Jacinto
Marchena Luna, el Bailaor, nació en
Algodonales (Cádiz) el 12 de abril de 1914 y era uno de los jóvenes del pueblo
que estaban haciendo el servicio militar cuando se produjo la sublevación
contra el Gobierno de la República en julio de 1936. Pertenecía al segundo
llamamiento de 1935 y había sido destinado al Regimiento de Infantería nº 17,
de guarnición en Málaga. Sabemos que desertó uno o dos días después del golpe
militar y que el 29 de julio fue detenido por la Guardia Civil de Alcalá de
Guadaíra, en la provincia de Sevilla.
Su
detención a las 7:00 de la mañana del 29 de agosto no fue casual. Llevaba
varios días rondando el paraje conocido como Laguna Larga, vagando por el campo y pidiendo comida en los chozos
de la zona. Y el uniforme no ayudaba precisamente a pasar desapercibido. Cuando
se le presentó la pareja de la Guardia Civil entregó sin resistencia el
armamento que llevaba: el máuser, 41 cartuchos y una bayoneta. Lo llevaron a la
Comisaría de Vigilancia de Sevilla y desde allí al cuartel del Regimiento de
Infantería Granada nº 6. Fue el mismísimo general Queipo de Llano, cabeza
visible de la sublevación en Sevilla, quien el día siguiente designó al capitán
de infantería Manuel Merchante Merchante para que instruyese un procedimiento
previo sobre su actuación.
En
su primera declaración Jacinto contó que había desertado el 19 de julio y que
lo hizo «por no gustarle el gobierno que había en aquellos momentos». Declaró
que se salió de la formación cuando iba con la tropa para prestar servicio de
vigilancia en la cárcel y que se unió a un grupo de de seis milicianos –cuatro
vestían camisa roja, los otros iban de blanco con unas iniciales en rojo y
todos llevaban fusiles– que viajaban en coche hacia Sevilla. Llegaron a Alcalá
de Guadaíra sobre las 19:30, pero los milicianos decidieron volverse al ver que
la situación de Sevilla era más insegura que la de Málaga. Él se quedó. Decía
que se había ido hacia Sevilla con la intención de incorporarse al ejército,
pero estuvo más de una semana vagando por el campo. Y a la pregunta de por qué
no se presentó inmediatamente respondió con un increíble: «Por estar muy
cansado». La historia no era coherente y el juez no estaba convencido de que
realmente hubiese huido de Málaga con el propósito de unirse a los rebeldes.
Además, cuando lo detuvieron le faltaban 109 de los 150 cartuchos que solían
llevar los soldados de la guarnición de Málaga cuando estaban de servicio.
¿Adónde fueron a parar? Jacinto decía que él no había pegado ni un solo tiro y
que en Alcalá tuvo que entregar la munición que faltaba a los milicianos. ¿Pero
quién aseguraba que el desertor no había gastado los cartuchos combatiendo
contra los rebeldes en Málaga o que no se los había entregado voluntariamente a
los milicianos?
El
capitán Merchante decidió procesar a Jacinto por supuesto delito de rebelión
militar. Sabía que no había ninguna posibilidad de avanzar en la investigación,
porque las pruebas de su verdadera actuación había que buscarlas en Málaga. Y
Málaga era republicana. «No es posible aportar a este actuado prueba testifical
alguna dadas las actuales circunstancias», concluía el informe que entregó el
12 de agosto en las oficinas de la Auditoría de Guerra en Sevilla. A partir de
esa fecha el expediente estuvo completamente paralizado durante más de un año,
con una anotación a lápiz en la cubierta que decía: «Durmiente hasta la toma de
Málaga o nuevas órdenes del Sr. Auditor». Y mientras tanto, Jacinto, de cárcel
en cárcel: siete meses en los calabozos del cuartel del Regimiento de
Infantería Granada nº 6, veinte días en el Cuartel de Transeúntes, dos meses en
la plaza de España y varios más en la Prisión Militar de Ranilla. Málaga fue ocupada
a comienzos de febrero de 1937, pero no fue hasta el 28 de junio cuando la
Auditoría de Guerra ordenó proseguir la instrucción de la causa.
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| Informe del Ayuntamiento de Algodonales sobre los antecedentes de Jacinto Marchena |
Al
nuevo instructor, el alférez de caballería Pedro Gómez Gallego, le mandaron acreditar
los antecedentes sociopolíticos de Jacinto. La Delegación de Orden Público y la
Guardia Civil de Málaga no sabían absolutamente nada de él y los informes que
emitieron el Ayuntamiento y la Guardia Civil de Algodonales eran
contradictorios. El comandante de puesto, Santiago Failde, decía que estuvo
afiliado al partido Izquierda Republicana y que servía «de recadero para todas
las propagandas que había que hacer dentro del mismo», por lo que lo
consideraba «peligroso por sus ideas comunistas». El del Ayuntamiento lo
presentaba, en cambio, como un individuo de buena conducta moral, que no había
actuado destacadamente en política, de carácter apacible y «temperamento casi
atontado». De ese temperamento derivaron, sin duda, las inconsistencias y
contradicciones que a lo largo de todo el procedimiento judicial fueron
apareciendo en las declaraciones del algodonaleño.
Para
desgracia de Jacinto, los militares debieron de tomarse más en serio el informe
de la Guardia Civil que el del Ayuntamiento y el 23 de agosto se nombró un
nuevo instructor, el tercero, para continuar la causa. Se trataba de Fermín
García Roncal, secretario de la Audiencia Provincial de Sevilla, que había sido
habilitado como teniente para el ejercicio de funciones jurídico militares y a
quien asistió como secretario el abogado Antonio Ripoll Martínez. Jacinto
compareció ante ellos en Ranilla el 5 de octubre para ampliar su declaración.
Aunque más que ampliarla, lo que hizo fue –para sorpresa de los jurídicos–
cambiarla de arriba abajo en un inútil intento de enmendar la incoherente
historia que contó en julio de 1936. Según la nueva versión de los hechos, se
propuso desertar de las «filas rojas» y pasarse al «ejército español» en cuanto
el «movimiento» fracasó en Málaga y se quedó sin jefes; no hizo el viaje a
Sevilla en coche con los milicianos, sino andando; en llegar no tardó un día,
sino cinco; y no fue detenido por la Guardia Civil, sino que se presentó
voluntariamente «acogiéndose a las disposiciones del bando que prometía el
perdón a quienes se presentasen con armas y no hubiesen cometido ningún hecho
criminoso».
El Consejo de Guerra Permanente de Sevilla, presidido por el coronel de caballería José Alonso de la Espina Cuñado, se constituyó el 14 de octubre en la Audiencia Provincial para fallar la causa de Jacinto, que para la vista se había acumulado con las de otros seis sevillanos, vecinos de Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Écija, La Roda de Andalucía y Salteras. En el acta consta que el fiscal pidió para él una pena de reclusión perpetua a muerte y que trató de defenderse diciendo que «nunca jamás había pertenecido al Partido Comunista, pues siempre había estado unido a los señoritos». Con todas las limitaciones propias de su «temperamento», era consciente de que lo que allí se estaba ventilando era un conflicto de clases.
Los
hechos que la sentencia daba por probados eran que Jacinto había abandonado su
regimiento después de fracasar la sublevación en Málaga, que se marchó a Alcalá
de Guadaíra con armamento y munición, que entregó parte de esta a los
milicianos y, en lugar de presentarse a las autoridades, permaneció oculto
hasta que lo capturó la Guardia Civil, sin que estuviese probado que hubiese
protagonizado ningún otro acto de oposición al golpe. Desde la perspectiva de
la «justicia al revés», en la que se fundaba la actuación de los tribunales
franquistas, Jacinto no había desertado, «ya que la fuerza que en Málaga
dejaba, unida a los marxistas, no era un Ejército, sino un conjunto de
rebeldes», pero «ayudó a la rebelión» al entregar la munición a los milicianos
y no presentarse inmediatamente a las autoridades sublevadas en Sevilla. Lo
consideraron culpable de un delito de auxilio a la rebelión, agravado por la
circunstancia de «la gran trascendencia del hecho realizado, que se deriva de
la simple consideración del ejemplo desmoralizador que da un soldado que con
todas sus armas se encuentra merodeando por el campo». Por eso lo condenaron a
20 años de cárcel.
La
sentencia fue aprobada por el auditor de guerra el 19 de octubre, pero a
Jacinto no se la notificaron hasta el 7 de marzo de 1938. Aún continuaba preso
en Ranilla. En abril lo transfirieron al penal de El Puerto de Santa María y en
agosto a la Colonia Penitenciaria de El Dueso, en Santoña (Cantabria). Como la
mayor parte de los presos políticos del franquismo, no llegó a cumplir la
condena completa. Salió en libertad provisional de la prisión de La Bañeza
(León) el 13 de junio de 1940, mientras se tramitaba el expediente de revisión
de pena. Pero estaba de nuevo encarcelado, esta vez en la Prisión Provincial de
Cádiz, cuando en 1943 fueron a comunicarle que su condena había sido revisada y
reducida a tres años.
Jacinto
tuvo mala vida desde que salió de la cárcel de La Bañeza en 1940. Se fue a
vivir a El Gastor y en 1941 lo detuvieron, junto a la joven gastoreña Isabel
Fuentes Fernández, a quien apodaban la
Perdigona, acusados de robar en una vivienda. Entraron la madrugada del 17
noviembre saltando una tapia que daba al campo, rompieron la reja de una
ventana y se llevaron chacinas, miel, pan, fruta, cuatro sábanas y una funda.
Comida y ropa de cama. A Isabel la detuvieron el 20 de noviembre y a Jacinto
cuatro días después. Estuvo más de seis meses en prisión preventiva, hasta el 6
de junio de 1942. El 28 de julio la Audiencia Provincial de Cádiz lo condenó a
1 año, 1 mes y 11 días por robo, pero aún no había ingresado en prisión para
terminar de cumplir la condena cuando lo acusaron de un atraco a mano armada
que le costó una condena a 20 años.
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| Informe de la Comisión Central de Penados |
Cuando
se lee el procedimiento sumarísimo que se instruyó a raíz del atraco cometido 1
de julio de 1943 en la Dehesa Nueva,
en el camino de Olvera a Morón de la Frontera, es inevitable concluir que
Jacinto no tenía madera de bandido. Encañonó con una escopeta al labrador
Francisco Sánchez Jiménez, que iba a caballo hacia la finca Vega del Cuadro. Le dio el alto y le
exigió que le entregase el dinero que llevara, pero Sánchez respondió que no
tenía nada. Jacinto lo dejó marchar, sin registrarlo y con unas doscientas
cincuenta pesetas en la cartera. Sánchez no lo denunció hasta el 23 de agosto,
cuando supo que Jacinto estaba detenido en la cárcel de El Gastor porque lo
reclamaba la Audiencia Provincial de Cádiz. Lo llevaron al cuartel de la
Guardia Civil de Algodonales, donde a fuerza de palizas lo hicieron confesarse
autor de media docena de atracos cometidos durante los últimos dos meses en los
términos de Alcalá del Valle, Olvera, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas y
Utrera, todos en complicidad con el arriero José Troya Luna, el Mellizo. Un burdo montaje que se fue
al garete cuando Sánchez declaró que Jacinto iba solo cuando lo asaltó a él y
el juez instructor comprobó que el
Mellizo tenía coartadas que lo exculpaban y que los demás atracos que
pretendían imputarles ni siquiera eran reales. El consejo de guerra se celebró
el 13 de abril de 1943. Troya fue absuelto después de pasar seis meses y medio
en prisión preventiva entre las cárceles de Algodonales y Cádiz, pero a Jacinto
le aplicaron la Ley para la Seguridad del Estado y lo condenaron a 20 años por
el frustrado atraco a Francisco Sánchez.
Estuvo
preso en las cárceles de Cádiz, Noelda y El Puerto de Santa María. El hombre
debió de desesperarse e intentar una fuga, porque en 1949 lo condenaron a 3
años y 5 meses más por quebrantamiento de condena. Ese mismo año solicitó que
le fuese aplicado el indulto de 1949, pero se lo denegaron. También el de 1954.
En 1955, cuando le comunicaron que le habían reducido a 15 años la condena de
1943, aún continuaba en El Puerto. Y todavía faltaban 6 años para que quedasen
completamente extinguidas las que llevaba acumuladas.
Fernando Romero Romero
