Fernando Romero Romero
Recuperando la Memoria de la
Historia Social de Andalucía (CGT-A)
1. Socialistas contra republicanos
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| Pedro Pérez Álvarez |
Al
contrario de lo que ocurrió en la mayor parte de los municipios gaditanos, la
proclamación de la II República
Los
socialistas no tuvieron representación en el Ayuntamiento de 1931, pero las
elecciones que se celebraron en abril de 1933 para renovar las corporaciones
municipales que habían sido elegidas por el artículo 29 no los sorprendieron
desmovilizados. Quien entonces presidía la Sociedad Obrerala República era ya un hombre
maduro, con más de cuarenta años, y no tardó en convertirse en uno de los
militantes de confianza del sindicato. Indicativo de ello es que fue uno de los
dos vocales obreros de la comisión local de Policía Rural, el organismo creado
para vigilar el estricto cumplimiento de la legislación agraria socialista en
los predios del término municipal. Él fue quien encabezó la candidatura
socialista que el 23 de abril de 1933 compitió en las urnas con los señoritos republicanos. Los socialistas coparon
los nueve puestos de la corporación y Pedro Pérez fue elegido alcalde el 10 de
mayo de 1933.[3]
Esa
misma corporación, que fue cesada gubernativamente en octubre de 1934, volvió a
hacerse cargo del gobierno municipal tras la victoria electoral de Frente
Popular. El 21 de febrero de 1936 los socialistas acudieron a la casa
consistorial con una bandera roja y el alcalde saliente, el radical Juan
Villalva Mejías, fue el único miembro de la corporación radical-cedista que
asistió al acto de reposición.[4] Al
día siguiente, en la primera sesión ordinaria que presidió Pedro Pérez como
alcalde, se reestructuró la composición del equipo de gobierno al ser
designados Andrés Castro Rodríguez y José Pérez Álvarez para los puestos de
primer teniente de alcalde y regidor síndico.[5]
No
ocurrió como en otros municipios, donde las corporaciones procedentes de las
elecciones de 1931 fueron reemplazadas por comisiones gestoras en las que
estaban representadas todas las organizaciones del Frente Popular. Y no es que
los partidos que había en Torre Alháquime en 1936 fuesen los mismos que en 1931
y 1933. En 1935 se había creado la agrupación local de Izquierda Republicana,[6] una
organización minoritaria cuyos afiliados no eran jornaleros agrícolas como los
del centro socialista, sino pequeños agricultores y modestos industriales y de
la que fue presidente el comerciante Juan Cubiles Castro. Cooperó estrechamente
con los socialistas en la campaña electoral y su presidente también lo fue del
comité local del Frente Popular, que se constituyó el 23 de marzo de 1936, pero
los conflictos entre unos y otros no tardaron en surgir. El secretario del
partido azañista en esa fecha era el hortelano Casimiro Mejías Fernández y
según él «ni los socialistas podían ver a los de Izquierda Republicana ni estos
a los socialistas, pues todo el mundo sabe que lo que querían unos y otros era
mandar». Decía que Cubiles «no deseaba otra cosa en su vida que mandar, quería
imponerse a los elementos socialistas y que estos estaban a matar con el
Cubiles».[7] Es
posible que el origen del conflicto radicase en el monopolio que tenían los
socialistas sobre la administración local. Quizás Cubiles esperaba entrar en el
Ayuntamiento en calidad de gestor y los socialistas se opusieron a reorganizar
la corporación, o pudo ocurrir simplemente que estos no permitieron que
interfiriese en la gestión municipal. Sean cuales fuesen los motivos, lo cierto
es que terminaron enfrentados públicamente. En alguna ocasión Cubiles salió a
la calle diciendo «que los socialistas eran unos enchufistas y que no tenían
dignidad», a principios de julio tuvo un altercado con un empleado y Pedro
Pérez mandó encerrarlo en la cárcel municipal.[8] Juan
Cubiles se fue arrimando a la extrema derecha desde que empezaron sus problemas
con los socialistas, se puso en contacto con la Falange de Olvera e
incluso se ofreció a organizar el partido fascista en Torre Alháquime.[9]
2. Crisis y pactos de trabajo
Torre
Alháquime tenía un censo obrero de más de doscientos jornaleros agrícolas. Unos
pocos habían sido asentados en fincas de Reforma Agraria, pero la inmensa
mayoría estaba en el pueblo a principios de 1936 y sufría una tremenda crisis
de trabajo, particularmente grave por las incesantes lluvias. A mediados de
marzo los parados acudían al Ayuntamiento pidiendo ayuda económica. Durante una
semana se repartieron entre los cabezas de familia 496,20 pesetas en socorros
de pan y se colocaron algunos desempleados en las obras del camino de La Ermita
al abrevadero público.[10] Las
arcas municipales no daban para más. Si no había dinero público para socorrer a
los parados, la única alternativa que quedaba para paliar la crisis de trabajo
era cargar a los agricultores y contribuyentes el mantenimiento de los obreros
en paro. Eso se hizo en Torre Alháquime, lo mismo que en otros pueblos de la
comarca, donde los alcaldes convocaron a delegaciones de patronos y obreros
para negociar «pactos de trabajo» que solucionasen la crisis.[11] El
gobernador insistía a los alcaldes para que buscasen soluciones a la crisis y
envió a los pueblos delegados suyos –con más capacidad de presión que los
alcaldes– para que mediasen entre las organizaciones obreras y patronales. En
Torre Alháquime se presentó el 17 de marzo el delegado gubernativo Tomás Merino
Bueno y fue él directamente, y no Pedro Pérez, quien citó a treinta
contribuyentes y agricultores del término y a cuatro hacendados forasteros para
que acudiesen el 19 a la asamblea que se celebraría en la casa consistorial.
El
acuerdo se cerró el 20 de marzo y la patronal se comprometió a emplear a 102
obreros en paro durante un período de cincuenta días. Los obreros recibirían
jornales de 4,50 pesetas si trabajaban en la escarda, 6,00 si lo hacían en
huertas o en la cava de viñas y un subsidio de 2,00 si las lluvias impedían
trabajar. Como la mayor parte del término estaba ocupada por latifundios que se
explotaban en régimen de arrendamiento o aparcería, hubo que acordar los
porcentajes del coste del pacto que correspondía asumir a la propiedad y al
cultivador directo. En el caso de fincas arrendadas, los colonos deberían pagar
dos terceras partes del importe del jornal y el propietario el tercio restante
y las proporciones se invertirían cuando hubiese que abonar el subsidio por
días de lluvia. En las fincas explotadas en régimen de aparcería el coste de
los jornales se repartiría a partes iguales entre propietarios y aparceros. El
50 % de los obreros beneficiarios del pacto serían elegidos directamente por
los patronos y la otra mitad entrarían a través de la bolsa de trabajo que controlaba
el Ayuntamiento, pero siempre dando prioridad a los cabezas de familia y, una
vez colocados estos, a los hijos de familias numerosas.[12]
De
este modo se consiguió mitigar y aplazar las consecuencias de la crisis de
trabajo hasta el 9 de mayo. La patronal tendría que desembolsar entre 10.200 y
30.600 pesetas dependiendo de las condiciones meteorológicas y del tipo de
faena en que se emplease a los parados y el 77 % de los 102 obreros a los que
había que dar trabajo tendrían que ser colocados en San Fernando, San Francisco
y Niza. Los socialistas estaban de
acuerdo con la solución acordada para salir de la crisis, pero eran conscientes
de que eso solo era un parche que aplazaba el problema sin darle una solución
real. A finales de abril propusieron que los cortijos San Fernando y San Francisco
fuesen explotados directamente por el sindicato en régimen de arrendamiento
colectivo. De haber prosperado la petición, los grandes perjudicados no habrían
sido los propietarios de los latifundios, que al fin y al cabo continuarían
recibiendo una renta por sus tierras, sino los agricultores del pueblo que
entonces las llevaban en arrendamiento.
El
pacto del 20 de marzo solo fue un paliativo temporal y en cuanto concluyó se
volvió a la misma situación de antes. El Ayuntamiento volvió a echar mano de
las obras públicas a cargo de la décima sobre contribuciones y durante una
semana a partir del día siguiente a la conclusión del pacto empleó a trece o
catorce obreros con jornal de 4,00 pesetas en las obras del camino de La Ermita
al abrevadero. A mediados de mayo Pedro Pérez comunicó a sus compañeros de
corporación que diariamente se le presentaban «grupos de obreros en demanda de
socorros a los cuales no puede aliviar por la falta de recursos de este
Ayuntamiento». Lo autorizaron a convocar a la patronal de pueblo para pedirle
de nuevo cooperación en la solución de la crisis y el 19 de mayo consiguió que
se comprometiese a desembolsar una nueva contribución económica para atender a
los parados. Aceptaron pagar un recargo del 5 % sobre sus cuotas del impuesto
de Utilidades, pero con la condición de que también lo hiciesen los
propietarios forasteros y que los colonos sin casa abierta que no pagaban
impuesto de Utilidades abonasen una peseta por cada fanega de tierra que llevaban.[13]
3.
Resistencia republicana
Cuando
la rebelión iniciada en Marruecos ya se había extendido a la península y
mientras los golpistas empezaban a imponerse rápidamente en Cádiz, en Jerez de la Frontera y en los
principales núcleos urbanos de la provincia,[14] el
cabo Salvador Campillo y los guardias de Torre Alháquime, que habían recibido
órdenes de concentrarse en la cabecera de línea, abandonaron el puesto sin
haber declarado el estado de guerra. Reunieron a sus familias, cogieron el
equipaje más imprescindible y se marcharon a Olvera. Ni Pedro Pérez Álvarez, ni
la corporación municipal que presidía, ni el sindicato socialista tuvieron
dudas a la hora de decidir la postura que debían adoptar ante la sublevación.
La primera reacción fue declarar una huelga general. Era una forma de protestar
contra el golpe. «Durante el dominio rojo dieron una orden los elementos
directivos de la UGT
de que se suspendiera el trabajo», recordaría luego un afiliado del sindicato.[15]
Entre los días 20 y 22 se decidió desarmar a la gente de derecha –los que
aplaudían a los rebeldes– y organizar patrullas de obreros para vigilar las entradas del pueblo. ¿Quién tomó la iniciativa?
El socialista Diego Medina Guerra decía que en el ayuntamiento hubo una reunión
en la que el alcalde decidió armar a los obreros,[16] pero
otras fuentes indican que fue el presidente del sindicato, Cristóbal Guerra
Carreño, quien tuvo un papel más activo en la organización de la defensa.[17]
El
armamento incautado se depositó en el ayuntamiento. Era el punto de donde
salían y donde se relevaban las patrullas de obreros que montaban guardia en
las entradas del pueblo, en La Ermita , El Camorro, Los Corrales, Vereda Ancha,
La Casilla , el cruce de la carretera de Cuevas
del Becerro y otros lugares estratégicos. Los servicios de armas empezaron
siendo voluntarios, pero luego se hicieron obligatorios y todos los militantes
del sindicato eran llamados por turno para hacerlos.[18] Las
armas eran pocas y se devolvían cada vez que cambiaba el turno de guardia.
Según las declaraciones de algunos de ellos, cuando los llamaban para hacer un
servicio les entregaban la escopeta y escasa munición. Los que estaban
apostados en los accesos del casco urbano controlaban a quienes entraban y
salían.
La
intervención de la actividad económica para asegurar el abastecimiento de la
población comenzó a partir del día 24 o 25. Se incautaron de los hornos de pan
y se exigió a los agricultores y comerciantes del pueblo la entrega de las
reservas de trigo y otros alimentos, que también fueron almacenados en el
ayuntamiento.[19] Según el falangista
Antonio García Partida, Pedro Pérez implantó en Torre Alháquime «el comunismo
libertario, prohibiendo él personalmente la venta de toda clase de artículos,
almacenando en la casa ayuntamiento como economato todos los artículos de
primera necesidad, que existían en poder de sus legítimos dueños, obligando a
todos los vecinos a proveerse de dichos artículos mediante vales expedidos del
comité revolucionario». Pedro justificó aquella decisión diciendo que «en vista
de que el pueblo tenía hambre y en las tiendas se exigía por éste los
comestibles que había, él ordenó la traída al ayuntamiento de los efectos y
comestibles que en ellas había y éstos eran distribuidos proporcionalmente a
todo el vecindario de esta localidad».[20] Para
las incautaciones se nombró un comité o comisión de la que formaban parte
Francisco Villalva Blanco, Andrés Galán Luna y José Carreño Torres, que era
vicesecretario del sindicato. A los propietarios afectados se les entregaba
como justificante un vale que generalmente era expedido por Carreño o por el
alcalde.[21] El ayuntamiento hizo las
veces de arsenal, almacén y también de centro de distribución y racionamiento.
El
27 de julio pasó por Torre Alháquime una columna de milicianos y carabineros
republicanos, procedente de Ronda, que se dirigía a Olvera y tuvo que detenerse
en el pueblo mientras se reparaba el puente de Romaila, que dos días antes había sido inutilizado por un grupo de
unos cuarenta hombres, del que formó parte Pedro Pérez, para impedir el
tránsito de fuerzas rebeldes.[22]
Según el alcalde, la columna estaba formada veintiséis o veintisiete camiones,
abarrotados de gente con todo tipo de armamento. Calculaba que debían de ser
alrededor de ochocientos hombres.[23] Se
puede imaginar el impacto que la entrada de una columna de más de medio millar
de milicianos y carabineros debió de producir en un pueblo cuya población
rondaba los mil doscientos habitantes, sobre todo teniendo en cuenta que no fue
pacífica. Los camiones quedaron estacionados en la entrada, pero los grupos de
milicianos empezaron a subir al centro urbano. Saquearon el cuartel de la Guardia Civil , la
iglesia y la casa del cura. En los incendios y saqueos intervino, junto con los
forasteros, gente del pueblo. En la Causa General se indica que los autores fueron
los miembros de la columna rondeña «en unión de los destacados del Centro
Socialista de esta villa, no pudiendo precisarse los nombres de los autores por
haber sido hecho en masa».[24]
La
columna salió hacia Olvera de madrugada, pero se replegó cuando la mañana
siguiente apareció un avión rebelde que también sobrevoló el casco urbano de
Torre Alháquime, provocando que gran parte del vecindario abandonase el pueblo,
que quedó prácticamente desierto. Algunos vecinos de derecha que estaban
refugiados en las huertas aprovecharon esa circunstancia para subir a Olvera y
unirse a las fuerzas golpistas que se estaban concentrando allí. Se armaron con
fusiles que les dieron los falangistas de Mora Figueroa y se unieron a la
columna de guardias civiles rebeldes que la tarde del 31 de julio ocupó Torre
Alháquime. El pueblo solo estaba guarnecido por la improvisada milicia que
organizó el sindicato socialista y los campesinos que vigilaban las entradas
salieron corriendo en cuanto vieron aparecer la columna de guardias civiles.
Entre ellos iba Pedro Pérez, a quien vieron salir a toda prisa, con una
escopeta a cuestas.
4. Huida y regreso de Málaga
La
gente de izquierda que huyó de Torre Alháquime a finales de julio de 1936 permaneció
varias semanas refugiada en casas de campo próximas al pueblo que no estaban
controladas por los rebeldes. Pedro estuvo en un olivar del cortijo Las Hormigas y formó parte de las
patrullas de milicianos que hicieron servicios de armas en la zona hasta que la
ocupación de Ronda en septiembre los obligó a retirarse hacia la serranía y el
litoral malagueño. Los rebeldes ya habían causado alguna víctima en el pueblo
durante el mes de agosto, pero la ofensiva sobre Ronda recrudeció la gran
represión que segó las vidas de más de una veintena de hombres y mujeres de
Torre Alháquime. Algunos de ellos fueron capturados por las partidas de
falangistas y guardias civiles que batían los alrededores del término, pero
otros se habían quedado voluntariamente, confiados en que sus vidas no
peligraban. Entre los fusilados estaban dos miembros de la corporación
municipal, Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera. Al parecer hubo
un intento de asesinar a Juana Guerra, la esposa de Pedro: la llevaron
encañonada al pueblo desde una casa de campo, pero el ex concejal radical Juan
Casimiro Villalva impidió que la matasen.
Casi
un centenar de vecinos, la mayor parte varones adultos, pero también algunas
mujeres y niños, huyeron hacia la provincia de Málaga en septiembre de 1936. Pedro
Pérez iba con dos de sus hijos, Pedro y Juan Pérez Guerra, de diecinueve y
diecisiete años respectivamente. Su primer destino fue San Pedro Alcántara,
pero de allí pasaron a Málaga para evitar que los muchachos fuesen alistados en
la columna anarquista de Pedro López Calle. En la capital se habían concentrado
miles de refugiados procedentes de las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y
de las comarcas malagueñas que ya estaban ocupadas por los rebeldes, y los
refugiados de algunas localidades serranas constituyeron comités que fueron sus
órganos de representación.[25]
Pedro fue el responsable de distribuir entre los refugiados de Torre Alháquime,
Alcalá del Valle y Setenil los subsidios que les asignó el comité de la ciudad,
una tarea en la que a veces era auxiliado por uno de sus hijos y por el
concejal Francisco Medina Trujillo.
5. Consejo de guerra y ejecución
Juan
y Pedro Pérez Guerra consiguieron pasar de Málaga a las provincias orientales
antes de que la ciudad fuese ocupada por el ejército rebelde en febrero de 1937,
pero el padre estaba hospitalizado desde varias semanas antes. Al menos treinta
hombres y mujeres huidos de Torre Alháquime quedaron atrapados en la capital y
su entorno. La mayor parte de ellos llegó al pueblo a mediados de mes. Fueron
detenidos e interrogados en el cuartel de la Guardia Civil.
Quienes no eran considerados peligrosos o contaban con el aval de algún
derechista del pueblo fueron liberados, pero veintidós quedaron encarcelados en
el depósito municipal o en La
Casilla. Pedro
La
Orden General del Ejercito del Sur de 3 de marzo había marcado las pautas para
instruir las diligencias sobre los antecedentes políticos y actitud que
adoptaron frente al golpe los que regresaban de la zona roja. El teniente de la Guardia Civil
Los
derechistas que testificaron sobre la conducta del alcalde fueron los
industriales Juan Calle García y Enrique Carrasco Domínguez. Juan Calle era un
comerciante que había sido afectado directamente por las incautaciones de
alimentos que ordenó Pedro Pérez «en los tres días que se vivió el comunismo en
esta localidad» y lo acusó de haber actuado «unas veces con amenazas y siempre
con exigencias» cuando siendo alcalde reunió a los industriales y propietarios
del pueblo para que contribuyesen a sostener a los parados. Enrique Carrasco,
que había sido concejal radical durante la República y luego formó parte de la comisión gestora
impuesta por los golpistas, también lo acusó de ordenar la incautación y
racionamiento de alimentos y además añadió que lo vio armado por la calle y que
él mismo fue detenido por orden suya «por exigirle la entrega de una escopeta
de su propiedad la cual no tenía por haber entregado en el cuartel de la Guardia Civil». Según el jefe
de Falange, Antonio García Partida, fue Pedro quien mandó desarmar a la derecha
y lo acusó de ordenar a los milicianos que hacían guardia en la entrada del
pueblo que disparasen contra un guardia civil y un soldado rebelde que pasaron
cerca del casco urbano el 27 de julio, justo antes de que llegase la columna de
Ronda, y que huyeron en dirección a Olvera. El cabo Salvador Campillo, que no
conocía los hechos de primera mano, puesto que estuvo concentrado en Olvera
mientras sucedió todo aquello, también informó de que fue él quien ordenó el
desarme de la derecha y la incautación de aparatos de radio, ordenó el servicio
de vigilancia en los extramuros y «dio facilidades en el alojamiento» a la
columna rondeña, si bien matizó que le constaba que «obró así instigado por la
junta directiva de la Casa
del Pueblo que lo dominaba».
Los expedientes instruidos por el teniente
Torres se enviaron al Gobierno Militar de la provincia, que a su vez los
remitió al Consejo de Guerra Permanente de Cádiz, a quien correspondía la
decisión de transformar las diligencias previas en procedimiento sumarísimo por
delito de rebelión militar. Se ordenó continuar la tramitación de los dieciséis
y, siguiendo la práctica ordinaria de agrupar en un solo sumario a los
encartados por hechos conexos, todos quedaron unidos en el 190-37. Para la
tramitación del procedimiento se designó al teniente honorífico del Cuerpo
Jurídico Militar Manuel Moreno Herrera. El 22 de abril se personó en Torre
Alháquime con el cabo de Infantería Bartolomé Llompart Bello[26] en
función de secretario para tomar la declaración indagatoria a los encartados y
para que los testigos ratificasen o ampliasen las suyas. Los encartados
confirmaron lo que ya tenían declarado, excepto Fernando Barriga que ratificó
su primera declaración, pero a continuación negó que fuese cierto que había
pertenecido a un batallón de milicianos en Málaga, como constaba en aquella. El
cabo y los testigos también ratificaron las suyas, aunque algunos tuvieron que
rectificar y admitir que no fueron testigos directos de los hechos sobre los
que habían depuesto. Al terminar la jornada, Moreno Herrera había tomado
sesenta y tres declaraciones y también tenía redactado el auto-resumen que
declaraba a los encartados procesados y presos por delito de rebelión.
El
auto-resumen imputaba a diez de los procesados el haber prestado servicios de
armas para hacer frente a las «fuerzas nacionales», varios de ellos habían
intervenido además en registros domiciliarios y en el saqueo de la iglesia y
del cuartel y dos fueron milicianos en Málaga. Pedro Pérez aparecía como responsable
de ordenar incautaciones y de atender a la columna de milicianos el 27 de
julio. La responsabilidad de Roque Morales se agravaba al presentarlo como el «jefe
de escopeteros» que organizaba los servicios de guardias y que ordenó la
persecución de un guardia civil y un soldado rebelde que pasaron cerca de Torre
Alháquime poco antes de que llegase la columna rondeña y que fueron tiroteados
y perseguidos los milicianos. Las imputaciones más graves son las que se
hicieron a Diego Medina: servicios de armas en el pueblo, el hallazgo de
explosivos en su domicilio, intervenir en los asesinatos de varios derechistas y
alistarse en un batallón de milicias en Málaga. El resumen pasó por alto la
declaración de un testigo que aseguraba haber visto con armas a José Carreño
Torres, pero fue imputado como uno de los responsables del comité de
abastecimientos. Las mujeres no hicieron servicios de armas, pero intervinieron
en los saqueos. Tampoco había constancia de que el concejal Pedro Marín y
Lorenzo García Sacie hubiesen tomado las armas, pero al primero se le había
visto «predicar a los obreros el desorden» y se le consideraba responsable de
tomar con el resto de la corporación municipal «el acuerdo de sumarse a las
fuerzas rojas que entraron en el pueblo» y el segundo era presentado como un
activo propagandista de ideas de izquierda. Por último, a José Morilla Vicario,
que no estaba afiliado a organizaciones de izquierda, se le acusaba de robar
una casa del pueblo mientras la gente del pueblo huía al campo por miedo al
avión rebelde la mañana del 28 de julio. La fase de instrucción sumarial había
quedado concluida en un solo día y el expediente estaba listo para que el
Consejo de Guerra señalase la fecha de la vista.
Centenares
de hombres y mujeres de la sierra fueron puestos a disposición de los juzgados
militares en la primavera de 1937. Los sumarios se instruyeron rápidamente,
como el de Torre Alháquime, y durante el mes de mayo el Consejo de Guerra
Permanente de Cádiz se desplazó a la comarca para la celebración de los
juicios. Hubo consejos de guerra colectivos entre los días 5 y 10 en Arcos de la Frontera ; el 11 y 12 en
Villamartín; del 14 al 18 en Algodonales; el 20 en Grazalema, el 21 y 22 en
Ubrique y el 23 de nuevo en Villamartín. La vista de la causa 190-37 se celebró
en Algodonales el 15 de mayo. Los reos fueron trasladados a esta localidad al
menos dos días antes y designaron como defensor al teniente Federico Sahagún
Repeto, pero las garantías procesales del juicio eran mínimas. Al defensor solo
se le permitía examinar el sumario durante tres horas y desde Sevilla se habían
dado instrucciones para que fuesen condenados a muerte todos los que hubiesen
sido milicianos e incluso se indicaron las proporciones que debían guardar
entre sí las penas dictadas por los tribunales castrenses.[27] Así
las cosas, no sorprende que el fiscal solicitase la pena de muerte para catorce
reos y que el tribunal, presidido por el comandante Cipriano Briz González, la
dictase para once. A los otros cinco les impusieron penas de veinte a treinta
años de cárcel. El criterio fue sancionar con la pena capital a todos los que
hicieron servicios de armas o intervinieron en saqueos, excepto dos que no
fueron considerados peligrosos; y también se condenó a muerte a Pedro Marín,
que no hizo servicios de armas pero lo responsabilizaron de organizar la
resistencia con el alcalde. Tanto las acciones de resistencia como la violencia
revolucionaria se tipificaron como rebelión militar. A la práctica de la
justicia al revés se sumó la premisa de que las organizaciones del Frente
Popular habían dado la consigna de «verificar
cuantas destrucciones, saqueos y actos de violencia fueren posibles para
oponerse a nuestras armas» y de ahí se concluyó que «tan indudable es la rebelión de aquellos que empuñaron las armas y
con ellas lucharon contra nuestro ejército como la de los que realizaron los
excesos y violencias por el gobierno faccioso y organizaciones dependientes
aconsejada, y en este sentido han de merecer la calificación de rebeldes total
y plenamente unos y otros, sea cualquiera la forma de su actuación de las dos
anteriormente señaladas». Cuando oyeron la petición del fiscal, Pedro Marín y
Pedro Pérez dijeron «que es mucha la pena que se le[s] pide» y el segundo añadió
«que durante su gestión como alcalde nada anormal ocurrió en el pueblo».
La
sentencia se dictó el mismo día del juicio, pero no se les comunicó
inmediatamente porque antes tenía que aprobarla el auditor de guerra y las
condenas a muerte requerían el «enterado» del cuartel del generalísimo. Con la
causa ya juzgada, no era necesario mantener a los presos en el pueblo, donde
además de generar un gasto de alimentación requerían el establecimiento de un
dispositivo de vigilancia en el edificio habilitado como cárcel. Los varones
fueron enviados al Penal del Puerto de Santa María y las mujeres a la Prisión Provincial
de Sevilla, desde donde las trasladarían a los pocos días a la Prisión del Partido del
Puerto de Santa María. El «enterado» de Franco llevaba ya una semana en las
oficinas de la Auditoría
de Guerra en Sevilla cuando los hombres ingresaron el 19 de junio en el Penal
de El Puerto. Las condenas a muerte de María Jiménez y Trinidad Morales fueron
conmutadas por reclusión perpetua (30 años), pero las de los varones habían
sido ratificadas.
Les
notificaron la sentencia el 1 de julio y el día 2 se procedió a la ejecución. En
la cárcel les ofrecieron servicios de capilla y de madrugada fueron entregados
a la Guardia Civil.
Los llevaron al cementerio de la ciudad, a la espalda del cuarto patio, donde
fueron fusilados por un piquete de la Guardia Civil en presencia del comandante militar
de la plaza y de fuerzas de Infantería, Carabineros, Falange y Milicias
Nacionales. Los cuerpos sin vida fueron reconocidos por el médico forense Luis
Bootellos y los enterraron en dos fosas comunes del cuarto patio. A diferencia
de las muertes causadas por la represión inicial de 1936, los fusilamientos de
julio de 1937 no fueron asesinatos sino ejecuciones. Dejando aparte la cuestión
de la legalidad, legitimidad y falta de garantías procesales de la Justicia Militar
rebelde, la existencia de procedimiento judicial, tribunal y sentencia nos sitúa
en un plano distinto del «terror caliente» de 1936. Las víctimas de la
represión inicial fueron enterradas en fosas comunes irregulares fuera de los
cementerios y la inmensa mayoría no se inscribió en el Registro Civil, por lo
que a efectos legales no eran más que desaparecidos. Eso no ocurre con los
condenados a muerte por los tribunales militares, pues la norma es que en la
diligencia de ejecución de la sentencia se incluyan el certificado de
enterramiento en el cementerio y el de defunción. En la diligencia de los
condenados de la causa 190-37 se indica que fueron «enterrados en el Cementerio
Católico de esta ciudad, en el patio primero, lado derecho, letra A, y lado
izquierdo letra B». Las defunciones de los nueve ejecutados se inscribieron en
el libro 59 del Registro Civil de El Puerto de Santa María. La de Pedro Pérez,
en el folio 141.[28]
6. Los hijos y los compañeros de la
corporación
Los
concejales socialistas Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera
fueron asesinados por los rebeldes en septiembre de 1936. Pedro Marín Salguero
fue condenado a muerte y fusilado en El Puerto de Santa María a la vez que el
alcalde. José Pérez Álvarez también estuvo refugiado en la provincia de Málaga;
no fue encausado por la justicia militar cuando regresó en febrero, pero lo
detuvieron cuando su reemplazo fue llamado a filas a finales de año; estuvo
varios meses encarcelado y lo juzgaron en Cádiz el 12 de mayo de 1938, pero fue
absuelto. Enrique Guerra Valiente y Andrés Castro Rodríguez regresaron cuando
terminó la guerra y ambos fueron juzgados en Olvera el 15 de julio de 1939; al
primero lo condenaron a 6 años y 1 día de reclusión por excitación a la
rebelión y al segundo a 8 años y 1 día.[29]
 |
| Juan Pérez Guerra |
Los
dos hijos mayores del alcalde, Juan y Pedro Pérez Guerra, sobrevivieron a la
guerra. Juan se exilió en Francia y Pedro regresó a Torre Alháquime desde
Madrid en 1939. En enero de 1938 se había incorporado en la capital a la 152
Brigada de Carabineros y lo destinaron al sector del cerro de los Ángeles.
Cuando volvió al pueblo lo detuvieron y lo acusaron –como a casi todos los que
retornaban– de participar en «huelgas revolucionarias», en la manifestación del
1º de Mayo de 1936, que acabó en una colisión entre guardias civiles de puesto de
Olvera y obreros de Alcalá del Valle y Torre Alháquime, de intervenir en el
saqueo de la iglesia y del cuartel el 27 de julio y de hacer guardias como
miliciano. Y él –como casi todos– negó cuanto dijeron los acusadores. Decía que
estuvo en la carretera por donde pasó la manifestación, pero que no participó
en ella, que el 18 de julio estaba en Arcos de la Frontera , que pasó tres
días trabajando en la carretera de Zahara de la Sierra y que cuando regresó
a Torre Alháquime solo permaneció en el pueblo dos o tres horas y luego se
marchó al rancho Las Monjas, del
término de Setenil, donde estuvo trabajando hasta que las columnas rebeldes
ocuparon la zona. Ni el juez instructor y ni el tribunal creyeron su versión,
entre otras razones, porque la
Guardia Civil exhibió una declaración del joven Francisco
Guerra Romero en la que se citaba a Pedro y a su hermano Juan entre los
miembros de la
Juventud Socialista que intervinieron en los saqueos del 27
de julio. El 8 de marzo de 1940 fue juzgado en Jerez de la Frontera y lo condenaron
a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión. Su itinerario carcelario había
comenzado el 14 de abril de 1939 en el depósito municipal, de donde fue
trasladado a la Prisión
del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, Prisión del Partido de Jerez
y Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, donde recibió la libertad
condicional el 14 de agosto de 1941.[30]
* «Pedro Pérez
Álvarez. Alcalde socialista de Torre Alháquime», publicado en S. MORENO TELLO
(Coord.): La destrucción de la
Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de
Cádiz. Junta de Andalucía, 2012, Vol. II, pp. 383-403.
[1] La conflictividad
social y política en Torre Alháquime durante la República en ROMERO ROMERO, Fernando, Socialistas de Torre Alháquime. De la Ilusión republicana a la
tragedia de la Guerra Civilla Sierra de Cádiz: Torre Alháquime 1936». Ubi Sunt?, nº 24 (2009), 108-117.
[2] La Sociedad Obrera
Socialista El Trabajo se constituyó el 15 de mayo de 1931, siendo su fundador y
presidente Francisco Cazalla Riquelme y Juan Mejías Villalva respectivamente
(ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ (abreviado: AHPC), Gobierno Civil, libro
474, inscripción nº 1.139).
[3] ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRE
ALHÁQUIME (abreviado: AMTA), Actas Capitulares (abreviado: AC), sesión de 10 de
mayo de 1933. El resultado de la elección, en Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, nº
96 de 26 de abril de 1933.
[4] AMTA, AC, sesión de 21
de febrero de 1936.
[5] AMTA, AC, sesión de 22
de febrero de 1936.
[6] En el Registro de
Asociaciones del Gobierno Civil consta Juan Cubiles Castro como presidente y
fundador. Los estatutos se presentaron el 26 de julio de 1935 y se constituyó
el 8 de agosto de 1935 (AHPC, Gobierno Civil, libro 476, inscripción nº 455).
[7] ARCHIVO DEL TRIBUNAL
MILITAR TERRITORIAL nº 2 (abreviado: ATMT2), Sumarios, leg. 331, doc. 12.613.
[8] AMTA, Caja 188, «Expediente de multa
gubernativa impuesta a las vecinas de esta Villa Margarita Márquez Márquez y
Carmen Márquez Márquez por alteración del orden público».
[9] ATMT2, Sumarios, leg.
331, doc. 12.613.
[10] AMTA, AC, sesiones
de 16-3-1936, 21-3-1936 y 28-3-1936.
[11] ROMERO ROMERO, Fernando,
República, guerra civil y represión en
Villamartín 1931-1946. Villamartín, Ayuntamiento de Villamartín, 2008,
212-216; ROMERO ROMERO, Fernando, Alcalá
del Valle. República, Guerra Civil y represión 1931-1946. Alcalá del Valle,
Ayuntamiento de Alcalá del Valle, 2009, 89-91.
[12] AMTA, Caja 85,
carpeta «Trabajo», documento sin
título [«Habiendo sido
nombrado Delegado del Excmo. Sr. Gobernador…»].
[13] AMTA, AC, sesiones de 9
de mayo de 1936 y 16 de mayo de 1936.
[14] Sobre el golpe y
operaciones militares en la provincia, véase ESPINOSA MAESTRE, Francisco, «Apuntes para la historia
de la sublevación de julio de 1936 en Cádiz». Almajar,
nº II (2005), 177-193; NÚÑEZ CALVO, Jesús Narciso, «La actuación de las columnas rebeldes
en las Sierras de Cádiz y Ronda»,
en Juan Ortiz Villalba (ed.), Andalucía:
Guerra y Exilio. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide – Fundación El
Monte, 2005, 71-88.
[15] ATMT2, Sumarios, leg.
1.199, doc. 30.701, ff. 5-6.
[16] Declaración de Diego
Medina Guerra, en ATMT2, Sumarios, leg. 1.272, doc. 31.809.
[17] ARCHIVO HISTÓRICO
NACIONAL (abreviado: AHN), Causa General, Cádiz, caja 1.061, 4ª Pieza, f. 2.
[18] El falangista
Antonio García Partida decía que «al principio sólo hacían el servicio los que
se prestaron voluntariamente, pero que después fue obligatorio para todos los
asociados» (ATMT2, Sumarios,
leg. 1.169, doc. 30.053).
[19] La fecha de inicio de
las incautaciones aparece en un informe de la Guarda Civil de 15 de
octubre de 1937 inserto en ATMT2, Sumarios, leg. 1.282, doc. 31.935, ff.
71-71v.
[20] Declaración de Pedro
Pérez Álvarez, en ATMT2, Sumarios, leg. 1.272, doc. 31.809, ff. 27v.-28v.;
informe del jefe de Falange en f. 31.
[21] Declaración de José
Carreño Torres, en ATMT2, Sumarios, leg. 1.272, doc. 31.809 y de Francisco
Villalva Blanco en leg. 1.176, doc. 30.180, f. 14.
[22] Informe de la Guardia Civil y
declaración de Juan Casimiro Villalva Zamudio, en ATMT2, Sumarios, leg. 1.255,
ff. 23-25. En un informe fechado el 9-12-1937 la Guardia Civil indica
que «el día 24 se reunió la Gestora con los que
formaban el Frente Popular, tomando el acuerdo que por la clase pudiente se
facilitasen medios en cantidades y especies para los obreros, que para atender
a cualquier eventualidad habían de abandonar el trabajo y para atender al Orden
Público» (ATMT2, Sumarios, leg.
1.189, doc. 30.494, f. 5).
[23] Declaración de Pedro
Pérez Álvarez, en ATMT2, Sumarios, leg. 1.272, doc. 31.809. Según el informe de
15-10-1937 de la Guardia
Civil , la columna estaba formada por unos seiscientos
hombres.
[24] AHN, Causa General,
Cádiz, caja 1.061, Pieza principal, f. 135.
[25] Sobre los refugiados en
Málaga, véase PRIETO BORREGO, Lucía; BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, Población y Guerra Civil en Málaga: caída,
éxodo y refugio. Málaga, Diputación de Málaga, 2007.
[26] Bartolomé Llompart
Bello (1912-1983) fue un conocido periodista gaditano. Estudió en la escuela
periodística del diario católico El
Debate, dirigida por Ángel Herrera Oria, y desarrolló su carrera
profesional en Cádiz, donde trabajó en los periódicos La
Información , Hoja del Lunes, Diario de Cádiz y fue
corresponsal de ABC. También fue presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz.
[27] NÚÑEZ CALVO, Jesús
Narciso, «La represión y sus
directrices sevillanas en la provincia de Cádiz». Almajar,
nº II (2005), 195-208.
[28] ATMT2, Sumarios, leg.
1.272, doc. 31.809.
[29] ATMT2, Sumarios,
leg. 1.189, doc. 30.494; leg. 1.246, doc. 31.487; y leg. 1.263, doc. 31.713.
[30] ATMT2, Sumarios,
leg. 1.272, doc. 31.807.
