domingo, 7 de septiembre de 2014

«Ha fracasado el movimiento nacional». Los carabineros de Jerez y Villamartín ante la sublevación del 18 de julio

Fernando Romero Romero

La documentación judicial militar generada por la Auditoría de Guerra de la Segunda División Orgánica, actualmente conservada en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, no deja de arrojar nuevos datos sobre el desarrollo de la sublevación del 18 de julio de 1936. La reciente localización de expedientes instruidos contra miembros de institutos armados nos proporciona nueva información para reconstruir los hechos sucedidos en Villamartín. Los que se exponen en este artículo proceden de la sumaria instruida contra los carabineros Francisco Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, que recibió la numeración 98-938 de los Servicios de Justicia de Cádiz.
Distintivo de cuerpo de Carabineros
 durante la II República

El procedimiento tiene su origen en la orden confidencial y reservada que el general jefe de la Segunda División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, cursó el 3 de marzo de 1937 a los gobiernos militares para que los mandos de las instituciones armadas vigilasen la conducta de sus subordinados. «En la campaña contra el marxismo —decía— hay que ser constantes para conseguir lo que se persigue: su total y absoluta eliminación». Recordaba a los mandos que tenían la obligación de estar al corriente de «cualquier brote» que pudiera surgir en sus unidades y que debían vigilar cuidadosamente «a todos los individuos y, muy especialmente a los calificados como sospechosos». El Estado Mayor la entregó al jefe de la Comandancia de Carabineros de Cádiz junto con unas instrucciones encaminadas a depurar la conducta de su personal con relación al 18 de julio. El objetivo era expulsar del cuerpo a quienes por su conducta se considerasen «contrarios al Movimiento Nacional».

Sello de la Comandancia de
Carabineros de Cádiz
En las relaciones de carabineros detenidos, procesados, sometidos a expedientes informativos y sospechosos de izquierdismo que generó el proceso de depuración de la 11ª Comandancia no se encuentra ninguno de los destinados al puesto de Villamartín. El sargento José Sánchez Monje y los carabineros bajo su mando se sumaron a la sublevación y se pusieron a las órdenes del brigada de la Guardia Civil Narciso Santos Muñoz, que desempeñaba la función de comandante militar de la plaza. El brigada decía que encontró «una ayuda muy eficaz tanto en el comandante del puesto de Carabineros como igualmente en toda la fuerza que tenía a sus órdenes para el triunfo de la Causa Nacional» y expresó en estos términos la actitud de Sánchez Monje:

[…] desde los primeros momentos observó una actitud de adhesión inquebrantable al Glorioso Movimiento, sin que observara en él titubeo de ninguna clase, poniéndose a las órdenes del que narra para cuanto fuere necesario, cooperando con gran espíritu de sacrificio en cuantos servicios hubo necesidad de prestar, no notando en él nunca la menor pereza para cumplir cuanto le fue ordenado [.]

Pero entre los carabineros de conducta dudosa de la 11ª Comandancia se encontraban Francisco Borrego Domínguez y Jesús González Miguel, del puesto de Jerez, de quienes se decía que simpatizaban con «ideas sustentadas por marxismo y comunismo» y a quienes se suponía autores de una llamada telefónica en la que transmitieron «noticias falsas y alarmantes» a Villamartín.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 1936. Los guardias civiles y carabineros de Villamartín aún no tenían el control completo del casco urbano y realizaban un servicio de descubierta a primera hora de la mañana cuando, al pasar por delante de la central de teléfonos, la patrulla fue avisada de que un teniente de Carabineros requería la presencia del sargento Sánchez Monje en la subestación eléctrica de la Compañía Sevillana de Electricidad situada en las afueras del pueblo. El sargento envió a los carabineros Francisco Gil Cortés y Antonio Lupiáñez García, quienes se encontraron que allí no había ningún teniente. Lo que había ocurrido es que se había recibido una llamada telefónica procedente de la estación eléctrica de Jerez. Puestos al habla con la estación jerezana, Francisco Gil mantuvo una conversación con Francisco Borrego Domínguez, que hacía servicio de guardia en esta y a quien conocía personalmente por haber estado destinado unos años antes en el puesto de Villamartín.
Rúbricas de los carabineros José Sánchez Monje
y Francisco Gil Cortés

Del contenido de la conversación telefónica existen varias versiones. Según Gil Cortés, Borrego dijo que la sublevación militar había fracasado en San Fernando, en Cádiz y en el entorno de la capital, que los moros andaban «corriendo por Casas Viejas» y que todo Jerez, excepto la emisora de radio, estaba tomado por fuerzas leales al Gobierno. Transmitió la orden, supuestamente procedente del teniente de Jerez, de que el sargento Sánchez Monje requisase varios vehículos y acudiese a Jerez con cuantas fuerzas pudiese reunir en Villamartín, Bornos y Arcos para ayudar a tomar la emisora y advirtió de que una columna gubernamental procedente de Ronda pasaría pronto por Villamartín con dirección a Jerez. Luego se puso al teléfono otro individuo que dijo ser el teniente y que concluyó la conversación diciendo: «Mire usted, Gil, lo que te ha dicho su compañero Borrego es verdad. Se lo comunica usted al sargento y le dice usted que a la una le llamaré por teléfono».

El carabinero Gil aseguraba que no se creyó nada de lo que dijo Borrego, pero el sargento Sánchez Monje dio a entender que iba alterado cuando le informó de la conversación:

Sargento Sánchez, estamos perdidos. Me ha dicho el carabinero Borrego que ha hablando conmigo que San Fernando ha sido bombardeado y tomado por los rojos, y [en] Jerez no quedaba más que tomar por los rojos la emisora de radio, y que las fuerzas de Regulares habían huido al campo en desbandada, que reclutáramos el mayor número de obreros, desde luego marxistas, y que en camiones perfectamente armados se vengan a Jerez. 

Según Lupiáñez, el sargento Sánchez Monje reunió a los demás carabineros que estaban a sus órdenes —Mario Martín Caldera, Antonio Martín y Antonio Olivera— para conocer su parecer sobre lo ocurrido y todos manifestaron unánimemente que no estaban dispuestos a ir a Jerez dejando abandonadas a sus familias en Villamartín; después se fue en busca del brigada Santos y le dio parte de la conferencia en presencia del sargento Manuel García Guzmán y del cabo Victoriano Meco. En la versión de Sánchez Monje y del sargento García Guzmán —que en lo esencial coincide con la de Lupiáñez— se indica que los guardias civiles también habrían participaron en el improvisado conciliábulo en el que, de común acuerdo con los carabineros, decidieron no moverse del pueblo. Así lo expone el segundo:

[…] al regresar a esta la pareja, relató a su comandante de puesto [José Sánchez Monje] la conferencia sostenida y este púsolo en conocimiento del brigada comandante militar que ya se cita [Narciso Santos Muñoz] y reunidos todos las clases y conocido lo trágico de la noticia y sometidos al común criterio por unanimidad acordamos permanecer firmes en nuestro puesto manteniendo el orden público del que éramos dueños y evitar a toda consta que los marxistas realizaran sus planes de destrucción y asesinatos como pretendían, pues estimábamos [que] era horrible el marchar a Jerez y toda la fuerza y abandonar este pueblo, lugar preeminente por su nudo de comunicación de carretera con Sevilla y Jerez, su proximidad a Ronda, punto este muy reforzado por los rojos de donde se tenía la creencia [de que] habían de salir refuerzos marxistas para dominar Olvera, Algodonales, Puerto Serrano, llegar a esta localidad y seguir su marcha bien para Sevilla o Jerez, cosa que no tuvo lugar quizás por no haberse desplazado la fuerza de esta villa, pues […] no nos animaba más interés que el cumplir nuestros reglamentos (proteger personas y propiedades y mantener el orden a toda consta) como así se hizo por toda la fuerza y como lo demuestra el que en este pueblo apenas si dejó huella el elemento rojo comparado con lo que ocurrió en otras partes.

El comandante militar de Villamartín telefoneó al Gobierno Militar de Cádiz para informar de lo ocurrido y habló directamente con el general Varela, cabeza de la sublevación en la provincia, quien desmintió la información que se había transmitido desde Jerez. Según Santos, Varela dijo que lo único sucedido era que «varios barcos de guerra se habían sublevado en San Fernando, pero que habían sido echados a pique y que Cádiz no se rendía ni se rendiría». El general rebelde se despidió con un fuerte «¡Viva España!» al que él respondió «con igual entusiasmo».

Algún miembro de los servicios de justicia franquistas,
probablemente el juez instructor Emilio María Cano de
Castro, marcó con una esvástica la declaración del
carabinero Antonio Lupiáñez y otras en las que había
indicios de culpabilidad contra Francisco Borrego
y Jesús González
El Gobierno Militar de Cádiz alertó a la Comandancia Militar de Jerez de que los carabineros de guardia en el transformador eléctrico habían transmitido noticias alarmantes a Villamartín y el teniente Isidoro Herrera Fernández-Humanes se personó en la central para investigar lo ocurrido. Interrogó a Borrego y a su compañero de servicio, Jesús González Miguel. Borrego reconoció que habían mantenido una conversación telefónica con carabineros del puesto de Villamartín, pero aseguró que se habían limitado a intercambiar noticias sobre la marcha del «movimiento» en ambas localidades. Para salir de dudas, el teniente intentó comunicar telefónicamente con el sargento de Villamartín, pero no logró hablar con él. Aunque ambos habían firmado un documento de adhesión a la sublevación y hasta ese momento habían cumplido estrictamente cuantos servicios se les habían ordenado, ni Borrego ni González le ofrecían confianza por sus conocidas tendencias izquierdistas. Como medida preventiva hizo que González, a quien suponía inductor de la llamada telefónica, fuese relevado del servicio en la central eléctrica y propuso al jefe de la 11ª Comandancia de Carabineros que ambos fuesen cambiados de destino «por las mismas circunstancias de falta de adhesión al Movimiento y por considerarlos peligrosos en el puesto de Jerez».

Francisco Borrego y Jesús González fueron relevados del puesto de Jerez a mediados de septiembre de 1936. Borrego trató de hacer méritos para despejar las dudas sobre su pasado. Según un informe del teniente José Jaén Rubiales, bajo cuyas órdenes sirvió en el puesto de Fuerte Cuidad, en El Puerto de Santa María, «observó una intachable conducta, tanto en el terreno oficial como en el particular, una moralidad a toda prueba, amor a la profesión de las armas, y subordinación digna de un veterano, así como una identificación completa con los postulados del Movimiento Salvador de España». Incluso se presentó voluntario para marchar al frente con la Compañía Expedicionaria de la 11ª Comandancia. Eso no impidió que un juez instructor de los Servicios de Justicia de la Auditoría de Guerra en Cádiz lo investigase cuando se puso en marcha el proceso de depuración del personal de la Comandancia de Cádiz. El 4 de diciembre de 1937 fue detenido y conducido a la prisión militar del Castillo de Santa Catalina. Jesús González, que entonces tenía destino en el puesto de Caños de Meca, en Vejer de la Frontera, ingresó tres días después.

En la sumaria 98-938 se incluyeron, entre otros documentos, informes de la Comandancia Militar de Villamartín, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Jerez y de los servicios de información de Falange en ambas localidades. Se trató de clarificar el contenido de la conversación telefónica del 22 de julio de 1936 tomando declaración a guardias civiles, carabineros y empleados de las dos centrales eléctricas, pero los trabajadores de la compañía —los de servicio en Villamartín cuando ocurrieron los hechos eran Juan Rivera Bautista y José María Rosa Sánchez— no aportaron nada decisivo y lo que finalmente se sopesó fue la credibilidad de Borrego y González —con sus reconocidos devaneos frentepopulistas— frente a la de los carabineros villamartinenses, cuya adhesión a la causa golpista no ofrecía dudas.

El Consejo de Guerra Permanente de la Plaza y Provincia de Cádiz, presidido por el comandante Rafael López Alba, falló la causa el 30 de marzo de 1939 y declaró culpables a los dos procesados. Fueron condenados a penas de 6 años y 1 día de cárcel por delito de excitación a la rebelión. Además de condenados a presidio, fueron expulsados del cuerpo de Carabineros. Borrego cumplió la condena en la prisión provincial de Cádiz, donde solicitó acogerse a la redención de penas por el trabajo para reducir el tiempo de encarcelamiento, y salió en régimen de libertad condicional el 6 de agosto de 1940. Desconozco la fecha exacta de excarcelación de Jesús González, pero debió de ser aproximada a la de su compañero. El Juzgado Militar de Ejecuciones de Cádiz no logró localizarlo cuando en 1944 fue a notificarle que su condena había sido conmutada por la inferior de ¡6 años!, pero sabemos que residía en Barcelona cuando en la década de los sesenta solicitó la revisión de la sentencia, que por dos veces le fue denegada.


El procedimiento 98-838 es uno de tantos casos de lo que se ha denominado «justicia al revés». Suponiendo que fuesen ciertos los hechos que se imputaron a Francisco Borrego y Jesús González, lo que habrían tratado de hacer con aquella llamada telefónica a Villamartín no sería sino reunir en Jerez algunas fuerzas leales para combatir a los militares rebeldes que se habían sublevado contra el Gobierno legítimo. Y, suponiendo que así fuese, surge entonces una pregunta para la que no tenemos respuesta: ¿Fue una maniobra ideada y ejecutada por los dos carabineros en un ejercicio de temeraria y solitaria osadía o formaban parte de una trama de resistencia más amplia cuyos demás conjurados no fueron descubiertos?  

(Publicado en Villamartín. Revista de Feria y Fiestas de San Mateo, 2014)