Fernando Romero Romero
Grupo de Trabajo Recuperando
la Memoria
de la Historia Social
Pepa Zambrana Atienza
Centro de Educación de Personas
Adultas de El Gastor
1. Presos hacinados
en los depósitos municipales
El
Castillo de Santiago fue lugar de represión desde que en el verano de 1936 los
sublevados comenzaron a detener en el depósito carcelario municipal a quienes
consideraban desafectos o contrarios al golpe en Sanlúcar de Barrameda. Sabido
es que en él estuvieron presos 84 vecinos que, entre los meses de agosto de
1936 y enero de 1937, fueron asesinados por los golpistas. Según el registro de
detenidos del depósito municipal, salieron para ser trasladados al penal de El
Puerto de Santa María, a donde nunca llegaron.[1]
Menos
conocido es que en el Castillo de Santiago también estuvieron detenidos
numerosos presos políticos procedentes de otros municipios de la provincia.
Aparte de los que eventualmente pudieran haber ingresado a lo largo de los casi
tres años que se prolongó la guerra, fue durante la inmediata posguerra cuando
los presos de otras localidades fueron enviados sistemáticamente a la fortaleza
sanluqueña. Esto ocurrió en el contexto del retorno masivo de huidos,
procedentes de los últimos territorios controlados por el Gobierno de la
República, que regresaron a sus localidades de origen a partir de abril de
1939. A los pueblos de Cádiz volvieron centenares de hombres y mujeres
procedentes de los frentes de Córdoba-Jaén, del oriente de Granada, de la
provincia de Almería, de Levante, Cataluña o Madrid, que fueron detenidos en
los depósitos municipales a disposición de la Auditoría de Guerra. Las cárceles
municipales quedaron colapsadas y para albergarlos hubo habilitar todo tipo de
edificios, como la antigua cilla del Arzobispado de Sevilla en Villamartín o
una escuela en Algodonales.
La
concentración de detenidos fue una carga onerosa para los municipios que,
además de habilitar edificios y organizar servicios de vigilancia, tuvieron que
hacerse cargo de su alimentación. A finales de mayo había en el depósito
municipal de Olvera 62 presos y 54 más en una escuela habilitada como cárcel;
como el Ayuntamiento carecía de fondos para alimentar a los que no tenían medios,
se decidió imponer a los contribuyentes una cuota semanal para socorro de los
detenidos.[2] A
principios de julio, el alcalde de El Gastor se dirigió al presidente del
Consejo de Guerra Permanente de Cádiz exponiéndole que tenía diecinueve
individuos presos en un local con «pésimas
condiciones de seguridad» y «malas
condiciones higiénicas» que tendían a agravarse con «lo caluroso de la época».
Solicitó que fuesen trasladados a otro punto más adecuado, al menos aquellos
cuyas sumarias estuviesen terminadas,[3]
pero la respuesta fue, como si la petición no hubiese sido leída con atención,
que los detenidos debían continuar en los depósitos municipales mientras se
instruían las sumarias en las que estaba encartados y que una vez concluida la
tramitación se procuraría trasladarlos a las prisiones de partido, «si ello es posible dentro de la actual acumulación de
reclusos, o se adoptará otro medio que solucione el problema».[4]
Una solución que, como veremos, pasaría por Sanlúcar.
Los
militares no trasladaron a los reclusos inmediatamente, ni siquiera a aquellos cuyas
sumarias ya estaban terminadas. Los alféreces de Infantería José Acedo Granja
(juzgado militar de instrucción nº 34) y Antonio Díaz Olivares (juzgado militar
de instrucción nº 38) ya habían firmado los autos-resumen que daban por terminada
la instrucción de siete de los procedimientos que tramitaban contra los «rojos» de El Gastor, pero los
encartados en ellos continuaron en el pueblo. Quizá se hizo con el propósito de
que todos ellos fuesen juzgados, a modo de escarmiento público, en los cercanos
municipios de Olvera y Algodonales. En el primero fueron juzgados seis
gastoreños el 14 de julio y otros ocho lo fueron en Algodonales el 8 de agosto.
Y siete de los condenados a presidio en los consejos celebrados en Algodonales
aún seguirían veinte días más en la cárcel de El Gastor, hasta que el día 28
los trasladaron a San Fernando.[5]
Mientras
tanto, el problema de la alimentación de los presos adquirió, para alivio de
los alcaldes, otro cariz. El 12 de agosto el jefe del Servicio Nacional de
Prisiones ordenó al director de la prisión provincial de Cádiz que «atendiendo a la anormalidad de las circunstancias actuales» incluyese en la cuenta de socorros las nóminas que los
depósitos municipales remitiesen por concepto de socorros a presos. Las
corporaciones municipales tendrían que anticipar el importe de la alimentación,
pero les sería reintegrado una vez que el Servicio Nacional de Prisiones
aprobase las cuentas de gastos y el Ministerio de Hacienda librase los fondos.[6]
2. La prisión del
Castillo de Santiago
La
solución definitiva a la que antes nos referíamos refería llegó en noviembre.
El Castillo de Santiago fue habilitado como prisión para albergar a los presos
de todos los depósitos municipales de la provincia que se encontraban a
disposición de las autoridades militares y la prisión provincial dejaría de
hacerse cargo de la alimentación de los que quedasen en los pueblos. Fue entonces
cuando se produjeron los traslados sistemáticos desde las cárceles de los
pueblos a la fortaleza sanluqueña, corriendo a cargo de los ayuntamientos los
gastos de la conducción. Fueron llevados a Sanlúcar incluso los presos cuyas
sumarias todavía se estaban tramitando. Desde Prado del Rey llegaron, que
sepamos, al menos dieciséis y cinco de ellos ni siquiera habían declarado aún
ante los jueces instructores de sus procedimientos.[7]
El
ingreso de estos presos no ha quedado reflejado en el registro de entradas y
salidas de detenidos que se conserva en el Archivo Municipal del Sanlúcar por
la razón de que, aunque el recinto físico era el mismo, la nueva prisión funcionaba como centro penitenciario distinto e independiente del
depósito municipal. Los datos que actualmente se conocen de esos trasladados al
castillo son fragmentarios y proceden de fuentes como los archivos municipales
de los municipios de origen –en donde pueden encontrarse las cuentas de
conducciones de presos–, expedientes de consejos de guerra –en los que a veces
se anota el centro penitenciario donde se encuentran los encausados– o
expedientes penitenciarios. Por estas fuentes sabemos que el 18 de noviembre
fueron conducidos a Sanlúcar al menos ocho de los veintitrés presos que
entonces había en el depósito municipal de Villamartín (probablemente fueron
todos),[8] que el día 20 llevaron a veinticuatro detenidos procedentes de
Algodonales[9] y el día 22 fueron conducidos seis de Bornos[10] y diecisiete de El Gastor.[11] De Alcalá del Valle hubo al menos veintidós presos y sabemos que
algunos de ellos ingresaron el 2 de diciembre.[12] Y el 9 de ese mes condujeron a diecinueve de Torre Alháquime.[13] De los dieciséis de Prado del Rey solo conocemos la fecha de
conducción de los dos últimos, el 16 o 17 de enero de 1940. Sabemos que durante
la última decena de noviembre de 1939 también ingresaron los de otros municipios
de la sierra, como Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Ubrique
o Zahara de la Sierra.
El
31 de diciembre de 1939 los muros del Castillo de Santiago encerraban a 458
presos.[14]
No son todos los que fueron concentrados en Sanlúcar, pues creemos que algunos fueron
transferidos a otros centros penitenciarios antes de concluir el año y tenemos
constancia de que otros ingresaron con posterioridad, como los dos últimos de
Prado del Rey. De ellos, 287 (62,66 %) eran naturales de la provincia de Cádiz:
256 (55,90 %) de los pueblos de la sierra y 31 (6,8 %) del resto de la
provincia. Los colectivos más numerosos eran los naturales de Setenil (51 reclusos,
11,14 %), Ubrique (29), Alcalá del Valle (25), Algodonales (24), Torre
Alháquime (17), Algar (17), Villamartín (17), El Gastor (15) y Prado del Rey
(14). La escasa presencia de detenidos nacidos en las cabezas de partido
judicial (3 de Grazalema, 2 de Arcos y 1 de Olvera) nos hace suponer que los
presos residentes en estos municipios quedaron ingresados en las prisiones de
partido. Tras Cádiz, Huelva es la segunda provincia por naturaleza de los
presos: 78 (17,81 %). José María García Márquez, que actualmente realiza una
investigación sobre los onubenses encausados por la justicia militar rebelde,
nos indica que muchos de ellos eran presos que fueron destinados a batallones
de trabajadores del Campo de Gibraltar antes de ser procesados. Todas las demás
provincias están por debajo del 4,5 %.[15]
Algunos
documentos generados por la jefatura de la prisión que se conservan en los expedientes
penitenciarios y de consejos de guerra están firmados por Recaredo Roca. Debe
tratarse del funcionario Recaredo Roca Felicó, de quien por publicaciones
oficiales sabemos que pertenecía al cuerpo de prisiones desde 1903, que en 1924
fue promovido a la categoría de jefe de prisión de segunda clase, en 1933
estaba destinado como oficial a la prisión provincial de Cádiz, en enero de
1937 fue nombrado jefe de la prisión del partido de Getafe y en agosto de 1940
fue promovido a la categoría de jefe de prisión de partido con antigüedad de 8
de noviembre de 1939.[16]
Para la custodia de los prisioneros se destinaron a Sanlúcar efectivos del
Regimiento de Infantería Cádiz nº 33.
3. Los
presos de El Gastor
Como avance
de un trabajo en curso sobre los presos gaditanos del castillo, exponemos el
caso de los procedentes de El Gastor. Trece de los diecisiete que llegaron a
Sanlúcar el 22 de noviembre eran militantes de izquierdas que huyeron del
pueblo en septiembre de 1936 y regresaron una vez acabada la guerra. Habían
participado en los conflictos sociopolíticos de la etapa republicana y después
del golpe militar cooperaron en la resistencia, prestando servicios a las
órdenes del comité de defensa y se integraron en milicias o en unidades del
Ejército Popular de la República. La justicia militar rebelde, que actuaba
sobre la base de lo que se ha denominado «justicia al revés», los encausó por
delitos de rebelión militar o
auxilio a la rebelión. Otros dos presos –Antonio
Hidalgo Romero y Salvador Lobato Fuentes– no habían huido a la zona gubernamental,
pero fueron encausados cuando en las declaraciones e informes que se reunieron para
otras causas se les vinculó con acciones de resistencia y de incautación de
bienes en viviendas abandonadas por vecinos de derechas que evacuaron El Gastor
en agosto de 1936. El caso más sorprendente es el de Lobato, que vivía a
caballo entre El Gastor y Montecorto (Málaga), donde había sido militante de
CNT y miembro del comité de defensa, pero se afilió a Falange y esquivó la
represión cuando la zona fue ocupada por los golpistas en septiembre del 36. Los
dos restantes –Juan Moreno Romero y Francisco Ramírez Valle– combatieron durante
la guerra como soldados del ejército franquista, pero fueron encausados cuando,
una vez terminada la campaña, se airearon sus antecedentes socialistas.
Juan Jiménez
Tinoco era el único que ya había sido juzgado cuando llegó a Sanlúcar. El suyo
fue uno de los consejos de guerra que se celebraron en Olvera el 14 de julio y
había sido condenado a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión. Los demás
tenían las sumarias aún en fase de instrucción o estaban conclusas y a la
espera de señalamiento de fecha para la vista. Doce de ellos fueron juzgados en
Sanlúcar: once el 27 de diciembre y uno el 27 de enero de 1940. La sumaria de
Juan Moreno Romero aún estaba en fase de instrucción cuando se celebraron los
consejos de guerra del 27 de diciembre y ese es el motivo por el que no lo
juzgaron hasta enero. De haber estado concluida a tiempo, lo habrían hecho el
mismo día que a los demás gastoreños, pues se seguía el criterio de señalar una
misma fecha para la vista de las causas de cada pueblo.
Los juicios del
27 de diciembre son una buena muestra de la agilidad con la que trabajaba el
Consejo de Guerra Permanente de Cádiz. A lo largo de la jornada se señaló la
fecha de las vistas, los procesados designaron abogado defensor, se vieron las
causas y se redactaron las once sentencias. A los encausados se les presentaba
una lista de jurídicos militares para que escogiesen a uno de ellos como
defensor, pero los once gastoreños designaron al mismo: el teniente Federico
Sahagún Repeto. Una coincidencia que lleva a preguntarnos si realmente lo eligieron
o si es que fue la única opción que se les dio. Y, al margen de si fue elegido o
impuesto, el defensor no tuvo tiempo material de examinar los expedientes de
los once encausados con un mínimo detenimiento. El resultado de aquella sesión
de consejos de guerra fueron dos absoluciones y nueve condenas a presidio que
oscilaban entre los doce y treinta años.
Los reos no
conocían las sentencias, al menos oficialmente, hasta que la aprobación del
auditor las hacía firmes y ese trámite podía prolongarse varias semanas.
Ninguno de los gastoreños continuaba en Sanlúcar cuando a mediados de febrero
de 1940 fueron a notificárselas. El día 19 los juzgados militares de
instrucción nº 16 y nº 51 devolvieron sin cumplimentar al jefe de los Servicios
de Justicia y al juez ejecutor de sentencias de Cádiz los oficios que les
habían remitido para notificar las sentencias. «Por haber sido evacuados todos
los presos de este Castillo de Santiago a la plaza del Jerez de la Frontera»,
indicó uno de ellos. El otro, más oscuro, escribió: «por no existir la prisión
Castillo en esta ciudad y sí en la de Jerez de la Frontera». La prisión había
sido desmantelada durante la primera quincena de febrero, los presos fueron
trasladados a la prisión del partido de Jerez y se retiró de Sanlúcar el
destacamento del Regimiento de Infantería Cádiz nº 33. Los gastoreños conocieron
las sentencias firmes unos en la cárcel de Jerez, otros en la provincial de
Cádiz y en su pueblo los tres absueltos, que habían sido liberados
provisionalmente.
El
último preso político de El Gastor que estuvo en Sanlúcar fue el anarcosindicalista
Juan Gómez Romero, a quien apodaban Panito.
Durante la guerra había servido como fusilero y zapador en la 132 Brigada del
Ejército Popular de la República y estuvo destinado en los frentes de Teruel,
Levante y Extremadura. En 1939 no regresó a su pueblo, sino que estuvo preso en
los campos de concentración de La Granjuela (Córdoba) y Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), desde donde lo transfirieron a la prisión habilitada de Heliópolis
(Sevilla). El alférez Díaz Olivares, que instruía su sumaria, inició a
comienzos de enero de 1940 los trámites para que lo trasladasen a Sanlúcar de
Barrameda, pero no llegó hasta el 18 de febrero, cuando los presos del castillo
ya habían sido evacuados a Jerez, y lo que hicieron fue dejarlo en el depósito municipal.
Él es el único gastoreño cuyo ingreso consta en el registro de detenidos. El 10
de marzo Díaz Olivares solicitó al Gobierno Civil que Panito fuese trasladado del Castillo de Santiago a la prisión del
partido de Jerez y, desconociendo las circunstancias excepcionales en las que
se encontraba, le respondieron que «evacuada la primera de las prisiones
citadas, todos los reclusos en ella existentes fueron trasladados a la segunda
citada de Jerez de la Frontera». Lo cierto es que Panito aún continuaba en Sanlúcar y no fue conducido a Jerez hasta
el 19 de marzo.[17]
Los
cinco gastoreños que aún estaban pendientes de juicio cuando fueron evacuados
de Sanlúcar fueron juzgados unos en Jerez y otros en Cádiz. El más
desafortunado de todos fue el anarcosindicalista José Bocanegra Cabrera, que
fue sentenciado a muerte y fusilado en Jerez el 9 de enero de 1941. Fueron
condenados a cárcel catorce de los dieciocho que pasaron por Sanlúcar. Para
ellos, el Castillo de Santiago solo fue un eslabón en un largo recorrido
penitenciario que desde allí los llevaría, además de a las cárceles de Jerez y
Cádiz, a centros penitenciarios de toda la geografía nacional, como el penal de
El Puerto de Santa María, las prisiones provinciales de Córdoba, Barbastro,
Lérida y Santiago de Compostela, la prisión central de Burgos, las colonias
penitenciarias de Dos Hermanas (Sevilla) y Gardeny (Lérida), y los
destacamentos de penados de Noales (Huesca) y de la presa de Alberche (Talavera
de la Reina, Toledo).
* Artículo publicado en Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, nº 2, diciembre 2013, pp. 19-27.
[1] La
relación de víctimas de la represión en Sanlúcar vio la luz por primera vez en
E. DOMÍNGUEZ LOBATO: Cien capítulos de
retaguardia (Alrededor de un diario), G. del Toro, 1973, que utilizó como
fuente el entonces inédito diario de Manuel Barbadillo Rodríguez. El diario fue
publicado en 2002 por Antonio Pedro Barbadillo Rodríguez con el título Excidio. La Guerra Civil en España. Notas al
vuelo de lo acaecido en Sanlúcar de Barrameda, entre: 18 julio 1936-17 julio
1937. Los datos de Excidio se
contrastaron con el registro de presos del depósito municipal en P. LOBATO: «Fusilados en Sanlúcar en 1936», en La Jara, Revista escolar del CEIP La Jara de
Sanlúcar de Barrameda, nº 18, 2006, pp. 26-27. Los antecedentes políticos
de los represaliados sanluqueños se recogen en la monografía J. A. VIEJO
FERNÁNDEZ: La Segunda República en
Sanlúcar de Barrameda (1931-1936), Asociación Sanluqueña de Encuentros con
la Historia y el Arte, 2011.
[2] J. A. DEL
RÍO CABRERA, J. ROMÁN ROMÁN y F. SÍGLER SILVERA: La historia recobrada. República, sublevación y represión en Olvera.
Asociación Papeles de Historia – Grupo de Investigación Sierra de Cádiz:
Historia, Patrimonio, Cultura. 2011, pp. 234-235.
[3] ARCHIVO
MUNICIPAL DE EL GASTOR (abreviado: AMEG), nº 107, Correspondencia de 5-7-1939
de alcalde de El Gastor a presidente del Consejo de Guerra Permanente de Cádiz.
[4] AMEG nº
107, Correspondencia de 8-7-1939 de jefe de los Servicios de Justicia delegado
del auditor a alcalde de El Gastor.
[5] La
represión por la justicia militar en El Gastor se ha desarrollado en F. ROMERO
ROMERO y P. ZAMBRANA ATIENZA: Del rojo al
negro. República, Guerra Civil y represión en El Gastor 1931-1946, Grupo de
Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A) y
Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Sevilla, 2010, pp. 151-253.
[6] AMEG nº
107, Correspondencia de 18-8-1939 de cabo comandante militar de El Gastor a
presidente de la Comisión Gestora.
[7] F. ROMERO
ROMERO: La Cultura y la Revolución.
República y Guerra Civil en Prado del Rey. Ayuntamiento de Prado del Rey,
2011, pp. 211-219.
[8] F. ROMERO
ROMERO: República, Guerra Civil y
represión en Villamartín 1931-1946, Ayuntamiento de Villamartín, 2008, pp.
316, 404-406, 409-411, 420-421, 423 y 438-430.
[9] ARCHIVO
MUNICIPAL DE ALGODONALES, Cuenta de Caudales 1939.
[10] Tenemos
ciertas dudas respecto a la fecha de traslado de los presos bornichos. En la
portadilla de sus expedientes de consejo de guerra se anotó la fecha de 20 de
noviembre, pero el justificante del gasto de traslado que se conserva en el
archivo municipal indica el día 22. ARCHIVO MUNICIPAL DE BORNOS, nº 1681,
«Cuenta de Caudales 1939 (4º trimestre)», ff. 119-120 y 129-130. Sobre la
represión en Bornos, véase F. ROMERO ROMERO: Días de barbarie. Guerra civil y represión en Bornos. Asociación
Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Sevilla, 2013. La trayectoria de los
seis trasladados a Sanlúcar, en pp. 172-182.
[11] AMEG, nº
107, comunicación de 21-11-1939 de comandante de puesto de la Guardia Civil a
alcalde.
[12] F. ROMERO
ROMERO: Alcalá del Valle. República,
guerra civil y represión 1931-1946. Ayuntamiento de Alcalá del Valle, 2009,
pp. 148-149, 250-251, 255, 263, 270-271, 273, 278 y 283-284.
[13] ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRE ALHÁQUIME, Caja
97, «Cuenta de presupuesto correspondiente al año 1939», Comunicación de 6-12-1939 de comandante militar a alcalde.
[14] ARCHIVO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (abreviado: AMSB), nº 3712. Agradecemos a la
archivera Nieves García Ortiz que nos haya facilitado los documentos
procedentes del Archivo Municipal de Sanlúcar que se han utilizado en este
trabajo.
[15] Los
datos que aquí presentamos se han elaborado a partir de las localidades de
nacimiento y pueden sufrir ligeras modificaciones cuando concluya la
investigación en curso sobre los presos del Castillo de Santiago, pues la
localidad de nacimiento no siempre coincide con la de residencia, que es la
relevante para una investigación sobre la represión. Como ejemplo podemos citar
que el único preso natural de Olvera que aparece en el listado de diciembre de
1939 residía en Torre Alháquime y el único natural de Puerto Serrano era vecino
de Villamartín.
[16] Revista de las Prisiones, Madrid, nº 48,
24-12-1903, p. 518; Gaceta de Madrid,
n º 246 de 2-9-1924, p. 1174; Vida
Penitenciaria, nº 27-28, marzo de 1933, p. 14; Boletín Oficial del Estado, nº 75 de 3-1-1937, p. 18 y nº 259 de
1940, pág. 6.409. Se jubiló, por cumplir la edad reglamentaria, en mayo de
1947, cuando estaba destinado a la Prisión Celular de Barcelona (Boletín Oficial del Estado, nº 174 de
23-6-1947, pp. 3532-3533).
