Fernando Romero Romero
La
documentación judicial militar generada por la Auditoría de Guerra de la
Segunda División Orgánica, actualmente conservada en el Archivo del Tribunal
Militar Territorial Segundo, no deja de arrojar nuevos datos sobre el
desarrollo de la sublevación del 18 de julio de 1936. La reciente localización
de expedientes instruidos contra miembros de institutos armados nos proporciona
nueva información para reconstruir los hechos sucedidos en Villamartín. Los que
se exponen en este artículo proceden de la sumaria instruida contra los
carabineros Francisco Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, que recibió la
numeración 98-938 de los Servicios de Justicia de Cádiz.
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| Distintivo de cuerpo de Carabineros durante la II República |
El
procedimiento tiene su origen en la orden confidencial y reservada que el
general jefe de la Segunda División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, cursó el
3 de marzo de 1937 a los gobiernos militares para que los mandos de las
instituciones armadas vigilasen la conducta de sus subordinados. «En la campaña contra el
marxismo —decía— hay
que ser constantes para conseguir lo que se persigue: su total y absoluta
eliminación». Recordaba a los mandos que tenían la
obligación de estar al corriente de «cualquier
brote» que pudiera surgir
en sus unidades y que debían vigilar cuidadosamente «a todos los individuos y, muy especialmente a los
calificados como sospechosos».
El Estado Mayor la entregó al jefe de la Comandancia de Carabineros de Cádiz
junto con unas instrucciones encaminadas a depurar la conducta de su personal con
relación al 18 de julio. El objetivo era expulsar del cuerpo a quienes por su
conducta se considerasen «contrarios
al Movimiento Nacional».
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| Sello de la Comandancia de Carabineros de Cádiz |
En
las relaciones de carabineros detenidos, procesados, sometidos a expedientes
informativos y sospechosos de izquierdismo que generó el proceso de depuración de
la 11ª Comandancia no se encuentra ninguno de los destinados al puesto de
Villamartín. El sargento José Sánchez Monje y los carabineros bajo su mando se sumaron a la sublevación y
se pusieron a las órdenes del brigada de la Guardia Civil Narciso Santos Muñoz,
que desempeñaba la función de comandante militar de la plaza. El brigada decía
que encontró «una ayuda muy eficaz tanto en el comandante del puesto de
Carabineros como igualmente en toda la fuerza que tenía a sus órdenes para el
triunfo de la Causa Nacional» y expresó en estos términos la actitud de Sánchez
Monje:
[…] desde
los primeros momentos observó una actitud de adhesión inquebrantable al Glorioso Movimiento, sin
que observara en él titubeo de ninguna clase, poniéndose a las órdenes del que
narra para cuanto fuere necesario, cooperando con gran espíritu de sacrificio
en cuantos servicios hubo necesidad de prestar, no notando en él nunca la menor
pereza para cumplir cuanto le fue ordenado [.]
Pero
entre los carabineros de conducta dudosa de la 11ª Comandancia se encontraban Francisco
Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, del puesto de Jerez, de quienes se
decía que simpatizaban con «ideas
sustentadas por marxismo y comunismo»
y a quienes se suponía autores de una llamada telefónica en la que transmitieron
«noticias falsas y alarmantes» a Villamartín.
Los
hechos ocurrieron el 22 de julio de 1936. Los guardias civiles y carabineros de
Villamartín aún no tenían el control completo del casco urbano y realizaban un
servicio de descubierta a primera hora de la mañana cuando, al pasar por
delante de la central de teléfonos, la patrulla fue avisada de que un teniente
de Carabineros requería la presencia del sargento Sánchez Monje en la
subestación eléctrica de la Compañía Sevillana de Electricidad situada en las
afueras del pueblo. El sargento envió a los carabineros Francisco Gil Cortés y
Antonio Lupiáñez García, quienes se encontraron que allí no había ningún
teniente. Lo que había ocurrido es que se había recibido una llamada telefónica
procedente de la estación eléctrica de Jerez. Puestos al habla con la estación jerezana,
Francisco Gil mantuvo una conversación con Francisco Borrego Domínguez, que
hacía servicio de guardia en esta y a quien conocía personalmente por haber
estado destinado unos años antes en el puesto de Villamartín.
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| Rúbricas de los carabineros José Sánchez Monje y Francisco Gil Cortés |
Del
contenido de la conversación telefónica existen varias versiones. Según Gil
Cortés, Borrego dijo que la sublevación militar había fracasado en San
Fernando, en Cádiz y en el entorno de la capital, que los moros andaban «corriendo por Casas Viejas» y que todo Jerez, excepto la
emisora de radio, estaba tomado por fuerzas leales al Gobierno. Transmitió la
orden, supuestamente procedente del teniente de Jerez, de que el sargento Sánchez
Monje requisase varios vehículos y acudiese a Jerez con cuantas fuerzas pudiese
reunir en Villamartín, Bornos y Arcos para ayudar a tomar la emisora y advirtió
de que una columna gubernamental procedente de Ronda pasaría pronto por
Villamartín con dirección a Jerez. Luego se puso al teléfono otro individuo que
dijo ser el teniente y que concluyó la conversación diciendo: «Mire usted, Gil, lo que te ha
dicho su compañero Borrego es verdad. Se lo comunica usted al sargento y le
dice usted que a la una le llamaré por teléfono».
El
carabinero Gil aseguraba que no se creyó nada de lo que dijo Borrego, pero el
sargento Sánchez Monje dio a entender que iba alterado cuando le informó de la
conversación:
Sargento Sánchez, estamos perdidos. Me ha
dicho el carabinero Borrego que ha hablando conmigo que San Fernando ha sido
bombardeado y tomado por los rojos, y [en] Jerez no quedaba más que tomar por los rojos la emisora de radio, y que
las fuerzas de Regulares habían huido al campo en desbandada, que reclutáramos
el mayor número de obreros, desde luego marxistas, y que en camiones perfectamente
armados se vengan a Jerez.
Según
Lupiáñez, el sargento Sánchez Monje reunió a los demás carabineros que estaban
a sus órdenes —Mario Martín Caldera, Antonio Martín y Antonio Olivera— para
conocer su parecer sobre lo ocurrido y todos manifestaron unánimemente que no
estaban dispuestos a ir a Jerez dejando abandonadas a sus familias en
Villamartín; después se fue en busca del brigada Santos y le dio parte de la
conferencia en presencia del sargento Manuel García Guzmán y del cabo Victoriano
Meco. En la versión de Sánchez Monje y del sargento García Guzmán —que
en lo esencial coincide con la de Lupiáñez— se indica que los guardias
civiles también habrían participaron en el improvisado conciliábulo en el que,
de común acuerdo con los carabineros, decidieron no moverse del pueblo. Así lo
expone el segundo:
[…]
al regresar a esta la pareja, relató a su
comandante de puesto [José Sánchez Monje] la conferencia sostenida y este púsolo en conocimiento del brigada
comandante militar que ya se cita [Narciso Santos Muñoz] y reunidos todos las clases y conocido lo
trágico de la noticia y sometidos al común criterio por unanimidad acordamos
permanecer firmes en nuestro puesto manteniendo el orden público del que éramos
dueños y evitar a toda consta que los marxistas realizaran sus planes de
destrucción y asesinatos como pretendían, pues estimábamos [que] era horrible el marchar a Jerez y toda la
fuerza y abandonar este pueblo, lugar preeminente por su nudo de comunicación
de carretera con Sevilla y Jerez, su proximidad a Ronda, punto este muy
reforzado por los rojos de donde se tenía la creencia [de que] habían de salir refuerzos marxistas para
dominar Olvera, Algodonales, Puerto Serrano, llegar a esta localidad y seguir
su marcha bien para Sevilla o Jerez, cosa que no tuvo lugar quizás por no
haberse desplazado la fuerza de esta villa, pues […] no nos animaba más interés que el cumplir nuestros reglamentos
(proteger personas y propiedades y mantener el orden a toda consta) como así se
hizo por toda la fuerza y como lo demuestra el que en este pueblo apenas si
dejó huella el elemento rojo comparado con lo que ocurrió en otras partes.
El
comandante militar de Villamartín telefoneó al Gobierno Militar de Cádiz para
informar de lo ocurrido y habló directamente con el general Varela, cabeza de
la sublevación en la provincia, quien desmintió la información que se había
transmitido desde Jerez. Según Santos, Varela dijo que lo único sucedido era
que «varios barcos de guerra se
habían sublevado en San Fernando, pero
que habían sido echados a pique y que Cádiz no se rendía ni se rendiría». El
general rebelde se despidió con un fuerte «¡Viva España!» al que él respondió
«con igual entusiasmo».
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| Algún
miembro de los servicios de justicia franquistas, probablemente el juez instructor Emilio María Cano de Castro, marcó con una esvástica la declaración del carabinero Antonio Lupiáñez y otras en las que había indicios de culpabilidad contra Francisco Borrego y Jesús González |
El Gobierno Militar de Cádiz
alertó a la Comandancia Militar de Jerez de que los carabineros de guardia en
el transformador eléctrico habían transmitido noticias alarmantes a Villamartín
y el teniente Isidoro Herrera Fernández-Humanes se personó en la central para investigar
lo ocurrido. Interrogó a Borrego y a su compañero de servicio, Jesús González
Miguel. Borrego reconoció que habían mantenido una conversación telefónica con
carabineros del puesto de Villamartín, pero aseguró que se habían limitado a
intercambiar noticias sobre la marcha del «movimiento» en ambas localidades. Para
salir de dudas, el teniente intentó comunicar telefónicamente con el sargento
de Villamartín, pero no logró hablar con él. Aunque ambos habían firmado un
documento de adhesión a la sublevación y hasta ese momento habían cumplido
estrictamente cuantos servicios se les habían ordenado, ni Borrego ni González
le ofrecían confianza por sus conocidas tendencias izquierdistas. Como medida
preventiva hizo que González, a quien suponía inductor de la llamada
telefónica, fuese relevado del servicio en la central eléctrica y propuso al
jefe de la 11ª Comandancia de Carabineros que ambos fuesen cambiados de destino
«por las mismas circunstancias de falta de adhesión al Movimiento y por
considerarlos peligrosos en el puesto de Jerez».
Francisco Borrego y Jesús
González fueron relevados del puesto de Jerez a mediados de septiembre de 1936.
Borrego trató de hacer méritos para despejar las dudas sobre su pasado. Según
un informe del teniente José Jaén Rubiales, bajo cuyas órdenes sirvió en el
puesto de Fuerte Cuidad, en El Puerto de Santa María, «observó una intachable
conducta, tanto en el terreno oficial como en el particular, una moralidad a
toda prueba, amor a la profesión de las armas, y subordinación digna de un
veterano, así como una identificación completa con los postulados del
Movimiento Salvador de España». Incluso se presentó voluntario para marchar al
frente con la Compañía Expedicionaria de la 11ª Comandancia. Eso no impidió que
un juez instructor de los Servicios de Justicia de la Auditoría de Guerra en
Cádiz lo investigase cuando se puso en marcha el proceso de depuración del
personal de la Comandancia de Cádiz. El 4 de diciembre de 1937 fue detenido y
conducido a la prisión militar del Castillo de Santa Catalina. Jesús González,
que entonces tenía destino en el puesto de Caños de Meca, en Vejer de la
Frontera, ingresó tres días después.
En la sumaria 98-938 se
incluyeron, entre otros documentos, informes de la Comandancia Militar de
Villamartín, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Jerez y de los
servicios de información de Falange en ambas localidades. Se trató de
clarificar el contenido de la conversación telefónica del 22 de julio de 1936
tomando declaración a guardias civiles, carabineros y empleados de las dos
centrales eléctricas, pero los trabajadores de la compañía —los de servicio en Villamartín
cuando ocurrieron los hechos eran Juan Rivera Bautista y José María Rosa
Sánchez— no aportaron nada decisivo y lo que finalmente se sopesó fue la
credibilidad de Borrego y González —con sus reconocidos devaneos
frentepopulistas— frente a la de los carabineros villamartinenses, cuya adhesión a la
causa golpista no ofrecía dudas.
El Consejo de Guerra Permanente
de la Plaza y Provincia de Cádiz, presidido por el comandante Rafael López
Alba, falló la causa el 30 de marzo de 1939 y declaró culpables a los dos
procesados. Fueron condenados a penas de 6 años y 1 día de cárcel por delito de
excitación a la rebelión. Además de condenados a presidio, fueron
expulsados del cuerpo de Carabineros. Borrego cumplió la condena en la prisión
provincial de Cádiz, donde solicitó acogerse a la redención de penas por el
trabajo para reducir el tiempo de encarcelamiento, y salió en régimen de
libertad condicional el 6 de agosto de 1940. Desconozco la fecha exacta de
excarcelación de Jesús González, pero debió de ser aproximada a la de su
compañero. El Juzgado Militar de Ejecuciones de Cádiz no logró localizarlo
cuando en 1944 fue a notificarle que su condena había sido conmutada por la
inferior de ¡6 años!, pero sabemos que residía en Barcelona cuando en la década
de los sesenta solicitó la revisión de la sentencia, que por dos veces le fue
denegada.
El
procedimiento 98-838 es uno de tantos
casos de lo que se ha denominado «justicia al revés». Suponiendo que fuesen
ciertos los hechos que se imputaron a Francisco Borrego y Jesús González, lo
que habrían tratado de hacer con aquella llamada telefónica a Villamartín no sería
sino reunir en Jerez algunas fuerzas leales para combatir a los militares
rebeldes que se habían sublevado contra el Gobierno legítimo. Y, suponiendo que
así fuese, surge entonces una pregunta para la que no tenemos respuesta: ¿Fue
una maniobra ideada y ejecutada por los dos carabineros en un ejercicio de
temeraria y solitaria osadía o formaban parte de una trama de resistencia más
amplia cuyos demás conjurados no fueron descubiertos?
(Publicado en Villamartín. Revista de Feria y Fiestas de San Mateo, 2014)
