses en prisión preventiva y debía continuar encarcelado hasta el 8 de
abril de 1945.
De
la precaria situación en que había quedado la familia de Frasco por su ausencia
–primero huido y luego encarcelado– da cuenta el informe que remitió el
Ayuntamiento al juez instructor provincial de Responsabilidades Políticas en febrero
de 1941:
[…] los
únicos bienes que se conocen como de la pertenencia del inculpado Francisco
Rodríguez González son una pequeña casa situada en la calle Corrales de esta
villa nº 24, cuyo valor es el de 560 pesetas y la habitan la familia de dicho
sujeto.
Las
cargas familiares legalmente obligado a sostener por dicho inculpado consistían
en la mantención de su esposa María Andrades Domínguez y la de sus hijos Emilia
Rodríguez Andrades, que en 1936 contaba 15 años, José de 14, Francisco de 13, Antonio
de 4 y María de un año.
Esta
familia que carece de bienes se sostiene con lo que la madre y tres hermanos
mayores ganan en las faenas agrícolas cuando hay trabajo, y muchas veces del
socorro que reciben de los comedores de Auxilio Social.
Este
informe se redactó mientras Frasco cumplía la condena en la prisión provincial
de Cádiz, en la que estuvo desde el 8 de febrero de 1940 hasta que el 24 de
marzo de 1941 lo trasladaron a El Puerto de Santa María. En El Puerto le dieron
un destino como ordenanza de funcionarios y fue allí donde se tramitó su
expediente de libertad condicional. La ley de 1 de abril de ese año –segundo
aniversario de la «Victoria»– abrió la puerta de la condicional para los presos
políticos que habían sido condenados a penas de hasta doce años por delito de
rebelión. El expediente de Frasco se tramitó con celeridad, las autoridades
locales no pusieron ningún impedimento para que regresase al pueblo y lo
excarcelaron el 9 de julio.
